“No van a entrar solo las autoridades. Si ellos entran, entramos todos”, dijeron al unísono los casi 100 indígenas de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este, en respuesta al responsable de la hacienda ganadera San Lorenzo, que quiso impedir su paso el 3 de noviembre del año pasado. El capataz trataba de evitar que los indígenas ingresaran para examinar el río que cruza la propiedad.
El motivo de la rabia de las personas era claro: el río San Lorenzo, que atraviesa su tierra comunitaria, la hacienda y algunas otras propiedades privadas, se secó. El afluente, antes lleno de agua cristalina, que abastecía a comunidades y haciendas con líquido para beber, lavar, bañarse y hasta pescar, se convirtió en un hilo de agua en algunos tramos y, en otros, simplemente desapareció. “Nunca vimos que se secara el río; tantos años de no verlo así y de pronto pasó. Los habitantes de San Juan y Buena Vista —comunidades de la TCO Turubó Este— gritaron y denunciaron, porque es el líquido elemental para nosotros y para nuestros animales”, cuenta Julio Socoré, presidente de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T).
Se llevaron una gran sorpresa cuando lograron entrar a la hacienda y comprobaron por qué el agua no llegaba a las comunidades. Los propietarios del predio San Lorenzo habían construido una pequeña represa con un molino de agua y esta solo permitía que un pequeño hilo de agua siguiera su curso.
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Desviar agua para saciar la sed del ganado
Cerca de cinco años atrás ya se había escuchado que algunas propiedades privadas habían construido pequeñas represas —o atajados como son llamados localmente— en el río San Lorenzo, que atraviesa la TCO Turubó Este, una propiedad colectiva del pueblo indígena Chiquitano con 101 120 hectáreas, ubicada en el municipio de San José de Chiquitos, departamento de Santa Cruz. Cuando el río se secó, los indígenas lo recordaron, y el 3 de noviembre de 2020 se organizaron para explorar cuenca arriba y ver qué había sucedido.
“Decidimos encontrarnos todos en Taperas [comunidad fuera de la TCO]. De ahí nos fuimos a la hacienda San Lorenzo y hablamos con el encargado”, dice Clovis Melgar, indígena que vive en la comunidad La Ramada. En ese momento recibieron la negativa del capataz de la hacienda aunque, a regañadientes, el hombre finalmente los dejó entrar.
Cuando llegaron al río verificaron que el dueño de la propiedad había “cercado el curichi [pantano en las nacientes de agua], le metió relleno a todo y dejó un espacio para meterle tubería para su molino, para bombear agua”, comenta Melgar. Así se formó una gran laguna con el agua represada. Según él, la represa estaba siendo utilizada para almacenar agua y llevarla hacia potreros alejados del río, donde pastaba el ganado.
De acuerdo con Ronald Zeballos, uno de los fundadores de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó (CCICH-T) y hoy concejal de San José de Chiquitos, a pesar de las dificultades climatológicas de los últimos años, la ganadería en la hacienda San Lorenzo aumentó y actualmente hay cerca de 3000 cabezas de ganado vacuno, lo que genera una enorme necesidad de consumo de agua pues una vaca necesita cerca de 40 litros de agua al día. “El molino que había en la represa de San Lorenzo tenía una tubería de 4 o 5 pulgadas y transportaba el agua a 6 km de distancia, hacia unos grandes potreros que tienen allá”, afirma.
Durante los últimos dos años las precipitaciones en la zona disminuyeron y la región fue afectada por grandes incendios forestales pero, para el concejal, el factor decisivo para secar el río fueron las represas que se hicieron para darle agua al ganado.
En la misma hacienda, continúa Zeballos, los potreros no tienen protección para evitar que las vacas lleguen hasta las nacientes. Clovis Melgar lo confirma y explica que los animales andan sueltos y “el ganado pisotea y pisotea, y al final el piso termina compactado. Acaban con los ojos de agua”.
