lunes, mayo 27, 2024

El impacto de las cooperativas auríferas en Bolivia | Entrevista a Héctor Córdoba

En Bolivia se debate un proyecto de ley para regular la compra del oro por parte del Estado. La iniciativa ha encontrado resistencia por parte del sector cooperativista aurífero.

Por Yvette Sierra Praeli/ Mongabay Latam

En medio de una crisis política que mantiene enfrentados al expresidente Evo Morales y al actual mandatario Luis Arce y los problemas financieros que empiezan a crecer en Bolivia, se debate el proyecto de Ley de Oro de Producción Nacional destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Una propuesta que, según ha indicado el Banco Central de Bolivia, busca contribuir al proceso de recuperación económica del país. “Estamos viviendo una situación relativamente crítica en lo político, económico y social desde hace un tiempo”, dice Héctor Córdova, especialista en Minería de la Fundación Jubileo, cuando explica qué está pasando en el país, cuáles son los verdaderos alcances de esta propuesta de ley, así como los problemas sociales y ambientales detrás del crecimiento de la extracción de oro en Bolivia.

Héctor Córdova ha sido viceministro de Desarrollo Productivo Minero y Metalúrgico. Foto: Fundación Jubileo.

Córdova conoce bien esta actividad, prácticamente desde que nació, pues su padre empezó a trabajar en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) poco antes de su nacimiento. Tras estudiar ingeniería metalúrgica, el ahora especialista de la Fundación Jubileo también laboró en Comibol y llegó a ser presidente de la empresa. Además, ha sido viceministro de Desarrollo Productivo Minero y Metalúrgico, así como gerente de empresas mineras privadas.

En esta entrevista, Córdova también cuenta cómo el sector cooperativista ha ido ganando beneficios del Estado para realizar sus actividades y se ha convertido en el responsable de más del 90 % de la producción aurífera del país, además, señala  que solo el 14 %, de las aproximadamente 1500 cooperativas que existen en el país, cuenta con licencia ambiental para realizar sus operaciones.

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—En este contexto de crisis económica se presenta la Ley del Oro. ¿Se está buscando generar mayores ingresos para el Estado a través de esta ley?

—Primero hay que hacer una clasificación de todos los otros minerales y, por otro lado, el oro que tienen un formato distinto de producción. La explotación de los minerales, de acuerdo a la ley, debería ser similar a la de hidrocarburos, donde el Estado mantiene la propiedad sobre el recurso permanentemente y esa propiedad no se transfiere al que extrae el petróleo, en general los hidrocarburos, así dice la Constitución. Pero en realidad quien extrae minerales se apropia de su valor y sólo paga al Estado una compensación que se llama regalía, que es un porcentaje del valor extraído. Ese porcentaje varía entre los minerales, para casi todos los minerales es 5 %; para la plata 6 %, porque es mucho más valiosa pero fácil de obtener también; y el oro debería pagar 7 % porque es el más fácil de extraer entre todos los minerales y el más caro también. Sin embargo, ha habido algunas distorsiones, porque la explotación del oro ha comenzado a crecer muchísimo en Bolivia desde el año 2013, prácticamente hasta ese año estábamos produciendo entre 6 y 13 toneladas de oro por año, después de esa fecha ha empezado a crecer, tanto que el año pasado hemos exportado 64 toneladas, o sea, cinco veces más de lo que producíamos en 2013. Y el 95 % de este oro es explotado por cooperativas mineras que gozan de muchas ventajas dentro del Estado.

—¿Cuáles son esas ventajas?

—Las cooperativas, en teoría, deberían ser asociaciones de gente que no consigue empleo y que se ve obligada a explotar minerales en condiciones marginales o artesanales, pues no tienen plata para invertir en exploración y tienen que irse a yacimientos que han sido abandonados por las empresas, por esta misma condición el gobierno les ha hecho varias concesiones, por ejemplo, los que explotan oro a través de cooperativas en yacimientos pequeños no pagan el 7 % de regalías, sino solamente 2.5 %. Hasta el 2013 estaba bien, pero después de eso todas las cooperativas que pagaban 7% de regalía han dicho que sus operaciones son también a pequeña escala. Y ahora lo que vemos es que el 100 % de las cooperativas pagan solo 2.5 %. Y otra cosa muy triste es que la actividad de estas cooperativas es prácticamente ilegal, porque si bien las cooperativas son legales, en Bolivia la ley establece que sin licencia ambiental no se puede operar. Pero solo el 14 % de las cooperativas tiene licencia ambiental y estamos hablando de 1500 cooperativas. Eso debería impedir su operación, pero están trabajando.

