El ex Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Julio Urapotina, alertó que las Áreas Protegidas de la Amazonía de Bolivia estarían en riesgo de fragmentarse por la promulgación del Decreto Supremo Nº 5613 que dispone revertir concesiones forestales para que el Estado pueda convertirlas en “tierras fiscales disponibles” con la finalidad de transformarlas masivamente en tierras agrícolas o pecuarias, mediante la dotación a comunidades y sin planes de manejos adecuados.
Calificó la norma como un retroceso para el país por “facilitar la pérdida de bosques productivos y protegidos, contraviniendo el deber de progresividad en materia ambiental, establecida en Artículo 13 de la Constitución Política del Estado (CPE)”.
La norma jurídica dictada por el Poder Ejecutivo tiene 10 artículos y dos disposiciones finales, para establecer “los lineamientos para la dotación y titulación de tierras en la región de la Amazonía de Bolivia, priorizando los departamentos de Beni y Pando”, según la información gubernamental.
Sin embargo, para el ex Director del INRA, la nueva normativa es un ejemplo clásico de cómo “la urgencia política puede poner en jaque la sostenibilidad ambiental y la seguridad jurídica”.
Dijo que, la demanda de tierras de las comunidades indígenas y campesinas es legítima y debe ser atendida. “Pero no puede ser a costa de destruir los derechos adquiridos, de vulnerar el debido proceso y de poner en riesgo los ecosistemas más valiosos que tenemos en el país”.
Parido en urgencia política
“El Decreto Supremo 5613 no nace de un proceso técnico ni de una política de Estado pensada con visión de largo plazo. Nace en medio del fragor de una movilización social, cuando indígenas y campesinos de tierras bajas de Pando, Beni y el norte paceño marcharon durante 28 días hacia la ciudad de La Paz, exigiendo la abrogación de la Ley 1720 que posibilita la reconversión de la pequeña a mediana propiedad”.
La Ley 1720, fue una normativa promulgada en abril de 2026, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir de manera voluntaria la clasificación de una pequeña propiedad agraria titulada a mediana propiedad.
Sin embargo, debido a las movilizaciones y el rechazo de diversos sectores indígenas y campesinos, la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) aprobó y sancionó su abrogación total en mayo de este año.
“Por tanto, no hay una génesis reflexiva: es un decreto de coyuntura, parido en la urgencia política”, agregó.
Remarcó que en abril de este año el gobierno necesitaba mostrar a los movilizados, resultados rápidos y la vía más expedita fue “prometer tierras, pero el problema es dónde y cómo se pretenden obtener esas tierras”.
Áreas Protegidas en riesgo
Respecto al riesgo que atraviesan las áreas protegidas de la Amazonía, Urapotina se refirió al Decreto Supremo Nº 29215 del dos de agosto de 2007 que reglamenta la Ley de Reforma Agraria y que establece en su artículo 92 qué son las tierras fiscales disponibles y no disponibles.
Son tierras fiscales no disponibles (por tanto no susceptibles de dotación) y patrimonio de los bolivianos, aquellas sobre las que existen concesiones forestales vigentes, áreas protegidas bajo gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP), reservas fiscales para recursos naturales y áreas de aprovechamiento de castaña y goma, además de otras.
Sin embargo, el ex Director de INRA afirmó que el Decreto Supremo Nº 5613 en su artículo 4 inciso b), declara como objeto de dotación las «tierras fiscales no disponibles», remitiéndose a su artículo 5 para su «conversión».
Es decir, el nuevo decreto pretende convertir en disponibles precisamente lo que el DS 29215 declara no disponible. “Esto es una contradicción normativa frontal y, para muchos abogados, una vulneración de la seguridad jurídica y del principio de legalidad”, añadió.
Según Urapotina, las concesiones forestales se superponen en muchos casos con áreas protegidas como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas y la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, “si el Decreto Supremo Nº 5613 permite la reversión de concesiones sin la participación del SERNAP, se está abriendo la puerta para que tierras de protección ambiental sean entregadas para actividades agrícolas o ganaderas”.
En relación al riesgo que las tierras fiscales sean apropiadas por terceros, el jurista explicó que, es quizás el punto más delicado y el que más debería preocuparnos, porque el decreto supremo en su artículo 5 inciso d), instruye a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, (ABT) verificar «si existe posición territorial y/o permanencia por comunidades campesinas e indígenas».
La Cámara Forestal de Bolivia ha identificado esto como un «reconocimiento a ocupaciones de hecho», complementó.
En la práctica esto significa que, se estaría legitimando la ocupación irregular de tierras con derechos forestales legalmente otorgados. Esto sienta un precedente funesto para el ordenamiento territorial, cualquier grupo que se instale en un área con concesión forestal podría, de hecho, reclamar esa tierra y eventualmente obtenerla, siempre que cuente con el respaldo de su organización.
Según la plataforma interactiva en línea Global Forest Watch, Bolivia tiene aproximadamente el 52 por ciento de su territorio cubierto por bosques naturales, lo que representa alrededor de 53 a 57 millones de hectáreas. El país posee la sexta área de bosques tropicales más grande del planeta, destacando el Potencial Forestal en regiones de Pando, Beni, La Paz y Santa Cruz.
Sin embargo, los incendios forestales de 2024 devastaron cerca de 12,6 millones de hectáreas en Bolivia (incluyendo bosques y pastizales), lo que representa la cifra más alta de la historia nacional y supera el récord de 5,3 millones de hectáreas registrado en 2019.
El experto recalcó que la Amazonía no es un botín para repartir entre grupos de presión.
“Es un patrimonio de la humanidad, un territorio de vida que debe ser protegido. El gobierno debe suspender la aplicación de este decreto, abrir un diálogo genuino con todos los sectores, incluidos los concesionarios forestales, barraqueros, el SERNAP y la sociedad civil ambiental, para construir una política de tierras que sea justa, legal y sostenible”, enfatizó y repitió la consigna: “La Amazonía no espera. El tiempo corre. Y el bosque, si cae, no vuelve”
