Cuando Bolivia termine de contar las pérdidas económicas de 55 días de bloqueo, habrá una factura que probablemente nadie incluirá en los balances: la ambiental.
Los sectores productivos tienen razón cuando advierten que recuperar mercados, cosechas, exportaciones y empleos tomará meses, incluso años. Las pérdidas son reales. El problema es que, históricamente, en Bolivia la recuperación económica casi siempre ha tenido un atajo: avanzar sobre los territorios y la extracción intensiva de recursos naturales como el camino más corto y “fácil”.
Por eso, el mayor riesgo no está solamente en lo que ocurrió durante las semanas de conflicto, sino en lo que viene.
La presión para acelerar inversiones, ampliar cultivos, flexibilizar controles ambientales, autorizar nuevas áreas de exploración hidrocarburífera o expandir actividades mineras encontrará un terreno fértil en un país urgido de resultados económicos. Flaco favor le hicieron al país los llamados “movimientos sociales”.
En 2019, Beni aprobó un nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS), que amplió significativamente las áreas destinadas a la producción agropecuaria. Diversos investigadores y organizaciones advirtieron entonces que la medida respondía a una visión de expansión productiva sobre ecosistemas cuya vocación natural no necesariamente es la agricultura mecanizada a gran escala, sino más bien la ganadera en pastizales naturales.
Siete años después, la transformación ya es visible. Estudios recientes describen la expansión acelerada de la producción mecanizada de arroz y soya en el sudeste beniano, impulsada por capitales provenientes principalmente de Santa Cruz y por un dinámico mercado de tierras.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá ahora que el país sale de una de las crisis económicas y sociales más prolongadas de los últimos años?
Los propios sectores productivos hablan de reconstrucción, recuperación y reactivación. El Gobierno prepara planes económicos para superar los efectos de más de 50 días de bloqueos. Pero en ese proceso existe el peligro de que el medio ambiente vuelva a ser presentado como un obstáculo burocrático y no como la base material que sostiene la economía nacional.
La historia reciente muestra que cuando Bolivia entra en crisis, las soluciones suelen buscarse en más extracción. Más tierra para cultivar. Más bosques para desmontar. Más ríos para explotar. Más áreas para la minería. Más flexibilización normativa.
Lee también:
Es una lógica compartida por gobiernos de derecha e izquierda, indistintamente. La romántica idea de que los conflictos sociales representan automáticamente una defensa de la naturaleza ya no resiste una revisión seria de la realidad. Tampoco la noción de que las amenazas ambientales provienen únicamente de sectores conservadores o empresariales.
Las derechas contemporáneas ya no llegan necesariamente mediante rupturas institucionales. Llegan por las urnas. Pero también es cierto que muchos gobiernos progresistas de la región han sostenido economías profundamente dependientes del extractivismo. Y, una vez más, Bolivia es el mejor ejemplo. El resultado, en ambos casos, suele parecerse demasiado para quienes viven en los territorios.
Los pueblos indígenas, las áreas protegidas y los ecosistemas amazónicos terminan atrapados entre dos urgencias: la disputa política y la necesidad permanente de generar ingresos.
Por eso el verdadero debate que deja esta crisis no es quién ganó o perdió los bloqueos. Es si Bolivia volverá a recurrir al mismo modelo que ha aplicado durante décadas para salir de cada emergencia económica.
Si la respuesta es más frontera agrícola, más minería y más presión sobre los bosques, entonces el país habrá aprendido muy poco de sus crisis.
Y el medio ambiente, una vez más, terminará pagando la cuenta.
