El Banco de Desarrollo de China (BDC) está catalogado como uno de los bancos más grandes del mundo y es el que tiene más participación financiera en proyectos en América Latina. La organización Latinoamérica Sustentable (LAS) —enfocada en temas de financiamiento e inversiones internacionales, medio ambiente y derechos humanos en América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo— presentó un informe en el que revela que, en algunos casos esta entidad bancaria presenta escasos criterios ambientales en sus créditos, en muchos préstamos esta información no se conoce debido a fuertes criterios de confidencialidad y, en 7 casos analizados a profundidad en el informe, se encontró que el BDC carecía de instrumentos de evaluación ambiental para emplearlos en las obras que financia a través de diversos créditos.
Uno de los proyectos más polémicos que menciona LAS en su informe es el Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, ubicado en la Patagonia argentina y que afecta al glaciar Perito Moreno, Patrimonio Natural de la Humanidad. También incluye los proyectos mineros Las Bambas, en Perú, y Mirador, en Ecuador.
En la investigación Banco de Desarrollo de China: financiamiento, gobernanza y desafíos socio-ambientales para América Latina y el Caribe se encontró que los instrumentos de evaluación ambiental y social del BDC suelen estar por detrás, en términos de exigencia, si se comparan con los de otras instituciones financieras internacionales que manejan carteras para proyectos similares. Además, se enumeraron algunos de los proyectos que fueron ejecutados con fondos chinos y que tuvieron un impacto ambiental negativo.
“Nos interesaba mucho saber con qué tipos de herramientas cuenta el banco chino para la gestión ambiental. Nuestro hallazgo, producto de nuestra investigación, concluye que el banco no tiene ningún tipo de salvaguarda de política ambiental y no existe ningún departamento técnico específicamente encargado de la evaluación ambiental y social de los préstamos», explica Paulina Garzón, directora ejecutiva de LAS. La experta agrega que se trata de una institución financiera que «no tiene todavía esta cultura y no asumió esta responsabilidad de los efectos negativos de sus operaciones”.
El caso argentino: el Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz
El BDC otorga préstamos soberanos a gobiernos y entidades públicas, pero también ofrece préstamos corporativos. Actualmente se desconoce la cantidad total de proyectos financiados por esta entidad ya que, como precisa el informe de LAS, existen contratos con potentes cláusulas de confidencialidad. Los créditos, por lo general, se conceden a empresas chinas ya sea para invertir en proyectos extractivos o para comprar acciones en otras empresas que están participando en proyectos y sectores de interés para el país asiático.
En el informe elaborado por LAS, que abarca varios préstamos desde 2008 hasta 2020, se clasifican algunos de los proyectos que financió el BDC. El crédito más grande que otorgó el banco chino es el del Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en Argentina. Este proyecto pretende implementar dos centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. Ambas tendrán una capacidad de 1.740 MW. La obra, que debía haber concluido a finales de 2019, no ha finalizado debido a los diferentes reclamos de incumplimiento de los estudios ambientales. Entidades estatales y distintos expertos han advertido sobre la falta de información científica que determine cuál será el impacto que tendrán las represas hidroeléctricas sobre los glaciares patagónicos. Además, según un informe técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el estudio de impacto ambiental no incluye la totalidad de los glaciares que aportan al río Santa Cruz, no se analizó el impacto de un aumento del nivel del lago sobre todos los glaciares que terminan en el Lago Argentino y que no se valoraron las amenazas naturales asociadas a la dinámica de los glaciares.
A pesar de esto, en 2021 se anunció un plan de relanzamiento de estas hidroeléctricas adjudicadas en 2014 a la empresa china Gezhouba Group Corporation (CGGC), que formó una asociación con las argentinas Electroingeniería e Hidrocuyo. En cuanto al financiamiento, el Gobierno argentino suscribió una línea de crédito por 4714 millones de dólares con una tasa de interés de 3,8%, cuyos acreedores son el BDC y otros dos bancos chinos.
Según Lorenzo Agüero, investigador del Observatorio Sino-Argentino, organización que analiza la relación estratégica entre Argentina y China, la construcción de las dos represas provoca un rebalse aguas arriba, lo que inundaría haciendas y comunidades aledañas al río Santa Cruz. Además, amenaza la vida silvestre de la región y pone en riesgo los glaciares, entre ellos el Perito Moreno. Agüero sostiene que el proyecto tiene dos caminos: ser abandonado o ser modificado, lo que en ambos casos implicaría más gastos para el Estado argentino.
Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), que es la empresa pública encargada de los proyectos petroleros y energéticos en Argentina, confirmó que se hizo una adenda al contrato de la empresa UTE Represas Patagonia para relanzar la construcción de las dos represas que están en el río Santa Cruz y que harán funcionar el complejo hidroeléctrico.
Por su parte, Paulina Garzón de LAS explicó que ante la ausencia de políticas sociales y medioambientales que deberían cumplir los créditos chinos y los gobiernos contratantes, no se puede obligar a que las entidades financieras rindan cuentas cuando los proyectos infringen las leyes locales ambientales. La experta detalló que tampoco existe un canal directo con el BDC para que las comunidades afectadas por los proyectos puedan comunicar sus quejas.
El BDC no respondió los requerimientos periodísticos de Mongabay Latam. Se escribió un cuestionario al correo electrónico de Chang Lei, responsable del banco chino en la sucursal de San Pablo, Brasil, pero el funcionario no respondió las preguntas formuladas. Además, este medio llamó a la oficina del banco en San Pablo y tampoco hubo quien atendiera los requerimientos de la prensa. Similar situación sucedió con los autores del informe, a quienes en las oficinas del BDC en China y en Brasil no les dieron respuesta sobre los requerimientos.
Proyectos de cobre en Perú y Ecuador
Los créditos del BDC a América Latina en forma de préstamos soberanos se concentran principalmente en Venezuela, Ecuador y Brasil (85 % del total de créditos otorgados a la región), aunque disminuyeron considerablemente en los últimos años. Por ejemplo, este banco no emitió ninguno para Latinoamérica en 2020, asegura el informe de LAS. De acuerdo con Paulina Garzón, aparte de cortar el apoyo financiero a Venezuela por la crisis económica del país sudamericano, la caída no refleja una falta de interés en la región en general, ya que siguen vigentes las intenciones para seguir financiando algunos proyectos post pandemia COVID-19, como es el caso de algunas carreteras e hidroeléctricas en Bolivia.
El informe de LAS añade que los préstamos corporativos directos a empresas chinas para apoyar la compra de activos de otras compañías, o el capital para participar en concesiones mineras o petroleras, también son comunes. Bajo esta modalidad existen obras que también fueron analizadas debido a sus consecuencias ambientales.
Es el caso del proyecto minero Las Bambas, en Perú, que en el informe de LAS es puesto como un ejemplo de que las inversiones chinas no respetan la política ambiental de los países latinos y las consultas previas a los pueblos originarios. Un consorcio chino, liderado mayoritariamente por Minerals and Metals Group (MMG) con financiamiento del BDC, compró la minera Las Bambas en 2014 por más de 7.000 millones de dólares. Aunque la mina, donde se explota cobre, se encuentra entre las más productivas del país, las comunidades locales siguen denunciando problemas sociales y medioambientales, como la contaminación que las afecta producto de la apertura del corredor minero.
En este caso, las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la provincia peruana de Cotabambas, donde se ejecuta el proyecto, protestan por la carretera por donde transitan diariamente más de 300 vehículos de la mina.
El proyecto inicial contemplaba sacar el mineral a través de un mineroducto pero, tras la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el ducto quedó fuera de los planes, lo que generó el rechazo de la población. El conflicto se agudizó porque las comunidades denunciaron que la modificación del EIA no pasó por el proceso de consulta previa. Hasta ahora, existen cuatro muertes por los conflictos cuyas investigaciones no llegaron a determinar los culpables.
MMG anunció a inicios de 2022 que llegaron a acuerdos con los comuneros y que ahora el proyecto minero avanza luego de una larga paralización debido a las protestas de las comunidades indígenas.
Otro de los casos más polémicos se encuentra en Ecuador donde está el proyecto minero Mirador, una mina a cielo abierto donde se explota cobre. Los principales impactos ambientales señalados en Mirador están relacionados con la deforestación ya que, según denunció la asociación Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), desde 2016 hasta 2018 había más de 1.300 hectáreas de bosque perdidas relacionadas con la apertura de las vías y con las escombreras, que son depósitos donde se disponen los desechos resultantes de la construcción. Además, Cascomi asegura que existe contaminación de los ríos cercanos a la mina que son utilizados por los comuneros.
