La tan ansiada transición energética, que busca dejar de depender de los hidrocarburos, viene de la mano con la producción de tecnología e infraestructuras, como turbinas eólicas, paneles solares, baterías y más, que necesitan de distintos minerales, como litio, cobre o cobalto. Pero estos se encuentran a menudo en zonas frágiles de gran biodiversidad, o cerca de comunidades que dependen de los ecosistemas locales para su subsistencia, contextos con los que los países latinoamericanos están demasiado familiarizados.
Como menciona una reciente publicación del Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), una organización civil enfocada en mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales para promover un desarrollo sostenible e inclusivo, casi el 40 % de esos minerales se encuentran en “países que presentan una gobernanza débil o deficiente, lo que significa que carecen de leyes, políticas, prácticas y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen que la minería no cause daños y que aporte beneficios a sus ciudadanos”. La mala gobernanza también ha sido señalada como un reto por el Panel de las Naciones Unidas sobre minerales críticos.
Por ese motivo, en la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas COP16 en Cali, el gobierno colombiano, liderado por Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, realizó el lanzamiento de propuesta de un Acuerdo Global para la Trazabilidad y Comercialización de la cadena de suministro de minerales. Este exige acciones y compromisos que establezcan sistemas de trazabilidad y transparencia para evitar más pérdidas de biodiversidad y contaminación consecuencia de la extracción y comercialización de estos minerales. La propuesta también aspira a un tratado mundial vinculante en la cumbre climática COP30 de este año en Belém, Brasil.
A unos meses de este hito, Dialogue Earth conversó con Juan Luis Dammert, director de NRGI en Latinoamérica, que trabajó en el desarrollo de la propuesta lanzada en Cali.

Dialogue Earth: ¿En qué consiste exactamente el acuerdo sobre minerales críticos que está impulsando el NRGI?
Juan Luis Dammert: Este acuerdo surge de la necesidad de tener mecanismos de debida diligencia y de trazabilidad para la minería, sobre todo en aquellos casos en los que los productos mineros vienen de cadenas que pueden estar vinculadas con actividades ilegales. Esa fue la motivación original del Ministerio del Ambiente de Colombia que ha sido quien ha diseñado esta iniciativa que espera llegar a la COP30 de Belém de Pará con una versión consolidada que pueda ser asumida por los países.
¿Y cuál es el camino ahora?
Se va a crear un grupo multi partícipe de trabajo bajo el paraguas de Naciones Unidas que lleve adelante esta iniciativa. Hay un camino diplomático y de trabajo de política pública que se abre y que se va a tener que plasmar con la presentación del acuerdo en el gran momento de confluencia que es la COP 30 en Belém do Pará a finales de este año.
Esta es una carrera por minerales, donde el oro y otros minerales también seguirán siendo extraídos
¿Y qué retos se vienen?
El principal, y que no entiendo bien cómo se podrá dar, es cómo introducir otros minerales que no sean los de transición únicamente, porque, por ejemplo, la problemática en la Amazonía central es la del oro. El espíritu del panel de transición [de la ONU] es sobre la minería en su conjunto. El mundo cada vez requiere de más minerales y estamos ingresando en una etapa de intensificación en los ritmos de extracción que debemos vigilar atentamente. Esta es una carrera por minerales, donde el oro y otros minerales también seguirán siendo extraídos. Por eso hay que desarrollar este grupo de trabajo que pueda tener una mirada global.
¿Ves posible esta inclusión más amplia de minerales, como el oro?
Creería que sí, ya que en esta discusión también se habla de biodiversidad. Y para países como Perú y Colombia, el eje central es el oro y su impacto en regiones como la Amazonía, altamente biodiversa. Entonces tenemos que ver ese ángulo también. Creo también que la otra gran cuestión son los derechos humanos y los derechos de consulta de los pueblos indígenas, para que no estén relegados en los procesos de extracción.
Con este acuerdo, se ha abierto una agenda grande donde hay varios temas, porque no es hacer un tratado por hacer. Sino hacerlo para superar los problemas que se generan con la minería a todo nivel. Y se tiene que ver cómo los países y los mercados garantizan la trazabilidad que sabemos que ahora no ocurre.
Foto de portada: La comunidad de Puerto Chuvica, al borde del salar de Uyuni, en Bolivia. Al ser uno de los mayores yacimientos de litio de la región, Uyuni ha captado el interés de varias empresas mineras, lo que ha generado preocupación por el futuro de quienes viven en las cercanías (Imagen: Ernst Udo Drawert / Dialogue Earth).