La construcción de una carretera que atravesará un área protegida de alta diversidad y relevancia para la provisión de agua mantiene divididos a los indígenas del Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), ubicado en los departamentos de Cochabamba y Beni de Bolivia.
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Se mantienen las dirigencias divididas en el Territorio Indígena Isiboro Sécure: mientras un grupo apoya la eliminación de la intangibilidad del parque nacional, el otro la rechaza, así como la construcción de una carretera.
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Dos reuniones paralelas se realizaron en el Tipnis. Los indígenas contrarios a la Ley 969 recibieron apoyo de la ciudadanía para poder trasladarse a su reunión, mientras que el gobierno transportó y alimentó al grupo que los apoya.
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Los indígenas afines al gobierno anunciaron, sorpresivamente, que postergarán la discusión sobre la construcción de la carretera para el próximo año.
Contenido producido y autorizado para la difusión en La Región por: Mongabay LATAM
Por Miriam Telma Jemio
Esta división, causada por la aprobación de la Ley 969, propició que las dos facciones realizaran por separado reuniones extraordinarias la última semana de agosto y que emitieran, posteriormente, resoluciones que reafirman sus posiciones contrarias.
El grupo que respalda la eliminación de la intangibilidad del Tipnis sostiene que ahora podrán ejecutar proyectos para mejorar su calidad de vida. Además cuentan con el apoyo del gobierno central y de la Gobernación del Beni, porque en ese departamento consideran vital para su desarrollo la construcción de una carretera que los vinculará a Cochabamba.
Los indígenas que rechazan la Ley 969 temen por su desaparición, sobre todo porque consideran que el costo socioambiental será muy alto. Además sostienen que la carretera no los beneficiará, porque se construirá en una zona bastante apartada de la mayoría de las 64 comunidades que habitan ese territorio. Ellos cuentan con el respaldo de activistas y expertos ambientales, parte de la sociedad civil y de la población en general.
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Suena la campana. Poco a poco el salón del Centro de Gestión y Administración del Tipnis, ubicado entre las comunidades de Gundonovia y Santa María de la Junta, en el curso del río Isiboro, se va llenando. Una vez instalada la reunión, los asistentes escuchan la lectura de cada uno de los puntos de las resoluciones aprobadas como parte del XXXII Encuentro Extraordinario de las Naciones y Pueblos Indígenas del Tipnis.
Es el lunes 28 de agosto, segundo día del encuentro y Mongabay Latam está en la zona. El nerviosismo es evidente. Dos horas antes se inquietaron con la llegada de una canoa al lugar.
Recobraron la tranquilidad cuando confirmaron que se trataba de sus correligionarios y no de militares, cuya presencia permanente —en los últimos cuatro días— en ese río perturbó el normal desarrollo del encuentro porque temían ser intervenidos. En ese bote llegaron los miembros de la comisión y dos de los siete exdirigentes indígenas que viajaron 36 horas en una barcaza que los trasladó desde Trinidad.
Lo primero que se ve al ingresar al Centro de Gestión y Administración del Tipnis, es la cocina instalada al aire libre. Allí se prepara la comida para todos, pero es también un punto estratégico desde donde se vigila todo el río. A ambos lados del sendero, que conduce hacia la sala que hace las veces de un auditorio, se han instalado pequeñas carpas para albergar a los más de cien niños, jóvenes y adultos que participan en el evento
En la reunión, se aprobaron tres resoluciones que resumen el punto de vista de la facción que se opone a la eliminación de la intangibilidad del Tipnis por el gobierno.
En la primera de ellas denuncian que los pueblos indígenas del Tipnis corren el riesgo de desaparecer con la promulgación de la Ley 969 y dejan en claro que rechazan la carretera. También le exigen al gobierno respetar el área protegida como hábitat y patrimonio de las comunidades. Además, piden que cesen las hostilidades, los abusos, las extorsiones, y el atropello de los derechos de las naciones y pueblos indígenas.
El director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, señaló: “Las presiones sobre el TIPNIS son abrumadoras. Los indígenas no exageran para nada al denunciar que están en peligro de exterminio. Los impactos socioambientales de la construcción de la carretera recién están por llegar pero una parte de ellos ya han sido derrotados y piden una mano para levantarse”.
Pero la resolución hace un llamado también a la unidad y al compromiso de los pueblos indígenas y la sociedad en general con el “Pacto de Unidad por la Defensa de la Vida, la Dignidad de los Pueblos, Tierra, Territorio y Áreas Protegidas”, para defender unidos ese territorio, la vida de las naciones y pueblos indígenas que lo habitan, y realizar todas las acciones legales y políticas a nivel nacional e internacional.
