Ivette Sierra Praelli/ Mongabay latam
En los primeros cinco meses de este año se registraron en Bolivia más de 25 274 focos de calor, un 80% más que el 2019 en el mismo periodo. Bajo la sombra de ese año que dejó más de seis millones de hectáreas quemadas, los incendios de este 2020 volvieron a impactar el territorio boliviano, solo que esta vez en medio de una pandemia y sin una estrategia clara para atender esta emergencia.
Aunque la cifra de devastación no igualó a la del año anterior, el daño causado es significativo. Según la Fundación Amigos de la Naturaleza, más de cuatro millones de hectáreas se quemaron en todo el país durante el 2020 y fueron afectados tres de los principales ecosistemas: el Pantanal, el Chaco y la Chiquitanía.
A los incendios se sumaron la amenaza de las actividades ilegales que burlaron los límites de algunas áreas protegidas y el impacto de la sequía que aún afecta al país, y que es considerada una de las más intensas de las últimas dos décadas. Temperaturas por encima de los 40 grados y ausencia de lluvias preocupan a los bolivianos, sobre todo porque los pronósticos indican que esta situación se agudizará en la próxima década.
Esta crisis ambiental, que se vivió en medio de la pandemia del coronavirus que hasta el momento suma más de 9000 fallecidos, 147 000 personas contagiadas y que enfrenta hoy un rebrote con Santa Cruz como epicentro, coincidió con el cambio de mando presidencial.
El 2020 estuvo marcado por estas elecciones presidenciales, luego de una crisis política que en el 2019 terminó con la renuncia del entonces mandatario Evo Morales en medio de masivas protestas nacionales. Tras los comicios del 18 de octubre, el Movimiento al Socialismo (MAS) regresó al poder con Luis Arce Catacora, quien fuera ministro de Economía y Finanzas Públicas durante 12 de los 14 años del periodo de Morales.
Analistas políticos, ambientalistas y científicos conversaron con Mongabay Latam sobre los temas ambientales que marcaron la agenda del 2020. Este es el panorama.
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Lo malo: los incendios forestales y las sequías
“Detrás de los incendios forestales está la expansión agrícola”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). “Es previsible que Bolivia seguirá ardiendo en los próximos años”, agrega en referencia a la responsabilidad que se atribuye tanto a empresarios de la agroindustria como a los gobiernos que dictan normas para autorizar el desbosque de tierras.
De acuerdo con el último reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), hasta octubre de 2020 en base a imágenes satelitales la cantidad de territorio quemado superaba los 4 millones de hectáreas.
Los departamentos de Santa Cruz y Beni registraron la mayor cantidad de pérdida de bosque y cobertura vegetal. En Santa Cruz la cifra alcanzó 1,6 millones de hectáreas afectadas, mientras que en Beni se llegó a 1.9 millones de hectáreas. Aunque los números indican que no se superó la devastación del 2019, la gran cantidad de territorio quemado preocupa a los bolivianos.
“Los móviles son muy grandes y el estímulo de los gobiernos continuará. No buscan otra forma de expandir la frontera agrícola, no hay tecnología, solo apelan al fuego”, agrega Villegas, para quien muchas de las normas emitidas en los 14 años del MAS y las que también se dieron durante el gobierno de Jeanine Añez apuntan a incentivar el cambio de uso de suelo y la reducción de la protección en áreas naturales protegidas.
Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), también considera que los incendios forestales ocurridos durante todo el 2020 están entre los graves problemas ambientales que enfrenta el país.
“Pese a que la ABT [la Autoridad de Bosques y Tierra] emitió una resolución administrativa que prohibía el chaqueo [nombre que se da a las quemas en el campo] y todo tipo de práctica que pueda ocasionar un incendio, estos no se detuvieron”, comenta Maillard.
En agosto de 2020, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra emitió una norma para prohibir las quemas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, con el fin de evitar la propagación de los incendios forestales. Luego, en octubre, esta decisión se extendió a todo el territorio, debido “al incremento de incendios forestales en el país en departamentos que inusualmente presentaban incendios”, como señala un reporte de esta institución.
