La Región

La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) anunció que  doce grupos en resistencia se unieron para exigir al Gobierno Nacional  el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales que amparan los derechos de pueblos indígenas y la Madre Tierra.  Es así que este miércoles partió una marcha desde la ciudad de Sucre rumbo a la sede de Gobierno, encabezada por la Nación Nacion Q’hara Q’hara.

Alex Villca Limaco, representante de la organización fundada a principios de enero en Tariquía, Tarija, explicó que entre otras cosas, exigen el «derecho a la consulta previa libre e informada», respecto a cualquier proyecto de impacto en sus territorios, como es el caso de las represas Rositas, en Santa Cruz; Chepete y El Bala, sobre el río Beni, e Ivirizu en el parque Carrasco, en Cochabamba; este último en construcción. «Hay otros casos emblemáticos como la  construcción de la carretera que atravesaría el corazón del Tipnis o el ingreso de petroleros a la reserva Tariquía» dice Villca.

La activista Ruth Alipaz resaltó que una de las primeras medidas en conjunto para defender los territorios ancestrales y áreas protegidas es la movilización que inició este miércoles. Según Alipaz, las causas que unen a estas comunidades en resistencia son: el rechazo al “abuso e intento de sometimiento a las poblaciones indígenas originarias y campesinas”, en el marco del proyecto de construcción de la carretera del Tipnis, ubicado entre los departamentos de Cochabamba y Beni.  Las exploraciones petroleras en Tariquía y Aguaragüe; la hidroeléctrica Rositas, en Santa Cruz;  el proyecto hidroeléctrico El Bala y Chepete; deforestación y asentamientos ilegales en Tucabaca y el TIM (bosque Chimán); expropiación y no reconocimiento de los derechos ancestrales del territorio originario de la Nacion Q’hara Q’hara.

Además de la contaminación y sequía ocasionada por la minería en el Lago Poopo en Oruro. “Lo mismo que en la Amazonia, afectando a todas las áreas protegidas de Bolivia como el parque nacional Madidi, declarado el más mega diverso del planeta”, agrega Alipaz.

Así partió la marcha este miércoles. Video: Del muro de Alex Villca Limaco

Áreas  naturales vulneradas

Según Ruth Alipaz, la afectación en estos territorios es invaluable. “En el Tipnis vamos a ser afectados en una extensión como 5 veces la ciudad de La Paz, solo con Chepete Bala; lo propio con Rositas, son 450 mil kilómetros cuadrados. Es decir si vamos sumando las afectaciones y la deforestación prevista por el Gobierno -300 mil hectáreas por año- imagínense qué vamos a comer, no será solo soya o a beber etanol”, menciona.

Lourdes Miranda Tiwuayo, representante de la resistencia por el caso de la mega represa Rositas, explicó que más de una docena de poblaciones quedarían bajo el agua si se da vía libre a este proyecto y que por este motivo viven con un temor constante, puesto que el presidente Evo Morales anunció un posible referéndum para definir este tema.

Los comunarios presentaron varios recursos legales y están a la espera de la resolución de una Acción Popular interpuesta ante el Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta de la subcentral TIPNIS, Cecilia Moyoviri, explicó que se exige al Gobierno Nacional hacer cumplir la determinación asumida por el  Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza  que en sus conclusiones indica que “el Estado Boliviano ha incumplido con su obligación de respeto, protección y conservación de la Madre Tierra”.  «Exigimos al gobierno que cumpla con todo: que paralice  ese proyecto carretero y desaloje la colonización que está expandiéndose dentro de nuestro territorio, que se esclarezca el caso de Chaparina, y que de una vez los hermanos chimanes reciban el título de su territorio”, enfatiza Moyoviri,

En su momento, el Gobierno brindó la información oficial que requirió la comisión pero anticipó, a través del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que dicho informe no tendría base legal.

En el caso de la Reserva Tucabaca, Ruben Darío Arias Ortiz, representante del Comité de gestión, explicó que están en pie de lucha para hacer frente a los asentamientos ilegales,  casos de tráfico de tierra y proyectos mineros que podrían afectar al área protegida ubicada en el municipio de Roboré.

La marcha, que pretende llegar a La Paz en 30 días, se nutrirá con la presencia de representantes de todas las comunidades afectadas, además de grupos de activistas en favor del medioambiente.

Foto principal: Del muro de la Nación Indígena Originaria Qhara Qhara

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