El gobierno de Bolivia se ha propuesto intensificar la exploración de hidrocarburos durante este 2023 y para ello ha destinado una inversión de 324 millones de dólares. El anuncio lo hizo el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2023, el pasado 28 de abril.
Fue una jornada larga de seis horas en la que el ministro Molina presentó 18 proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, 11 de los cuales están programados para ejecutarse el 2023, a cargo de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Durante la exposición, el ministro también dijo que se necesitaba modificar la Ley de Hidrocarburos —vigente desde Octubre de 2005— entre otros cambios normativos. “Estamos subiendo la calidad y la actividad del sector exploración”, dijo Molina.
La expansión en la búsqueda de hidrocarburos —gas y petróleo— ocurre mientras las reservas gasíferas de Bolivia siguen disminuyendo y el país ha pasado de ser exportador a importador; además que enfrenta una incertidumbre económica que, de acuerdo con el semanario británico The Economist, tiene al país al borde del colapso financiero.
“En Bolivia tenemos una doble dependencia de los hidrocarburos. Por un lado, hay una dependencia energética y por otro una dependencia fiscal. Aproximadamente el 81 % de la energía que consume el país es de fuente fósil. Y desde el punto de vista fiscal, ocurre algo similar, ya que, desde la vigencia de la Ley de Hidrocarburos, en 2005, cerca del 35 % de los ingresos fiscales del gobierno provienen de la explotación de hidrocarburos”, explica Raúl Velásquez, analista en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, institución que desarrolla procesos de investigación, información y formación sociopolítica.
Los pozos en la Amazonía
Velásquez señala que en Bolivia hay “desesperación por encontrar hidrocarburos”, pues la producción de gas natural ha caído en un 37 %, lo que ha llevado al gobierno a renegociar los contratos de exportación con Argentina por menos volúmenes. “Esto ha tenido un impacto fiscal porque ha ocasionado que el Estado reciba menos ingresos”. A esto se debe sumar que el contrato que Bolivia tenía con Brasil terminó en 2019.
En medio de esta reducción de las exportaciones de gas, Bolivia ha decidido expandir su búsqueda de hidrocarburos. Los 11 proyectos exploratorios que se ejecutarán este año, según ha anunciado el gobierno, se ubican en los departamentos de La Paz, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Tres de ellos —Mayaya Centro X1, Yope X1 y Yarará X2— están en etapa de perforación.
“Lo que se ha hecho es incrementar el número de pozos y de zonas exclusivamente para petróleo, antes se priorizaba el gas. Y el segundo componente es que ahora se están orientando los esfuerzos a la Amazonía, por ejemplo, el Mayaya Centro X1 es parte de esta nueva mirada de la Amazonía boliviana y complementa un pozo que se perforó hace un par de años, el Gomero X1”, señala Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Además de estos pozos —continúa Campanini— hay otros dos más que están programados, posiblemente para el siguiente año: el pozo Copoazú X1 y el pozo Castaño, justamente en plena Amazonía. “Están dando continuidad a algo que se había gestado hace algunos años con exploraciones sísmicas y que ahora están complementando con estos pozos. Nos ha llamado la atención la mirada hacia la Amazonía como nueva frontera”.
Campanini agrega que se está definiendo un nuevo panorama muy complicado, en medio de un escenario de múltiple crisis del sector hidrocarburos. Desde el 2015 hay una caída significativa de las reservas y la producción de hidrocarburos que, además, se vincula a la falta de mercados. “Próximamente se termina el contrato con Argentina, mientras que el contrato con Brasil ya concluyó”, añade.
Lo que está haciendo el gobierno —continúa el experto— es ampliar esta lógica de expansión del extractivismo en zonas como la Amazonía, que han sido poco intervenidas, así como otras áreas, por ejemplo, Tariquía. Campanini destaca el conflicto que existe en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, con las comunidades locales por la presencia de la actividad hidrocarburífera.
Entre los años 2016 y 2017 ya se habían realizado exploraciones sísmicas en la Amazonía, como ocurrió en el pozo Nueva Esperanza, que generó un fuerte conflicto socioambiental con los indígenas Tacana, e incluso —menciona Campanini— hubo un evento en el que la empresa que hacía la sísmica se encontró con un pueblo de indígenas que viven en aislamiento voluntario.
“El Mayaya Centro X1 se ubica en la zona de transición entre los Andes a la Amazonía, y todo ese sector, que corresponde a la cuenca geológica del río Madre de Dios, lo están estudiando. En algunos casos se cruzan con territorios indígenas y áreas naturales protegidas como el parque Madidi”, comenta Campanini.
En el año 2015, cuando empezó la caída en la producción de gas, el gobierno del entonces presidente Evo Morales aprobó un decreto para permitir la exploración petrolera en las áreas naturales protegidas.
“El Gobierno optó por flexibilizar la normativa ambiental para ver si de esa forma se podía atraer inversiones en exploración, cosa que no ocurrió porque ya han pasado siete años desde ese decreto y a pesar de ello no se han descubierto nuevas reservas”, señala Raúl Velásquez de la Fundación Jubileo.
