El impacto medioambiental de la cocaína se conoce desde hace mucho tiempo. Ya en la década de los noventa algunos estudios llamaron la atención sobre la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación en América Latina producidas por las drogas. Hoy en día, los efectos a lo largo de toda la cadena de producción de las drogas ilegales se entienden mejor y están más documentados, pero no se los reconoce ni se los denuncia como se debería.

Mientras tanto, continúa la lucha entre quienes intentan frenar el consumo de drogas ilegales y aquellos que se empeñan en producir, traficar y consumir la droga, a la par que se contribuye a la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra, la contaminación de las aguas con productos químicos tóxicos y al impulso de otras actividades criminales como el tráfico de fauna y flora silvestre y la extracción de oro.

Tanto en los países productores como en los consumidores, el polvo blanco conocido como cocaína está dejando un rastro de destrucción medioambiental que contribuye a la desestabilización del “espacio operativo seguro” vital para que nuestro planeta siga siendo habitable.

La producción de coca en cifras

Se estima que en 2019 se cultivaron unas 234 200 hectáreas (578 720 acres) de coca en Bolivia, Perú y Colombia. Eso fue un 5 % menos que el año anterior, pero aun así ocasionó graves impactos medioambientales.

En el año 1985, Perú era el centro mundial de la producción de coca: ahí se cultivaba cerca del 65 % de la producción mundial de coca, mientras que en Bolivia se cultivaba el 25 % y en Colombia solo el 10 %. Con los años, el cultivo se concentró, sobre todo, en Colombia, una de las naciones más “megadiversas” del mundo, que alberga cerca del 10 % de la biodiversidad de la Tierra.

Las últimas cifras publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y el programa de control del gobierno colombiano señalan que 143 000 hectáreas (353 400 acres) de coca se registraron en Colombia en 2020, una disminución por tercer año consecutivo. A pesar de que allí se cultivó menos coca, se produjo un 8 % más de cocaína, que sumó aproximadamente 1228 toneladas. Se cree que detrás de este aumento hay un manejo más eficiente de los cultivos junto con laboratorios que producen enormes cantidades de pasta base de cocaína.

Las estadísticas de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU. esbozó una imagen diferente y más preocupante de la situación: estimó unas 245 000 hectáreas (605 400 acres) de cultivo de coca el mismo año.

La producción de coca y cocaína son solo una parte de una compleja red de problemas que ponen a las riquezas biológicas de Colombia en riesgo. Entre las más graves se encuentra la deforestación: en 2020, se talaron cerca de 13 000 hectáreas (31 100 acres) de la selva colombiana para dar lugar al cultivo de coca. Esa cifra representa el 7.54 % de las 171 685 hectáreas (424 243 acres) totales de árboles que se perdieron en el país a causa de todas las actividades, entre ellas la expansión ganadera y agrícola, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El mismo estudio halló que hubo un 22.4 % adicional de deforestación (38 449 hectáreas o 95 010 acres) dentro de 1 kilómetro (0.6 millas) de las plantaciones de coca a causa de actividades relacionadas, como la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas y actividades tangencialmente relacionadas, como la contribución de la producción de coca al avance de la frontera agrícola.

La coca como causa de deforestación

Analizar cuál es la causa precisa de toda la deforestación adicional es complicado, dice Liliana Dávalos, de la Universidad Stony Brook, quien ha estudiado la relación entre la coca y la deforestación durante 20 años. “Quería descubrir si esto sucedía en lugares donde la deforestación no ocurriría de otra manera”, dice. “La respuesta es que depende”.

Dávalos explica que el grado en el que la producción de coca causa directamente la deforestación depende mucho del lugar. “En la región andina de Colombia, por ejemplo, que hemos estudiado de cerca, en lugares como San Lucas, vemos que la coca desempeña una función desproporcionada donde no se cultivan otras plantaciones o [donde no hay] tierras de pastoreo, o un nivel mucho más bajo de estas… Los efectos sobre la región andina de tierras altas son enormes, y el potencial de daño a la biodiversidad es muy, muy grande según la base de datos espacial con la que contamos”.