Pero la hacienda San Lorenzo no era el único problema. El predio El Cerrito, que existe desde antes de la creación de la TCO Turubó Este, también tenía una represa con un molino de agua. El 2 de noviembre de 2020, luego de que los indígenas denunciaron ante sus autoridades sobre la existencia de esta represa, algunos de ellos fueron y la abrieron.
Sin embargo, días después el propietario represó nuevamente el río utilizando tierra, palos y bolsas de tierra, cuenta Lorenzo Pinto, Secretario de Tierra y Territorio de la CCICH-T. De esta manera hizo subir el nivel de la represa y consiguió mover su molino de agua. “El 5 de noviembre de 2020 fuimos entre varios a ver cómo estaba ese atajado [represa] y el dueño no quería dejarnos pasar, pero la gente estaba con sed”, dice. Después de presionar, las comunidades indígenas entraron a la finca.
Al ver la represa, la gente le dijo: “o la deshace usted o la deshacemos nosotros. Él no quería, entonces la gente se metió al agua a sacar los palos y bolsas y así deshicieron la represa. Es que cuando la gente se enoja es grave”, cuenta Pinto.
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Las acciones de la autoridad ambiental
La denuncia sobre las represas que secaron el río San Lorenzo en la TCO Turubó Este llegaron a conocimiento de la Subgobernación de la provincia Chiquitos y del Gobierno Municipal de San José, quienes la elevaron a la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la autoridad ambiental en el departamento de Santa Cruz.
El 10 de noviembre la Secretaría realizó una inspección técnica con especialistas de la Dirección de Calidad Ambiental. Casi 30 personas —entre autoridades de la CCICH-T, indígenas de la TCO, representantes del Comité Cívico (institución de la sociedad civil que defiende los intereses de la comunidad), el Subgobernador de la provincia Chiquitos, el alcalde de San José y sus equipos técnicos— partieron hacia la hacienda San Lorenzo.
En el lugar “se evidenció la construcción de un terraplén en forma transversal al río, que sería un camino de acceso a la propiedad. Al no tener una alcantarilla del diámetro adecuado, bloqueaba el agua”, afirma Karol Vivancos, técnica de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. De esa forma, el sedimento fue tapando cada vez más la alcantarilla y formó el embalse. Mientras que río abajo el agua iba disminuyendo, la sed de la gente iba aumentando en una época de gran sequía en la región.
En la inspección no se encontraron tubos que demostraran el traslado de agua a lugares lejanos pero, según explica Vivancos, se comprobó la existencia de una rueda de agua que no estaba en funcionamiento.
Después de la visita la autoridad ambiental elaboró un informe técnico donde le pidió al dueño de la hacienda que aplicara medidas correctivas y de restauración del cauce natural del río y lo obligó a mantener el caudal ecológico. Además, la Secretaría pidió la implementación de acciones de protección para las nacientes de agua dentro de la propiedad.
Días después el propietario de la hacienda San Lorenzo informó que haría limpieza y restauración de la zona, especialmente del área sedimentada y que “implementaría alcantarillas de mayor diámetro para no perturbar el caudal natural de ese curso de agua”, menciona la técnica Karol Vivancos.
El área legal de la autoridad ambiental determinó que no era necesario iniciar un proceso administrativo en contra del dueño ya que, de acuerdo con el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, las obras realizadas para la construcción del terraplén sobre el río no requieren una licencia ambiental y solo se exige la restauración de los posibles daños causados.
Según explica el abogado ambiental Ricardo Saucedo, estas obras “dentro de una propiedad agropecuaria efectivamente no están sujetas a la evaluación del impacto ambiental”, por lo que la autoridad ambiental puede recomendar acciones, pero no tiene la fuerza o autoridad para sancionar posibles efectos negativos.
