En diez años Sudamérica perdió 2.6 millones de hectáreas de bosque por año, según un estudio publicado este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés). Es decir, en una década, la región ha perdido el equivalente a todo el territorio de Ecuador. Un país entero ha desaparecido y la cifra continúa en ascenso.
La plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW) calculó incluso en el 2019 la pérdida por segundos de esta cobertura boscosa. El resultado fue que cada seis segundos se pierde una cantidad de bosque primario del tamaño de una cancha de fútbol. Solo el año pasado 3.8 millones de hectáreas de árboles tropicales desaparecieron y esto significó la emisión a la atmósfera de 1.8 gigatoneladas de dióxido de carbono. Esta pérdida representó un 2.8% más que la registrada en 2018.
Esto llevó a GFW a ubicar a cinco países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Perú y Bolivia, en la lista de los diez con mayor deforestación de bosque primario en 2019. Pero, ¿dónde se registran estas pérdidas?¿quiénes son los responsables?https://www.youtube.com/embed/gh9EOu3Llg8
Un equipo de Mongabay Latam rastreó satelitalmente algunos de los casos más recientes en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia y lo que encontró fue revelador. Entre enero y octubre 2020 se registraron en la plataforma de Global Forest Watch unas 16.300 alertas GLAD de deforestación en dos áreas protegidas: el Parque Nacional Catatumbo Barí en Colombia y la laguna Concepción, sitio Ramsar de Bolivia. Asimismo, se encontraron 57.600 alertas en las regiones donde se encuentran dos pueblos indígenas: el territorio siona ubicado en el límite entre Ecuador y Colombia y la comunidad indígena cacataibo Santa Martha en Perú. Dentro de estos territorios, la cifra de alertas llegó a 6.692
Estos cuatro espacios han perdido en las últimas dos décadas más de 36 mil hectáreas, el equivalente a más de 21 mil canchas de fútbol. Los responsables de esta deforestación y que amenazan permanentemente a las poblaciones que la habitan son grupos armados narcoterroristas, invasores y colonias menonitas.
“Estamos observando un despunte de la deforestación en los últimos años en general en la Amazonía”, comenta María Olga Borja, especialista en deforestación de Ecociencia, en Ecuador, y analista de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).
Para la experta, la segunda década del siglo se inició con una tendencia al alza en la pérdida de bosque en la Amazonía. Agrega que las cifras de este año permitirán definir si esta tendencia se ha consolidado. “Los registros que recibimos lamentablemente parecen confirmarla”, señala.
Mapas del delito: los hallazgos
Cada vez que un espacio de 30 x 30 metros en un bosque tropical es alterado (el equivalente a dos canchas de básquetbol), la plataforma de Global Forest Watch (GFW) emite una alerta. Mongabay Latam ha trabajado sobre la base de las alertas emitidas este año para esta investigación. ¿Qué detectamos?
Los datos GFW señalan que solo entre enero y octubre del 2020 se registraron 4700 alertas GLAD de deforestación en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, ubicado a más de seis horas de Cúcuta, en el departamento colombiano Norte de Santander. Las alertas están asociadas a una agricultura de baja escala. “Hay cambios muy profundos dentro del área protegida, que pueden indicar presencia de cultivos ilegales por el lugar donde se encuentran”, señala Mikaela Weisse, gerente de GFW. Su experiencia analizando este tipo de información la han llevado a entender patrones y, en este caso, el patrón que observa es el de los cultivos ilegales de hoja de coca: ubicados sobre todo lejos de los caminos principales.
La información de los mapas coincide con el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Solo en el 2019 se reportaron 1.448 hectáreas de cultivos de hoja de coca dentro del área protegida. Esta es una cifra que casi se ha duplicado con respecto a la de 2018, cuando se registraron 872 hectáreas de este sembrío ilícito. Lo que debería ser un santuario de biodiversidad, se ha convertido en los últimos años en un bastión del narcotráfico colombiano, dominado por al menos cuatro grupos criminales armados, donde habitan indígenas Bari y grupos de colonos.