En los terrenos más bajos de la región amazónica el panorama es menos claro. “Nos encontramos con que, cuando tenemos en cuenta los factores sociales de la migración [humana], el crecimiento [y] la construcción… en realidad no encontramos una repercusión del cultivo de coca… En la Amazonía, la coca es más un pasajero que un conductor del proceso… se trata de un proceso de deforestación fronteriza que incorpora vastos tramos de terreno al sistema financiero”.

La producción de cocaína produce otros daños. Libera sustancias químicas tóxicas al medioambiente a través de los laboratorios de procesamiento. Entre las sustancias químicas que utilizan comúnmente los magalaboratorios se incluyen tolueno, ácido sulfúrico, acetona y gasolina. Se requieren 284 litros de gasolina para producir 1 kilogramo de cocaína y es probable que una parte significativa del suministro de gasolina de Colombia se desvíe para producir coca. Asimismo, solo se requiere una parte de petróleo vertido para contaminar 750 000 partes de agua subterránea.

Las estimaciones indican que, por año, se usan hasta 3.5 millones de toneladas de sustancias químicas por hectárea, lo que produce la degradación del suelo y más contaminación del agua. En un estudio del año 2014 se determinó que el 98.7 % de las plantaciones de coca también usa insecticidas o funguicidas, el 92.5 % aplica fertilizantes químicos y el 95.5 % usa herbicidas. Junto con el de la cocaína en sí —hallada en los cursos de agua de la cuenca amazónica— el posible efecto tóxico de la producción probablemente sea vasto, aunque se entiende y se controla poco.

La fumigación aérea sigue planteando interrogantes

La lucha contra los productores de cocaína también ha afectado al medioambiente. Los críticos de la fumigación aérea con el polémico herbicida glifosato, comúnmente conocido como Roundup, argumentan que esta ha dejado un legado de daños al ecosistema y a los seres humanos.

Fomentada y financiada durante mucho tiempo por las oficinas de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, la práctica que comenzó en Colombia en 1994 se prohibió allí mismo en 2015 por la preocupación sobre su papel como carcinógeno. No obstante, el gobierno actual bajo la presidencia de Iván Duque está ejerciendo presión para reintroducir la fumigación para abordar el problema de las drogas. El pasado marzo, incluso, aprobó el uso de drones que sobrevuelan para ese propósito. Aunque se consideran posiblemente eficaces a corto plazo para reducir los cultivos de coca en zonas específicas, dicha reincorporación no solo contaminaría, sino que daría continuidad a otros problemas.

“La fumigación aérea elimina los cultivos de coca rápidamente”, explica Vanda Felbab-Brown, investigadora principal del Instituto Brookings. “Pero lo hace de maneras que resultan problemáticas desde [una] perspectiva medioambiental y de la salud pública humana”.

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia anunciaron una nueva estrategia antinarcóticos, que incluye un objetivo de protección medioambiental junto con la reducción del suministro de drogas, la seguridad rural y objetivos de desarrollo. “Estados Unidos ayudará al gobierno colombiano en sus esfuerzos para controlar y hacer frente a estos delitos medioambientales que sostienen e impulsan los grupos narcotraficantes que producen un profundo impacto negativo en el medioambiente de Colombia”, afirma un comunicado de presa.

Un proyecto de ley aprobado recientemente promete penas más duras para los involucrados en la producción de drogas, entre ellas penas de cárcel. Sin embargo, se teme que dichas medidas afecten sobre todo a los agricultores colombianos de pequeña escala.

Una plaga que afecta a pueblos indígenas, flora y fauna

El cultivo de la coca afecta los parques nacionales de Colombia: se estima que 7214 hectáreas (17 826 acres) en 12 reservas federales fueron testigo de la producción ilegal en 2020, un incremento del 6 % respecto del 2019. Catatumbo-Barí es la más afectada; esta área natural sufre la deforestación, la anarquía y una gran variedad de problemas relacionados con el tráfico de cocaína. Entre otros parques y zonas protegidas afectados se incluyen Sierra de la Macarena, la Reserva Nukak y el Nudo de Paramillo.

“Con la coca en los parques nacionales, la producción no es tan grande”, explica Ana María Rueda, investigadora principal de la Fundación Ideas para la Paz. Sin embargo, “lo que [se está viendo] es el control territorial [por parte de delincuentes], por ejemplo, relacionado con las rutas de tráfico para sacar la cocaína de Colombia”.

