El oro es la segunda exportación más importante de Bolivia, que representa más de mil millones de dólares anuales y la creación de cientos de miles de puestos de trabajo para el país. Sin embargo, gran parte de ese oro tiene orígenes inciertos, viene de algún lugar en las profundidades de la selva del Amazonas en donde no se aplican las regulaciones ambientales.

Las empresas mineras montan sus campamentos en zonas aisladas de la selva y realizan sus excavaciones a horas o incluso días del pueblo más cercano. Obstruyen los caminos con excavadoras o, en otros casos, trabajan en dragas en medio de los ríos, lo que dificulta el rastreo de su producción. Algunos mineros también son cada vez más violentos: lanzan piedras y explosivos a barcos desconocidos y amenazan con tomar como rehenes a los visitantes.

Tanto funcionarios gubernamentales como medios de comunicación locales han reconocido las dificultades para acceder a los focos de la extracción de oro y para regular su impacto ambiental. La zona de mayor preocupación es el Parque Nacional Madidi, área protegida de casi 19 000 km² con algunos de los índices de biodiversidad más altos de América. El área se ha convertido en el núcleo de la extracción de oro en Bolivia. Cada año, las operaciones mineras se extienden en el interior del parque.

“Te da pena, porque el cambio es total”, dijo Jairo Gómez, funcionario ambiental en la pequeña ciudad minera de Guanay. “Es inmenso, es un trabajo monstruo. Deshacen extensiones sin fin… Lo único que te dejan son piedras y escombros”.

Mongabay consiguió visitar varias minas, entrevistó a inversores y revisó sus contratos laborales para entender mejor cómo funciona la industria en zonas aisladas del Amazonas. Este trabajo reveló negligencia gubernamental generalizada y la presencia de una red de intereses internacionales que tala el bosque y contamina los ríos con impunidad.

Contratos a terceros y falta de licencias

Durante la última década, Bolivia ha creado una serie de normativas nacionales —como registros de derechos y permisos de trabajo— pensadas para controlar la actividad minera. Sin embargo, la falta de recursos gubernamentales y la burocracia facilitan el camino a las empresas mineras para que manipulen el sistema.

Muchos de esas empresas obtienen la autorización inicial del gobierno para estudiar la viabilidad del terreno, pero no esperan los otros permisos que se necesitan para empezar a excavar con maquinaria pesada, según varios funcionarios locales e inversores de la minería que hablaron con Mongabay. En cambio, se aprovechan de una ambigüedad legal que les permite tener su documentación en proceso de tramitación y, por lo tanto, no atraer visitas de funcionarios gubernamentales.

En la provincia de Franz Tamayo, en el departamento de La Paz, solo una decena de derechos mineros habían recibido autorización plena en un área de 25 hectáreas, mientras que varias decenas de derechos mineros a su alrededor todavía estaban en proceso de ser evaluados. No obstante, ya había empezado la excavación en toda la zona, de acuerdo con una revisión realizada por Mongabay.

“Por ley, si solicitas una zona, no la autorizan de inmediato”, explicó a Mongabay un inversionista en minería que solicitó permanecer en anonimato debido a su participación en la actividad ilegal. “Durante ese tiempo, se supone que no puedes entrar con maquinaria pesada. No puedes hacer nada, puedes trabajar de manera artesanal, pero no puedes extraer al máximo. Generalmente no esperas por los permisos. Los permisos son caros y algunos han tardado hasta 10 años en ser aprobados”.

Datos del consejo municipal en Teoponte, ciudad minera a las afueras del parque, indican que en la zona hay más de cien operaciones mineras y que solo unas pocas operan legalmente.

Obtener un permiso puede llevar hasta una década, es por ello que muchos operadores mineros prefieren no realizar el proceso completo, o bien, «pedir un favor» a funcionarios del gobierno nacional, indica una fuente consultada. “Hay que buscar la forma de tener amistades en la ciudad para poder acceder al tipo de trámite que uno hace con el Ministerio de Minería”, dijo Milton Pinto Pimentel, responsable de la Cooperativa del Oro 19 de Marzo Wituponte.

La ley señala que solo los bolivianos pueden solicitar permisos para extraer oro. Los antecedentes de la colonización española y los malos negocios con empresas extranjeras llevaron al gobierno a nacionalizar la industria minera con la esperanza de que la riqueza se quedara en el país. Las empresas extranjeras tienen prohibido participar en el proceso, excepto en circunstancias muy especiales.

Como lo explica el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia, en una nota de prensa publicada el 29 de junio de este año, «las cooperativas mineras no pueden delegar la explotación de minerales en las áreas que la AJAM les autorizó, ni arrendar o transferir sus derechos mineros y menos asociarse con terceros». Esa es la razón por la que una jueza dictó medidas legales contra 22 personas asiáticas, colombianas y bolivianas intervenidas el 26 de junio en el río kaká, en la zona de Confucio, «al haberse evidenciado de manera flagrante la actividad minera ilegal».