Las imágenes de GFW muestran que el área parece haber sido deforestada sobre todo en enero y febrero de este año, y se concentra en los límites del parque y en la zona de amortiguamiento. “En general, la deforestación parece continuar de forma estable en la zona desde inicios de este siglo”, añade.
Los hallazgos en el área fronteriza del Putumayo ecuatoriano y colombiano, hogar de los siona, fueron más difíciles de detectar, considerando que la titulación de sus territorios está pendiente. A pesar de ello, el monitoreo satelital muestra las vulnerabilidades en la parte ecuatoriana del territorio indígena, en la comunidad de Wisuyá. “Encontramos pequeños parches de deforestación que están alejados de las carreteras, lo que puede indicar una presencia de coca”, señala Weisse.
En la comunidad de Buenavista, el territorio siona ubicado en Colombia, se han detectado solo en este año 4027 alertas de deforestación, mientras tanto, en la comunidad de Wisuyá, el lado siona asentado en el Ecuador, las alertas registradas fueron 130.
Lo que confirmó la investigación realizada por Mongabay Latam es que esos pequeños parches de deforestación encontrados en Wisuyá también están relacionados con el desbosque ocasionado por los narcotraficantes para habilitar ‘cocinaderos’ o laboratorios artesanales móviles donde se procesa la cocaína. Estos se trasladan constantemente y para ello se tala el bosque.
En la comunidad siona de Buenavista, asentada en territorio colombiano, las imágenes muestran que la deforestación se registra en la zona desde el 2013. “Los [parches] más recientes fueron hechos en junio de este año, lo que denota que la actividad ha continuado en pandemia”, señala Weisse.
La pérdida de bosque y la alteración del paisaje en los alrededores y dentro de la comunidad indígena de cacataibo de Santa Martha, en la selva central de Perú, apunta al mismo problema que en el Catatumbo: parches de deforestación asociados también a la agricultura de pequeña escala. “El patrón aquí es interesante, ya que los espacios deforestados fuera de la comunidad lucen muy distintos a los que están dentro”, señala la gerente de GFW. Según Weisse, esto puede indicar que se realizan dos tipos distintos de agricultura. El Instituto del Bien Común (IBC) tiene documentado que la deforestación de los bosques primarios en Santa Martha alcanzó las 118 hectáreas en el 2016 y según versiones de los líderes indígenas de la zona, esta ya habría superado las 200 hectáreas a la fecha.
Según los datos de GFW, esta deforestación causó 2535 alertas de deforestación entre enero y octubre de este año. Esto sigue demostrando una actividad permanente incluso durante la cuarentena establecida por la pandemia. “Hemos encontrado que se ha reiniciado la deforestación en agosto y hay un pico de 1253 alertas a inicios de octubre”, agrega Weisse.
Esta pérdida acelerada de bosque en la comunidad de Santa Martha está relacionada con una ola de violencia que ha cobrado este año la vida de un líder indígena y que tiene arrinconados a muchos otros. Según los testimonios recogidos en la comunidad, esta es la consecuencia de intentar frenar el ingreso de narcotraficantes y de invasores que buscan introducir a la fuerza cultivos ilegales. En los alrededores de la comunidad cacataibo se registra incluso una mayor deforestación: 5040 alertas, el doble de lo que se cuenta dentro de Santa Martha.
El último punto de esta serie nos lleva hasta el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Se trata de un sitio Ramsar —un humedal de importancia internacional— denominado Laguna Concepción. Lo que debería ser un espacio de conservación se ha convertido en los últimos ocho años en un terreno donde colonias menonitas han ampliado su frontera agrícola, con la ayuda de maquinaria pesada, para ampliar sus campos de soya y sorgo, entre otros monocultivos.