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La máquinas escarban la tierra en las orillas de los ríos para extraer oro. Foto: Gustavo Jimenez/El Deber.

La Ley de las cooperativas también prohíbe contratar obreros o personas que hagan su trabajo, porque se supone que es gente de bajos recursos que se asocia para trabajar, pero ocurre ahora que, como tienen tanto dinero, las cooperativas contratan obreros. La Ley también les prohíbe asociarse con empresas privadas para incrementar su producción, pero las grandes cooperativas están todas asociadas a empresas privadas, sobre todo extranjeras —chinas, rusas, colombianas, chilenas—, que explotan masivamente el oro. Otro privilegio se refiere a que la ley establece que toda actividad económica en Bolivia debe pagar un impuesto a las utilidades del 25 %, que en el sector minero se ha incrementado al 37.5 % porque los precios están muy altos, pero se ha dejado que las cooperativas solo se queden con el 25 % aunque en la práctica no pagan ni siquiera eso.

—¿Por qué no están pagando?

—Porque dicen que su costo de operación es tan alto que apenas ganan para sobrevivir y que, por lo tanto, no tienen que pagar impuestos, pues no tienen utilidades. Lo cual es absolutamente falso. Por ejemplo, el año pasado las cooperativas auríferas han exportado oro por un valor de 3000 millones de dólares y han dejado como regalías al Estado 70 millones de dólares, nada más. Adicionalmente, como usan diesel subvencionado, reciben un beneficio extra del Estado de 500 millones de dólares. En el año 2021 el Estado intentó controlar esta actividad, pero marcharon hacia La Paz unos 50 000 cooperativistas y el proyecto de ley se retiró. Este año el gobierno nuevamente ha presentado un proyecto de ley del oro, pero todas las cosas complicadas que tenía el proyecto anterior  ahora no se han incluido.

—¿Qué establece este nuevo proyecto de ley del oro?

—Dice que el Banco Central de Bolivia puede comprar oro de los productores mineros, la mayor parte, y pagarlo en moneda nacional, en bolivianos, y luego puede hacer un proceso de refinación dentro o fuera del país para vender otra vez ese oro, pero en dólares. De ese modo el Banco Central empieza a acumular divisas, qué es lo que le está faltando en este momento al país. Pero esta ley no establece ninguna obligatoriedad para los operadores mineros de entregar su producción al Banco Central. El anterior proyecto sí decía que era obligatorio, que entregaría un certificado para que puedan venderlo en otras instancias, pero siempre el Estado mantenía un control sobre la cantidad, la calidad y el proceso de la comercialización. Ahora no, sólo dice que el Banco Central está autorizado a comprar igual que cualquier otra de las comercializadoras que hay en el país. Eso deja libre a los cooperativistas para vender el oro a quien quieran.

—¿Entonces, este proyecto de ley no perjudica a los cooperativistas?

—Si el tipo de cambio se mantiene firme y no hay un dólar paralelo no hay ningún inconveniente, porque se puede comprar dólares con esos bolivianos a una tasa estable, pero lo que ha ocurrido es que el Banco Central ha empezado a mostrar un déficit de divisas que no ha podido abastecer al mercado local y ha provocado reacción de la gente que demanda más dólares, y que el Banco Central no tiene. Entonces, el gobierno se ha prestado dinero de organismos internacionales para poder satisfacer esa demanda de dólares. Y ahora la gente está haciendo colas delante del Banco Central para comprar unos cuantos dólares y esto solamente sirve para el nivel micro, las empresas grandes que requieren volúmenes mucho mayores de dólares no pueden acceder a esta situación y eso está provocando un crecimiento de la incertidumbre, de la desconfianza en el sistema financiero nacional que puede provocar inflación u otras situaciones que no deseamos, pero que se están viendo como posibles. Y esta ley del oro no resuelve nada.

