Vista aérea del río San Lorenzo dentro de la hacienda San Lorenzo, donde dos represas continúan alterando el cauce natural pese a una sentencia agroambiental que ordenó su remoción. Crédito: Gentileza Probioma
Vista aérea del río San Lorenzo dentro de la hacienda San Lorenzo, donde dos represas continúan alterando el cauce natural pese a una sentencia agroambiental que ordenó su remoción. Crédito: Gentileza Probioma

La Región

Las represas construidas sobre el río San Lorenzo continúan en pie, pese a que una orden judicial dictada el pasado 27 de noviembre dispuso su remoción total. Comunidades indígenas de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Turubó Este verificaron tal situación el pasado 12 de diciembre, mediante monitoreo con imágenes satelitales y drones al interior de la hacienda San Lorenzo, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos, Santa Cruz.

La verificación se enmarca en la Sentencia 06/2025, dictada el 27 de noviembre de 2025 por el juez agroambiental de Roboré, Álvaro Flores. El fallo otorgó un plazo de 10 días hábiles para que la parte demandada rehabilite y restituya el cauce del río San Lorenzo mediante la remoción total de dos infraestructuras identificadas como punto 1 y punto 2 dentro de la propiedad privada citada, dejando el río en su estado anterior, sin obstáculos que impidan el libre flujo de sus aguas.

La sentencia también prevé un escenario de incumplimiento. En ese caso, faculta al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y al Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos a ejecutar la medida de forma coordinada, con la participación de la TCO Turubó Este y el auxilio de la fuerza pública. El fallo incluso autoriza el allanamiento del predio, con ruptura de candados y cadenas, si fuera necesario, para acceder al río sin ocasionar un daño irreversible.

Para las comunidades indígenas, la orden judicial no es simbólica. Se trata de una obligación legal cuyo incumplimiento prolonga el daño ambiental, vulnera los derechos del río San Lorenzo y afecta directamente a quienes dependen de él para su vida, su alimentación y su territorio.

Ante la persistencia de las represas, la TCO Turubó Este informó a la opinión pública que procederá conforme a lo determinado en la sentencia, activando los mecanismos legales y de coordinación interinstitucional previstos en el propio fallo, con el objetivo de minimizar a cero los daños que se siguen ocasionando al río. Mientras tanto, los habitantes del lugar se mantienen en estado de vigilancia.