La expansión de la actividad minera ilegal
El río Madre de Dios (Pando) recorre 184 km del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II). Este río, que nace en Perú, es fuente de vida para 36 comunidades Ese Ejja, Tacana y Cavineño. Pero desde 2018, la minería aurífera aluvial se ha expandido sin control en esta zona situada en el departamento de Pando, Amazonia boliviana. Solo en enero de este año, se monitorearon 203 balsas nevegando por sus aguas. De esa cifra, 181, en áreas no permitidas. Monitores indígenas han documentado la presencia masiva de estas balsas en comunidades como: Loreto, Genechequía, Palestina, Exaltación, Trinidadcito y Miraflores, donde incluso existen concesiones legales. Pero en realidad están en todas partes. Frente a esta invasión, las comunidades declararon emergencia y presentaron una Acción Ambiental Preventiva para frenar la destrucción de su río.
Testimonios que duelen
“A mí me ha dado mucha tristeza de ver a las compañeras de Loreto. Les faltaba llorar, porque les preguntaron si querían saber los resultados de los análisis (de mercurio) que les han hecho. Y una de ellas dijo sí, ‘porque por lo menos voy a saber de qué voy a morir o qué cosa tengo en el cuerpo”.
Margarita Salas es una lideresa tacana, que cuenta cómo viven las mujeres —en edad fértil especialmente— la contaminación por el mercurio que se usa en la minería aluvial para amalgamar o separar el oro de los sedimentos. Análisis de cabello realizados a 181 personas, de seis comunidades indígenas, arrojaron que tenían un promedio 2,55 ppm (partes por millón), cuando el límite que menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una parte por millón. La mayor afectación está en niños, mujeres en edad fértil y adultos mayores, quienes han reportado daños neurológicos y riesgo de extinción cultural, según las pruebas presentadas en la Acción Ambiental Preventiva.
En puertas de la Reserva Manuripi
Aunque la acción ambiental preventiva menciona a seis comunidades indígenas como las más afectadas, en realidad las embarcaciones están incluso en comunidades como El Cairo (foto), límite de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, una de las áreas protegidas más importantes del norte de Bolivia, que tiene una superficie de más de 747 mil hectáreas. En febrero de este año, se denunció la presencia de minería ilegal en el territorio en reserva e incluso tráfico de combustible para la actividad ilícita.
El gran negocio de la construcción de barcazas
Tanto en los municipios de Riberalta (Beni), como El Sena (Pando) e incluso en las riberas del río Madre de Dios, el otro negocio que se genera a partir de la ilegalidad de la minería del oro, es la construcción de embarcaciones de madera. A vista y paciencia de instituciones como la Naval, hombres jóvenes y no tanto trabajan día a día en construir estas balsas. El costo, según una investigación de la periodista Jimena Mercado, superaba los cien mil dólares antes de la crisis económica que atraviesa el país. ¿De dónde sacan la madera?, se le consultó a una comunaria Tacana. “Derriban árboles de ahí mismo”, señaló el bosque amazónico.
Las bases de la demanda ambiental
La Acción Ambiental Preventiva presentada por los tres pueblos indígenas que conforman el TIM II, plantea el reconocimiento del río Madre de Dios (foto) como sujeto de derecho, pero también exige la paralización de la actividad minera ilegal, porque no solo la contaminación está afectando la salud de los habitantes del lugar, sino también los bosque están siendo impactados. Según datos recabados del documento legal, que actualmente se encuentra en Sucre, 8.400 hectáreas de bosque se perdieron entre 2000 y 2025 por apertura de caminos y campamentos mineros. Asimismo, se denunció erosión de riberas y pérdida de biodiversidad amazónica. Ello sin contar la destrucción de chacos y plantaciones (plátano, cacao, yuca, maderables), lo cual pone en directo a la soberanía alimentaria y economías familiares de 36 comunidades.
A quién recurrir
La precariedad económica y la ausencia de Estado para atender las necesidades de comunidades indígenas, ha provocado —a su vez— que muchos habitantes de la zona terminen trabajando para la minería ilegal. En un sistema perverso, que aprovecha una realidad paupérrima, hay cooperativistas que entregan el diésel necesario para que las comunidades puedan contar con luz, aunque sea algunas horas al día. Esta dependencia que se ha creado, es una de las causas para que surjan entredichos —a favor y en contra de la minería— en asambleas de los pueblos.
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