Oscar Bermeo Ocaña/Mongabay Latam
“Eliminar la participación del público es quitar el propio espíritu de este Acuerdo”, dice el líder indígena Nadino Calapucha, estremeciendo a la sala. En una de las postales que dejó la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, por eso el representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) pidió respetar el corazón de este tratado, caracterizado por la inclusión ciudadana. Esto debido a que se vivieron algunos minutos tensos durante la negociación en el plenario, la mañana del jueves 21 de abril, cuando la delegación boliviana presentó un proyecto para eliminar la inclusión del público en la mesa directiva.
Definir la participación del público durante los tres días de sesiones fue el punto neurálgico del debate y, a su vez, la numerosa presencia de activistas ambientales, jóvenes y representantes indígenas en el plenario de Santiago de Chile, contribuyó a una negociación más democratizadora.
En esta primera cita de los Estados Parte del Acuerdo de Escazú se aprobaron las reglas de procedimiento para las futuras reuniones y la conformación de un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo. Cabe mencionar que hasta el momento son 12 países los que han completado el proceso de ratificación de este tratado ambiental latinoamericano: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Por su parte, algunos países signatarios como Perú, Colombia y Costa Rica participaron en calidad de observadores.
Otra decisión conjunta fue la creación de un grupo de trabajo centrado específicamente en la situación de defensoras y defensores ambientales. Esta instancia, promovida por los Estados Parte, también contará con la participación del público en sus decisiones. Además, se determinó que cada año se celebrará un foro con especialistas reconocidos en abordar las diferentes amenazas que enfrentan los defensores.
Las propuestas presentadas en la COP1, trabajadas durante dos años por diversos Estados y colectivos civiles, consiguieron finalmente habilitar la participación del público en la Mesa Directiva, brindando así la posibilidad de supervisar directamente el cumplimiento del tratado.
“Hemos dado un paso importante. Las futuras conferencias tendrán este piso de garantía”, menciona Natalia Gómez, integrante de EarthRights International y una de las seis representantes del público en este Acuerdo.
Voces protagónicas
Uno de los momentos más álgidos de la COP1 se dio con la propuesta de Bolivia de eliminar la inclusión del público en la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, argumentando que no era necesaria para el cumplimiento del tratado. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina y representante del público, asegura que “querían retroceder Escazú al 2014”, cuando aún no se consideraba indispensable la participación activa de la ciudadanía en el Acuerdo.
La intención boliviana encontró rechazo de los Estados parte y, principalmente, de jóvenes y dirigentes indígenas que tomaron la palabra como parte de la sociedad civil.
La COICA tuvo un trabajo activo en la COP 1 de Escazú en Santiago de Chile. Los representantes de los pueblos indígenas amazónicos participaron en diferentes mesas paralelas donde presentaron demandas específicas para fortalecer el propósito del Acuerdo.
Una de sus propuestas fue la incorporación de un representante indígena en la Mesa Directiva y la implementación de un ‘caucus’ (asamblea) indígena en la COP. “No hay Acuerdo de Escazú sin pueblos indígenas”, asegura Lolita Piyahuaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE).
El apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), recordó el asesinato de Ulises Rumiche, producido el martes 19 de abril en Junín, Perú, y la ausencia de justicia ambiental en muchos de los estados parte. El defensor ambiental considera que la inclusión de un representante indígena en la Mesa Directiva permitiría “articular la agenda indígena con la política de los gobiernos. La voz de los pueblos sería presentada de manera directa. Somos los que estamos en primera línea”, comenta.
Además de activar las redes sociales durante los tres días del evento, la significativa asistencia presencial de jóvenes en la COP fue otro de los rasgos distintivos de la reunión. Este grupo, representado en distintas organizaciones, hizo llegar su solicitud de un enfoque intergeneracional al Plenario. “No se pueden generar cambios en una sociedad donde todos no seamos parte”, menciona Laura Serna, de la iniciativa Campeones de Escazú. Entre las propuestas figuró la inclusión de dos representantes de los jóvenes en la Mesa Directiva de la COP y en el Comité de Apoyo al Cumplimiento.
Asimismo, el enfoque de género fue otro de los planteamientos que se hizo sentir. Carmen Capriles, de la Red Regional Escazú, espera que en la próxima conferencia se pueda implementar un Plan de Acción de Género. “Serviría para visualizar específicamente los temas referidos a las defensoras. Es vital tomar en cuenta el rol de las mujeres”, menciona.
Según las reglas de procedimiento de la COP, para incorporar cualquiera de estas propuestas, primero deben ser presentadas por un Estado parte para ser sometida a votación en una próxima reunión.
Una oportunidad para todos
Como representantes del público saliente del Acuerdo de Escazú, Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público de Chile, y Natalia Gómez de EarthRights International, animan a los diversos sectores de la ciudadanía a participar en la próxima elección de estos cargos que será en agosto, y contarán con el apoyo técnico de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Los representantes del público son quienes canalizan las demandas ciudadanas y tienen diálogo permanente con la Mesa Directiva. En este momento seis personas ocupan ese rol.
“La elección será un mecanismo público regional donde cualquier persona se puede registrar y postular. Es momento de renovar el liderazgo. Necesitamos promover que haya diversidad en esas candidaturas”, refiere Gómez.
Sanhueza, por su parte, considera que es más efectivo que el público participe en el Acuerdo de Escazú como un bloque “y no como en las conferencias de Naciones Unidas, donde cada sector tiende a ver su parcela y terminan compitiendo por la atención de los gobiernos”.
Los vigilantes del tratado
Para Gómez y Sanhuesa, dos de las representantes del público, la creación del Comité de Apoyo al Cumplimiento y la Aplicación del Acuerdo es uno de los grandes logros de esta COP1. Dicen que es una herramienta ciudadana de mucha fuerza. “Servirá para asegurar el cumplimiento, para que no sea solo un papel que firmaron los Estados”, anota Gómez de nacionalidad colombiana.
Este Comité estará conformado por especialistas independientes, con experiencia ambiental y que no respondan a los intereses de ningún Estado. Una vez instalado, cualquier ciudadano que identifique que en el territorio de un país parte se está incumpliendo el Acuerdo, podrá comunicarlo a esta instancia y se brindarán medidas de protección para reducir los riesgos de las personas que hagan las denuncias ante el Comité. “Así se comenzarán a implementar las medidas de protección a defensores”, dice Gómez.
Si bien se determinó realizar las COP cada dos años, en abril del 2023 se realizará una edición extraordinaria en Argentina para elegir a los miembros del Comité.
Por último, Gómez hace una llamado a los ciudadanos de los países que aún no han ratificado el Acuerdo para que hagan incidencia “alzando su voz, exigiendo a sus gobiernos que se sumen al proceso de búsqueda de una mejor democracia ambiental”.
Todos los actores —Mesa Directiva, representantes de los estados y público— culminaron el encuentro haciendo fuerza para que, en la cita del 2023, haya más delegaciones en calidad de Estados parte.
