Totoral Chico, la comunidad que enfrenta una lucha desigual con la minería 

Habitantes del municipio de Pazña, en Oruro, denuncian avasallamiento, desplazamientos forzados y daños ambientales. Los mineros aseguran tener todo en norma.

La maquinaria de la empresa minera realiza el movimiento de tierra en el área de pastoreo y cultivo. Foto: Cortesía tomada de ANF

La Región, con datos de ANF y Sumando Voces

La comunidad de Totoral Chico -municipio de Pazña, Oruro- enfrenta una lucha desigual con la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva, cuyos trabajadores y sus esposas volvieron a avasallar terrenos destinados al pastoreo y cultivo el último fin de semana, según una denuncia a la Agencia de Noticias Fides (ANF). Desde que se desató el conflicto, el año pasado, la situación ha generado enfrentamientos, desplazamientos forzados y denuncias de agresiones físicas y verbales.

La mina en cuestión tiene yacimientos de estaño, así como complejos de plomo, plata y zinc, refiere una nota de prensa del Ministerio de Minería

La secretaria ejecutiva de la comunidad, Mari Luz Ventura, dijo a ANF que el sábado 1 de febrero, los mineros ingresaron a los terrenos de Hugo Ventura, un anciano que pastoreaba a sus ovejas cuando la maquinaria pesada empezó a remover la tierra. Este hecho se suma a un historial de ocupaciones ilegales y agresiones, que data desde abril de 2024, cuando un grupo de mujeres comunarias fue atacado al intentar impedir la explotación minera.

En tanto, la empresa Salvada, representada por Iver Huaylla, sostiene que ha trabajado en la zona por más de 50 años y que la consulta previa, que actualmente se encuentra en trámite, es un mero formalismo. “Nosotros hemos trabajado ahí y seguimos trabajando normal, el tema de la consulta previa es solo por cumplir”, afirmó Huaylla a ANF. Al respecto, Ventura aseguró a La Región que tal aseveración no es tal, ya que actualmente la Salvada trabaja a cielo abierto y no así en interior mina, como sucedía desde hace varios años. “No tienen licencia ambiental”, dijo en contacto telefónico.

Según el representante, la empresa cuenta con permisos otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), por lo que considera que sus operaciones son completamente legales. Sin embargo, los comunarios Totoral Chico denuncian que la explotación afecta tierras de pastoreo y cultivo saneadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 2011.

Acciones legales 

Ante las constantes denuncias de avasallamiento, los afectados han presentado varias acciones legales. En mayo de 2024, la comunidad interpuso denuncias por el ingreso ilegal de los mineros, las cuales siguen en proceso, sin resoluciones claras. La dirigente Mari Luz Ventura ha solicitado en reiteradas ocasiones la intervención de la Policía para frenar las operaciones de la empresa, pero la respuesta ha sido limitada.

El 9 de abril de 2024, los lugareños presentaron una Acción de Libertad para garantizar la seguridad de seis mujeres desplazadas, quienes no pueden regresar a la comunidad por falta de garantías. El caso se encuentra actualmente en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero no se ha emitido un fallo favorable.

Además, se ha pedido a la Defensoría del Pueblo un plan de contingencia para garantizar el retorno de las mujeres desplazadas. Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado la falta de respuestas efectivas por parte de las instituciones estatales.

Consecuencias ambientales

El conflicto ha provocado el desplazamiento de varias familias de Totoral Chico, muchas de las cuales no pueden regresar debido al hostigamiento que persiste en la zona. Las mujeres que han permanecido en la comunidad han denunciado acoso, insultos y restricciones para acceder a bienes básicos, como alimentos.

A nivel ambiental, la actividad minera ha reducido la vegetación, afectado las fuentes de agua y puesto en riesgo la vida silvestre.

Pese a la creciente tensión, la AJAM insiste en la consulta previa, aun frente a la oposición de los comunarios. Mientras, el Ministerio de Minería no ha emitido un pronunciamiento claro sobre el caso.