En la segunda resolución anuncian que se declaran en estado de emergencia, definen tomar acciones legales a nivel nacional e internacional, solicitan que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 969 y denuncian, jurídicamente, las violaciones a los territorios y pueblos indígenas, áreas protegidas y parques nacionales.
Además señalan que solicitarán al gobierno que respete la Constitución Política del Estado y los convenios y tratados internacionales que resguardan los derechos de los pueblos indígenas. Anuncian, además, que solicitarán una auditoría técnica jurídica a la “consulta previa” efectuada por el gobierno en 2012, la cual sirvió de base para la elaboración de la ley que eliminó la intangibilidad del Tipnis.
En la tercera resolución indican que respaldan al directorio de la Subcentral del TIPNIS, liderado por Fabián Gil Rocha y Marquesa Teco Moyoviri, elegidos en el Encuentro Ordinario de Corregidores realizado en noviembre pasado. Por lo tanto, desconocen a la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) liderada por Pedro Vare, a favor de la Ley 969, por considerar que actúa en contra de los principios y objetivos de los derechos colectivos, territorios indígenas, áreas protegidas, derechos humanos y medio ambiente.
Este documento fue firmado por los corregidores del Tipnis pero también por el ex defensor del pueblo Rolando Villena; la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Amparo Carvajal; el diputado de la oposición, Rafael Quispe; el representante de las comunidades de las áreas protegidas Madidi y Pilón Lajas, Alex Villca; entre otros asistentes al encuentro.
En el encuentro, finalmente, se terminó de elegir a la nueva directiva de la Subcentral Tipnis denominada “orgánica”, porque no responde al gobierno, según Fabián Gil, el líder ratificado. La nueva vicepresidenta es Cecilia Moyoviri de la comunidad San Ramoncito y fueron elegidos los titulares de las Secretarías de Organización, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, Educación y Salud.
Moyoviri dijo que no se dejarán vencer por el gobierno. “Es bien astuto el gobierno, pero no nos vamos a cansar de luchar. Vamos a seguir en defensa del Tipnis, del pulmón del mundo. Estamos peleando por el pulmón de Bolivia, para que un día sus nietos vayan y vean los árboles milenarios”, señaló a Mongabay Latam.
La dirigencia de las mujeres también fue ratificada. La indígena Marquesa Teco continúa como presidenta de la Subcentral Tipnis Mujeres y Adelaida Rocha Noza como vicepresidenta. “Somos dos, pero tenemos toda la fortaleza para luchar por nuestro territorio que es el futuro de nuestros hijos”, dijo Teco.
En el encuentro extraordinario participaron corregidores de 23 comunidades, 18 del Tipnis y 5 que están asentadas en las riberas del río Isiboro. Gil señaló que no asistieron todos los corregidores porque la dirigencia paralela los detuvo en San Pablo, con la excusa de convocarlos para un encuentro de chocolateros que tiene socios en casi todas las comunidades.
Las voces de la protesta
Una de las razones que esgrimen algunos habitantes del Tipnis para oponerse a la vía es que esta no los beneficiará. Yovana Rodríguez Parada vive en la comunidad Nueva Lacea, donde todavía toman agua del río y cuando se enferman van hasta la comunidad vecina Puerto San Lorenzo. Para ella, la Ley 969 no les sirve porque dará paso a una carretera que no los ayudará. “No nos va a beneficiar, por eso no estamos de acuerdo. La Ley 180 es la que nos sirve porque protege nuestro territorio”, dijo a Mongabay Latam.
En la comunidad Santa María de la Junta, donde vive Matilde Nogales, necesitan un colegio y posta de salud principalmente. Dice que a veces no entienden las leyes pero que saben que la vía no es la solución. “Vamos a seguir usando el río porque la carretera no va llegar a nuestra comunidad, va a quedar allá, lejos. Solo van a destruir nuestros árboles y qué va a quedar para nuestros hijos”, explicó a Mongabay Latam.
La comunidad Santísima Trinidad está dentro del Polígono 7, alrededor del cual se ubican los colonizadores que han ingresado al área y se dedican a la producción de coca. Julia Molina vive allí y contó a Mongabay Latam que no quieren la carretera porque en ese sector no hay comunidades indígenas solo los colonizadores que tienen cercada a su población.
Las comunidades del río Sécure y del Ichoa, además de no querer la vía, sostienen que la consulta previa no se socializó entre las comunidades. “Yo estoy ahí (en Santísima Trinidad) que es más accesible por los caminos y no hubo socialización como dice la diputada Moye”, aseguró una pobladora.
