El 9 de noviembre pasado, cuando el presidente Rodrigo Paz posesionó a su primer gabinete de ministros, la ausencia de las carteras de Minería y Medio Ambiente generó sorpresa entre los presentes y parte de la población que seguía la transmisión oficial. Horas más tarde, en lo que a la postre se catalogó como un “error”, se supo que ambas carteras sí estaban presentes. En el caso de la segunda, Óscar Mario Justiniano —empresario agroindustrial— fue anunciado como ministro de Medio Ambiente y Agua, e interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
De esa manera, el nuevo Gobierno establecía la ruta que seguiría la gestión. Pese a que Justiniano representó al país en la COP30, días más tarde, se conoció que Fernando Romero Pinto —expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo)— estaba al frente del ahora Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente; una fusión que fue tipificada como “eliminación” en medios internacionales.
En esta entrevista, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, José Ernesto Ávila Antelo, explica cómo está conformado ahora el nuevo ministerio. Abogado con experiencia en derecho ambiental, forestal y políticas públicas, plantea que es posible un desarrollo sostenible y ve con preocupación dos problemas clave que enfrenta el país: deforestación, como el segundo a nivel mundial, y tráfico de mercurio para el uso en la minería ilegal del oro; entre otros temas.
La Región (L R): Hubo bastante confusión con la fusión del ahora ex Ministerio de Ambiente y Aguas con Desarrollo Productivo. ¿Cómo está conformada la nueva dependencia?
Jorge Ávila (J A): El viceministerio que he asumido, era también Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático, Gestión y Desarrollo Forestal. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la fusión con otros viceministerios que dependían del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), en particular con tres direcciones: la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Dirección General de Gestión y Desarrollo Forestal; las cuales ahora dependen del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. El otro viceministerio, que es el de Agua y Saneamiento Básico, ha pasado a depender del Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces, la estructura de este ministerio sigue siendo exactamente la misma.
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(L R): Le ha tocado al nuevo Gobierno enfrentar lo que se cataloga como una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. Coincidentemente, también se vive una de las peores crisis ambientales, con Bolivia como segundo país que más deforesta en el mundo, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la estrategia para salir del momento económico crítico sin dejar de lado la protección ambiental y cómo va a ser posible medir eso?
(J A): Evidentemente es un reto muy complejo, porque por lo general las posturas de los diferentes sectores, actores e incluso del mismo Estado en determinado momento ha sido moverse entre una u otra opción: “Yo promuevo la conservación y freno el desarrollo, o promuevo el desarrollo y freno la conservación”.
Yo creo que esa dicotomía no se justifica y no se justifica en tiempos donde la variable ambiental ya no es algo lírico ni una aspiración. Es una realidad que el mundo entero la tiene entendida y asimilada. Y todos los Estados del planeta tienen la obligación de entenderlo y encararlo con responsabilidad.
Esto es muy complejo, pero se sustenta en un concepto antiguo y simple de los años 60: el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. Nosotros tenemos que caminar hacia una real y verdadera unificación de estos dos intereses: el desarrollo y la conservación. Cualquier iniciativa o acción productiva que tenga relación con los recursos naturales tiene que tener viabilidad ecológica, viabilidad económica y viabilidad social.
Y el país no está en condición de dejar de lado el desarrollo, porque el país está quebrado. Eso no quiere decir que vamos a dejar de lado la variable ambiental. Y aquí viene un elemento que yo creo que es importante dejar claro. La variable ambiental no tiene por qué ser un problema, sino tiene que ser un estímulo.
O sea, no deberíamos continuar con el criterio de obligar a determinado actor o sector a que cumpla la norma ambiental, como si fuese algo malo, como si fuese un castigo. Por el contrario, tenemos que persuadir y demostrar que haciendo bien las cosas desde el punto de vista ambiental estamos generando mejores condiciones de desarrollo.
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(L R): ¿Y por eso se decidió fusionar desarrollo con medio ambiente?
(J A): Un poco esa es la filosofía. Porque las políticas de Estado, así como las acciones de gobierno van a tener en cuenta la variable ambiental siempre. Si usted eh analiza ¿Cuáles son los siete ejes sobre los que se está construyendo el Plan General de Desarrollo Económico y Social 2026 – 2035 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2026-2030, el séptimo eje es “Bolivia Verde y Sustentable”.
(L R): Entiendo, pero ¿cómo va a ser posible medir eso? Bolivia tiene, entre muchos otros, dos problemas ambientales graves en este momento: deforestación y minería ilegal del oro. Ambos ligados a la agroindustria y a la economía, por supuesto.
(J A): Voy a responder la última primero. El problema de la minería ilegal, especialmente aquella que utiliza el mercurio como uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de ese tipo de minería, es una herencia nefasta.
Lamentablemente por falta de gobernanza o por compromisos políticos en el pasado, no se atendió como debería y se permitió que crezca de una manera desproporcional al extremo que son sectores o actores tremendamente poderosos por su presencia y la importancia económica que esta actividad genera.
Sabemos que ellos han ocasionado daños irreversibles con sus actividades ilegales, porque el mercurio genera daños irreversibles en el medio ambiente, en los ecosistemas, en las fauna, en los ríos, etcétera, pero sería irresponsable si le digo: «Esto es lo que vamos a hacer”. Porque no quisiéramos equivocarnos porque esto tiene una connotación social, económica, política y ambiental muy grande. Y lo que estamos haciendo es, precisamente atender esta variable, con la responsabilidad con la que se debería haber atendido.
