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*Álex Villca Limaco

Desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006, las 22 áreas protegidas de Bolivia, han estado unas más que otras asediadas por las empresas extractivas (nacionales y transnacionales). De ahí la reacción cuando se conoció de despidos injustificados dentro de la entidad que está a cargo de ellas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Estos tienen el objetivo de continuar profundizando el debilitamiento y desmantelamiento de nuestros parques, para luego ser cedidos a intereses mezquinos de empresas extractivas, contraviniendo el interés colectivo del pueblo boliviano.

Claramente son estas firmas extractivistas las que están ejerciendo presión sobre el Estado, el cual -a su vez- está viendo la manera de abrir paso a estas actividades, una de ellas: la construcción de 22 centrales hidroeléctricas, que impactarán directamente en varias áreas protegidas, como Madidi y Pilón Lajas. En estas se viene realizando los estudios a diseño técnico final para la construcción del Chepete y El Bala.

Por otro lado, durante el gobierno de Evo Morales, se subastó cien áreas petroleras en Bolivia, muchas de ellas abarcan áreas protegidas y a su vez, territorios indígenas. Sabemos que las empresas que más chance de adjudicación tienen son extranjeras, a las que poco o nada les interesa la conservación de nuestro gran patrimonio natural y cultural.

Luego está la Ley Minera 535, que abre paso a esta actividad al interior de las Áreas Protegidas (AP) y las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs, bajo condiciones legales y ambientales muy flexibles. Esta situación ha dado lugar en los últimos años a una masificación de cooperativas mineras en toda Bolivia. Solo en La Paz superan las 1200, además, departamentos que nunca antes habían tenido dicha actividad, como es el caso de Beni, ahora se proyectan como mineros.

Sí a ello sumamos el avance de la frontera agrícola y ganadera, que también ha tomado bastante fuerza en los últimos años, la situación se torna escalofriante. Entre 2019 y 2020, producto de los incendios en la Amazonia, Chaco, Chiquitania y Pantanal, Bolivia ha perdido alrededor de 10 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Esa cifra implica también millones de especies de vida silvestre, entre flora, fauna y microorganismos. Lamentablemente, los culpables de dichas tragedias y catástrofes, consideradas delitos de biocido y ecocidio por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, gozan de total impunidad.

A los graves incendios, tenemos que sumar las terribles sequias, porque en los últimos años, se están secando nuestros humedales. Un caso emblemático es el Lago Poopo en Oruro y otro muy reciente, la perdida de caudal y la grave contaminación de la Laguna Concepción en la Chiquitania (Santa Cruz). Situación que irá expandiéndose a otras regiones del país, como el departamento de Beni, donde el nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS), tiene la clara intención de entregar al agronegocio y la ganadería extensiva, unas 10 millones de hectáreas de bosques, pastizales y humedales.

Es importante resaltar que en el departamento amazónico de Beni, habitan 18 pueblos indígenas de las 36 lenguas, reconocidos en la Constitución Política del Estado de 2009. Esto significa que dicho plan afectará directamente a territorios indígenas y áreas protegidas del citado departamento, que suman un total 19, de las cuales cuatro son nacionales y 15 subnacionales.

Como podrá observar la población boliviana, los intereses económicos sobre las áreas protegidas y los territorios indígenas, son numerosos. En la actualidad se está ejerciendo mayor presión sobre estas reservas y ello no va a cesar. Contrariamente, con el actual gobierno, vemos que la situación va camino a empeorar,  porque muchas actuaciones se sustentarán con la excusa de la reactivación económica, producto de la pandemia de la Covid19, que además es un virus que vino para quedarse; el mismo que está siendo usado por los gobiernos y empresas para hacerse de los recursos naturales que aún guardan los territorios indígenas y las áreas protegidas de nuestros respectivos países.

*Álex Villca Limaco es portavos de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

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