Esta ampliación del cultivo de coca y el procesamiento de la cocaína en tierras protegidas representa un riesgo para la biodiversidad. Una actualización del Índice de la Lista Roja de Colombia en 2020 señaló que el cultivo de coca y su contribución a la pérdida forestal y a la fragmentación del hábitat aumentan el riesgo de extinción de especies de aves como el paujil de turbante (Crax daubentoni), el halcón montés plomizo (Micrastur plumbeus), el dacnis pechirrojo (Dacnis berlepschi) y el tucán andino piquilaminado (Andigena laminirostris). En el informe se observa que de las 13 especies cuyo estado de conservación se vio deteriorado, ocho resultaron afectadas por la expansión ilícita de la coca.

Las tierras y los pueblos indígenas también se ven gravemente afectados. Cerca del 50 % de la coca de Colombia se cultiva en zonas de gestión especial, entre ellas tierras indígenas, comunidades afrocaribeñas tradicionales, parques nacionales y otras áreas de relevancia medioambiental.

Esa actividad delictiva ha convertido a Colombia en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para los defensores ambientales: en 2020, hubo 17 ataques mortales contra activistas que apoyaban los programas de sustitución de cultivos de coca.

En la Amazonía peruana, la producción de cocaína y su tráfico amenaza la vida y el sustento de los pueblos indígenas, como los de los asediados shipibo-conibo a lo largo del río Ucayali. “Realmente hemos visto un aumento de las amenazas y el asesinato de líderes de la comunidad en la Amazonía peruana en los últimos años. No voy a decir que todos ellos se relacionan directamente con las mafias de las drogas”, dice Andrew Miller, de la organización no gubernamental Amazon Watch. “Pero creo que varios parecen estar obviamente relacionados con esta lucha más generalizada por el control del territorio”.

Según el gobierno peruano, la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) representaba el 43 % de la coca cultivada en el país en 2020, de un total de cultivos ilegales de 61 777 hectáreas (152 654 acres). En otras regiones peruanas también se ha visto un aumento. “Estamos trabajando con las comunidades, en… Ucayali y Huanaco. Los grupos indígenas de allí dicen: ‘somos el nuevo VRAEM… donde la producción de coca está explotando’”, dice Miller. El año pasado, Mongabay Latam identificó 16 comunidades indígenas amenazadas por la deforestación causada por el tráfico de drogas solo en Ucayali.

El narcotráfico provoca deforestación y degradación

En la década de los ochenta y a comienzos de los años noventa, la cocaína circulaba desde América del Sur hasta los Estados Unidos a través del Caribe. A medida en que los esfuerzos de control cerraban las rutas de tráfico allí, la droga se hacía pasar por los países centroamericanos en tránsito hacia México.

En un estudio realizado en 2022 se halló que la Reserva de la Biósfera Maya perdió unas 234 612 hectáreas (579 739 acres) de selva entre 2000 y 2018. Es uno de los lugares biodiversos más importantes de Guatemala. La pérdida forestal fue particularmente grave en el lado occidental de la reserva, afirma el autor del estudio, Jonathan Vidal Solórzano, lo que podría tener consecuencias para las especies icónicas en peligro de extinción como el jaguar.

“El escenario ideal sería tener grandes áreas donde estos jaguares puedan vivir y también… corredores para que puedan desplazarse de Guatemala a México”, explica. Sin embargo, en la actualidad, “prácticamente no queda superficie forestal o bosques normales, antiguos [en el lado guatemalteco de la frontera]. Ya no hay tanta conexión como solía haber”.

“Cabe destacar que, en Guatemala, 27 de las 86 [zonas protegidas] perdieron más del 30 % de la superficie forestal durante el periodo analizado, y ocho perdieron más del 50 %”, señala el estudio, y el Parque Nacional Laguna del Tigre, por ejemplo, perdió 93 858 hectáreas (231 928 acres). “Algo tiene que cambiar, particularmente la manera en que se gestionan las zonas protegidas con tasas elevadas de deforestación”, afirma Solórzano.

