jueves, diciembre 8, 2022
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Cinco datos clave para entender la sentencia internacional sobre los incendios de 2019

Durante tres jornadas, los jueces de Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza escucharon a representantes indígenas, bomberos, activistas, funcionarios públicos y expertos. ¿Por qué determinaron que en Bolivia hubo un ecocidio?

La Región

  1. Cronología

En diciembre de 2019 el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) escuchó y admitió el caso de los incendios forestales de Bolivia, como parte del caso Amazonia, en Santiago de Chile.  El 13 de enero pasado emitió un veredicto, en el cual solicitó a las autoridades nacionales la abrogación de ciertas disposiciones legales que “alentaron y facilitaron las quemas” registradas entre julio y noviembre del año pasado. Además anunció su visita a la zona de desastre. Debido a la pandemia del coronavirus, la delegación que debía llegar en marzo, postergó el viaje, pero decidió realizar una audiencia pública para recabar información y llegar a una sentencia. Esta se realizó los días 17, 18 y 20 agosto por la plataforma Zoom.

Durante tres jornadas, los jueces Nancy Yáñez (Chile), Felicio Pontes (Brasil) y Patricia Gualinga (Ecuador) escucharon alrededor de 15 intervenciones de representantes de pueblos indígenas, activistas, bomberos voluntarios, funcionarios de áreas protegidas, de la Gobernación de Santa Cruz, municipios y miembros de comités de gestión.

Finalmente, determinó que los incendios ocurridos en 2019 en la Chiquitania, Amazonia y el Chaco boliviano fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio” y señaló que se deben abrogar las leyes que “promueven los incendios y depredación de bosques”, además de las normas que respaldan los cultivos transgénicos.

El Tribunal identificó como autores del delito de ecocidio al Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno de Jeanine Áñez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; a la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras. Asimismo, a la Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición, a la Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental. Finalmente al extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación.

 

Lee aquí los detalles del caso: https://bit.ly/3l1bF0l

 

  1. Por qué ecocidio

La jueza Nancy Yáñez explicó a La Región que lo ocurrido en 2019 fue un ecocidio porque el área afectada por los incendios de 2019 corresponde a ecosistemas de alta importancia internacional, a ríos transfronterizos y corredores biológicos de tres países: Bolivia, Brasil y Paraguay.

El daño alcanzó a ocho sitios Ramsar (humedales de importancia internacional), pese a que el Estado de Bolivia asumió un compromiso internacional para su protección. Por tanto, la gravedad del impacto causado lleva a calificar lo ocurrido como un ecocidio.

Los jueces también consideraron la actuación de las autoridades del Estado, que no aplicaron medidas para salvaguardar ecosistemas de importancia mundial, sino que además se adoptaron medidas que ponían en riesgo sitios de extrema vulnerabilidad, precisamente por condiciones climáticas convergentes (sequía extrema, entre otras).

Finalmente se tomó en cuenta las leyes que permitieron las quemas en el territorio, expandir la superficie, favorecer los asentamientos humanos en zonas extremadamente frágiles, aumentar autorizaciones para “chaqueos” y generar “perdonazos” o impunidad frente a estos hechos. No conformes con ello, los responsables no revirtieron el daño, sino que adoptaron políticas destinadas a modificar el uso del suelo para viabilizar la expansión de la frontera agrícola, para el desarrollo de la ganadería y la agricultura. En este punto, se suma la adopción de leyes que favorecen la plantación de transgénicos. “Todo eso conforma un cuadro que evidentemente demuestra la responsabilidad directa de las autoridades del Estado, no solo las del gobierno pasado (Evo Morales), sino las del actual gobierno (Jeanine Áñez)”, explica la experta en Derecho Internacional, con mención en Derechos Humanos.

 

  1. Magnitud sin precedentes

Si bien los incendios de Bolivia se conocieron a nivel mundial porque coincidieron con otros de magnitud en países como Brasil y Paraguay, Yáñez asegura que los antecedentes proporcionados en Santiago de Chile (cuando se presentó la demanda) y los de la reciente audiencia “eran totalmente desconocidos por el tribunal y han impactado a los jueces”.

Esto porque observaron una política que propició un estado de cosas y que no adoptó medidas para la reparación. “Yo diría que la afectación de sitios Ramsar, la afectación de 36 territorios indígenas, un porcentaje relevante del territorio en aislamiento voluntario como el caso del pueblo Ayoreo; son realmente antecedentes de mucho peso y han impactado al tribunal”.

 

  1. Qué implica el fallo

Si bien el TIDN es una instancia ética conformada por personalidades de talla mundial y cuya participación surge cuando los Estados desconocen derechos de la Madre Tierra; sus determinaciones no son vinculantes. Sin embargo, los argumentos legales en los que basan sus determinaciones, se fundan en el estado de derecho de cada país. “Las normas que nosotros tuvimos en consideración para deliberar y adoptar una decisión, corresponden a normas nacionales e internacionales vigentes en Bolivia”, explica la jueza.

Además, la interpretación recogida es acorde a la jurisprudencia de órganos internacionales en materia de derechos humanos. Esto fue vital para el Tribunal, ya que entendió que el daño a la naturaleza implica una vulneración de derechos humanos

“Nosotros en definitiva lo que aplicamos es la declaración de derechos de la naturaleza, adoptada en Cochabamba (2010) y lo que pudimos consignar es que todos los derechos inherentes a la naturaleza fueron vulnerados. Creemos que Bolivia, acorde a la vocación democrática que tiene que tener cualquier gobierno, incluso uno de transición como el que hoy dirige al país, debiera dar una muestra de su compromiso con el estado de derecho, con la naturaleza y los derechos humanos”.

Con esa autoridad, el Tribunal se comprometió a dar seguimiento “a este crimen de ecocidio de ejecución continua” y establecer una comisión permanente para vigilarlo.

  1. El ecocidio en cifras

Los incendios ocurridos en Bolivia el 2019 devastaron al menos 6,4 millones de hectáreas, según documentación a la que accedió el Tribunal.

El 65 por ciento de esa superficie se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29 por ciento en  Beni.

La región más afectada fue la Chiquitania, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco. Los demandantes señalaron que el 27 por ciento de las áreas afectadas se quemaron por primera vez.

Los incendios también afectaron a 1.133.037 hectáreas de zonas naturales protegidas, 969.718 de tierras de uso forestal, 341.790 de tierras de uso silvopastoril y 5.336 de tierras de uso restringido.

Entre las áreas protegidas nacionales, la mayor superficie quemada se dio en San Matías (Santa Cruz), que sufrió el 26 por ciento (772.831 hectáreas) de su superficie y el Parque Nacional Otuquis (Santa Cruz) con el 35 por ciento (313.744 hectáreas) de su superficie quemada.

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