Doly Leytón Arnez
Periodista | La Región
Han pasado ocho meses de la sentencia judicial que ordenó destruir los desvíos de agua construidos sin licencia ambiental en el río San Lorenzo —dentro de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó, en la Chiquitania— para beneficiar a predios ganaderos. Sin embargo, la magistrada del Tribunal Agroambiental, Rocío Vásquez, mantiene suspendida la fase de casación: una etapa final en la que los jueces solo revisan si las leyes se aplicaron correctamente en el fallo inicial. En esta instancia ya no se pueden pedir nuevos informes ni reevaluar las pruebas.
La defensa legal de las cinco comunidades afectadas, Ipias, Ramada, Entre Ríos, Buena Vista y San Juan, califica la medida de irregular, cuestiona la solicitud de nuevos informes por considerarlos ajenos a esta fase del proceso y denuncia trabas para acceder a la información judicial.
En entrevista con La Región, el abogado ambiental Rodrigo Herrera, informó que Vásquez dispuso la suspensión de los plazos procesales en la etapa de casación y solicitó informes técnicos a instituciones que no corresponden a la materia en litigio.
La magistrada requirió datos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y a la Unidad Técnica del Tribunal. “Este es un caso estrictamente hídrico y de evaluación de impacto ambiental, no de manejo forestal. Se están forzando elementos e instancias que no corresponden para tratar de justificar la permanencia de infraestructuras ilegales y favorecer a la parte demandada”, dijo Herrera.
A la paralización de la causa, según Herrera se suman impedimentos al principio de transparencia y libre acceso a la justicia. Durante la última audiencia del caso, Vásquez restringió el ingreso a los medios de comunicación y fijó un límite de 15 minutos para los alegatos de las partes, sin dar respuesta a los reclamos sobre las presuntas irregularidades procesales.
En un comunicado enviado a los medios, las comunidades denunciaron también que el tribunal rechazó la solicitud de aplicar notificaciones electrónicas. La decisión de mantener las notificaciones exclusivamente mediante tablero físico en Chuquisaca obliga a los demandantes realizar viajes de más de 20 horas desde sus territorios solo para enterarse del estado de su expediente. “Esto no es un inconveniente administrativo, es una forma cruel de exclusión y discriminación institucional. Las comunidades ya no pueden seguir viajando 20 horas para mendigar información”, manifiestan los afectados en el comunicado.
Ante esta situación, el abogado Herrera solicitó la intervención urgente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la vulneración del derecho al debido proceso y al agua, además de requerir al Consejo de la Magistratura la apertura de una investigación formal contra la magistrada Vásquez por “parcialización, retardo de justicia y obstrucción al derecho a la información”.
Mientras tanto, en las comunidades indígenas chiquitanas, deben de recurrir a comprar el líquido de cisternas. Mira las imágenes:
Cronología del caso del río San Lorenzo
Haciendas ganaderas desvían río en la Chiquitania y dejan sin agua a poblaciones indígenas
El primer reportaje de La Región sobre el conflicto. Explica cómo las comunidades descubrieron el desvío y las represas en el río San Lorenzo y cómo la intervención afectó su acceso al agua.
Leer la nota →Comunidades indígenas de la Chiquitania podrían lograr fallo histórico contra la construcción de represas
Da cuenta del avance de la demanda por daños ambientales y de la incorporación del Comité de Gestión del Área Protegida Valle de Tucabaca como tercero coadyuvante en el proceso.
Leer la nota →Audiencia por el río San Lorenzo: juez anuncia lectura de sentencia para el 5 de noviembre
Informa sobre la etapa previa al fallo y los argumentos presentados en la demanda por daños ambientales, a la biodiversidad y a la salud pública.
Leer la nota →Postergan lectura de sentencia por caso del río San Lorenzo para el 27 de noviembre
La lectura de la sentencia fue postergada y el caso quedó a la espera de una decisión clave para establecer responsabilidades por la afectación del río.
El río San Lorenzo: una década enjaulado y a la espera de un fallo histórico en Bolivia
Una crónica que reconstruye la historia del río San Lorenzo, las intervenciones que sufrió y la lucha de las comunidades por recuperar su cauce.
Leer la nota →Justicia dispone destruir represas ilegales y restituir el cauce del río San Lorenzo
El Juzgado Agroambiental de Roboré ordenó retirar las infraestructuras que alteraron el cauce, restaurar el río e indemnizar a las comunidades afectadas.
Leer la nota →Santa Cruz: vence plazo para aplicar el fallo por el río San Lorenzo y las represas siguen intactas
Tras vencer el plazo establecido por la sentencia para retirar las estructuras, las comunidades verificaron que las represas continuaban en pie.
Leer la nota →A ocho meses de una sentencia agroambiental, represas en el río San Lorenzo continúan intactas
La Región documentó que las represas seguían sin ser retiradas y que el recurso de casación mantenía paralizada la ejecución del fallo.
Leer la nota →Comunidades indígenas exigen celeridad y transparencia en el caso del río San Lorenzo
Representantes indígenas viajaron a Sucre para exigir al Tribunal Agroambiental una pronta resolución del recurso de casación y denunciaron dificultades para acceder a información del proceso.
Leer la nota →“Caso río San Lorenzo”: comunidades denuncian a magistrada por retardación de justicia
Wilson Hurtado presentó una denuncia contra la magistrada Rocío Vásquez Noza por una presunta demora en las actuaciones judiciales. Las comunidades solicitaron revisar el proceso.
Leer la nota →
