La Región
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) presentó ante la Defensoría del Pueblo, una denuncia formal por la presunta vulneración de derechos laborales fundamentales del personal de las áreas protegidas del país, a raíz de la instrucción del Gobierno de Rodrigo Paz, para que todo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ponga sus cargos “a disposición” como parte de un “proceso de “reestructuración institucional”.
El documento, al que La Región tuvo acceso, fue presentado en La Paz el pasado 31 de agosto ante el Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro. En él se cuestiona directamente la medida del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, el cual mediante una carta dirigida a la directora ejecutiva del Sernap, Cecilia Miranda; pide al Sernap poner a disposición todos los cargos.
El 28 de agosto pasado, la citada cartera envió la nota interna CAR/MPSMAYA/DGAJ N° 0288/2026, bajo el argumento de la reestructuración dispuesta en el Decreto Supremo 5675, que reestructura el Órgano Ejecutivo y reduce a 12 el número de ministerios.
En su pronunciamiento, Abolac sostiene que exigir la “puesta a disposición” de cargos, constituye una forma coercitiva y encubierta de despido masivo. Fundamentados en los artículos 46, 48 y 49 de la Constitución Política del Estado, denuncian que presionar al personal para renunciar anula la estabilidad laboral y atenta contra los derechos reconocidos de los trabajadores.
Ante esta situación, los guardaparques demandan a la Defensoría del Pueblo cuatro acciones inmediatas: la apertura urgente de una investigación defensorial; el requerimiento de informes detallados al Ministerio y al Sernap sobre el alcance y número de afectados; una recomendación formal para suspender la medida; y la adopción de garantías preventivas frente a vulneraciones de derechos bajo la excusa de reestructuraciones administrativas.
Fragilidad laboral y antecedentes de la medida
La dimensión del conflicto cobra mayor relevancia dada la estructura del sector. De los cerca de 300 guardaparques que protegen el territorio boliviano, únicamente 143 cuentan con ítems formalmente reconocidos en la planilla del Estado y gozan de beneficios sociales completos, mientras que el resto opera bajo modalidades contractuales frágiles, según datos de una publicación de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
En el mismo reporte, el presidente de Abolac, Marcos Uzquiano, explicó que el ministro del área, Óscar Justiniano, habría instruido inicialmente la desvinculación directa de los trabajadores, aunque posteriormente las autoridades optaron por requerir la “puesta a disposición” de los puestos.
Asimismo, en reuniones entre la directiva de Abolac y el Sernap se planteó verbalmente la posibilidad de reincorporaciones en un plazo de diez días, estableciendo un “corte de transición” salarial reconocido únicamente hasta el 25 de agosto. Consultados sobre el tema por Mongabay Latam, desde el Sernap confirmaron la existencia de la instructiva e indicaron que fue elaborada por el Ministerio, instancia que no emitió respuesta.
Un riesgo directo para las áreas protegidas
Para el sector, la estabilidad de los puestos de trabajo no representa únicamente una demanda gremial, sino una condición indispensable para la conservación ambiental en el país. En su reclamo, la organización enfatiza que el personal tiene a su cargo la custodia de 23 áreas protegidas de carácter nacional —superficie que abarca cerca del 15,5 por ciento del territorio boliviano—, donde actúan como la primera línea de contención frente a delitos ambientales de gran impacto.
La entidad advierte que debilitar el cuerpo de protección en campo, deja en vulnerabilidad estos patrimonios naturales ante amenazas recurrentes como la minería ilegal, la deforestación no autorizada, el tráfico de vida silvestre, el narcotráfico, los incendios forestales y los avasallamientos de tierras. Bajo ese argumento, los guardaparques remarcan ante la Defensoría que cualquier medida que precarice su labor atenta directamente contra el derecho constitucional a un medio ambiente sano y equilibrado.