El abogado explica que, desde la visión legal, la construcción de la represa no es ilegal porque no hay una norma que lo prohíba pero que dentro de la legislación boliviana esto es una falencia. Saucedo está convencido que se necesita una regulación sobre agua porque “cada vez habrá más población migrante sobre la Chiquitanía, nuevas comunidades que demandarán agua para uso propio, para sembradíos o para animales, en un ecosistema que tiene una cantidad limitada del recurso”.
El representante legal de la hacienda San Lorenzo no ha reportado avances en la restauración del área, justificando que no ha podido intervenir la zona debido a las lluvias. Debido a esto la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente estudia la posibilidad de iniciar acciones legales. De cualquier forma, como dice Clovis Melgar, “el daño ya está hecho, ya las comunidades se quedaron sin agua. Tuvieron que correr detrás de camiones cisterna que llevaban agua para la gente. Algo que nunca antes se vio [en la zona]”.
La autoridad ambiental solo visitó la hacienda San Lorenzo ya que no hubo ninguna denuncia contra la finca El Cerrito.
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Represamiento y otras causas de la falta de agua
Para Julio Socoré, presidente de la CCICH-T, lo sucedido con las haciendas San Lorenzo y El Cerrito es solo un ejemplo de cómo la disminución de agua en toda la región tiene mucho que ver con el avance del agronegocio, que empuja a los empresarios a priorizar “al comercio, a los recursos y a la ampliación de la frontera agrícola. No les interesa la parte social, el ser humano, con tal que el ganado esté en buenas condiciones para exportar”, se queja. “Están violando los derechos de nuestro pueblo”, agrega.
El investigador Oswaldo Maillard, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, en su artículo ‘Riesgos ambientales en las unidades hidrográficas de las serranías chiquitanas, departamento de Santa Cruz, Bolivia’, cita a las presiones sobre territorios indígenas y la expansión de la frontera extractiva como las principales fuentes de conflictos por uso, acceso y control del agua en Bolivia.
Además, según el informe Pérdida de la Cobertura Natural (1986-2019) y Escenarios a Futuro (2050) en el Departamento de Santa Cruz, del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, entre 1986 y 2019 Santa Cruz sufrió la deforestación de casi 5 millones de hectáreas de sus bosques. La mayor parte de esta pérdida fue para abrir espacios para la agricultura y la ganadería. A su vez, en el mismo período, el municipio de San José de Chiquitos —donde se encuentra la TCO Turubó Este— perdió 261 471 hectáreas de bosque. Territorios que antes eran cubiertos por el Bosque Seco Chiquitano rápidamente fueron convertidos en amplios campos abiertos, preparados para recibir a sus nuevos ocupantes: ganado, soya, sorgo y trigo.
En entrevista con Mongabay Latam y la Red Ambiental de Información, Oswaldo Maillard afirma que, además de la presión de la deforestación y el uso indiscriminado del agua por parte de la agroindustria, el principal factor para que el río San Lorenzo se quede sin agua es la sequía que se viene dando en los últimos cinco años en todo el departamento de Santa Cruz. Esta escasez de agua provocó que simultáneamente las lagunas Concepción y Marfil, además de otros ríos, también vieran reducidos sus niveles de agua. En el caso de la laguna Concepción, investigaciones encontraron que la intensificación de actividades agrícolas y pecuarias de colonias menonitas fueron rodeando poco a poco este espejo de agua.
Todos estas presiones se convirtieron en una bomba de tiempo que pone en riesgo la fragilidad ecosistémica de la zona, especialmente de las nacientes y cabeceras del río San Lorenzo, según dice el investigador Maillard. “Toda pérdida de la cobertura natural en las nacientes traerá consecuencias negativas en la regulación hídrica”, explica Maillard. Y eso es lo que se ha visto en el río San Lorenzo.
Según el abogado e investigador Leonardo Tamburini, el represamiento del río San Lorenzo es una muestra de un conflicto recurrente en la Chiquitania, que unido a los incendios forestales y a la profunda crisis hídrica que atraviesa la región, se agravará con los años.
