Acuerdo de Escazú: ¿Por qué la COP2 abre una esperanza para exigir que el Estado boliviano cumpla con entregar información ambiental?

La elección del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento permitirá a los países implementen el acuerdo, para garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y justicia en asuntos ambientales.

Foto: Cepal

El Acuerdo de Escazú es, quizá, la herramienta más sólida que tiene América Latina y el Caribe para exigir información, participación pública y justicia en temas ambientales. Este convenio, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y en vigencia desde el 22 de abril de 2021, es el primer tratado regional de estas características. Pese a que los 24 países que lo ratificaron (entre ellos, Bolivia) tienen la obligación de cumplirlo, hasta ahora no había una esperanza sólida para su implementación. Sin embargo, la elección del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, abre esa esperanza.

Realizada entre el 19 y 21 de abril en Buenos Aires, Argentina, la Conferencia de Partes 2 (COP2) seleccionó a los siete integrantes de la nueva instancia, quienes acompañarán a los países a cumplir el acuerdo. Se trata de Guillermo Eduardo Acuña (Chile), Mariana Blengio Valdés (Uruguay), Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada), Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica), Andrés María Napoli (Argentina), Carole Denise Angela Stephens (Jamaica) y Félix Wing Solís (Panamá). Todos ellos, expertos en la temática ambiental, con amplia trayectoria jurídica.

Para la senadora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana), de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, estos avances ayudarán a cualquier ciudadano o a cualquier autoridad exigir la respuesta a solicitudes de información ambiental en un plazo de 30 días.

Entre otras cosas, el Convenio de Escazú se diferencia de otros, porque la sociedad civil (denominada público) está representado e incluido en la toma de decisiones, con lo cual no solo los representantes de los países (gobernantes) pueden hacerlo.

“Si se combina todo eso con ámbitos de aplicación, resulta que Escazú se vuelve una herramienta para exigir información al Estado boliviano. Si bien, por el momento, no tiene formas de sancionar el incumplimiento, es vinculante (obligatorio), entonces tiene una potencialidad de desarrollar mecanismos adicionales para garantizar el cumplimiento de parte de los Estados”, dice la legisladora a La Región.

Actualmente, tanto senadores como diputados que piden informes se rigen por plazos de los reglamentos de las cámaras respectivas (15 días en el caso de Senadores). De cumplirse uno de los artículos del convenio de Escazú, tanto asambleístas como la sociedad civil, podrán exigir una respuesta en un plazo de 30 días. “Ahora podemos exigir y decir: usted está violando parte del cuerpo del bloque constitucional. Escazú, en ese contexto, viene a ser súper importante”, continúa la congresista, quien estuvo en la COP2 como público.

La participación de Bolivia

Ya en la COP 1, que se realizó en Chile en 2022, Bolivia propuso “eliminar la inclusión del público en la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú”. La delegación argumentó que no era necesaria para el cumplimiento del tratado. En su momento, en una nota de Mongabay Latam, redifundida por La Región, Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante del público, aseguró que “querían retroceder Escazú a 2014”, cuando aún no se consideraba indispensable la participación de la ciudadanía en el Acuerdo.

Este año, la participación boliviana no varió mucho de la anterior, según Requena. De hecho, no fue parte del consenso al que todos los países llegaron para elegir a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, lo cual “generó mucha tensión”.

“Para mi gusto, un descrédito para el país. La razón de por qué lo hacen es para decir que no van a cumplir, porque no fueron parte del acuerdo. Esa podría ser la intencionalidad de Bolivia”, asegura la legisladora de oposición.

Pese a todo, los nuevos mecanismos son una esperanza para viabilizar los pedidos de información en temas tan álgidos como minería, extractivismo o deforestación. Asimismo, la COP2 abordó el Plan de Acción sobre personas defensoras ambientales. Este instrumento permitirá implementar efectivamente el artículo 9 de Escazú, que establece que cada Estado parte debe garantizar un entorno seguro para las personas que defienden los derechos en asuntos ambientales.

Países como Argentina, Chile, México y Ecuador compartieron los avances que vienen realizando en sus territorios. El próximo año, la COP3 será en Santiago de Chile. ¿Presentará Bolivia algún diseño del plan de implementación o diagnóstico de la situación?