Sin embargo, las cooperativas mineras, que funcionan como sindicatos que representan a los trabajadores locales, según las versiones recogidas de distintas fuentes en territorio, han aprendido cómo burlar la ley para tener inversionistas internacionales, muchos de ellos colombianos y chinos, indica un documento del Servicio de Áreas Protegidas de Bolivia (Sernap).

“Los chinos tienen bastante maquinaria”, dijo la directora de operaciones de una mina en Guanay, quien solicitó que solo se le identificara como Rocío, debido al carácter sensible de su trabajo. “Cuando tienes bastante maquinaria —destacó— puedes hacer muchas cosas en el trabajo minero”.

Una operadora minera china, que también tiene una tienda de piezas de repuesto de maquinaria en la ciudad de Guanay, dijo a Mongabay que ella y su marido llegaron a Bolivia hace siete años con la intención de aprovechar el auge de la minería. Ahora importan y venden piezas de repuesto a otros mineros a la vez que supervisan una operación ilegal en la pequeña aldea de Mariapu.

Según varios testimonios recogidos en territorio, a menudo, las empresas extranjeras se asocian con cooperativas que ya tienen asignados terrenos en forma legal. Firman subcontratos a terceros para ayudar a financiar la excavación, incluido el suministro de herramientas para la minería, gasolina, mercurio, así como dragas para excavar los ríos.

El gobierno no tiene registros de los contratos que han concertado las cooperativas, señalan las mismas fuentes, por lo que es casi imposible rastrear la actividad de los inversionistas o hacerlos responsables de su impacto ambiental.

En algunos casos, según las versiones de las fuentes entrevistadas en territorio, los funcionarios locales son conscientes de la presencia de las empresas, porque estas se inscriben para obtener una “licencia de funcionamiento” que les permite existir legalmente en el país. Sin embargo, la patente no siempre especifica qué tipo de trabajo están realizando esas empresas.

Uno de los contrato ilegales obtenidos por Mongabay reveló que una empresa minera era la responsable de establecer los parámetros del yacimiento, extraer el oro y gestionar las tareas administrativas en la zona. El contrato también autorizaba a la empresa a traer sus propias excavadoras, palas cargadoras, camiones de basura, cribas y tolvas, así como motores, bombas y otras herramientas para extraer oro durante un periodo de tres años, con la posibilidad de renovar el contrato una vez vencido.

A cambio, la cooperativa prometió mantener las licencias de la mina al día, y presentar la documentación necesaria para asegurar la entrega de gasolina. Según lo acordado, el 40 % de los beneficios iban a la empresa minera y el 60 % a la cooperativa.

Funcionarios en las ciudades mineras de Guanay, Teoponte y Mayaya dijeron a Mongabay que habían contratos que daban a las empresas un mayor porcentaje de los beneficios. “Las cooperativas no tienen la inversión para obtener la maquinaria necesaria para la extracción de oro, por lo que tienen que llegar a acuerdos o contratos temporales con empresas que les dan el 50 %, el 60 % y hasta el 80 %”, dijo Jairo Gómez, funcionario ambiental en Guanay.

Los beneficios solo se dividen una vez que se vende el oro a compradores intermediarios, muchos de los cuales, según fuentes consultadas, han establecido tiendas en las ciudades mineras. Los trabajadores de la empresa Royal Bol, en Guanay, dijeron a Mongabay que compran oro en función del precio de mercado de los Estados Unidos y luego lo envían en camiones a la capital La Paz, de ahí se transporta a Estados Unidos,  India, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

La Dirección General de Desarrollo Productivo Agrícola de Guanay, así como varios inversores mineros y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) confirmaron que estos son destinos internacionales populares para el oro.

Cooperativas poderosas, supervisión deficiente

El contrato minero que revisó Mongabay también especificaba que es responsabilidad de la cooperativa gestionar cualquier reacción negativa por parte de las comunidades locales, dice que “concurrirá materialmente y asumirá la defensa del yacimiento en casos de incursión, invasión o perturbación de los trabajos por parte de grupos sociales y comunarios del sector, así como resolver cualquier conflicto con autoridades locales o cooperativas vecinas del lugar”.

En un párrafo separado, la cooperativa prometió “mantener relaciones cordiales con las comunidades vecinas”.

Inversores, residentes y funcionarios locales confirmaron a Mongabay que poderosos intereses mineros trabajan arduamente para mantener el control sobre las comunidades en donde excavan, tanto con regalos como amenazándoles con violencia.

Muchas comunidades indígenas, ante un territorio ancestral cada vez más reducido y ríos contaminados de los cuales dependían para la pesca y el agua potable, sufren las consecuencias del desplazamiento, enfermedades y luchas internas. Algunos integrantes de estas comunidades señalan que no tienen otra opción que trabajar con los mineros para sobrevivir.