Héctor Córdova fue presidente de Comibol. Foto: Fundación Jubileo.

Si el gobierno realmente hiciera cumplir las leyes, Bolivia podría recibir de la explotación de oro aproximadamente entre 1200 y 1500 millones de dólares por año, con lo cual resolvería su crisis prácticamente de manera inmediata, pero el peso político, social y económico de las cooperativas auríferas es tan grande que el gobierno no puede hacer cumplir las normas y, peor todavía, imponer nuevas medidas o regulaciones que controlen la explotación del oro en el país.

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—Más allá del proyecto de ley, hablando del sector minero y de los beneficios que, usted menciona, tienen las cooperativas, ¿por qué se ha llegado a esta situación?

—En gran parte por las limitaciones que tenemos para generar empleo alternativo digno y sostenible en el país. Se ha fomentado este sector cooperativo para que no provoquemos un caos en las ciudades, con gente desempleada. Entonces se les ha dado ventajas asociadas a las cotizaciones elevadas del oro en el mercado internacional, pues ha sido el caldo de cultivo para que cada año estemos con más de 100 cooperativas nuevas en el sector aurífero. Entonces han ido desarrollando un poder económico y político que el gobierno ya no puede controlar, lamentablemente, se les ha ido de las manos y ahora el gobierno está en verdaderos aprietos porque ha dejado crecer demasiado a este subsector cooperativo sin control.

—¿Cómo impacta esta situación al medio ambiente?

—Primero, porque usan mucho mercurio. Segundo, porque están ingresando a áreas protegidas y desplazando de sus hogares a pueblos indígenas, están moviendo el curso de los ríos, destruyendo la selva, y el daño es incalculable e inmenso. Han comenzado a desplazarse hacia el interior de la selva destruyendo el bosque de manera inmisericorde. Y  esto se ve reflejado en los desastres naturales.

—¿De dónde se extrae la mayor cantidad de oro y hacia dónde se están desplazando?

—Más del 70 % del oro que se saca de Bolivia corresponde al departamento de La Paz, en las zonas de Yungas, que es la zona baja de este departamento, por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, en los ríos caudalosos que arrastran el oro desde la cordillera. Y ahora están ingresando a la selva amazónica del departamento de La Paz y del Beni. Es un crecimiento vertiginoso y avasallador, verdaderamente fuera de control.

—Usted mencionó que de las 1500 cooperativas que hay en Bolivia, solamente el 14 % tiene licencia ambiental, ¿es decir que el 76 % de estas cooperativas no cuentan con este permiso para extraer oro?

—Y la licencia ambiental es un permiso que otorga el Estado a una organización que quiere realizar una actividad productiva. Para obtener este permiso uno tiene que presentarse e indicar cómo va a impactar con sus actividades, qué medidas preventivas y de mitigación ha de tomar hacia adelante. El gobierno verifica la autorización y empieza a controlar. Al no tener esa licencia, significa que no han hecho el estudio del impacto ambiental y no conoce la línea de base, no hay medidas que están tomando para evitar el impacto. Es todo muy irregular y, por eso, el gobierno no puede controlar el impacto ambiental.

Dragas de minería en el río Kaká en el Parque Nacional Madidi. Foto: Gustavo Jiménez / El Deber
Dragas de minería en el río Kaká en el Parque Nacional Madidi. Foto: Gustavo Jiménez / El Deber.

—Entonces, ¿las cooperativas están entrando a zonas prohibidas y desplazando a pueblos indígenas?

—El año pasado, las cooperativas vinieron a la ciudad de La Paz presionando para pagar impuestos. Han logrado un acuerdo con el gobierno para pagar, pero dentro de ese mismo acuerdo incluyeron el ingreso a las áreas protegidas donde habitan comunidades indígenas. Después, las organizaciones indígenas han peleado para anular ese acuerdo y lo lograron, pero en la Ley de Minería, en cierto modo, se permite el ingreso a áreas protegidas, de una manera muy ambigua, pues se puede ingresar, siempre y cuando, no atenten contra los principios por los cuales ese terreno ha sido declarado área protegida. La minería no respeta nada, es imposible que no haga daño a la biodiversidad, al medio ambiente.

—¿Por qué este proyecto de Ley del Oro está causando controversia?

—Creo, sinceramente, que en gran parte es un problema político, quizás para reflejar la división interna que hay en el partido del gobierno. Lo único negativo para los cooperativistas es que si venden al Banco Central reciben el monto en bolivianos y no en dólares. Eso también refleja la poca credibilidad que se tiene en los anuncios que hace el gobierno del dólar, porque ha ido creciendo en el mercado paralelo, aunque no mucho, pero está creciendo. Teníamos 6.96 bolivianos como tasa fija de tipo de cambio desde hace muchos años, pero ya hemos empezado a ver en el mercado a 7 bolivianos por dólar. Y eso ya es una variación que lo perciben también los operadores mineros. A mí, particularmente, me parece que este proyecto de ley no debería despertar tanta susceptibilidad y la oposición a esta propuesta me parece que tiene una intencionalidad política para perjudicar al gobierno.

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—El Ministro de Minería y Metalurgia Ramiro Villavicencio habría renunciado el viernes 10 de marzo en medio de esta controversia y una semana después, aún no hay sustituto…

—Marcelino Quispe, presidente de Comibol [Corporación Minera de Bolivia] me comentó, el viernes pasado, que iba a ser el nuevo ministro, pero no ocurrió, y después se supo que había oposición del sector cooperativista. También un exdirigente de las cooperativas iba a ser el nuevo ministro, pero  tampoco ha sido posicionado. Todos tienen sus oposiciones y sus apoyos. Estamos en la incertidumbre absoluta en el sector minero. El ministro tiene que permanecer ahí por ley hasta que sea reemplazado.

—¿En la ley que se está discutiendo se incluyen cambios en el pago de regalías?

—No hay nada sobre las regalías, lo único que dice es que se autoriza al Banco Central a comprar en igual condiciones que cualquier comercializadora y que tiene que pagar en bolivianos.

—¿Este proyecto de ley modifica una ley que ya existe?

—De hecho sí, hay una ley del año 2011 que decía casi lo mismo, solo que ahora, se añade la obligatoriedad de pagar en bolivianos. Esa es la diferencia clave.

El gobierno de Luis Arce enfrenta una crisis económica, política y social. Foto: Facebook de Luis Arce.

—Entiendo qué actualmente también hay una propuesta de ley para la explotación de litio

—En realidad son varios proyectos. Un proyecto dentro del mismo Potosí y otro elaborado en Oruro, que es un departamento colindante que también tiene salares. Se han juntado dirigentes de las dos regiones en la Asamblea Legislativa. Dos puntos son determinantes en estos proyectos: uno es el incremento de las regalías para el litio, por qué ahora estaría pagando 3 % sobre el valor del litio, pero a todos les parece insuficiente y las regiones piden hasta un 20 % del valor del litio. Esto muestra también una desconfianza hacia los planes de industrialización del gobierno, porque se ha explicado  que mientras más lejos avancemos en la cadena de valor, la torta es más grande y el pedazo que nos toca es mayor, pero ellos prefieren las regalías para tener dinero de manera inmediata y segura. También muestra la visión corta de la dirigencias locales, porque han elaborado estos proyectos cuando la cotización internacional del carbonato de litio estaba alrededor de 80 mil dólares la tonelada, pero ahora está en menos de 40 mil dólares, está cayendo tremendamente. Y sigue cayendo, bajará más todavía.

El otro punto importante de esos proyectos de ley es romper la política y la estrategia que el gobierno se había trazado hace 16 años para la explotación de litio. En la obtención de la materia prima solo interviene el Estado, no se puede dar participación a las empresas privadas en esta primera etapa, solo cuando se llega a la etapa de industrialización se puede asociar el gobierno con una empresa privada nacional o extranjera. Varios de estos proyectos de ley rompen eso y quieren que se autorice la asociación con empresas privadas, incluso, desde el primer momento, al extraer la salmuera. Eso es romper una política que nos mantuvo bastante bien en los años pasados.

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