- – La iniciativa busca beneficiar directamente a 22 comunidades indígenas en más de 600.000 hectáreas de bosques en municipios de Santa Cruz, con foco especial en mujeres y jóvenes..
- – Entre 2001 y 2024, más de la mitad del área intervenida sufrió al menos un incendio; algunos sitios registraron hasta 12 eventos en ese período.
La Región
El Banco Mundial, con financiamiento del Gobierno de Japón, anunció esta semana una donación de cinco millones para impulsar la restauración forestal y la prevención de incendios en la Chiquitania boliviana, en los próximos cinco años. El proyecto, que se implementará de 2026 a 2031 junto a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), busca proteger los medios de vida de comunidades indígenas y ampliar sus oportunidades económicas. La zona elegida para trabajar es una de las regiones más golpeadas por el fuego en el país.
La iniciativa actuará en tres frentes simultáneos, de ahí el nombre del proyecto: TREES (Territorio y Restauración Ecológica y Económica Sostenible) de los bosques de la Chiquitania. El primero es la restauración de bosques y cuencas hidrográficas deterioradas por años de incendios y presión agropecuaria. El segundo es la promoción de medios de vida sostenibles, con asistencia técnica a comunidades indígenas y productores para desarrollar cadenas de valor de productos forestales no maderables como la almendra chiquitana, el cusi y la mangaba, entre otros. El tercero es fortalecer capacidades municipales y comunitarias para el manejo integral del fuego, incluyendo sistemas de alerta temprana y respuesta rápida.
“Hemos venido trabajando en todas las comunidades y conocemos bastante en profundidad cuál es la realidad de cada una de ellas”, señaló Roberto Vides, director ejecutivo de la FCBC. Ese conocimiento de terreno es, precisamente, lo que diferencia esta iniciativa de intervenciones anteriores, explicó. El proyecto no define prioridades desde afuera, sino que parte de dinámicas comunitarias concretas, incluyendo conflictos territoriales activos, como el registrado hace algunas semanas en Palmarito de la Frontera, Concepción.
Uno de los más sensibles involucra la expansión de colonias menonitas en zonas limítrofes con territorios indígenas. “Lo que está ocurriendo no es algo localizado, sino mucho más amplio. Es la expansión de las colonias menonitas, que no han podido ser controladas”, aseguró Vides. Esta expansión incluye el alquiler de tierras en zonas que forman parte de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), donde el cambio de uso del suelo está prohibido. “Están haciendo la ocupación del territorio, alquilando tierras para el lado de la frontera, que es parte de la TCO Monteverde, es decir, en tierra originaria que no puede ser alquilada para un cambio de uso del suelo dramático como es la deforestación absoluta y el cultivo de soya”, advirtió.
La prevención como herramienta
El proyecto se desplegará en cuatro bloques territoriales —Concepción, Alto Paraguá, Velasco Norte y Velasco Sur— que abarcan los municipios de San Ramón, San Javier, Concepción, San Ignacio, San Miguel y San Rafael. En conjunto, estos territorios suman más de 600 mil hectáreas de bosques secos y paisajes en mosaico. Los datos del período 2001-2024 muestran la magnitud del problema: más de la mitad de esa superficie sufrió al menos un incendio, y hay sitios donde el fuego arrasó hasta 12 veces en dos décadas. Dentro de ese espacio, se priorizaron 22 comunidades —entre territorios campesinos y Tierras Comunitarias de Origen— que representan a más de 5.526 personas altamente vulnerables, tanto a la exclusión de los mercados como a los riesgos climáticos.
La apuesta por los productos forestales no maderables es uno de los ejes más concretos del proyecto. La almendra chiquitana es el ejemplo que Vides usa para ilustrar cómo puede funcionar esa lógica cuando se construye con paciencia y articulación. “Hace 15 años prácticamente nadie conocía la existencia de la almendra chiquitana. Hoy hasta propietarios privados están plantando, porque saben del valor que eso tiene”, dijo.
El proyecto pone énfasis especial en las mujeres indígenas, a quienes se brindará apoyo para ampliar sus ingresos mediante la comercialización de productos de la agrobiodiversidad regional.
En el plano institucional, los gobiernos municipales del área y el Gobierno Departamental de Santa Cruz recibirán sistemas mejorados de monitoreo de incendios, alerta temprana y planificación de restauración.
En ese contexto, se trabajará junto a otras organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Apcpb (Apoyo para el campesino-indígena del Oriente boliviano) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) para las distintas fases.
La Chiquitania boliviana ha sufrido incendios de escala catastrófica en los últimos años. Con el evento de 2019 como punto de inflexión: más de cuatro millones de hectáreas quemadas en pocas semanas; la donación representa uno de los esfuerzos internacionales más concretos orientados a reconstruir ese tejido forestal y comunitario desde adentro.