Esta es una agricultura a gran escala que opera a pesar de vulnerar las normas vigentes y haber sido multados. «Es preocupante que cuando tratamos de fiscalizar les consultamos quien les autorizó y nos responden que ya pagaron su multa y con ello consideran que el tema ya está cerrado”, cuestiona Nair Arias, la responsable de la unidad de Medio Ambiente de la alcaldía de Pailón, uno de los distritos donde se encuentra esta laguna.
“En esta área existe bastante agricultura de larga escala desde aproximadamente el 2012”, comenta Weisse de GFW. Esta se concentra sobre todo en el norte y sur de la laguna, donde se encuentran patrones de desbosque por maquinaria agrícola.
En las imágenes se aprecia cómo el año pasado fue el peor periodo para la laguna en términos de deforestación. “La invasión de los cultivos ha ocurrido incluso dentro del área que se ha destinado como protección de la laguna”, comenta la especialista.
En efecto, los datos que Mongabay Latam ha registrado es que hay cultivos dentro del área protegida y cerca del borde del cuerpo de agua: las colonias menonitas se encuentran a unos cinco kilómetros del espejo de agua. Este año, la deforestación se ha incrementado en la zona sur del lago. “Tenemos dos momentos donde se ha avanzando dentro del área protegida este 2020: enero y agosto”, indica Weisse. Solo este año se han registrado 11. 693 alertas de deforestación.
La data satelital se vuelve crucial para detectar la deforestación en lugares inaccesibles. Por eso el uso de esta tecnología fue clave para observar la ilegalidad durante la pandemia de la COVID-19, refiere Mikaela Weisse.
“Hay muchos nuevos retos que los gobiernos están enfrentando en esta etapa de pandemia y ya no pueden acceder a todos los lugares que antes resguardaban. Eso ha despertado un crecimiento en el interés por las alertas GLAD de deforestación y el uso de la herramienta satelital”, dice la especialista.
Pueblos indígenas cercados
En tres de los cuatro países donde hemos encontrado estas historias hay una mezcla peligrosa: comunidades indígenas, zonas inaccesibles y violencia. Esa es la realidad en el parque Catatumbo con la población indígena Barí, cuyos predios no solo están invadidos por cultivos ilegales de hoja de coca, sino que, de acuerdo con informes del gobierno – cuyas fuentes no pueden declarar en público – están sujetos a daños por las fumigaciones para erradicar los cultivos.
De hecho, el parque Catatumbo se superpone en un 80% con el territorio indígena Barí. En ella se encuentran dos resguardos: el Motilón Barí y Gabarra-Catalaura. Y así como en 2019 se deforestaron 1.448 hectáreas de bosque para el cultivo ilegal de coca dentro del parque —según el monitoreo de SIMCI—, 411 de ellas están en el Motilón Barí y 43 en el Gabarra-Catalaura. Según el estudio de SIMCI, esto representa un crecimiento de 66% con respecto al 2018.
En Catatumbo reina el silencio. Los indígenas se sienten acorralados, pero no pueden hablar en voz alta. Están vigilados. El informe de SIMCI señala que el problema más relevante del parque y que impide la gestión del área protegida es la presencia de cuatro grupos narcoterroristas: Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército Popular de Liberación (EPL) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Solo este año han asesinado en la región de Catatumbo a siete líderes y defensores de derechos humanos, y se han denunciado más de 50 amenazas de muerte por razones vinculadas al narcotráfico, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia (Indepaz). Este clima de violencia hace imposible, según autoridades de la zona, “contar con sedes y puestos de vigilancia en el área protegida”. Esto ha generado grandes vacíos de información sobre cómo abordar el problema.
El territorio siona, ubicado en el Putumayo ecuatoriano y colombiano, y el territorio cacataibo de Santa Martha, localizado en la selva central peruana, enfrentan el mismo problema: la deforestación y la violencia. En ambos casos, las imágenes satelitales muestran a las comunidades indígenas como pequeñas islas de bosques rodeadas de coca.