El ministro (Fernando Romero) nos ha puesto este problemas en el escritorio y nos ha planteado que comencemos más temprano que tarde a trabajar en una estrategia para poder reorganizar a este sector.
Ahora, vamos al otro problema. Normalmente la deforestación está asociada o vinculada a una actividad virtuosa, que es la de producir alimentos para alimentar a la a la humanidad. Bajo ese argumento es muy difícil confrontarla.
Pero aquí hay que separar un poco las cosas. Nosotros somos promotores del desarrollo sostenible y uno de los elementos centrales del desarrollo sostenible es el respeto a la capacidad de uso mayor del suelo. Es decir, el suelo en nuestro territorio ya está clasificado para qué tiene que ser utilizado. Y la deforestación o las autorizaciones de desmonte en suelos que son de vocación agrícola o ganadera no debería generarnos inconveniente.
El problema es que más del 50% de la deforestación en Bolivia es ilegal y ocurre en suelos que no son aptos para ser deforestados. Son suelos forestales o suelos frágiles que el esquema de las áreas protegidas.
En el pasado reciente se facilitó los procesos de deforestación ilegal al haber otorgado derechos agrarios en tierras que son de vocación forestal. El Estado aprobó leyes que promovieron la ocupación y los asentamientos de tierras donde no se lo deberían haber permitido. Entonces ahí hay un problema estructural que tiene que ser resuelto con una interpretación cabal de lo que establece la misma Constitución Política del Estado. Y aquí el factor fundamental son las estructuras públicas que tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la norma: INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) y ABT (Autoridad de Bosques y Tierras). El INRA no podía haber otorgado derechos agrarios en tierras forestales. No podía porque viola la Constitución Política del Estado. La ABT tampoco debió haber otorgado permiso de desmonte en tierra de vocación forestal, pero había leyes que establecían esa posibilidad.
Otro mecanismo de deforestación o destrucción de bosques fueron los incendios forestales. Y los incendios forestales fueron promovidos como parte de una estrategia de ocupación geopolítica y económica del territorio.
A través del incendio se pretendía cambiar la vocación de uso de los suelos. Y decir: «Ahí ya no existe bosque”. Eso yo creo que ya no va a ocurrir.
Y un dato final para que usted investigue. Se dice que se deforestan 250 mil hectáreas por año, ¿no es cierto? Bueno, fíjese usted cuántas son las hectáreas de producción agropecuaria en Bolivia. Si usted suma la cantidad de hectáreas que se han deforestado en los últimos 10 años, deberíamos tener en producción agropecuaria más o menos unas cinco millones de hectáreas. Pero eso no existe. La producción agropecuaria siempre está en torno a los 2.1 millones de hectáreas hace años. ¿Qué pasa? ¿Por qué se deforesta tanto y no se produce en esa superficie? Porque la gran mayoría de esas hectáreas desforestadas y quemadas han pasado a ser parte del mercado ilegal de la tierra.
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(L R): Hemos hablado solo de algunos problemas ambientales que enfrenta el país, ¿por dónde se empezará a trabajar para resolverlos? ¿Cuáles serán las prioridades?
(J A) En cierto modo usted ha podido ver cuál es la lógica. La casa está desordenada indiscutiblemente y hay muchas debilidades. Por ejemplo, las áreas protegidas fueron abandonadas.
El Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) se convirtió en una institución tremendamente ineficiente y con muchos indicios de corrupción. Estamos hablando de más de 25 millones de hectáreas (38,6, según estimaciones recientes) en este país, que juegan un rol fundamental para nuestra estabilidad ecológica y ambiental.
Entonces, una de las primeras decisiones es precisamente recuperar el Sernap, reinventarlo, para que pueda cumplir con su rol.
El otro punto es prevenir para que este proceso de deforestación e incendios que se generan anualmente no vuelvan a ocurrir.
Adicionalmente, es necesario entender que la responsabilidad de las instituciones públicas llamadas por ley a precautelar esto tienen que cumplir con su rol y nosotros, si bien no somos actores directos, vamos a estar permanentemente presionando, investigando y fiscalizando ese desempeño.
El otro elemento es lograr la sostenibilidad y el desarrollo. Queremos un desarrollo económico, pero con la variable ambiental al lado, como un factor positivo, proactivo; no como una sanción, no como un problema, no como algo que moleste. Más bien como un incentivo para entender que este territorio que tenemos, tenemos que cuidarlo.
(L R): La yapa, Viceministro, financiamiento climático
(J A) Es otro de los pilares fundamentales de nuestra gestión. Este viceministerio tiene a su cargo proponerlo al Ministerio y ya estamos trabajando en ello.
Creemos de que es necesario, antes de continuar generando muchas expectativas, construir nuestro edificio jurídico, administrativo e institucional para poder encarar el tema del financiamiento climático con responsabilidad.
El financiamiento climático es tremendamente amplio, no solamente son los bonos o los créditos de carbono. Hay un abanico inmenso de oportunidades que Bolivia tiene que asumir con responsabilidad. Estamos 20 años rezagados con relación al mundo, con relación a países de nuestro entorno como Perú, Brasil, Colombia.
Porque aquí hubo una decisión política de no avanzar en este tema con la amplitud que se debió haber avanzado. Entonces, la decisión del Gobierno es comenzar de una vez por todas a promover el financiamiento climático como estrategia de conservación y desarrollo.