La ABT también ha informado que durante los incendios lograron encontrar personas que cometieron esta infracción e iniciaron 748 procesos administrativos y 47 denuncias penales ante el Ministerio Público. Hasta el momento, hay 7 sentencias y 10 juicios en proceso.
La magnitud de los incendios obligó al gobierno de Jeanine Añez a declarar Desastre Nacional en el país debido al avance de estos y a la presencia de una intensa sequía durante el 2020.
“La tendencia al futuro es que las sequías serán más extremas y prolongadas. No quiero dar estimados, pero creemos que cada 4 ó 5 años será más severa”, agrega Maillard.
El Chaco boliviano y el Altiplano son los ecosistemas más afectados por este fenómeno. Según un informe de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) la sequía que afecta a Bolivia es la más intensa de los últimos 18 años.
Marlene Quintanilla, directora de investigación y gestión del conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), señala que el 48% del carbono que se pierde en la Amazonía –que incluye a Bolivia– se debe a la degradación de los suelos a consecuencia de los incendios y sequías. “La mitad del año los suelos son un espejo debido a las inundaciones y la otra mitad es una pampa por la sequía”.
La bióloga e investigadora Ximena Vélez-Liendo se refiere a los incendios forestales como el mayor problema ambiental en Bolivia en el 2020. “Los incendios se registraron en las mismas zonas de años anteriores, pero en esta ocasión también ingresó a zona de montaña, que corresponde al ecosistema del chaco serrano con el bosque tucumano”, señala la también directora del Programa para la Conservación de Carnívoros Andinos del Zoológico de Chester, en el Reino Unido.
Vélez-Liendo menciona que los ecosistemas de montaña tardan mucho en recuperarse tras el fuego y lamenta que los incendios en Bolivia se originen de manera intencional. “Es muy difícil que se puedan recuperar estos ecosistemas”.
Los incendios forestales también afectaron las áreas naturales protegidas. Según el informe de octubre del Sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales (Satrifo) de FAN, el 24% del total del territorio boliviano quemado–más de 685 mil hectáreas– se registró dentro de 21 áreas protegidas del país. El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Otuquis, el AMNI San Matías, el Parque Departamental y ANMI Iténez y la Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee fueron las más afectadas.
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Lo trágico: la deforestación y el avance de la agroindustria
El Atlas Amazonía Bajo Presión 2020 publicado hace una semana por la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG) ubica a Bolivia como el segundo país con mayor deforestación en la Amazonía.
Las cifras señalan que entre los años 2001 y el 2019 el país perdió 3 187 800 hectáreas de bosques y cobertura vegetal en la Amazonía por los incendios forestales, la minería ilegal y el cambio de uso de suelo.
“Los incendios tienen origen antrópico y se inician mayormente fuera de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Territorios Indígenas (TI), sin embargo, estos espacios son impactados por el avance del fuego, afectándolos en 25% del total”, explica el informe de RAISG con relación a una de las causas de la deforestación en el país.
Quintanilla señala que por primera vez se ha realizado el monitoreo en toda la cuenca amazónica para analizar la pérdida de los bosques en los últimos 18 años. Menciona que, además de los incendios, la minería ilegal es una de las causas detrás de la pérdida de bosques en Bolivia. “Está creciendo la minería ilegal, sobre todo en la Amazonía de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esta actividad afecta la calidad de agua, a los pueblos indígenas y las áreas protegidas. La contaminación y los impactos sociales son grandes”.
En mayo de este año, Mongabay Latam publicó un especial que daba cuenta de cómo la minería ilegal amenaza las áreas naturales protegidas. De acuerdo con la investigación periodística, la explotación de oro ha cercado al Parque Nacional Madidi, uno de los más biodiversos del mundo. Las inmensas dragas –conocidas como dragones– se observan principalmente en el río Kaká, en la zona de influencia del Madidi.
“El sector minero es muy fuerte con influencia en la política. Los altos precios del oro estimulan su extracción”, comenta Villegas de CEDIB y agrega que los niveles de contaminación por la extracción de oro en los ríos amazónicos son graves.
El Parque Nacional Carrasco, en Cochabamba, ha sido blanco de invasiones incluso durante la pandemia. En marzo de este año se reportó el ingreso de por lo menos 200 invasores, que días después fueron evacuados por las autoridades. No obstante, los ingresos ilegales se presentan durante todo el año y se agudizaron durante la emergencia sanitaria, refieren los guardaparques.
