La Región/ Foto: evh.bo / Proyecto Ivirizu
China ha reconocido que hay problemas ambientales y sociales en sus inversiones en el extranjero y aceptó incluir en su legislación la necesidad de incorporar el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. Tal reconocimiento se dio durante la sesión del 4to Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas debe someterse, cada cuatro años y medio, a un análisis en materia de derechos humanos. Este año, la sesión se llevó a cabo en enero.
En dicha actividad, 161 Estados elevaron 428 recomendaciones al Estado chino para mejorar su desempeño en derechos humanos. Así, el 31 de mayo pasado, el llamado “gigante asiático” dio a conocer sus compromisos voluntarios en este EPU, aceptando diez de las once recomendaciones que recibió sobre sus actividades empresariales en el extranjero.
Específicamente, China aceptó las recomendaciones de Costa Rica y Portugal sobre la necesidad de incorporar el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible en su propia legislación, refiere una nota de prensa del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha).
Esta recomendación es importante, debido al historial de ausencia o debilidad de las evaluaciones de impacto ambiental de las compañías chinas en las inversiones en América Latina. Por ejemplo, el informe del Colectivo mencionado, de noviembre de 2023; encontró que 10 de los 28 proyectos de empresas chinas analizados en la región carecían de evaluaciones ambientales completas y acuciosas; entre ellos, los proyectos mineros San Carlos Panantza (Ecuador) y Buriticá (Colombia), así también la hidroeléctrica Ivirizu (Bolivia).
“Esperamos que aceptar esta recomendación por parte de China sea un paso significativo para contar con evaluaciones ambientales más rigurosas, que incluyan la participación efectiva de las comunidades afectadas”, dijo Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile.
El proceso
Más de 200 organizaciones de la sociedad civil (OSC) contribuyeron con informes detallados en varios campos del 4to EPU de China. Desde América Latina, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas Derechos Humanos y promovió los derechos de las comunidades afectadas por las inversiones y actividades empresariales chinas en el extranjero.
En ese contexto, Chile y España recomendaron al país asiático que garantice un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos, una medida fundamental debido al historial de las empresas chinas de ausencia de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en Latinoamérica.
En Perú, por ejemplo, once defensores y defensoras de derechos humanos de la provincia Cotabambas que participaron de las protestas contra el proyecto Las Bambas, en 2015, enfrentan un largo y desgastante proceso judicial y una posible pena de más de ocho años de cárcel. Lo propio hicieron México, Ecuador, Perú y Camerún, que pidieron asegurar que las empresas chinas respeten los derechos humanos en el extranjero.
Por todo ello, la aceptación por parte de China de las recomendaciones del 4to EPU representa un reconocimiento de los problemas sociales y ambientales asociados con sus inversiones en América Latina.
La implicancia
A futuro, como parte de los próximos pasos, las embajadas chinas en América Latina deberían convertirse en canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y los actores chinos: empresariales, financieros o gubernamentales. Esta medida facilitaría un diálogo oportuno sobre los riesgos, impactos y conflictos ambientales y sociales que surgen en torno a los proyectos, previniendo así un mayor alcance.
Además, es fundamental que las empresas y los bancos chinos que intervienen en América Latina implementen medidas urgentes de gestión de riesgos, y reparación y remediación integral de los impactos negativos causados a las comunidades, e incorporen mecanismos de prevención para evitar la repetición de tales impactos.
Asimismo, la vigilancia constante por parte de los Estados latinoamericanos, en particular de aquellos que hicieron recomendaciones a China en el 4to EPU, será esencial para asegurar que tales planteamientos se plasmen en acciones concretas y efectivas.
