La Región
Más de 200 delegados de comunidades indígenas de la Chiquitanía establecieron una alianza regional en defensa de sus recursos hídricos, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, con el objetivo de articular una voz unificada y hacer frente al avance de la frontera agrícola.
El acuerdo se concretó al cierre del Encuentro de Comunidades Afectadas por el Agroextractivismo en la Chiquitanía, llevado a cabo los días 23 y 24 de octubre en predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). La iniciativa, impulsada por la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas (Ormich), la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco (Acisarv) y la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (Ccich-T), responde a la preocupación por la deforestación, los incendios forestales recurrentes y la contaminación derivada del uso de agroquímicos.
Rosa Pachuri, representante de la Ormich, enfatizó la importancia de la unidad territorial al recordar que la preservación del agua es la causa central que sostiene la vida y el futuro regional.
Durante las jornadas de análisis, dirigentes de distintos municipios expusieron el impacto directo de la actividad agroindustrial en sus asentamientos. Luis Fernando Moreno, representante de la Ccich-T en San José de Chiquitos, advirtió que los desmontes masivos están dejando a los poblados indígenas fragmentados e “aislados como islas”, al tiempo que se percibe una disminución de las precipitaciones y periodos de calor cada vez más prolongados.
A su vez, en San Ignacio de Velasco se reportaron afectaciones directas a los cultivos comunitarios debido al uso de agroquímicos aplicados mediante drones y avionetas en predios colindantes.
Ignacia Yovio, representante de Control Social, señaló además que la fragmentación del bosque obliga a especies de la fauna silvestre a desplazarse hacia los chacos comunales para alimentarse, perjudicando la producción local. Esta problemática, según advirtió Clara Masai de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, no es aislada y se extiende también a comunidades del Chaco y la Amazonía.
En el ámbito técnico y científico, la investigadora Mónica Guzmán presentó los resultados de siete años de seguimiento a la recarga de acuíferos en San José de Chiquitos. Guzmán explicó que los incendios y la pérdida de la cobertura vegetal ponen en riesgo el agua subterránea, elemento fundamental para la subsistencia y el desarrollo de la vida en la Chiquitanía.
Uno de los casos abordados durante la reunión fue la alteración del río San Lorenzo, en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, donde 338 familias de cinco comunidades demandan la restitución del cauce natural de la fuente hídrica, bloqueado por represas privadas con fines ganaderos. Si bien existe un fallo agroambiental favorable dictado en noviembre de 2025, la medida continúa pendiente de ejecución debido a recursos legales interpuestos.
El encuentro concluyó con la aprobación de un Voto Resolutivo que declara a los territorios indígenas libres de extractivismo agroindustrial y minero. A través del documento, las organizaciones exigen la suspensión de nuevas dotaciones de tierras y permisos de desmonte, la implementación de medidas efectivas para la protección de cuencas hídricas, el control estricto de los incendios forestales y el cumplimiento oportuno de las normas ambientales para resguardar la continuidad de sus comunidades.