La lideresa indígena Ruth Allipaz se refiere al problema de la deforestación desde lo ocurrido durante la pandemia. “La paralización por la pandemia no ha frenado las actividades extractivas ni la ilegalidad, al contrario, se han intensificado. Las actividades petroleras, la tala de árboles y la minería se aprovecharon de la temporada de pandemia para que, silenciosamente, se instalen en ciertos espacios. El río Tuichi [departamento de La Paz], por ejemplo, está copado por la minería a través de las cooperativas”.
La deforestación causada por los monocultivos también es un problema que avanza en Bolivia. Este año la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch registró solo entre enero y octubre 11 693 alertas de deforestación dentro del Área Protegida Municipal Laguna Concepción, en Santa Cruz. Los responsables de esta pérdida de bosque en una zona altamente biodiversa son las colonias menonitas que manejan grandes plantaciones de soya.
En un reportaje publicado por Mongabay Latam a inicios de diciembre, se precisa que en los últimos 10 años las tierras deforestadas por los menonitas pasaron de 14 714 hectáreas a 34 090 hectáreas dentro del área protegida.
Según la investigación, algunas propiedades ubicadas dentro del área protegida lograron la aprobación de planes de desbosque, permisos que son entregados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).
“Uno de los grandes problemas para los ecosistemas es el cambio en el uso de tierras”, comenta Vélez-Liendo, quien agrega que esta transformación es el paso siguiente a los incendios que, en su mayoría, han sido provocados. “Eso hace que los bosques se fragmenten más y sean menos amigables para la vida silvestre. Y para nosotros es una lucha con las personas que venden la tierra y traen ganado”.
Rubén Darío Arias Ortiz, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) califica el 2020 como un año “funesto”. Al líder de la organización indígena y campesina le preocupa que la llamada reactivación económica esté dirigida hacia las actividades extractivas y el agronegocio. “No se están respetando los territorios ni la autonomía indígena. Ahora, los nuevos asentamientos humanos se están dando sobre áreas quemadas y se ha bloqueado a los pueblos indígenas cuando han querido ejercer su autonomía”.
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Lo polémico: los transgénicos
“Este ha sido un año duro por la presencia de la pandemia que nos está dejando un mensaje de cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza. La agroindustria no es una respuesta para nuestra economía. El agronegocio ha demostrado que no aporta a la alimentación saludable. Es un modelo que no alimenta”, comenta Miguel Ángel Crespo, director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma).
Crespo considera que la pandemia debería ser una oportunidad para que los países ricos en biodiversidad protejan los alimentos nutritivos y puedan dar un salto tecnológico para su producción. “Debemos avanzar hacia un modelo realmente sostenible. Nuestra gran defensa es la biodiversidad”, comenta Crespo.
El experto se refiere, sobre todo, a las normas que le abren la puerta al uso de semillas transgénicas. En mayo del 2020, el gobierno de Jeanine Añez emitió un decreto que permite “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”.
Con esta decisión se autoriza el uso de semillas transgénicas para estos cinco cultivos. La norma se suma a otras emitidas en el 2019 durante el gobierno de Evo Morales que autorizaba el uso de nuevas variedades de semillas transgénicas para la soya.
“Esta norma abrió las puertas a los transgénicos para varios cultivos. Y en el caso del maíz es inconstitucional. Esto afectará la soberanía y la seguridad alimentaria”, cuestiona Crespo.
El biólogo Vincent Vos, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), señala que existe un fuerte reclamo en Bolivia por el uso de semillas transgénicas. “En Bolivia se habla del paquete del ecocidio que corresponde al gobierno de Evo Morales y continúa con Jeanine Añez. La prueba ha sido la agilización para que se utilicen transgénicos no solo en un cultivo, sino en cinco, incluyendo el maíz, del cual Bolivia es el centro de su diversidad”.
En junio de 2020, el gobierno de Jeanine Añez aprobó una segunda norma ligada a los transgénicos. En esa ocasión se trataba de plantines de eucalipto que, según el documento que aprueba su importación, “forma parte de un paquete tecnológico que será introducido en las plantaciones forestales” y se precisa el uso de “material genético con características inmunológicas más fuertes”.