“Lo que hemos observado en el Putumayo es que las figuras de los territorios indígenas representan un tipo de barrera a la deforestación”, dice María Olga Borja de Ecociencia. Según la científica, la vigilancia que ellos mismos realizan ha contenido la transformación acelerada de su territorio, pero no es suficiente. Para la experta urge la presencia de las autoridades ecuatorianas y colombianas.
“La mayor deforestación la observamos en los márgenes del territorio indígena, pero con el paso de los años se observa mayor desbosque dentro de ellas”, agrega Borja. En Buenavista, la comunidad siona ubicada en Colombia, los últimos datos de SIMCI indican que hubo 172 hectáreas deforestadas para el cultivo de coca en el 2019.
La protección de los territorios se da a pesar de que estos no cuentan con título de propiedad, como es el caso de Wisuyá, el territorio siona asentado en Ecuador. “Desde la parte normativa, los territorios indígenas siguen desprotegidos”, comenta Pedro Tipula, especialista del Instituto del Bien Común (IBC) en Perú, quien resalta que en este país solo el 30% de las comunidades nativas están registradas, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). “E incluso si lo están, a veces solo se encuentra un plano o una memoria descriptiva, pero no se cuenta con un expediente completo. Tienen títulos imperfectos”, agrega Tipula.
Por ejemplo, Santa Martha, la comunidad indígena cacataibo en la selva central peruana en la que se enfoca este especial, cuenta con titulación de sus más de 14 mil hectáreas a diferencia de otros territorios cacataibo vecinos, pero al no tener planos georreferenciados en campo que precisen cuál es el área de uso comunal, la deforestación avanza con total impunidad. Pedro Tipula dice que desde el 2008 se conocía de los problemas de invasión de pobladores ajenos en las comunidades cacataibo como Santa Martha. “El área que la localidad pedía como ampliación de su territorio ahora está lotizada con predios individuales. Son esas áreas las que ahora están deforestadas”, acota el especialista.
La violencia es una constante en la zona y el aislamiento de la pandemia no ha frenado esta situación: el 12 de abril asesinaron en las inmediaciones de Santa Martha a Arbildo Meléndez, jefe indígena de Unipacuyacu, comunidad colindante. A mediados de octubre último, un indígena de Santa Martha que ha denunciado repetidas veces la deforestación fue víctima de un intento de homicidio en la fiesta de su comunidad. Él es uno de los protagonistas de este especial y por seguridad su nombre ha sido protegido. “Durante la pandemia las actividades ilegales han seguido operando y con mucha mayor libertad”, señala Tipula de IBC. La últimas cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que la superficie cultivada en comunidades nativas en el Perú creció un 22% entre el 2016 y el 2017, con un total de 3.366 hectáreas.
“Estas personas dedicadas a la droga ya saben bien las deficiencias del Estado. No se hace nada con que un fiscal vaya a constatar”, declara el fiscal provincial de la Fiscalía Especializado en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, José Luis Guzmán Ferro. Para el fiscal, el problema tiene que abordarse de una forma más radical, con una acción contundente y de fuerza dirigida a destruir todos los sembríos ilegales y la producción que las bandas tienen almacenada.
Las batallas perdidas en las áreas protegidas
Dos de los cuatro espacios en los que nos hemos enfocado para este especial son áreas protegidas: el Parque Nacional Catatumbo Barí en Colombia, una de las mayores categorías de resguardo de un territorio, y la laguna Concepción, que cuenta con la categoría internacional de protección conocida como sitio Ramsar. Estas denominaciones han sido débiles frente al avance de la deforestación.
El sistema SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó en junio pasado que en los parques nacionales naturales de Colombia el cultivo ilegal de hoja de coca se encuentra en 14 áreas protegidas, lo que representa 6.785 hectáreas. Aunque el documento indica que, con respecto al año pasado, se registra una reducción del 13,5%, esta no es la situación del Catatumbo Barí.
Según la entidad de la ONU, en tres áreas protegidas de Colombia se concentra el 53% de los cultivos de coca registrados en parques para el 2019: Sierra de la Macarena, Nunak y el Catatumbo Barí. En este último hubo un crecimiento del 66% con respecto a lo detectado en el 2018 y se ha convertido en el área protegida más afectada de este país con 1.448 hectáreas sembradas, como mencionamos líneas arriba.