Mirador está a cargo de la empresa EcuaCorriente, filial del consorcio chino Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction. Estas compañías tienen el financiamiento del BDC. En un reportaje previo, EcuaCorriente le dijo a Mongabay Latam que la biodiversidad y la minería pueden coexistir mientras se utilice tecnología de punta, explicó que tiene programas de reubicación de especies rescatadas de las zonas deforestadas y que, de acuerdo a los procedimientos y permisos ambientales, ha reforestado 186 hectáreas.
En Ecuador, según el informe de Latinoamérica Sustentable, también se encuentran proyectos con impactos ambientales negativos como el Acueducto de Santa Elena y la planta termoeléctrica Esmeraldas. Ambas construcciones se hicieron con inversión china.
Brasil, por su parte, reúne tres proyectos que han sido cuestionados en materia ambiental, según LAS: la Central Térmica Candiota III, el gasoducto Cacimbas-Catu y la Central Eléctrica Pedras Altas Ouro Negro. Mientras que Venezuela es el país con más proyectos financiados por China que afectaron al medio ambiente, según detalla la investigación. Allí se cuenta la producción petrolera en el Orinoco, la explotación de oro en la mina Las Cristinas y la producción minera a cargo de la Corporación Minera Las Guyanas.
Marco Gandarillas, investigador y parte del equipo de LAS, recordó que 18 proyectos que fueron financiados por capitales chinos en América Latina, en la última década, fueron denunciados por varias organizaciones de defensa del medio ambiente en 2018 ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Estas inversiones están en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil y fueron demandadas porque tienen un impacto negativo en el medio ambiente. En la actualidad, Gandarillas sostiene que el BDC no tiene una unidad técnica de evaluación ambiental, lo que también involucra a los gobiernos contratantes, quienes, según dice, deberían poner las reglas claras para no tener impactos negativos.
Una luz al final del túnel
A pesar de la cuestionada ausencia de políticas sociales y medioambientales en los créditos, el informe de LAS plantea una esperanza para los pueblos y comunidades afectados por los préstamos del BDC. Según dice el reporte, la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China (CBIRC) pronto anunciará un procedimiento de reclamación para las comunidades de los países receptores, afectadas por los proyectos de los bancos chinos.
Otro paso favorable es que el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, en julio de 2021, estableció las Directrices de Desarrollo Ecológico para la Inversión y Cooperación en el Extranjero. Según Paulina Garzón, esta política está dirigida a acelerar la “ecologización” de la inversión y la cooperación en el extranjero. “Todas las declaraciones del gobierno chino en favor de la naturaleza y de la lucha contra la crisis climática son muy bienvenidas”, asegura la directora de LAS.
Diana Castro, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, es experta en las relaciones entre América Latina y China. La analista ecuatoriana considera que la exponencial presencia de China en Latinoamérica y el Caribe, en especial durante la última década, se desarrolló a través de cuatro canales directamente relacionados con industrias extractivas y recursos naturales: el comercial, basado en el intercambio de materias primas por productos manufacturados; las inversiones, concentradas en sectores extractivos como petróleo, minería, carbón o agroindustrias; el financiamiento, en su mayoría condicionado al pago con petróleo o contratación de empresas chinas; y la construcción de mega infraestructuras, con frecuencia asentadas en territorios ambientalmente frágiles y socialmente vulnerables.
“Todas estas actividades han acelerado el deterioro ambiental debido al aumento de la contaminación, la reducción de los recursos hídricos, deforestación, expansión de la frontera agrícola, agotamiento de recursos no renovables y amenazas a la supervivencia de las comunidades locales”, detalla Castro.
La experta sugiere repensar la relación financiera con China para desarrollar reformas estructurales en cuanto a la política ambiental, para dar un giro al modelo extractivo que, por lo general, es alentado por las inversiones chinas. “Los países latinoamericanos están frente a dos caminos con respecto a sus relaciones con China: seguir la trayectoria extractivista que caracteriza la relación en todos los frentes, lo que a su vez compromete seriamente los intentos por construir sociedades inclusivas y sostenibles; o reevaluar los grandes modelos económicos y financieros que sustentan estos vínculos y hacer esfuerzos para reducir la huella ecológica y contribuir decididamente al cambio climático”, dice Castro.
