Son clanes familiares y se dedican a este negocio ilegal hace muchos años. Así podría describirse el perfil de muchos comercializadores de fauna silvestre boliviana quienes, pese a que se trata de un delito, ofrecen a estos animales en mercados, ferias y avenidas de la capital cruceña.
En los últimos meses, se ha intensificado la frecuencia con la que el equipo de Biodiversidad de la Gobernación de Santa Cruz, en coordinación con la Policía Forestal y Protección al Medio Ambiente (Pofoma), realiza operativos en los citados lugares públicos. Ello ha permitido detectar que los vendedores, “en total conocimiento de la ley”, ahora envían a menores de edad, para deslindar responsabilidades tanto administrativas como legales. Asimismo, con mucho dolor, los funcionarios ven cómo hay personas que aprietan y arrojan al piso a pichones de aves, para que no los decomisen.
“Son familias que se dedican a esto hace años. Han sido imputadas anteriormente, pero la legislación era más leve, un saludo a la bandera. Ahora, aunque solo se den medidas cautelares, ya son más drásticas”, dice a La Región Paola Montenegro, responsable de Centros de Custodia de Fauna Silvestre de la Gobernación de Santa Cruz.
Las medidas a las que se refiere son: fianza, una orden de arraigo, apersonamiento una vez por semana para firmar un libro, y eso ya representa una complicación para quienes se dedican a este oficio ilegal.
La otra situación que preocupa a los funcionarios departamentales es que cuando se quiere hacer un decomiso o que se firme un acta, que son procedimientos administrativos, estos vendedores utilizan a niños, para evadir responsabilidades. “Son ellos los que están vendiendo y los padres los miran de lejos. Por eso, como parte del trabajo que se quiere realizar están las acciones conjuntas con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque se ha visto que los menores de edad están en resguardo de los animales”, dice Montenegro.
Sentar precedentes
Pese a estas dificultades, actualmente se siguen dos procesos legales por comercialización de fauna silvestre. El primero es contra un ciudadano de origen boliviano-brasileño, identificado con las iniciales J. J. V. V. (24), estudiante de Veterinaria. Este caso comenzó a investigarse en septiembre de 2021, cuando el aludido ofrecía a los animales por redes sociales.
Luego de hacer seguimiento a sus publicaciones, en diciembre, se lo sorprendió en inmediaciones de la Terminal Bimodal con dos individuos de loro hablador (Amazona aestiva) y dos crías de yacaré negro (Caimán yacaré). De estos cuatro individuos, tres murieron por la situación en la que se encontraban. “Del comercio de vida silvestre, solo el 25 por ciento logra sobrevivir, si se tiene suerte. Los demás fallecen por las condiciones de transporte, las deficiencias alimenticias y al mismo índice de mortalidad que puede tener la especie”, dice la bióloga Montenegro.
Cindy Meyer Aguirre, asesora jurídica de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación de Santa Cruz, detalló a La Región que para este operativo se coordinó con Pofoma y la Fiscalía de distrito. Y aunque la imputación se presentó por el delito de Destrucción de bienes del estado del Código Penal, estipulado en el artículo 223 del Código Penal, el juez únicamente aceptó el de Comercialización de Animales Silvestres, estipulado en el artículo 110 de la Ley de Medio Ambiente.
Este último tiene como pena la privación de libertad menor a cinco años de cárcel, por lo que no aplica la detención preventiva. Así que solo se dio medidas cautelares. Frente a esta situación desde la Fiscalía de materia medioambiental y la Gobernación se presentó una apelación.
“Aún hay juzgados en los que, con el pretexto de que existe un error de apreciación sobre qué es patrimonio natural del Estado, o se pide una valoración sobre el precio de un animal, el caso se sigue por la Ley 1333”, lamenta Paola Montenegro.
Sin embargo, de los últimos cuatro casos por este y otros delitos medioambientales que lleva adelante la Gobernación de Santa Cruz, hasta ahora solo un juzgado no aceptó el tipo penal por Destrucción de bienes del Estado.
Esto es muy importante, porque desde que en 2018 se sentó jurisprudencia con la sentencia de un juicio contra ciudadanos chinos que traficaban partes de jaguar, se ha logrado que estos delitos medioambientales se procesen por el Código Penal, ya que establece en su artículo 223:
“El que destruyere, deteriorare, substrajere o exportare un bien perteneciente al dominio público, una fuente de riqueza, monumentos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico o artístico nacional, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años”.