La preocupación en este caso para expertas como Nataly Ascarrunz, directora del Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF), es que estos árboles transgénicos se siembren en grandes extensiones de tierras, como ocurre con la soya, uno de los monocultivos impulsados por el agronegocio.
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Lo preocupante: los primeros días del MAS
Una campaña electoral que prácticamente dejó de lado el tema ambiental terminó en octubre con la elección de Luis Arce Catacora, del Movimiento Al Socialismo (MAS) el partido liderado por el ex presidente Evo Morales que estuvo en el poder durante 14 años hasta noviembre de 2019.
El tema ambiental estuvo relegado, pese a que los incendios forestales del 2019 y la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia habían despertado el interés por estos problemas en el país. Tras el triunfo de Arce, el investigador en temas ambientales Marco Gandarillas señaló que el nuevo gobierno del MAS se sustentará en un crecimiento económico generado por las actividades extractivas con efectos ambientales muy fuertes.
“Este nuevo gobierno no se ha diferenciado del gobierno de Evo Morales y tampoco del transitorio de Añez”, dice Miguel Ángel Crespo de Probioma. Cuestiona, por ejemplo, que la política ambiental del MAS impulse la exportación de soya y carne, principalmente a China, pues esto genera presión sobre la Amazonía.
Crespo señala también que hasta ahora no se ha derogado ninguna de las leyes llamadas incendiarias, es decir, las normas emitidas durante los gobiernos de Morales y Añez que promueven el avance de la frontera agrícola y autorizan las quemas controladas.https://www.youtube.com/embed/R8QtOJ-lDGQ
A esto hay que añadirle la amenaza latente de grandes proyectos hidroeléctricos que se han frenado por la presión social, pero que podrían reactivarse el próximo año. Las represas Rositas, Chepete-El Bala y Cachuela Esperanza son algunos de los proyectos que están detenidos. “Si bien la venta de energía genera ingresos, el costo por los impactos negativos a los bosques y la Amazonía son más altos que los beneficios”, explica Quintanilla de FAN Bolivia.
Jenny Gruenberger, asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente –una organización civil que coordina con 140 instituciones y gremios ambientalistas de Bolivia– señala que el actual modelo de desarrollo de Bolivia es también el modelo que se sigue en todo el planeta. “Es un modelo a corto plazo que no asume que el planeta tiene límites específicos. Pero, además, el país está padeciendo por este modelo, y ya lo estamos viviendo”.
Gruenberger agrega que es importante lograr que se mire con ‘otros lentes’ la perspectiva de país. “Cómo alcanzar el paradigma de sostenibilidad y hacia dónde tenemos que ir es una tarea titánica y urgente cuando vemos que el planeta entero está entrando en crisis”, precisa.
Lo bueno: mayor conciencia ambiental en la población
“Hay mayor conocimiento e interés de la población sobre los problemas ambientales”, asegura Oswaldo Maillard, del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano. “Las personas preguntan. Hemos recibido muchas interrogantes en nuestras redes sociales. Vemos que se ha despertado interés”.
Maillard también destaca el uso de la tecnología durante la pandemia para difundir información ambiental relevante. “Hubo muchos eventos virtuales de información acerca de los incendios y de la deforestación. Hay mejor información y se buscan fuentes serias en las que se pueda confiar”, señala.
El biólogo Vincent Vos aporta en el mismo sentido. “Existe mayor conciencia de la población (…) cuando empezaron las elecciones, surgieron voces exigiendo propuestas serias con enfoque ambiental”.
La investigadora Ximena Velez-Liendo destaca el logro alcanzando en términos de biodiversidad, considerando las nuevas especies descritas en el país. “Hubo descubrimiento de ranas, de orquídeas, de helechos, que son nuevas para la ciencia. Como país es una gran noticia que, a pesar de momentos críticos, estos avances nos llenan de alegría y esperanza”.
Este año, desde los gobiernos regionales y locales se avanzó también con la protección de ecosistemas únicos. El Municipio de Villa Vaca Guzmán, por ejemplo, creó el Área Natural de Manejo Integrado Municipal Serranías de Igüembe, en el departamento de Chuquisaca.
