“Yo pensé que todo esto era distinto. Que íbamos a llegar y nos iban a escuchar. Que íbamos a poder contar cómo se vive en las comunidades donde venimos. Pero resulta que ni siquiera podemos entrar”.

A Jeny Duri —representante de los pueblos Yaminahua y Machineri de Bolivia— le sorprende ver de cerca cómo es una Conferencia de Partes (COP) o reunión anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc, por sus siglas en inglés). La madrugada del martes 10 de noviembre llegó a Belem, capital del Estado de Pará, donde se celebra este año la versión 30 de la COP, desde 1995. No fue fácil. Primero recorrió más de mil kilómetros desde su territorio indígena comunitario, en Pando —la región amazónica boliviana—,  hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar en La Paz. Luego, 4700 kilómetros hasta la zona amazónica de Brasil. Los casi seis mil kilómetros no fueron suficientes para hacer estuchar su voz.

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Lidereza indígena desde los 17 años, ahora con 36, Jeny representa a dos pueblos indígenas de Bolivia situados en el norte del país, muy cerca de la frontera con Brasil. La zona donde vive está marcada por la minería ilegal. No hace mucho, un nuevo estudio ratificó lo que otros ya habían demostrado: contaminación por mercurio en ríos, que impacta en la salud de los habitantes de las riberas y en la biodiversidad.

Jenny Duri, presidenta del TCO Yaminahua-Machineri de Bolivia a su llegada a la sede de la COP30
Jeny Duri, presidenta del TCO Yaminahua-Machineri de Bolivia, a su llegada al ingreso principal de la sede de la COP30. Foto: Rocío Lloret Céspedes.

En un barco de dos pisos y una popa inmensa, que recorrió la Bahía de Guajará en Belem la calurosa mañana del 12 de noviembre junto a indígenas de varios países de la región, Jeny fue testigo de que su realidad era similar a la de otras personas que viven en territorios indígenas de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana y la Guyana francesa; países que conforman la Amazonía o el llamado “pulmón del planeta”, agobiado por la sobreexplotación de recursos naturales como el oro y el petróleo.

Tres semanas antes, en octubre pasado, aquella embarcación navegó por el río Amazonas desde Ecuador hasta la capital paranaense, en una travesía de más de tres mil kilómetros, para llevar demandas de justicia climática y protección de la biodiversidad a la cumbre climática. Aquello tuvo un simbolismo tremendo, ya que era un camino inverso al que hicieron los colonizadores, esta vez, desde Los Andes hasta el Atlántico, para denunciar crisis climática y exigir atención a los territorios indígenas.

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Con gritos, bailes y consignas de “Territorios libres de soya”, “la minería mata” o “somos la resistencia climática” —ya en la segunda jornada oficial de la COP— era claro que mientras en la exclusiva zona azul —allá donde se toman decisiones a nombre del planeta para enfrentar el cambio climático— otras voces exigían ser tomadas en cuenta. En los 30 años en lo que se desarrolla la cumbre mundial, la humanidad había demostrado que no fue capaz de cumplir las metas ambientales que se trazó a 2030.

En 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se dijo que se limitaría el calentamiento global o la subida de temperatura a “muy por debajo” de los dos grados centígrados; “preferiblemente a 1.5”. En 2024 se superó los objetivos, siendo el primero por encima de los 1,5 °C. Por ello la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió una “alta probabilidad” de que al menos un año —entre 2025 y 2029— se supere el umbral. Incluso se prevé que el promedio de esos cinco años, se rebase.

Del silencio a la acción

Cientos de representantes de comunidades indígenas del mundo llegaron a Belém para hacer escuchar su voz. FOto: Rocío Lloret

La última vez que hubo una COP en América Latina fue en Lima, Perú, en 2014. El retorno a la región —y más a la región amazónica— parecía tener un simbolismo inmenso. Por lo menos así lo asumieron los movimientos ambientalistas y los propios pueblos indígenas.

Hace un mes, La Región fue parte de una investigación periodística que demostró la inconformidad de estos últimos por la forma en que se toma decisiones sobre sus territorios: con términos técnicos, sin tomar en cuenta que la vida que se desenvuelve dentro y dejando sobre sus espaldas el cuidado del planeta, sin que ese rol les corresponda completamente a ellos, como denunció Nardy Velasco, cacique del pueblo chiquitano en Bolivia.

Por ello y asumiendo que la celebración de la COP precisamente en la Amazonia era una oportunidad de dar a conocer su protesta, la noche del martes, en grupos de indígenas intentó ingresar en la zona azul, aquella a la que se accede con una credencial específica de código de barras y fotografía digital. La respuesta fue la represión de parte de agentes de seguridad. Según reportes de prensa, la manifestación dejó tres heridos.

Más allá del momento de tensión, queda en debate la división que surge entre las zonas azul y verde. La primera, el lugar donde se toman decisiones basadas en lobby de pasillos, donde una decisión de poner o no una coma o un punto, puede demorar hasta una semana; y la zona verde, destinada a que cualquier ciudadano —previa revisión de seguridad— pueda ingresar a escuchar charlas, comprar productos o pintarse la piel con plantas naturales mezcladas con carbón; mas no opinar. “Esto es más como un paseo”, definió una visitante mientras se tomaba un helado pequeño de diez reales (poco más de dos dólares). Mientras, en los pasillos, jóvenes identificados como voluntarios, repartían agua sin costo envasada en latas.

Expectativa Vs Realidad

El próximo 21 de noviembre termina la COP. Belem, la ciudad de 1,3 millones de habitantes, volverá a sus días apacibles. En las calles y los barrios —lejos de las zonas azul y verde, interconectadas pero no iguales— la gente mira expectante el movimiento comercial. “Yo tengo trabajo y eso es lo que importa”, dice Joao, un joven de 19 años que salió a vender tres helados por diez reales en cercanías del puerto donde desembarcó la barquiata indígena procedente de Ecuador. Por su zona, aves rapaces disputan la cabeza de un pescado podrido, mientras el mal olor de canales de drenaje con agua detenida se mezcla con la humedad de los 34 grados. Hay callejones angostos; hombres sentados a mediodía refrescándose con cerveza helada; mujeres que pedalean bajo un sol que abrasa; madres con niños a cuestas que caminan presurosas. Más adelante, ya en la zona residencial, los centros comerciales lucen abarrotados de visitantes. La amabilidad busca ser una tarjeta de presentación para acoger a las cerca de 50 mil personas que, se estima, llegaron para la cumbre de cambio climático.

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En edificios públicos y privados hay actividades culturales, ambientales, conciertos, todo un mundo que vibra a la par de las negociaciones que llevan adelante los llamados “tomadores de decisiones”; aquellos que definirán qué pasará con la transición energética, la adaptación al cambio climático y el financiamiento climático.

Entre tanto, en el campus de la Universidad Federal de Pará, se organiza otra lucha: la cumbre de los pueblos; un evento paralelo donde el debate climático global se discute desde los territorios. Allá donde participa Jeny Duri y los líderes que llegaron desde distintos puntos del planeta. En su interior, hay discursos, hay charlas, hay reuniones a nivel de liderazgos. Es posible que estos representantes finalmente no puedan entrar a la zona azul. Pero es imposible que el mundo hable de justicia social sin tomar en cuenta su palabra.

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