Para Tamburini, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente aplicó parcialmente el Reglamento de Prevención Ambiental boliviano pues no determinó la responsabilidad ambiental del dueño de la hacienda San Lorenzo. “Claramente las acciones han tenido la intención de solucionar el conflicto con el menor daño para el propietario y calmar los ánimos de las comunidades, pero no se realizó ninguna evaluación ambiental de los daños y, por tanto, tampoco aplicó las sanciones establecidas en la Ley de Medio Ambiente”, explica.
En declaraciones al periódico El Deber, el presidente de la Asociación de Ganaderos de San José de Chiquitos, Adrián Castedo Valdés, afirma que la sequía regional es una situación natural, siendo un ciclo que se repite cada 30 años y que causa conflictos sociales como los vividos en la TCO Turubó Este. Según él, la información sobre las dos represas encontradas en haciendas ganaderas no es correcta y cree que el único objetivo es culpar a alguien por lo sucedido con la disminución del caudal del río.
Intentamos conocer la postura de Raúl Añez Campos, representante legal de la hacienda San Lorenzo, a quien le enviamos una solicitud de entrevista, pero hasta la publicación de este reportaje no obtuvimos respuesta.
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La importancia del río Tucabaca
El río San Lorenzo forma parte de la cabecera del río Tucabaca, cuyo cauce recorre más de 200 kilómetros en medio del Bosque Seco Chiquitano, captando las aguas de arroyos y riachuelos que, finalmente, son depositadas en el Parque Nacional Otuquis, protector del mayor humedal tropical del mundo: el Pantanal. El río Tucabaca es uno de los principales tributarios de este humedal pues no solo le lleva agua sino gran cantidad de nutrientes que alimentan a muchas especies vegetales y animales. “Ahí radica la importancia del cuidado de las nacientes del Tucabaca”, afirma Richard Rivas, director de la Reserva Municipal de Vida Silvestre Tucabaca.
La sequía del río San Lorenzo —causada por las represas o atajados— y de otros arroyos que naturalmente se secaron, “afectaron fuertemente la cuenca del Tucabaca lo cual; junto al cambio climático causó un año [2020] más seco que los anteriores, provocando una deficiencia hídrica muy alta que secó el río en algunas partes”, cuenta Rivas. Según dice, lo que pasa en la parte alta del río, en las nacientes, se refleja en la parte baja, en este caso en el Pantanal.
“Si las comunidades indígenas no se paran para defender lo que es suyo, va a seguir sucediendo lo que vemos hasta ahora: que las propiedades grandes se apropian del agua”, dice Lorenzo Pinto de la CCICH-T. “El agua que estamos peleando no es solo para nosotros, es para el no indígena, para los que viven fuera de la TCO, es para los propietarios de haciendas también. El agua es un tema social”, añade.
Gracias a las denuncias hechas por las comunidades se logró que la autoridad ambiental se hiciera presente y que las represas fueran abiertas. Aunque el agua no volvió a bajar tan cristalina como de costumbre, las personas y los animales pudieron calmar su sed. También cayeron algunas lluvias que aumentaron el caudal del río e hicieron calmar los ánimos caldeados de los habitantes de la TCO. Sin embargo, nada de esto los hizo olvidar que el cuidado de su territorio depende de ellos.
“Esto fue una lección para nosotros, para que sepamos valorar lo que tenemos en nuestras comunidades, como nuestros pequeños arroyos. Una lección para que estemos más unidos, cuidando de lo nuestro. De aquí en adelante los indígenas vamos a tomar medidas para el cuidado de nuestro río”, afirma Clovis Melgar. Mientras tanto, el dueño de la hacienda San Lorenzo sigue sin cumplir con las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y la legislación boliviana sigue careciendo de sanciones ejemplares contra aquellos que acaparen agua en sus predios.
