Preocupadas por la expansión descontrolada de la minería aurífera ilegal, comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), en el norte amazónico de Bolivia, presentaron este martes una acción preventiva ambiental en el juzgado agroambiental del Sena, en el departamento de Pando. El objetivo: detener la actividad minera que amenaza su salud, sus bosques y el río Madre de Dios, al que piden reconocer como sujeto de derechos.
La demanda está dirigida contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la cooperativa minera ASOBAL Madre de Dios SRL. Asimismo, notifica a la Dirección de Medio Ambiente y Agua de la Gobernación de Pando, por su aparente inacción frente a los impactos que sufren los pueblos Ese Ejja, Tacana y Cavineño del TIM II.
“Nos sentimos todos afectados. ¿Quién no come pescado, quién no come paiche? De aquí sale para Santa Cruz, Cochabamba y La Paz”, advirtió Lucio Ayala, presidente del TIM II, al referirse a la contaminación del río con mercurio, producto de la minería aluvial.
Según explicó Ayala, la demanda surge tras un prolongado proceso de diálogo entre las comunidades y múltiples intentos por obtener información del Estado. “Nunca nos consultaron para autorizar estas cuadrículas mineras. Hay dos cuadrículas autorizadas, en Miraflores y Genechiquía, donde máximo habrá diez balsas. Pero más de cien están fuera del área permitida, desde aquí hasta Perú”, señaló.
Un problema documentado y creciente
Monitoreos realizados por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) revelaron un incremento sostenido de balsas mineras entre 2021 y 2025. En un tramo de 184 kilómetros del río Madre de Dios, que atraviesa el TIM II, se identificaron 2.080 balsas: el 96% de ellas operan sin autorización.
Además, entre 2023 y 2025 se perdieron 862 hectáreas de bosque por efecto de la minería aluvial, según la demanda presentada. Esto se traduce en menos áreas para caza, pesca y cultivo, golpeando directamente la seguridad alimentaria de las familias indígenas.
La contaminación del agua con mercurio y otros metales pesados ya ha dejado huella en la salud de las comunidades. Margarita Salas, de la comunidad Palestina, relató el impacto emocional de conocer los resultados de los análisis: “Les faltaba llorar. Ellas decían que preferían no saber, pero para mí es importante saber de qué voy a morir o qué tengo en mi cuerpo”.
Lo que piden las comunidades
Entre los principales pedidos al juzgado agroambiental están:
- Que se suspenda de inmediato la minería ilegal en el río Madre de Dios.
- Que se paralicen o anulen las licencias mineras otorgadas sin consulta previa ni estudios ambientales.
- Que se reconozca al río Madre de Dios como sujeto de derechos, es decir, como un ser vivo que debe ser protegido.
Además, exigen a la AJAM y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua ejercer control efectivo sobre el sector minero, garantizar el acceso de las comunidades a la información ambiental y aplicar medidas urgentes para frenar la degradación del ecosistema y proteger la salud de las familias del TIM II.
La acción preventiva se basa en siete argumentos centrales, que incluyen la contaminación del agua, el impacto en la salud humana, la deforestación, la vulneración de los derechos territoriales, la ausencia de consulta previa y la falta de acceso a información ambiental clara y oportuna.
Con este proceso judicial, las comunidades buscan frenar la destrucción de su territorio y sentar un precedente para la defensa integral del río Madre de Dios, un afluente vital de la cuenca amazónica boliviana.
En detalle
Los argumentos expuestos en la demanda son los siguientes:
- Contaminación del río Madre de Dios y riesgo a la salud del TIM II, sobre la base de resultados de laboratorios especializados (2021 y 2025) que muestran presencia de metales pesados (incluido el mercurio), grasas y aceites de desecho en el cuerpo de agua.
- Presencia ilegal de balsas mineras y vulneración ambiental y territorial. Los informes de los monitores indígenas reportan desde 2021, en los 184 kilómetros de río Madre de Dios que coinciden con el TIM II. En enero de este año, según la demanda, había 22 balsas permitidas frente a 181 no permitidas.
- Deforestación producto de la minería aluvial. Entre 2023 y 2025 se perdieron 862,6 hectáreas de bosque que significa afectación en las fuentes de alimentación y de sustento para las familias.
- Afectación a los medios de producción y suelos que ponen en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades, cuando la actividad minera se sobrepone a los terrenos de cultivos.
- Impacto a la salud de la población del TIM II por la presencia de mercurio en su organismo. Este hecho ha sido reportado por distintas instituciones académicas y científicas con reportes que superan los límites permisibles para un organismo humano.
- Vulneración al derecho al acceso a la información pública en materia ambiental. El TIM II hizo gestiones para obtener información, pero no tuvo resultados, y cuando recibió respuestas, esta fue confusa, incompleta y a destiempo.
- Omisión del cumplimiento de la consulta previa, libre e informada. En ninguna de las comunidades monitoreadas (en temas contaminación, salud, deforestación para efecto de la demanda se realizó este procedimiento).
