Rocío Corrales: Texto, fotos, video e infografías
“Es hermoso ver alegre al bosque, es como si también reverdeciera la esperanza”.
Marcos Tomichata, cacique máximo de la comunidad de San Antoñito, municipio de San Ignacio de Velasco -el más afectado en Santa Cruz por los incendios forestales este año- recuerda que hace un año los árboles ardían y las mareas de humo amenazaban a las más de 30 familias que habitan esta zona. Para su tranquilidad, este año, gracias a las alertas de los comunarios, el fuego fue controlado y no afectó los cultivos ni el ganado.
“Este año los incendios no llegaron aquí, pero las sequías y falta de lluvias a causa de los incendios sí nos han golpeado en todo sentido, aunque ahora todo vuelve a reverdecer porque está empezando a llover”, dice al son del chillido de las aves.
En San Ignacio de Velasco, corazón de la Chiquitania boliviana, la gente reza por lluvias ante las prolongadas sequías. Ahora, a pesar de que algunas comunidades fueron afectadas por los incendios, otras tantas se reponen y celebran la llegada de una primavera tardía que se esfuerza por pintar de verde aquello que antes solo era restos de árboles y pastizales.
En esta tierra colorada, la mayoría de las propiedades cuentan con extensas pasturas para alimentar ganado. Con una joroba a la altura de los hombros, cuernos cortos, orejas caídas y un repliegue en la piel que le cuelga hacia abajo desde la garganta, el cebú es una raza vacuna muy común por esta zona.
San Ignacio de Velasco es, hasta ahora, el municipio más afectado por incendios forestales para este año en Santa Cruz. El municipio chiquitano más grande y capital de la provincia Velasco se encuentra a 476 kilómetros al sureste de la capital, Santa Cruz de la Sierra; alberga gran vegetación del Bosque Seco Chiquitano y ostenta el título de “Capital del cebú” por su crecimiento en el área pecuaria y de alta genética.
La región velasquina se sitúa en el primer lugar en la producción de ganado en Santa Cruz. A excepción de este año por la pandemia, desde hace décadas, una cabalgata con cientos de jinetes marca la apertura de la vitrina comercial más grande de la Chiquitania: la Feria Exposición de San Ignacio de Velasco (Fexposiv), que comprende -sobre todo- a sectores pecuarios.
En 2013, el municipio San Ignacio de Velasco contaba con 397.713 cabezas de ganado bovino, según datos del Censo Agropecuario. Actualmente triplicó las cifras. También registra 347 mil hectáreas de tierra quemada hasta octubre de 2020, de acuerdo con el reporte del El Sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales (Satrifo) de la Gobernación, que se diferencia de Fundación Tierra, que reportó 197 mil hectáreas incendiadas hasta septiembre.
Para investigadores y activistas, no es casual que las mayores zonas ganaderas de Bolivia presenten las superficies más altas de incendios. Al contrario, esta relación -aseguran- se debe a la necesidad de habilitar más tierras para la producción pecuaria. Por los datos de la Fundación Solón y Fundación Amigos para la Naturaleza (FAN), la deforestación por ganadería se produce recurrentemente en la Chiquitania (en las cercanías de San Ignacio de Velasco, Concepción, San José de Chiquitos y Puerto Suárez), y posteriormente en la provincia Vaca Diez del departamento de Beni.
De 2000 a 2010 la producción pecuaria fue responsable del 52 por ciento de la deforestación en el país. Si se toma en cuenta solamente el quinquenio de 2005 a 2010, el 60 por ciento de la deforestación en Bolivia sería producto de actividades ganaderas. El impacto se incrementa de manera significativa a medida que se concretan acuerdos de exportación de carne a China y otros países.
Según las observaciones de la Fundación Tierra, parte significativa de los incendios de 2019 ocurrieron en zonas de ampliación de la ganadería extensiva. “Se puede advertir que más de la mitad del área incendiada se encuentra en las propiedades ganaderas y tierras fiscales. Los incendios en las zonas adyacentes a la frontera con Brasil, como en San Ignacio de Velasco y San Matías, sugieren que grandes ganaderos están habilitando tierras fiscales mediante la quema”, refiere el último informe de esta institución.
El cacique Marcos Tomichata asegura que las grandes empresas son responsables de desmontar hasta 15 mil hectáreas para el ganado. Por ello cuestiona que estas cantidades no sean sancionadas por las instituciones a cargo de regular el uso de los suelos.
“Nosotros somos conscientes que nuestros bosques son áreas que tenemos que proteger. Para las comunidades que habitan la Chiquitanía hay un tope de áreas que pueden ser chaqueadas, y lo hacemos con consciencia”, afirma.
La ampliación de la frontera ganadera
La directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) Santa Cruz, Sheyla Martínez, dice que la habilitación de tierras para la crianza de ganado bovino está realizada con perspectivas de exportación a partir de razas especializadas para la obtención de carne. “Esta deforestación es netamente para ganadería”, sugiere.
Por su parte, el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, considera que algunos incendios son provocados y que hay una intencionalidad directa de afectar bosques para convertirlos en propiedades ganaderas. Este factor se acentúa con el hecho de que muchos empresarios del rubro se sienten con derechos propietarios plenos sobre esas tierras porque han logrado consolidar derechos agrarios mediante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para obtener títulos de propiedad de nuevas zonas; hechos que también incentivan la expansión indiscriminada de zonas ganaderas y, por lo tanto, las prácticas de tala, quema y asentamiento en nuevas tierras.
“Las tierras del Estado no son protegidas por los Gobiernos departamentales ni nacionales. Esas tierras están siendo disputadas, poco a poco apropiadas, hay gente que se cree dueña y empieza a quemarlas frente a la permisividad estatal”, agrega.