Este artículo, a su vez, tiene base en la Constitución Política del Estado, que en su artículo 381 establece que: “Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo”.
Reincidentes, pese a procesos
El otro elemento que se detectó, es que hay vendedores de fauna silvestre reincidentes. Por ejemplo, en los operativos que se realizaron la pasada semana en mercados y ferias de Santa Cruz de la Sierra, se encontró a una persona que ya había sido cautelada septiembre del año pasado junto a otras dos, cuando se decomisó 46 individuos de cinco especies diferentes de loros, cotorras y pájaros cardenales; de los cuales murieron alrededor de 15. Otros, los que lograron sobrevivir, fueron atendidos por el equipo del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre (CAD) y, tras su rehabilitación, liberados en inmediaciones de Güembé, municipio de Porongo, el pasado 26 de enero.
“En ese caso, era una familia de tres personas. Todas se encuentran con medidas sustitutivas, lo que significa que tienen que presentarse a firmar y demás”, afirma la abogada Meyer.
Lamentablemente en los operativos recientes, hubo agresiones al equipo de Biodiversidad y fue cuando se mató a cotorritas para no entregarlas. Dada la situación, ahora se realizan operativos semanales en tres turnos.
¿Por qué la “lástima” alimenta a los traficantes?
El mascotismo, figura con la que se asocia tener animales silvestres como mascotas, es resultado de la demanda. De no haber compradores, los traficantes de especies no tendrían negocio y muchas veces ese comercio está alimentado por la “lástima” que sienten las personas al ver a los animales hacinados o sufriendo en manos de estas personas.
En ese contexto, cuando se menciona que “se ha rescatado animales” pagando por ellos se incurre no solo en alimentar el tráfico de animales silvestres, sino en un delito, porque para el Estado boliviano “comercializar, transportar o tener estos animales, sus partes o derivados” no es legal.
“En realidad, no estás rescatando un animal, estás incentivando y haciendo que esta persona lucre con la fauna silvestre y siga en este negocio”, sentencia la bióloga Paola Montenegro.
El otro gran problema, en especial con especies de pequeños felinos o pequeños mamíferos es que las familias los tienen un tiempo hasta que estos alcanzan la madurez sexual y se convierten en un problema, porque se desarrolla su instinto.
Ante esa situación, hay quienes los llevan a centros de custodia que, a nivel nacional, se encuentran llenos de estos individuos. “Tejones, petas de río, tortugas terrestres, loros, parabas, son incontables las historias que llegan (al CAD) y la gente menciona que los rescataron y cuidaron, pero ya no pueden hacerlo más”.
Actualmente, solo el CAD de la Gobernación cruceña tiene a cien animales. De esta cifra, 17 parabas son consideradas “irrecuperables”, porque el grado de afectación física y psicológica que tienen es tal, que ni siquiera pueden ser derivadas a otros refugios de animales. Son aves que ya no tienen pico, sufrieron amputaciones o cosas peores.
Ante este panorama, ya en 2020 se propuso una modificación al reglamento de centros de custodia, para que estos individuos -los más graves- puedan ser puestos en exhibición con fines educativos. Hoy en día no es posible hacerlo, porque así lo establece la norma.
“Gran parte del trabajo que realizamos es la educación ambiental y concienciación que queremos implementar. Decir que los animales silvestres no son mascotas y que nunca una casa, por más condiciones, va a tener los requerimientos que necesita un animal silvestre”, insiste la responsable del CAD.
Otra medida que se está tomando frente a la llegada de cada vez más individuos decomisados es ejecutar planes de liberación. Hay 16 parabas y tres águilas arpías que están en ese proceso. La pasada semana se liberó 23 tortugas de río (Podocnemilis unifilis) y tres tortugas terrestres, así como dos carachupas.
También se tomó la decisión de traslocar a aquellos animales que son rescatados diariamente de zonas urbanas. Eso se realiza luego de evaluar su estado de salud y dar el visto bueno. Así, estos no necesitan ingresar al centro de custodia, sino directamente ser llevados a una zona rural, donde pueden retomar su vida en libertad.
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