Alejandro Machado, fundador del grupo Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), dijo: “Nos quitaban, nos botaban, pues entonces nos veíamos sin trabajo, sin de dónde ganarse el pan del día”.

Al dirigirse al norte hacia la ciudad de Apolo, ubicada a solo cinco kilómetros al sur del Parque Nacional Madidi, el control de los mineros en la vida local se vuelve cada vez más violenta, con algunas cooperativas que bloquean carreteras con maquinaria pesada, confiscan teléfonos móviles de las personas ajenas al lugar y celebran reuniones para votar quién puede o no tener acceso a distintas partes del parque.

Para fortalecer su influencia, algunas cooperativas se unen para formar coaliciones más grandes conocidas como centrales. Una de ellas, llamada Central Local de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo (Celcomap), está formada por al menos 20 cooperativas y coordina asistencia médica, tareas administrativas, así como “vigilancia” de la zona, según la agenda de una reunión que obtuvo Mongabay. Celcomap no estuvo disponible para hacer algún comentario.

Un guardaparques de Madidi dijo a Mongabay que habían perdido el control de la zona cerca de Apolo y no podían llevar a cabo iniciativas de conservación en áreas con actividad minera intensa.

A principios de este año, la senadora de La Paz Cecilia Requena hizo una serie de viajes en secreto a yacimientos cerca de Apolo con la esperanza de documentar el daño que se ha causado al parque y a las comunidades indígenas. Sin embargo, se vio forzada a huir, después de que unas personas empezaran a tirar piedras a su barco. Otros levantaron barricadas para retrasar su vuelta a la ciudad, según su oficina.

Uno de los hombres “gritó a los que estaban alrededor, que eran muchos comunarios, para que nos bloquearan el bote”, dijo Cecilia Requena a Mongabay. “Y eso sí hubiera sido muy preocupante”.

Requena, presidenta de la comisión senatorial sobre tierra y territorio, recursos naturales y medio ambiente, reconoció que la minería en el parque podría empeorar en los siguientes años, ya que muchas operaciones trabajan hacia el norte a través de los ríos de la región. Según funcionarios locales en Guanay, el oro en algunas partes de los ríos Tipuani y Mapiri ya se ha agotado y los mineros se desplazan ahora hacia el cercano río Challana.

En otras ciudades, como Teoponte, el oro está en proceso de agotarse, así que los mineros buscan nuevos territorios. Muchos de ellos se han establecido en Mayaya, localidad ubicada a solo 16 kilómetros de Madidi. La comunidad es tan pequeña que no tiene carreteras asfaltadas o su propio edificio gubernamental, aun así, su plaza central está llena de operadores chinos que conducen camionetas pickup nuevas.

“Se ha vuelto una economía ilegal, muy parecida a la economía del narcotráfico”, dijo Requena. “No tan violenta por el momento, pero sí impositiva”.

Las operaciones mineras deben someterse a inspecciones del Ministerio de Minería y Metalurgia y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Sin embargo, los inspectores de estas agencias casi nunca las visitan, dijeron funcionarios locales en Teoponte y Guanay. “El Ministerio de Minería nunca ha bajado”, dijo Víctor Ticona, alcalde de Guanay.

Tanto funcionarios de la AJAM como del ministerio declinaron responder a varias solicitudes de entrevista. El Sernap, que participa en la concesión de licencias de derechos de explotación minera en zonas de uso múltiple de Madidi, también declinó a realizar comentarios.

Los gobiernos locales  aseguran que han intentado desarrollar sus propias estrategias para controlar el impacto ambiental de la minería. En Guanay, Ticona lanzó un programa este año para crear un registro de las cooperativas en la zona, con el objetivo de entender mejor sus operaciones.

“Hay que trabajar profundamente el tema de la regulación de las cooperativas para que nos podamos adecuar a cuidar la madre Tierra”, dijo Víctor Ticona.

Sin embargo, muchas de las cooperativas se han resistido al proyecto. Durante una visita a una draga en el río Mapiri, trabajadores colombianos apagaron sus máquinas y se retiraron al interior del barco, decididos a esperar hasta que los funcionarios en la orilla se diesen por vencidos.

“Hemos tenido que rogar para que nos entreguen (información)… es el único modo que vamos a poder llegar con ellos”, dijo María Verónica, ingeniera agrícola en la oficina del alcalde de Guanay.

Completar el proyecto sería más fácil si participase el gobierno nacional, dijo el alcalde Ticona. “Si este ministerio coordina con el gobierno municipal con mucha más fuerza y con mucha más responsabilidad, estas cooperativas van a cumplir todo lo que tienen que cumplir”, dijo Ticona, “y así vamos a tener una minería sana, responsible y una minería que genere economía que no dañe a la Madre Tierra”.