Los asentamientos de nuevas comunidades que llegan a la Chiquitania también son responsables del desmonte. La Ley 741 o Ley de autorización de desmonte autoriza la entrega de hasta 20 hectáreas “para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias”. Aunque, según las fuentes consultadas, el nivel de incidencia es menor frente al de la ganadería.
Incendios: una espiral sin fin
Hasta octubre de este año se registraron más de 4 millones de hectáreas quemadas en todo el país. Esta superficie es equivalente al departamento de Tarija, a todo el territorio de Suiza o el doble de la superficie de El Salvador.
Las tierras desmontadas y deforestadas se convierten en enormes cantidades de combustibles, una bomba de tiempo ante el más mínimo indicio de fuego; mucho más en lugares como la Chiquitania, donde la temperatura está por encima de los 30 grados y los vientos por encima de los 60 kilómetros por hora. Por ejemplo en invierno, en San Ignacio de Velasco, por la cantidad de combustible existente por los desmontes, cualquier chispa provocaría un incendio incontrolable, una fórmula recurrente en las tierras bajas del país, caracterizadas por incendios en zonas reincidentes.
“En la Chiquitania no solo se quema para habilitar nuevas tierras para ganadería, sino también para regenerar los pastos destinados al pastoreo extensivo”, dice la directora de Cipca, apuntando a un segundo factor de desmonte relacionado con el sector ganadero.
Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, señala que el principal sector productivo involucrado en las zonas de los incendios es el de las instancias ganaderas. Cuenta que el hábito de quemar pastizales cada año, para el rebrote de pastura que alimenta al ganado, es una práctica obsoleta capaz de transformarse en focos de nuevos incendios descontrolados.
Los focos de calor provocados por la ganadería bovina se deben a la regeneración de pastura, con el objetivo de quemar pastos viejos y secos, y contribuir a que broten nuevos forrajes para alimentar el ganado; también para afectar bosques, propiedades fiscales y sentar presencia ganadera. Finalmente, expandir zonas pecuarias, para satisfacer las expectativas de exportación de carne.
Los efectos climáticos
La Comunidad Cotoquita está al sur del municipio San Ignacio de Velasco y es afectada por los incendios frecuentemente. Alvarado Céspedes, quien vive por años aquí con su familia, cuenta que la crisis del agua se agudizó a causa de los recurrentes incendios.
Zonas boscosas en la comunidad de Cotoquita, al sur del municipio San Ignacio de Velasco
En este territorio, la época seca se torna cada vez más larga e intensa en cuanto a la falta de lluvias. Las comunidades enfrentan periodos de escasez de precipitaciones por más de seis meses durante los últimos años.
“El año pasado hubo ayuda humanitaria para el municipio y se les entregó tanques para que en la época seca puedan almacenar agua, pero el gran problema de este año es que no hubo agua para llenar esos tanques. No había de dónde sacar agua”, lamenta Sheyla de Cipca.
Instituciones dedicadas al análisis de la problemática ambiental y de los recursos naturales, tales como el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, Fundación Solón y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), coinciden en que la deforestación acelerada en el departamento de Santa Cruz para la ampliación de la frontera agropecuaria profundiza los efectos del cambio climático. Esto se refleja en eventos extremos como sequía e incendios.
Por su parte, Alcides Vadillo, abogado agrarista, considera que la deforestación se traduce en pérdida de bosque y por lo tanto en pérdida de humedad. “Comparando los años 2000 al 2015, la región de la Chiquitania perdió 15 por ciento de humedad y los dos últimos años los impactos se agudizaron. Hay una relación directa entre bosques y agua: menos bosque, menos humedad; menos bosque, más intensa y largos los periodos de sequía”, explica.
Los impactos ambientales referentes a la producción pecuaria intensiva no se reducen únicamente a las millones de cabezas de ganado que emiten diariamente gases de metano, sino también a pérdida de biodiversidad, desertificación de los suelos y efectos negativos en los ciclos hidrológicos.
Un comunario observa la reducción del agua en los atajados de su comunidad
La directora de Cipca recuerda que en municipios como Guarayos, desde el año 1981 al 2018 el aumento de la temperatura se registró en 0,5 centígrados y se redujo la precipitación pluvial con – 13 por ciento de humedad en la zona.
Cuando se repiten los incendios en las mismas zonas, los suelos se degradan y pierden biodiversidad. “Mayormente crecen malezas y arbustos fibrosos propios de zonas desiertas y se va perdiendo la calidad boscosa”, dice el director de la Fundación Tierra.
La permisividad estatal
Las fuentes entrevistadas coinciden en que los mayores responsables son las instituciones públicas, que actúan con permisividad frente a las cantidades de tierra desmontada por parte de grandes ganaderos y productores agrarios.
“Estamos en tierra de nadie, donde cualquiera puede venir y puede comprar, hay intuiciones públicas que no regulan, ni sancionan y muchas normas que no se aplican y solo profundizan la problemática”, denuncia Sheyla, de Cipca.
Los expertos sostienen la importancia de una ganadería sostenible y resiliente, bajo un manejo semiintensivo, y con el manejo integral de los bosques, con técnicas factibles, y que mejoren la calidad de la carne.
Las alternativas existen. Ahora, es cierto que le sale más barato a un ganadero producir de manera extensiva donde no tiene que estar haciendo división de potreros y utilizar mano de obra para hacer rotar los animales por los potreros, concluye Sheyla, para quien la tarea pendiente es reducir los efectos de la producción pecuaria a gran escala.
*Rocío Corrales es comunicadora social. Este trabajo fue cedido a La Región por la autora. Esta investigación fue realizada en el marco del “Fondo de apoyo periodístico Crisis climática 2020”, que impulsan la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Comunidad en Acción y la Fundación Para el Periodismo.
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