Entrar a parques naturales —agrega Velásquez— pone en riesgo estos ecosistemas y en el caso de Tariquía, en particular, afecta la generación de agua para la capital del departamento de Tarija. “Son medidas centradas solamente en la exploración, sin pensar en la integralidad del sector hidrocarburífero. De haber sido un país exportador de hidrocarburos los últimos 20 años, nos hemos convertido, desde el año 2022, en un país importador. Es decir que lo que gastamos por importar combustibles es más que lo que recibimos por exportar gas natural. La política de hidrocarburos en Bolivia está orientada a la renta y se ha descuidado la sostenibilidad del sector”.
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Exploración de hidrocarburos en todo el país
La actividad de hidrocarburos en Bolivia busca tener un nuevo crecimiento. Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), menciona que en el 2007, cuando la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió la titularidad de la representación estatal para el desarrollo de actividades de exploración, se inició un proceso de aprobación de decretos supremos que permiten la habilitación de 106 áreas de reserva hidrocarburífera en todo el país. “Tenemos 106 áreas reservadas para esta actividad a favor de YPFB. De ellas, 65 afectan o se superponen a 43 territorios indígenas en la Amazonía, el Oriente y El Chaco”, dice Vargas.
De acuerdo con el director ejecutivo de Cejis, el 80 % de territorios indígenas en la Amazonía, el Oriente y El Chaco tendrá algún tipo de presencia de actividades de prospección de hidrocarburos y esta ampliación también está afectando a pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. “18 áreas de estas reservas se traslapan con ocho zonas donde hay presencia de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Esta ampliación de la frontera de hidrocarburos va a generar, con seguridad, algún tipo de vulneración en los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas”.
Vargas también cuestiona que en este avance de la frontera de hidrocarburos no se estén considerando “las salvaguardas, los estándares mínimos en materia ambiental ni de participación de las comunidades en la toma de decisiones para la implementación de los proyectos”. El experto menciona que los indígenas no solo enfrentarán amenazas para sus territorios debido a las exploraciones de YPFB sino que también están amenazados por otras actividades como la minería ilegal o, incluso, el narcotráfico. Así mismo, manifiesta su preocupación por la posible llegada de empresas petroleras “de países que no tienen estándares claros de protección a favor de los pueblos indígenas o el medioambiente. Son empresas muy pequeñas o que vienen de países con estándares ambientales muy bajos, como China. Es un peligro lo que pueda ocurrir por este ‘boom’ de la prospección de hidrocarburos”.
Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, también comenta sobre las más de 100 zonas que han sido reservadas para la exploración de hidrocarburos. “Cerca de 18 están superpuestas a áreas naturales protegidas”, menciona. “Si bien el país tiene esta doble dependencia energética y fiscal de los hidrocarburos, se debe tener en cuenta que eso no nos lleve a un suicidio ambiental. No se debe sacrificar el medioambiente y los parques naturales en aras de impulsar la actividad de hidrocarburos para seguir, además, profundizando tanto la dependencia fiscal como la energética”.
Desde el año 2007 —continúa Velásquez— el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo), con el ex presidente Evo Morales, fue promulgando diferentes decretos supremos orientados a expandir la exploración de hidrocarburos y a través de ellos fue reservando las más de 100 áreas para la exploración. Esta vez, el interés hidrocarburífero va más allá de los cuatro departamentos tradicionalmente productores y llega a los nueve departamentos de Bolivia.
“Las actividades hidrocarburíferas han estado centradas en cuatro departamentos: Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, que se conoce como zona tradicional, en la que habitualmente se ha explorado y sobre la que existe mayor información geológica. Sin embargo, en departamentos como La Paz, Beni y Pando, que es zona no tradicional, el riesgo exploratorio es mayor porque hay menos información geológica. Y si pensamos en el norte de La Paz, por ejemplo, hay un área de exploración superpuesta al Parque Nacional Madidi”, agrega Velásquez.
Sobre estas zonas, Velasquez también indica que no cuentan con facilidades de extracción, es decir, no existe un sistema de ductos cercano que permita transportar la producción hacia un mercado de comercialización o hacia una refinería, porque tampoco existe una cerca. Por lo tanto, se tendría que construir esta nueva infraestructura para evacuar la materia prima que se pueda encontrar.
“Creo que la relación con las comunidades se volverá mucho más complicada. Si recordamos Astilleros X1 [en la reserva de Tariquía] costó mucho que se viabilice el proyecto a través de los procesos de consulta previa y es importante mencionar que, en el tema de hidrocarburos, la autoridad que conduce la consulta previa es el Ministerio de Hidrocarburos. Hay un conflicto de intereses y una situación desfavorable para las comunidades”, señala Velásquez de la Fundación Jubileo.
En cuanto a la legislación vigente y los anuncios del gobierno para modificar las normas, Velásquez comenta que desde el año 2009 se ha pedido una nueva Ley de Hidrocarburos, pues la actual no responde a lo que establece la nueva Constitución que se aprobó en Bolivia en ese año. “Lo que el ministro de Hidrocarburos ha anunciado hace unas semanas es una Ley de Asociaciones que estaría presumiblemente orientada a las actividades de explotación, que es donde ocurren estas asociaciones, pero esto no es suficiente para resolver el problema estructural por el que atraviesa el sector hidrocarburífero en el país”, concluye.
