La Región
Comunidades indígenas de Turubó Este, una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) chiquitana, denunciaron una demora en la resolución del proceso judicial relacionado con la obstrucción del cauce del río San Lorenzo, y solicitaron que el Tribunal Agroambiental adopte medidas para evitar mayor retardación de justicia.
La denuncia fue presentada por Wilson Hurtado, primer cacique de la comunidad Buena Vista, el 25 de agosto de 2026, dentro del proceso iniciado en 2021 por “Responsabilidad Ambiental por Daños Causados al Medio Ambiente, la Biodiversidad y la Salud Pública”, identificado con el expediente 6755/2026. El mismo que fue resuelto en noviembre pasado.
El documento señala como denunciada a Rocío Vásquez Noza, magistrada relatora de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental, a quien atribuye una presunta “demora culpable” en las actuaciones judiciales.
Un proceso que lleva más de cinco meses en casación
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la demanda, el Juzgado Agroambiental de Roboré, mediante la Sentencia 06/2025, del 27 de noviembre de 2025, declaró probada la demanda de Responsabilidad Ambiental presentada por Hurtado en representación de la comunidad mencionada.
La resolución dispuso, entre otras medidas, la rehabilitación y restitución del cauce del río San Lorenzo, el retiro de infraestructuras identificadas como puntos P1 y P2 y el resarcimiento por los daños morales y materiales a las comunidades indígenas Buena Vista, San Juan, Entre Ríos, Ramada e Ipiás; situadas tanto pertenecientes a la TCO Turubó Este.
La sentencia fue impugnada mediante un recurso de casación presentado por Raúl Añez Campos y Marcos Andrés Maggi. El recurso pasó a conocimiento de la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental el 2 de marzo de 2026.
Según la documentación presentada por el representante de las comunidades, desde ese entonces transcurrieron más de cinco meses sin que se hubiera emitido la resolución correspondiente del recurso legal.
El escrito también señala que la magistrada solicitó un informe técnico y que este fue producido en abril de 2026. Sin embargo, de acuerdo con el documento citado, el proceso continuaba sin una resolución.
Piden cambiar la relatoría
Ante esta situación, Hurtado presentó además un memorial ante la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, en el que solicita la revisión de las actuaciones procesales y, en su caso, la redistribución de la relatoría a otra magistrada o magistrado.
El representante indígena también pide que se reanude el plazo para resolver el recurso y que se adopten las medidas necesarias para que el proceso avance.
La documentación fue recibida por el Tribunal Agroambiental el 25 de agosto de 2026, según el sello visible en el memorial.
Para las comunidades, la demora tiene consecuencias que van más allá del ámbito legal, debido a que mientras no exista una resolución definitiva sobre el recurso, permanece pendiente la ejecución de las medidas dispuestas en primera instancia para la recuperación del río San Lorenzo.
El caso involucra a comunidades indígenas de la TCO Turubó Este que, según los antecedentes de la demanda, denunciaron afectaciones vinculadas con la obstrucción del cauce del río y la consecuente falta de agua.
La denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura deberá seguir el procedimiento correspondiente para determinar si existió o no responsabilidad disciplinaria por parte de la magistrada señalada.
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