miércoles, noviembre 30, 2022
InicioLA REGIÓNDestacadosCinco claves para entender el conflicto entre pobladores que necesitan una carretera...

Cinco claves para entender el conflicto entre pobladores que necesitan una carretera y los impactos en un área protegida

Buena Vista, Porongo y Tres Cruces exigen la construcción de una vía que, entre otras cosas, les permitirá sacar sus productos agrícolas. El trazo atraviesa un área protegida departamental que -según estudios- garantiza la provisión de agua para Santa Cruz de la Sierra para los próximos años.

El origen

En julio de 2017, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina anunció un crédito por $us 142 millones para la construcción de la carretera kilómetro 13 (La Guardia)-Las Cruces-Buena Vista. En una nota de prensa del diario El Deber de la época, se informa que la Gobernación de Santa Cruz pondría la contraparte de $us 70 millones, con lo cual el monto total de la obra ascendería a $us 200 millones.

Hugo Sosa, por entonces secretario de Obras Públicas del ente departamental, aseguró que la vía venía siendo gestionada desde 2014 por el gobernador Rubén Costas. Asimismo, que se trataba de una ruta aslfaltada de 80 kilómetros de carretera, que beneficiaría a los municipios de La Guardia, Porongo y Buena Vista, además de 10 comunidades “y a productores cruceños”, refiere la citada información.

La autoridad aseguró también que el proyecto contaba con estudios y licencias ambientales y que “no afectará las reservas del Parque Nacional Amboró, tampoco el cordón ecológico del Piraí ni otras áreas forestales”.

El proceso

En abril de este año se organizó una marcha para exigir la construcción del tramo carretero La Guardia (Km 13) – Buena Vista. Los manifestantes llegaron a la Gobernación de Santa Cruz para exigir que se firme un convenio con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para que el proyecto se ejecute.

Por entonces ya se supo de la conformación de un “comité impulsor de la carretera”, cuyos dirigentes anunciaron que el financiamiento estaba garantizado, y que el Gobierno nacional pondría el 70 por ciento, así que solo faltaba el 30 %, que le correspondía a la Gobernación cruceña.

La vía, explicaron los demandantes, era vital para ellos, porque productores de frutas y verduras, entre otros, demoran más de una hora para sacar sus productos por el actual camino.

Tras la medida de presión, a finales de abril, la Gobernación firmó un convenio intergubernativo para viabilizar la construcción. Durante el acto, estuvo el gobernador Luis Fernando Camacho, según refiere una nota de prensa de Montero Noticias.

El conflicto

Foto: “Ingeniería del Agua SRL: Anexo Recursos Hídricos del Estudio Técnico Legal de los Impactos Ambientales Generados por la Expansión Urbana en la Zona del Urubó”

En agosto de este año, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró que construcción de la carretera se frenó “por temas políticos e ideológicos”. Señaló al gobernador Camacho de haber “instruido” a los asambleístas departamentales de su tienda política, Creemos, de rechazar la obra, que se viene gestionando desde 2014. Por su parte, según reportó el diario El Mundo, el Legislativo regional explicó que se rechazó el convenio intergubernativo firmado para viabilizar la carretera, porque uno de sus tramos pasa por la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó.

La categorización equivale a un área protegida departamental, declarada como tal en 2021 por la Ley Departamental 208. La misma cuenta con importantes acuíferos que proporcionan agua destinada al consumo de más de dos millones de personas que habitan en el área metropolitana de Santa Cruz, conformada por Santa Cruz de la Sierra, Porongo, Cotoca, Warnes, El Torno y La Guardia. En su momento, La Región informó al respecto, luego de consultar con expertos que realizaron los estudios correspondientes, como se detalla en esta nota: Güendá-Urubó, la nueva área protegida de Santa Cruz, garantiza la provisión de agua para los próximos años

El conflicto, entonces, radica en que los pobladores de Porongo, Buena Vista y Las Cruces exigen la abrogación de dicha norma y la ratificación del convenio intergubernativo. Por ello, a principios de mes llegaron al edificio de la Gobernación cruceña, para mantener una vigilia, en demanda de los puntos citados.

Los argumentos

“La carretera que vinimos trabajando, tiene 12 años en socialización, presentamos dos fichas ambientales, hicimos un diseño final con ocho pozos para que no se dañen los acuíferos. El agua que tenemos ahí está a 140 metros de profundidad, o sea que la carretera no daña esa agua», aseguró David Landívar, de la comunidad El Magué, al diario El Deber.

En respuesta, la asambleísta departamental Keila García, reafirmó al mismo medio que no se abrogará la ley, pero que la Gobernación (Ejecutivo) seguiría con mesas técnicas, ya que existirían otras opciones para hacer realidad la construcción del tramo carretero, “respetando el medioambiente y sin que se afecte la reserva hídrica”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró que desde la Gobernación se busca cambiar el trazo de la carretera y que las opciones planteadas buscan “beneficiar a zonas urbanizadas de las Lomas de Arena”, y no así a productores de los municipios citados. Según su declaración, ello implicaría una demora de 10 años, porque se debe realizar nuevos estudios, “también se pone en riesgo un financiamiento de $us 212 millones”.

En conferencia de prensa, Camacho respondió que sí se quiere la carretera, pero con un tramo que no ponga en riesgo el agua que provee al área metropolitana de Santa Cruz. “Nosotros estamos de acuerdo con la construcción de la carretera, pero la ABC tiene que hacer un trazo final donde se vea conservado este patrimonio tan importante como es el agua potable. (…) Hace meses atrás, mi persona ha firmado con el gobierno nacional un acuerdo para la construcción de la carretera y nosotros queremos la carretera, estamos de acuerdo con el desarrollo; sin embargo, no estamos de acuerdo con que se dañen nuestros recursos naturales”.

Situación actual

Foto: Gobernación de Santa Cruz

La mañana de este lunes se generó un enfrentamiento, que derivó en el desalojo de las personas que hacían vigilia en puertas de la Gobernación, en demanda de la abrogación de la Ley departamental. La misma se reinstaló tras la llegada de agentes de la Policía.

Al cierre del presente reporte (17:00), las mesas técnicas continuaban en discusiones en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de la Gobernación, para llegar a un consenso que permita el tan ansiado desarrollo carretero, sin impactar un área protegida de alta riqueza acuífera y biodiversidad.

Destacados