La Región / Santa Cruz
En respuesta a las denuncias del Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca sobre el avance del desmonte en Roboré, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) brindó una conferencia de prensa en la que confirmó la autorización de más de 38.000 hectáreas para deforestar en este municipio cruceño entre 2017 y 2024. No obstante, aseguró que solo se han ejecutado 17.103 hectáreas, es decir, menos de la mitad.
El director ejecutivo de la ABT, Luis Roberto Flores Orellana, explicó que estos permisos se emitieron en el marco de lo establecido por el Plan de Uso de Suelo (PLUS), cuya aprobación y posteriores modificaciones competen a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz.
Flores subrayó que el nuevo PLUS facilita la expansión de la frontera agrícola, lo que conlleva mayor desmonte y quemas. Agregó que la ABT presentó observaciones técnicas y legales al nuevo PLUS el 5 de noviembre de 2024, lo cual ha frenado su reglamentación. Actualmente, dijo, la responsabilidad recae en la Gobernación cruceña, que debe definir las condiciones para modificar la caracterización inicial del uso de suelo.
“La ABT realizó observaciones a detalle… incluso ante la Asamblea Legislativa Departamental donde se ha estancado producto de las observaciones”, sostuvo Flores, quien además pidió a alcaldes, concejales, caciques y corregidores que denuncien irregularidades.
Con estas declaraciones, la ABT marca distancia del marco normativo que permite el desmonte, deslindando responsabilidad directa y apuntando a otras instancias públicas como corresponsables del problema ambiental.
Flores precisó que solo el 21% del territorio de Roboré está clasificado como área de uso forestal, mientras que el 33% pertenece al área protegida del Valle de Tucabaca. El resto del territorio está habilitado para actividades agropecuarias bajo distintas categorías del PLUS.
Durante 2023, se autorizó el desmonte de 9.000 hectáreas y en lo que va de 2024 se aprobaron otras 6.745. Según la ABT, esto responde al auge del modelo productivo agrícola, especialmente la soya y otras actividades agroindustriales en Santa Cruz y Beni.
Respecto a las denuncias de desmonte en zonas protegidas, el director general de Manejo de Bosques y Tierras, Franz Valdez Irahola, aseguró que dentro del área protegida del Valle de Tucabaca solo se autorizaron 1.628 hectáreas desde 2017, y que hasta la fecha se han ejecutado apenas 456. En 2024 no se emitió ninguna autorización nueva para esta zona, precisó.
Marco legal y procesos abiertos
Flores defendió la legalidad de los procesos de autorización de desmonte, amparándose en normativas como la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias en pequeñas propiedades o tierras comunitarias. Recordó también que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el encargado de otorgar títulos de asentamiento, paso previo indispensable para que la ABT autorice actividades en tierras comunitarias.
Finalmente, la ABT informó que en la última gestión se abrieron 46 procesos administrativos por desmontes ilegales. Flores lamentó que ni autoridades locales ni el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca se hayan sumado a estas acciones legales, pese a haberse ofrecido información de forma transparente.
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