Un informe sobre la situación de los derechos humanos de comunidades indígenas chiquitanas de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, revela el “uso indiscriminado de agrotóxicos y el represamiento de cursos de agua”, por parte de empresas privadas. Tal situación deriva en “múltiples violaciones a los derechos humanos”, por lo que los documentos serán presentados al Relator de Sustancias Tóxicas de la ONU, para generar presión y que el Gobierno tome medidas al respecto.
Los reportes fueron elaborados entre la Clínica Jurídica de Interés Colectivo de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana (UCB), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma). Describen, con testimonios y documentos, la situación que se vive en el municipio cruceño, situado a 476 Km de la capital oriental y considerado uno de los de mayor presencia de empresas agropecuarias dedicadas al cultivo de soya y la ganadería extensiva.
Dada la extensión del mismo — 47.865 kilómetros cuadrados, divididos en 12 distritos— los informes tomaron en cuenta a ocho comunidades que, en su momento, denunciaron una o ambas afectaciones.
¿Por qué estas ocho comunidades?
Los sitios elegidos —pertenecientes a los distritos 3, 4, 8, y 11— comparten una característica: están rodeados por empresas agropecuarias; la mayoría de ellas, con propietarios extranjeros. En ese contexto, las herramientas para recoger la información fueron: entrevistas, grupos focales, observación, visitas al lugar y revisión bibliográfica.
Uno de los testimonios, del cacique de la comunidad Peñas Altas, refiere por ejemplo: “La mayor parte de estas propiedades privadas están manejadas por personas extranjeras. Entonces deforestan todo y luego se van a su país, lindo fuera que se quedaran acá con nosotros”.
Las fumigaciones se dan a cultivos de soya transgénica y pastos para la ganadería, tanto de manera mecánica (aérea o con tractores), en un contexto donde las regulaciones estatales para el uso de estos químicos son escasas, refiere el informe.
En Bolivia, de los 229 plaguicidas registrados, 78 son altamente peligrosos, 105 prohibidos en otros países, y 75 no son autorizados en la Unión Europea, según un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Berna, en 2018.
Agua, un bien privado
Lo propio sucede con el encausamiento de aguas. El documento refleja que uno de los problemas más críticos en la zona es la disminución de flujo por la sequía y el acceso cada vez más restringido del recurso. En este tema, también existe una falta de regulación, lo que ha permitido que los privados obstruyan los cursos naturales, provocando la sedimentación de las fuentes, lo cual impacta directamente en la dotación a las comunidades indígenas.
“Nos han cerrado las llegadas de agua (…), ahora ya no nos llega casi nada”, denuncia un comunario de Peñas Altas. Lo que está pasando es que ganaderos y/o empresarios hacen trancas en ríos como el Paraguá, restringiendo el uso libre a los habitantes del lugar para abastecerse de pescado, por ejemplo, alimento de subsistencia ancestral.
Otro tema que preocupa es la sobreexplotación de pozos, lo que aumenta la escasez en la región y genera un contexto de desigualdad, ya que los comunarios denuncian que a ellos no les llega la misma cantidad de suministro.
Un llamado a la acción
Con todos estos antecedentes, los investigadores exhortan al Estado boliviano a sumir su rol y proteger los recursos naturales, así como la defensa de los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Esto porque ya subalcaldes y caciques formularon denuncias por lo que les está pasando, sin que hasta el momento se haya tomado ninguna acción al respecto.
En cuanto al Relator Especial sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el documento pide emitir una declaración oficial que visite San Ignacio de Velasco, pero además, pida un informe exhaustivo al Estado boliviano sobre la situación hídrica y las políticas ambientales implementadas en la región.
Descarga aquí los informes completos:
