Los bajos costos de la tierra en Bolivia —en comparación con los países vecinos como Brasil y Argentina— atraen cada vez con mayor frecuencia a empresarios agropecuarios, principalmente ganaderos.

Se calcula que existen más de 24 mil ganaderos solo en el departamento de  Santa Cruz, según datos del 2020 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, solo 42 de ellos tienen permiso de exportación de carne, un negocio que en el año 2020 generó ingresos por más de 60 millones de dólares.

El principal destino de la carne que se produce en Bolivia es China, pero también se exporta a Perú, Ecuador y República del Congo. Solo en el 2020, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a estos países.

Un estudio de la Fundación Amigos de la Naturaleza determinó que, entre los años 1986 y 2019, la deforestación en Bolivia alcanzó la cifra de 6 922 000 hectáreas de bosque, extensión que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales. En el mismo periodo, la actividad agroindustrial (especialmente soya) y ganadera se incrementó en un 229 % en el país, pasando de ocupar 2 120 430 hectáreas a 6 974 510 en todo Bolivia.

¿Por qué ha aumentado el territorio destinado a la producción ganadera en Bolivia? ¿Cómo afecta esto a los bosques? ¿En manos de quiénes está este negocio?

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Ampliación de la frontera agropecuaria

“A partir del 2005, la ganadería empezó a tomar mayor protagonismo en el tema de la frontera agropecuaria superando a la parte agrícola. Esto debido a que los suelos no son altamente productivos y la agricultura requiere de suelos profundos, mientras que la ganadería es menos exigente”, explica Marlene Quintanilla, Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

Quintanilla asegura que el crecimiento de la ganadería ha ocurrido a costa de los bosques. El estudio realizado por FAN indica que Santa Cruz ha sido el departamento con mayor deforestación, pues concentra el 75 % de la pérdida de bosque entre los años 1976 y 2019. Le siguen el Beni con el 6 %, Cochabamba 5 %, La Paz 4 % y Tarija y Pando con el 3 %.

El crecimiento de la frontera agropecuaria en Bolivia tiene también un incentivo en la política del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que estuvo en el poder entre los años 2006 y 2019 con Evo Morales como presidente y regresó en el 2020 con Luis Arce.

De acuerdo con la hoja de ruta trazada por Morales, y que continúa Arce,  la política económica de Bolivia —resumida en la denominada  Agenda Patriótica 2025— tiene como meta triplicar la población de ganado en el país hasta superar las 22 millones de vacas, es decir, dos cabezas de ganado por habitante.

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Leyes y normas que fomentan el desmonte

Entre las principales causas para la deforestación en Bolivia figura la producción a gran escala de cultivos como la soya y la crianza de ganado destinado a la exportación de carne a China.

Sin embargo, para lograr el avance de la frontera agrícola y ganadera, en la última década los gobiernos han promulgado una serie de normas, solicitadas usualmente por el sector empresarial, para fomentar el agronegocio, avalar el desmonte y promover los incendios, según informa el Centro de Investigaciones del Campesinado (CIPCA).

Tres leyes aprobadas entre 2013 y 2015 —indica CIPCA— sirvieron para perdonar la deforestación ilegal causada por algunas empresas y ampliar los plazos para que pudieran subsanar este delito. Otra ley se promulgó en septiembre de 2015 para autorizar desmontes hasta de 20 hectáreas en pequeñas propiedades, cuando antes de esta norma estaba prohibido talar más de 5 hectáreas.  Además, el 9 de julio de 2019 se aprobó el Decreto Supremo 3973 que permitía la ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal, aunque esta norma fue derogada cuando se decretó el estado de emergencia nacional por los incendios del 2020.

“En el fondo la tierra tiene un componente político muy alto… El MAS ha consolidado su poder político durante todos estos años, precisamente con la posibilidad de distribuir el suelo”, dice el abogado ambientalista, Diego Gutiérrez.

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El impacto en los ecosistemas

Entre 1986 y 2019 la extensión del  territorio con área impactada —ampliación de frontera agrícola, ganadera y de apertura de caminos— dentro de áreas protegidas fue de 223 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz, según el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano.

La mayor pérdida de cobertura vegetal en un área protegida de nivel nacional ocurrió en el Parque Nacional Amboró con un 8,1 %. A nivel departamental, el Parque Regional Lomas de Arena perdió 37,7 % de su cobertura vegetal y la Laguna Concepción el 26,2 %, mientras que en la categoría municipal la Laguna Esmeralda tuvo el 49,2 % de pérdida de cobertura vegetal y la Laguna Sacuará el 37 %.

“Se está generando el cambio de uso de suelo, no solo para convertir el bosque en pastura sino también transformando los humedales para abastecer a la ganadería. Una vaca por día necesita 40 litros de agua”, advierte Quintanilla de FAN.

Los incendios

Para habilitar los terrenos para el ganado no solo se cortan árboles sino que también se prende fuego a lo desmontado con el fin de preparar el suelo y reverdecer los pastos.

“El desmonte genera residuos y el uso de fuego se usa para limpiar ese rastrojo. La relación es: a mayor desmonte mayor uso de fuego. A mayor uso de fuego, mayor riesgo de incendios forestales”, explica el abogado ambientalista Diego Gutiérrez.

Bolivia ha reportado incendios de características catastróficas en los años 2019 y 2020. En 2019 la superficie quemada alcanzó los 3.7 millones de hectáreas solo en Santa Cruz, donde el 60 % fue cobertura boscosa. En todo Bolivia se quemaron 6.4 millones de hectáreas. Para el año 2020 la situación no cambió: más de cuatro millones de hectáreas se quemaron en todo el país.

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