Ecuador, Rio Napo y la montaña Galeras. Foto: Shutterstock Dr. Morley Read

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La Región

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú tienen contemplada la construcción o mejora de 75 carreteras en la Amazonia, 13 de las cuales están en territorio nacional. De concretarse los proyectos, se pone en riesgo a una de las regiones más biodiversas del planeta.

Un estudio, desarrollado por la Conservation Strategy Fund (CSF), la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM)  muestra un panorama desalentador si no se toma en cuenta los riesgos ambientales y sociales de estos proyectos.

Investigadores de Bolivia, Brasil, Perú y Colombia participaron en el análisis, que fue publicado en febrero pasado por la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS por sus siglas en inglés).  Vea el estudio aquí

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Entre otras cosas, determinaron que de las 75 carreteras identificadas en los países mencionados además de Ecuador, “todos los proyectos analizados” tendrán impacto negativo en el medio ambiente, en diferentes magnitudes.

El 45 por ciento de estos proyectos generarían pérdidas económicas a los países, porque su costo es mayor a los beneficios esperados. De dejar sin efecto la construcción, se evitaría 1,1 millones de hectáreas deforestadas y el gasto de 7,6 millones de dólares en los próximos 20 años.

Según los expertos, 18 proyectos son considerados “más eficientes”, porque generarían menor impacto socioambiental y mayor retorno económico. La relación sería 77 por ciento de beneficio monetario y solo 10 por ciento de daño ambiental y social. “Esto demuestra que sistemas de planificación vial más integrales conducen a un uso más eficiente de los recursos y evitan pérdidas ambientales significativas”, refiere el documento.

En el caso de Bolivia, de las 13 carreteras, 11 no justifican los costos. Todas tienen impactos ambientales negativos y de ser construidas, se deforestaría 223 mil hectáreas. Uno de los proyectos en particular, Isinuta – San Antonio, además causaría más de 48 mil hectáreas de deforestación adicional.

En ese contexto, los expertos recomiendan cancelar los proyectos inviables y seleccionar aquellos cuyo impacto ambiental es “aceptable” en relación al beneficio económico/social. Así también, promover procesos de planificación de la red vial sobre la base de datos económicos, ambientas y sociales. Esto permitirá mejorar, entre otras cosas, el acceso a un mayor número de personas y evitar la afectación de áreas importantes de la biodiversidad y territorios indígenas.


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