La Región
Un conflicto minero que fue denunciado en abril de 2024 en La Paz por comunarios del ayllu Cala Cala —Uyuni, Potosí— aún no encuentra respuesta. Tras serias demandas por violencia y retención indebida de un defensor ambiental y dirigente del lugar, una vez más los habitantes de la zona alzan la voz contra una cooperativa minera que continúa operando pese a infringir normas, aseguran los afectados.
Todo esto comenzó hace un par de años, pero tomó ribetes violentos cuando en junio de 2025, J. C. M. fue “interceptado, golpeado y retenido en contra de su voluntad”, refiere una demanda a la que La Región tuvo acceso. Durante más de doce horas, según la denuncia de la víctima ante autoridades competentes, trabajadores y dirigentes de la Cooperativa Minera Molle Pata, lo agredieron y no permitieron su salida.
La empresa había sido señalada dos años antes de operar sin licencia sobre las cabeceras de cuenca que abastecen de agua dulce a la comunidad.
Dos días antes de la agresión, el 24 de junio de 2025, la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación de Potosí había extendido a la cooperativa —representada por Gonzalo A. F.— la licencia ambiental para explotar plomo, plata y zinc en ese territorio, según documento presentado por la autoridad de Justicia del ayllu, Olivia P. F., ante la propia Secretaría. La autorización se otorgó pese a que el área está catalogada como “zona de nacientes de agua, protegida constitucionalmente”.
Un ataque brutal
De acuerdo con la denuncia formal presentada ante la Fiscalía de Potosí (CUD 501102012501677), el 25 de junio J. C. M. y otras autoridades originarias se dirigieron al sector de Milluri, en Andahuaya, para entregar a la cooperativa una notificación de medidas precautorias dispuesta por la asamblea de las comunidades. No lograron acercarse, porque “guardias” del lugar los repelieron con dinamita y hondas, por lo que decidieron pernoctar a más de un kilómetro de distancia.
A las 8.00 del día siguiente, según el relato, una camioneta blanca llegó con cerca de diez personas que, junto a trabajadores de la cooperativa mencionada, emboscaron a los comunarios con cachorros de dinamita, piedras y flechas. J. C. M. intentó huir, pero fue alcanzado, derribado y golpeado en el rostro y la cabeza hasta perder el conocimiento. En el forcejeo perdió varias piezas dentales, como consta en papeles judiciales.
La denuncia relata que, tras despertar, fue acusado de portar droga al revisarle la mochila, vuelto a golpear, atado de manos con su propia chalina y trasladado en al menos tres vehículos distintos —dos de ellos con las placas parcialmente cubiertas, según describe— rumbo a la mina Milluri y, posteriormente, a la ciudad de Potosí, con las manos amarradas durante horas y bajo amenazas.
El documento identifica como presuntos responsables a, al menos, nueve personas. La causa se tramita por los delitos de lesiones graves y leves, secuestro y tortura, estipulados en los artículos 271, 293 y 295 del Código Penal.
Más golpes
Según la misma denuncia, al llegar a Potosí, J. C. M. fue nuevamente derribado, esposado y golpeado por efectivos policiales, quienes además rechazaron abrir una investigación argumentando que el presunto delito de avasallamiento minero correspondía a la jurisdicción de Uyuni y no a la de Potosí.
Dos certificados médicos —uno del 2 de julio de 2025, firmado por el médico Edgar Quispe Cárdenas (matrícula Q-385) del Hospital Daniel Bracamonte de Potosí— constatan que la víctima fue atendida de emergencia la noche del 26 de junio por “policontusiones, equimosis en la región infraorbitaria, escoriaciones faciales y en hombros, pérdida de piezas dentarias, epistaxis, dolor intercostal y edema en manos”.
La zona ansiada por la minería
En contacto con La Región, J. C. M. advirtió que no era la primera vez que era agredido. En marzo de 2021, gente afín a otra empresa minera que operaba en territorio del ayllu, incurrió en otro hecho de violencia. Este último caso, refiere, fue archivdado.
La Delegación Departamental de la Defensoría del Pueblo en Potosí confirmó que interviene en el hecho más reciente desde el 26 de junio de 2025 y que solicitó información oficial a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la Secretaría de la Madre Tierra para verificar si la cooperativa minera Molle Pata cumple con la normativa ambiental y minera. La institución indicó que hace seguimiento tanto a la denuncia penal como a los presuntos malos tratos sufridos por el comunario en dependencias policiales.
La disputa de Cala Cala se produce en medio de un giro normativo con alcance nacional. El Ministerio de Minería aprobó este año, mediante la Resolución Ministerial 069/2026, un reglamento de adecuación para cerca de cuatro mil trámites mineros previos a la Ley 535 de 2014 que, pese a las aclaraciones oficiales, no incluye entre sus requisitos la licencia ambiental como condición previa para operar. Organizaciones que siguen el sector minero advierten que ello podría facilitar que cooperativas con procesos pendientes —como ocurrió con Molle Pata en Potosí— regularicen su situación sin someterse a evaluaciones de impacto ambiental ni consulta previa a las comunidades afectadas.
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En paralelo, el propio municipio de Uyuni ratificó en marzo de 2025 un convenio intergubernamental por 25,1 millones de bolivianos para construir una represa y un sistema de riego tecnificado en la localidad de Ichurata, financiado en un 80 por ciento por el nivel central del Estado. El contraste no pasa inadvertido para los comunarios de Cala Cala, ya que mientras se destinan millones a infraestructura hídrica en el mismo municipio, la cuenca que alimenta sus cultivos y su ganadería —y que desemboca en el lago Poopó— permanece sin una respuesta que frene su contaminación.
En tanto, desde el ayllu se ha denunciado también la muerte de truchas que los habitantes del lugar crían para su subsistencia. Asimismo, la caza furtiva de vicuñas, por parte de mineros; hechos que no son investigados pero que, según los demandantes, necesitan atención de autoridades competentes.
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