La Región
Ocho meses después de que un juez agroambiental ordenara el retiro de dos represas construidas de forma irregular en las nacientes del río San Lorenzo —situado entre los municipios cruceños de San José y Roboré— la sentencia sigue sin ejecutarse. Un recurso de casación (estrategia legal que busca anular una sentencia) presentado por los demandados y aún no resuelto por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental mantiene en vilo a 338 familias indígenas chiquitanas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este.
Las comunidades San Juan, Buena Vista, Entre Ríos, Ramada e Ipiás denunciaron una “grave y persistente vulneración” de sus derechos fundamentales, según una nota de prensa compartida por la organización Probioma.
El origen del conflicto
Desde 2020, la Hacienda San Lorenzo construyó de manera irregular dos represas y obras de conducción en las nacientes del río San Lorenzo. Esta intervención alteró drásticamente el caudal del río, que constituye la principal fuente de agua para las comunidades ubicadas aguas abajo, según se mostró durante el juicio.
Como consecuencia, en noviembre de 2025, un Juez Agroambiental de Roboré emitió la Sentencia 175/2025, que declaró la responsabilidad ambiental de los demandados (propietarios de la estancia) y ordenó tres medidas concretas: la remoción de las infraestructuras ilegales, la restauración del cauce natural del río y el resarcimiento de los daños ocasionados.
Sin embargo, los aludidos presentaron recursos de casación, lo que retrasó la ejecución del fallo. Hasta la fecha, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental no ha emitido una resolución sobre dichos recursos, contemplados en el Expediente 11074. Mientras el proceso permanece estancado, las represas continúan en pie y el cauce natural del río San Lorenzo no ha sido restituido.
Temen por la sequía
Las comunidades advierten que esta demora las expone a una mayor vulnerabilidad frente a periodos de sequía previstos para los próximos meses.
Para las comunidades, la situación no solo constituye “un atentado continuado contra los derechos ambientales, el derecho al agua y a la alimentación”, sino también una flagrante demora en la administración de justicia ambiental que profundiza la afectación a pueblos indígenas chiquitanos.
Frente a ello, las comunidades de la TCO Turubó plantean tres exigencias concretas:
- Al Tribunal Agroambiental, la pronta resolución del Expediente 11074, confirmando la sentencia de primera instancia y ordenando la ejecución inmediata de las medidas de restauración.
- A las autoridades competentes —Gobierno Departamental de Santa Cruz, Municipio de San José de Chiquitos y Roboré, y Ministerio de Medio Ambiente y Agua— acciones de fiscalización y cumplimiento de la sentencia.
- A la opinión pública y a organizaciones de derechos humanos, ambientales y de pueblos indígenas, su solidaridad y acompañamiento para que la justicia ambiental no siga siendo postergada.
“El río San Lorenzo clama por recuperar su curso natural”, señala el comunicado.