Además, los cultivos ilegales aumentaron en la zona de amortiguamiento del parque. A menos de cinco kilómetros del área intangible, la superficie despejada y cultivada ha crecido en un 51% con respecto al año anterior.
La vulneración de los espacios protegidos es evidente también en Bolivia. El análisis satelital muestra el impacto de la pérdida de vegetación nativa alrededor de la Laguna Concepción. La extensión de esta área es de 130 mil hectáreas y en el 2010, ocho años después de su declaración como sitio Ramsar, contaba con 14.714 hectáreas deforestadas por actividades ganaderas y agrícolas, según el Observatorio para la Conservación del Bosque Chiquitano.
En el 2019 esta deforestación llegó a 34.094 hectáreas. Si el plan de manejo del área protegida no se actualiza en los próximos meses y las medidas de control por parte de la Gobernación de Santa Cruz no se hacen efectivas, el Observatorio para la Conservación del Bosque Chiquitano estima que se perderán 74.841 hectáreas para el 2050. Esto es más del 50% del área protegida. “Se nota una desprotección del área, ya que este tipo de actividad agrícola es permitida. Sin embargo, creo que esta gran agricultura mecanizada tendrá serios impactos sobre la laguna”, comenta Mikaela Weisse de Global Forest Watch.Los líderes indígenas de Santa Martha estiman que a la fecha hay unas 600 hectáreas de bosques primarios deforestados. Foto: Comuneros de Santa Martha.
Para las colonias menonitas, la agricultura a gran escala es su principal fuente de ingreso y el bosque el obstáculo para alcanzar su meta. En Bolivia se han convertido en un gran motor de deforestación al ampliar la frontera agrícola para la siembra de soya y sorgo.
En tanto, en Ecuador, el gobierno puso en marcha en el 2010 una estrategia para proteger el territorio fronterizo en el Putumayo sin considerar la opinión de los indígenas siona. Ese año, el Ministerio del Ambiente anunció la creación del Bosque Protector del Triángulo de Cuembí, un área protegida de 104 238 hectáreas que sería controlada por las Fuerzas Armadas. Esta decisión fue rechazada de inmediato por las comunidades indígenas, entre ellas la de Wisuyá, por no haber sido consultadas. En julio de este año, tras la demanda interpuesta, la Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de los siona y declaró que esa designación había sido inconstitucional.
Entre 2010 y 2017, mientras seguía vigente el área protegida de Cuembí, la pérdida de bosque se disparó. De acuerdo con los datos de deforestación que Ecociencia ha analizado, esta creció en más del 100 %. En el 2010 se devastaron 234 hectáreas, en el 2017 alrededor de 526 y un año más tarde, en el 2018, se contabilizaron 477 hectáreas perdidas. “La declaración no parece reducir en ningún grado la tendencia en la deforestación”, comenta María Olga Borja de Ecociencia. La especialista agrega que en los últimos años ese incremento ha terminado por afectar parte del territorio de la comunidad siona.
En estos espacios la protección siempre se ha gestionado desde las comunidades indígenas que viven en el área, como la de Wisuyá. En el tiempo en el que no existía la figura de bosque protector, la deforestación existía, pero a un ritmo mucho menor. Un año antes de la creación del Triángulo de Cuembi, este desbosque sumó 190 hectáreas, un 39% de la mencionada cifra alcanzada en el 2018.
Las cuatro historias reunidas en este especial cuentan la historia detrás de los mapas, para entender cuáles son algunos de los motores de la deforestación que posicionan a algunos países de América Latina en la lista mundial de los que más bosque primario han perdido en los últimos años. Las imágenes satelitales han sido el punto de partida para llegar al fondo de un problema que se repite en muchos de ellos: deforestación, violencia, invasiones, cultivos ilegales y falta de fiscalización.
