La Región
A cuatro meses de las primeras denuncias públicas, la comunidad de Chochís, en el municipio de Roboré (Santa Cruz), sostiene que persiste la explotación ilegal y el uso comercial de sus nacientes de agua. Según los afectados, las autoridades municipales de Roboré no han tomado medidas efectivas para detener las operaciones.
Una inspección de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), realizada el 2 de marzo, confirmó que la planta embotelladora continúa en funcionamiento. La comunidad denuncia que la firma utiliza agua de las vertientes que abastecen al sistema comunitario, ignorando que estas fuentes están protegidas por la Ley Municipal 009/2019.
La queja de los demandantes se centra en que, bajo las leyes bolivianas y municipales, una propiedad privada no puede comercializar el agua en esta zona por las siguientes razones:
- Inmovilización Administrativa: La Ley Municipal 009/2019 establece la inmovilización de aproximadamente 853 hectáreas en las nacientes de Chochís. Esta norma prohíbe expresamente cualquier tipo de aprovechamiento comercial o industrial del recurso hídrico en dicha zona de cabecera de cuenca.
- Protección del Patrimonio: Chochís fue declarado Patrimonio Cultural y Natural en 2009. Esta declaratoria implica un compromiso de protección integral de las fuentes de agua, esenciales para la supervivencia de la comunidad y la conservación del ecosistema.
- La Constitución Política del Estado (CPE) establece que el agua es un bien común que garantiza la vida y la continuidad del territorio, por lo que su apropiación privada para fines comerciales es considerada una vulneración de las normas locales. Así lo explica el artículo 373, que hace alusión a “privatizar” el recurso.
Presuntas irregularidades técnicas
Informes de la Cooperativa de Agua Chochís señalan que la empresa realizó “modificaciones clandestinas” en el sistema comunitario, desviando el flujo hacia la planta en el predio La Selvita. Estas intervenciones afectaron infraestructura destinada al abastecimiento de las familias, advierten los demandantes.
Por ello, la población ha organizado vigilias y bloqueos de carretera tras constatar la salida nocturna de camiones con agua embotellada desde el predio mencionado. Pese a que la AAPS verificó la continuidad de las operaciones, los lugareños señalan que el municipio de Roboré no asume su responsabilidad para hacer cumplir las leyes que protegen las nacientes.
Ante esta situación, la comunidad exige que el Gobierno Autónomo Municipal de Roboré actúe de manera inmediata para sancionar a quienes vulneran la normativa mediante la explotación de las vertientes y garantice la protección del agua como bien colectivo. Lee aquí el pronunciamiento público completo:
