Doly Leytón Arnez
Cuando Roberto Portuguez (46 años) se enteró de un examen de competencia para formar parte del cuerpo de protección del Parque Nacional Carrasco, en 1997, no dudó un instante en presentarse. Tiempo atrás, como dirigente de su comunidad -Carahuasi, en el municipio cochabambino de Pojo- había aprendido las bondades de la agricultura sostenible gracias al proyecto de una oenegé. Ahí también aprendió sobre conservar plantas y animales silvestres, como una manera de obtener más beneficios. Tras 23 años de servicios, el último 18 de enero recibió un memorándum de despido, sin que se explicara los motivos.
“Entré como guardaparques a los 23 años, con examen de competencias, en noviembre de 1997 y hasta 2006 cumplí con en esa labor en los campamentos. Luego fui jefe interino del cuerpo de protección y luego asumí como titular ganar un concurso de méritos”, cuenta a La Región.
Ante la falta de un director del área protegida, el 5 de diciembre de 2019 asumió ese rol, hasta diciembre de 2020, periodo en el que activó al menos 10 procesos penales contra personas que ingresaron a tierras fiscales no disponibles, prohibidas por Ley para el asentamiento humano.
El Parque Nacional Carrasco, con una extensión de 622.600 hectáreas, es uno de los más amenazados por asentamientos ilegales y sembradíos de coca, según denunció en 2020 el entonces director del Sernap, Maikol Melgar. Esta reserva protege importantes ecosistemas, además de variedad de flora y fauna, como la propia web del Sernap expone en esta nota: http://sernap.gob.bo/el-parque-nacional-carrasco-cumple-29-anos-de-creacion/.
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Roberto cree que esas acciones de los llamados “avasalladores de tierras” le costó el cargo. Porque para detectar nuevos asentamientos gestionó incursiones en helicópteros, operativos con las fuerzas de tarea conjunta y la prensa.
“Ahorita hay diez procesos penales en las fiscalías de Totora, Sacaba, Villa Tunari, Chimoré e Ivirgazama. Hay un juicio oral, que se ha suspendido, por avasallamiento y destrucción de bienes del estado, que está en el juzgado de Ivirgazama. Aparte de eso hubo bastante repercusión de la parte social, porque dicen: ‘cómo van a demandar a nuestros compañeros’. Creo que eso ha sido lo que ha hecho que las autoridades tomen la decisión de destituirme”, insiste.
Entre silencios cortos y con la voz firme, para este hombre recibir el memorándum fue como un baldazo de agua helada, pues recuerda que a sus 23 años tuvo que enfrentar a su comunidad y a su familia para que aceptaran que se dedique a evitar la caza ilegal y quemas, entre otros. “Primero mi familia no sabía ni de lo que estaba trabajando y he tenido que enseñarles de qué se trataba la conservación. Me tocó un reto con mi propia comunidad: hacer entender por qué teníamos que cuidar, por qué no se debía desmontar. No hay escuela o universidad que te enseñe cómo lidiar en esa situación. Para eso no hay una guía”.
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A partir de entonces, Roberto cuenta que se entregó por completo al trabajo dentro del área, al punto que el menor de sus cuatro hijos le decía tío, por las pocas veces que podía verlo. “Por la falta de condiciones mandé a mi familia a Cochabamba para que mis hijos estudien. Los veía muy poco, ya que solo teníamos seis días libres al mes, los demás estábamos en campo”.
Lo económico tampoco era muy alentador, pero él y sus compañeros decidieron seguir adelante. Según su testimonio, hasta 2012 su sueldo era el equivalente a 120 dólares, no recibía alimentos, sino solo dotación de gas. “En una ocasión no nos pagaron más de tres meses, nuestras esposas tenían que prestarse plata para que nosotros nos llevemos algo de comer”.
Quizá ese fue uno de los momentos menos malos, frente a riesgos de su propia vida y la de sus 19 compañeros. En 1999, durante la primera exploración al corazón del Parque Nacional Carrasco para conocer su estado de conservación, él y dos compañeros se adentraron en el monte durante 18 días. Uno de los colegas a los que se refiere, Alberto Terrazas, también fue destituido del cargo de jefe de Protección del Parque Nacional Tunari.
“Caminamos monte adentro, de sur a norte, pasando por montañas, cañones,valles profundos y sorteando ríos torrentosos. Ingresamos a pie por la zona de la Siberia para salir a la zona del Trópico. Nos dieron por perdidos pero conocimos cómo estaba el corazón del parque”.
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“Quemaron los campamentos”
En 2002, el equipo de protección decidió hacer frente a un grupo de avasalladores con el apoyo de una comitiva conformada por autoridades de la Fiscalía de Totora, la entonces Prefectura de Cochabama y personal de una oenegé. En esa oportunidad, los ilegales quemaron el campamento de los guardaparques en la Siberia, el Locotal, volcaron dos camionetas y golpearon a parte de la comitiva. Al único que respetaron fue a Roberto porque algunos comunarios lo conocían. “Apenas pudimos escapar, tuvimos que rescatar a toda la agente y salir a Cochabamba”, recuerda.
Ese mismo año se vivió similar situación en Sehuencas y en 2006 ocurrió algo similar, cuando madereros ilegales destrozaron un campamento en Bulo Bulo al enterarse de que los “guardas” estaban recorriendo la línea roja del parque junto a una comisión interinstitucional.
“En realidad tenemos tres campamentos quemados, que ha sido lo peor que he vivido. En Carahuasi nos secuestraron durante ocho horas, después nos soltaron y nos amenazaron de muerte. Lo mismo pasaba en Yungas de Vandiola, el 2007 cuando ingresé en helicóptero, sabiendo que estábamos corriendo riesgo”.
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Respecto a logros tangibles, quizá el más grande fue que el 90 por ciento del Carrasco sea declarado como “tierra fiscal no disponible”. A comparación del Parque Tunari, que tiene más comunidades dentro, este se encuentra bien conservado. No tiene comunidades al interior, aunque sí asentamientos ilegales.
“Lo que más va a doler a la sociedad, quizá no ahorita, es que en el parque Carrasco están todas las nacientes de los ríos que alimentan a las cuencas de las que se dota de agua a múltiples comunidades”, dice.
Portuguez aún guarda la esperanza de que las autoridades recapaciten y restituyan en sus puestos a los jefes de Protección y personal técnico despedido.
“Veintidós años de sacrificio no sirvieron para nada porque ni siquiera te van a indemnizar, ni tu arreglo por lo que has trabajado. Al saber eso uno se siente muy impotente, muy triste, de nada sirve que hayas entregado tu vida”.
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