“Los colonos van a invadir porque no se conforman con tener un pedazo de tierra, quieren tierra en varios lugares. Van buscando otro pedazo de chaco, se van ampliando con sus cocales”, sostuvo Molina.
La sombra de la militarización
El temor a una posible intervención militar durante el encuentro extraordinario de la facción opositora no era del todo infundado. El primer día de la reunión —domingo 27 de agosto— tuvieron un altercado con miembros de la Naval que dejó como saldo cuatro personas golpeadas, un bote hundido, alimentos mojados y recipientes con combustible retenidos.
Un día antes, un grupo de pobladores colocó un alambre de púas a lo ancho del río Isiboro, a la altura del Centro de Gestión, para evitar el paso de foráneos a su territorio. Al final de ese sábado, una barcaza intentó cruzar el cerco pero persuadieron a sus ocupantes de retornar a Trinidad. “Se fueron después de decirnos que respetaban nuestra decisión”, recordó Fernando Vargas, exdirigente del Tipnis.
Pero el domingo, al poco tiempo de que inauguraron su encuentro extraordinario, la barcaza nuevamente intentó cruzar el alambre de púas, esta vez escoltada por botes con efectivos militares. Los pobladores molestos intentaron impedirles el paso, contó Vargas.
En pleno río se produjo un forcejeo entre militares e indígenas. Uno de los militares agarró un remo y golpeó a Marquesa Teco y al corregidor de Villa Fátima, Hilario Noto. Luego el guardaparques que conducía la barcaza recibió un golpe, contaron a Mongabay Latam los exdirigentes Marcial Fabricano y Vargas por separado. Un video subido a las redes sociales confirma su versión.
El comandante de la Naval de la región, Aldo Bravo, afirmó que también uno de sus efectivos recibió un golpe. “Ese video que está circulando en la redes sociales permite ver que no fuimos a agredir y claramente está editado”, aseguró a Mongabay Latam.
Los indígenas retuvieron la barcaza y luego de bajar los recipientes de combustible la devolvieron con toda su carga.
Al ser consultado sobre por qué insistieron en cruzar el cerco a pesar de conocer la determinación de los indígenas, Bravo dijo: “no es así, solo estábamos ayudando a transportar (combustible, alimentos y otros enseres a la comunidad San Pablo) porque eso nos solicitaron desde el gobierno”. Sin embargo, declaró que envió también el domingo a Gundonovia a 30 efectivos adicionales.
La presencia de los militares generó incertidumbre antes, durante y después del encuentro en el Centro de Gestión, porque no es usual ver tantos efectivos de la Naval en ese río.
Cuando los asistentes retornaron a Trinidad, tras la reunión, confesaron que sintieron temor durante todo el trayecto de ser detenidos por las autoridades. El comandante Bravo aseguró que las actividades de control forman parte de la rutina. El bote en el que iba Mongabay Latam fue detenido en Gundonovia. Los militares preguntaron por los nombres y el destino de cuatro de sus siete ocupantes y tomaron fotografías a todos.
“Es para tener un registro de las personas que navegan en estos ríos. Eso puede ayudar a saber y dar tranquilidad a las familias, si les decimos que tal o cual persona pasó por el lugar”, explicó Bravo.
¿Cuándo se construirá la carretera?
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En la reunión de corregidores que apoya la eliminación de la intangibilidad del Tipnis, realizada a fines de agosto, no se habló de la construcción de la vía que unirá Cochabamba con el Beni pasando por el área protegida.
“No, de eso no se habló nada. Se va a consultar a las comunidades qué propuestas hay. Esa es una decisión de las comunidades, como dirigentes solo acataremos”, aseguró a Mongabay Latam Domingo Nogales, presidente de la Subcentral Tipnis, facción que sí es reconocida por el gobierno.
Adelantó que se consultará en abril de 2018, en la cumbre de corregidores. Esa postergación se relaciona con lo manifestado por el presidente Evo Morales, quien anunció que por ahora no cuentan con presupuesto para construir la segunda fase de la carretera que uniría Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni).
Nogales explicó que la Ley 969 no habla expresamente de una carretera. “La gente lo interpreta mal porque la Ley no dice que se haga la carretera. Más bien menciona los caminos vecinales, pero eso es algo que las comunidades lo van a decidir”, puntualizó.
Otro de los dirigentes de la subcentral Sécure, Carlos Fabricano, anunció que la agenda de la reunión celebrada el 27 y 28 de agosto contemplaba la identificación de proyectos para el desarrollo de las comunidades, el análisis de los planes de manejo de los recursos naturales, la creación de proyectos turísticos y la planificación para el acceso a los servicios de agua, energía y la construcción de viviendas.
Nogales dijo que en ese encuentro hablaron de los planes de manejo del Tipnis y del proyecto para el aprovechamiento del cuero de lagarto suspendido durante la vigencia de la Ley 180.
La experta y activista ambiental Cecilia Requena aclaró que la Ley 180 no impedía el desarrollo de ese tipo de proyectos como el aprovechamiento del lagarto. El artículo 3 del reglamento de la Ley 180 garantizaba los usos tradicionales y definía con claridad prohibiciones expresas de asentamientos ilegales, explotación maderera comercial y megaproyectos con significativos impactos. “Fue una mentira utilizada por el gobierno en la consulta para confundir y chantajear a las comunidades induciéndolas a aceptar una carretera a cambio de proyectos y saneamiento básico”, remarcó.
Para Requena, “los resultados de esta consulta fraudulenta sirvieron de base para tratar de legitimar el atropello de la nueva Ley 969”.
Julia Molina, pobladora de la comunidad Santísima Trinidad, aseguró que fue a partir de las últimas dos marchas indígenas, realizadas en 2011 , que el gobierno empezó a llevar regalos a las comunidades y a insistir que con la Ley 180 no se puede hacer nada. “Sin embargo, no hemos dejado de hacer nuestro chaco, sembramos. Solo querían desalentarnos y hacernos decir que todos quieren la carretera”, explicó.
El encuentro de la facción indígena que es respaldada por el gobierno, también concluyó su reunión con la aprobación de cuatro resoluciones, afirmó Nogales, aunque solo dieron a conocer una de ellas. Y se trata de un voto resolutivo que ordena la expulsión de 20 exdirigentes del Tipnis, la mayoría miembros de la dirigencia paralela actual liderada por Fabián Gil y Marquesa Teco, así como Marcial Fabricano y Fernando Vargas, entre otros.
Este dirigente acusa al grupo de Gil de haber impedido que los corregidores lleguen a San Pablo. “Han confundido a la gente. Ellos tenían que asistir al encuentro pero prefirieron organizar uno paralelo. Eso hizo que los corregidores se molesten y los desconozcan, porque siempre están mintiendo e insultando”, aseguró Nogales.
En cuanto a su destitución como dirigente en noviembre pasado, el líder se defiende señalando que él fue elegido por 40 comunidades y que los corregidores que lo destituyeron no pasaban de diez. Además, que ahora fue ratificado por las 37 comunidades que asistieron a San Pablo.
Sobre la acusación que indica que reciben prebendas del gobierno, Nogales se defendió diciendo que no hay argumentos y que no recibieron ayuda del gobiernopara trasladar a los asistentes a la reunión. Aunque abiertamente hubo despliegue de movilidades y deslizadores oficiales que transportaron indígenas y otras personas hasta San Pablo, tanto por tierra como por agua. Así como víveres y otros enseres.
“Era una cosa impresionante verlos con sus movilidades de alta capacidad para llegar a Gundonovia. Nos atascamos allí para no llegar con ellos. Treinta movilidades había que no eran del Tipnis, eran de otras ciudades”, dijo Teco.
Para la facción de Nogales, la reunión de los líderes de las comunidades del Tipnis tenía como principal objetivo ratificar el resultado de la consulta realizada por el gobierno en 2012, analizar la Ley 969 y definir la construcción de la carretera.
Últimos acontecimientos
En su afán por evitar que se construya una carretera que atraviese el área protegida, la semana pasada la dirigencia que se opone a la ley que anula la intangibilidad del Tipnis, liderada por Gil, difundió las resoluciones del encuentro de corregidores en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad, donde varios colectivos ciudadanos aprovecharon para recolectar firmas de apoyo a los indígenas que rechazan la construcción de la vía.
Esta facción indígena cuenta con el apoyo internacional de sus pares agrupados en la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que realizó el 22 de septiembre una marcha en defensa de los territorios y en la que se refirieron a la lucha por la sobrevivencia del TIPNIS en Bolivia.
Mientras tanto, el gobierno ha retomado su presencia en el Tipnis con la entrega de materiales e infraestructura, como lo hizo en 2012, luego de aprobar la Ley 180 hoy derogada por la Ley 969.
Todo apunta a que el diseño de la carretera y su ejecución serán retomados en 2018, en medio de una clara división de las dirigencias indígenas de la zona que entienden el concepto de desarrollo de una manera distinta.
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