Aunque los investigadores subrayan que relacionar el transporte de drogas directamente con el cambio de la superficie es complejo, y que no siempre es posible rastrear la repercusión directa e indirecta, con los estudios se están atando cabos. Investigaciones realizadas en 2017, por ejemplo, determinaron que entre el 15 y el 30 % de la deforestación en Nicaragua, Honduras y Guatemala se vinculaba con el narcotráfico. Esta cifra aumentaba al 30-60 % en las zonas protegidas. Estas incluían la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala y la Reserva de la Biósfera Río Plátano de Honduras. Estas estadísticas, afirma Kendra McSweeney, profesora de geografía en la Universidad Estatal de Ohio y parte del equipo de investigación, probablemente estén infravaloradas.

McSweeney y otros científicos observan dos vínculos entre el tráfico de cocaína y el cambio en el uso del terreno, que identifican como narcodeforestación y narcodegradación. En el primer caso, se talan los bosques para despejar el terreno para las pistas de aterrizaje clandestinas. Ese terreno posteriormente se convierte en tierras de pastura para el lavado de dinero y el reclamo permanente del territorio. A continuación, puede producirse una afluencia de efectivo desestabilizadora, que crea una sinergia para la aparición de otras industrias, tanto lícitas como ilícitas. Esto intensifica una mayor degradación y desarrollo.

En un estudio publicado el año pasado se halló que “las pérdidas forestales sostenidas a gran escala” de 713 244 hectáreas (1.76 millones de acres) en Guatemala y 417 329 hectáreas (1.03 millones de acres) en Honduras “se corresponden con zonas cuyo control está pasando a manos de grandes terratenientes, por lo general relacionados con el narcotráfico”.

“No creo que sea exagerado afirmar que el tráfico de drogas es una de las preocupaciones medioambientales de América Central”, comenta Jennifer Devine, de la Universidad Estatal de Texas, quien investiga los impactos medioambientales del narcotráfico en América Central. “No solo por la narcoganadería, sino porque el narcotráfico socava los sistemas de gobernanza en toda la región”.

El debilitamiento de la gobernanza local genera un sinnúmero de problemas de delincuencia, entre ellos “el acaparamiento de tierras en zonas protegidas, el relleno de zonas de humedales, incendios forestales [iniciados por quienes acaparan tierras], actividades madereras ilegales, degradación de los manglares, tala ilegal, tráfico de flora y fauna, extracción de oro y construcción de carreteras”, escribieron Devine y otros en un artículo publicado en 2020 que analiza los efectos generalizados del tráfico de drogas más allá de la deforestación.

“Lo que realmente preocupa es que el impacto medioambiental del tráfico de drogas está afectado a zonas protegidas”, afirma Devine, ya que el narcocapital blanqueado y la ganadería ilícita “se infiltran en bosques que deberían estar protegidos por ser ecológica y culturalmente vitales”.

Las investigadoras Devine y McSweeney hacen hincapié en que separar los efectos medioambientales y humanos de la “guerra contra las drogas” es sencillamente imposible. “Lo que impulsa el cambio en el uso de las tierras, lo que impulsa la deforestación, es el juego del gato y el ratón”, afirma Devine. “Resulta muy importante recordar que el enfoque de la intervención militar es en gran medida responsable de gran parte del impacto medioambiental que vemos, como el hecho de que se use glifosato en Colombia, [lo que] afecta los cursos de agua, hasta la narcoganadería en América Central”.

Hoy en día, Panamá y Costa Rica se están convirtiendo en importantes nodos del tráfico de cocaína, cuyo destino final es el lucrativo mercado europeo. Ambos países representaron el 80 % de las incautaciones de drogas en América Central de 2021.

Este cambio ocurrió durante la pasada década, dice Nicholas Magliocca, profesor asistente de geografía en la Universidad de Alabama. Los traficantes usan regularmente la península de Osa de Costa Rica, en la costa sudoeste del país, como punto de tránsito: una región conocida por la biodiversidad de su Parque Nacional Corcovado. Aunque se cree que la mayoría de las drogas se transportan por rutas marítimas, también se ha identificado transporte aéreo. “Estamos comenzando a ver que cada vez aparecen más de estas pistas de aterrizaje clandestinas”, dice Magliocca.

El atractivo que Costa Rica ofrece a los traficantes se basa, en parte, en su red marítima legal, que puede explotarse para trasladar el producto. El año pasado, por ejemplo, se incautaron 1.2 toneladas métricas de cocaína que se transportaban en un contenedor de bananas en el Reino Unido.

Una cuestión de carbono y equidad

La deforestación impulsada por el narcotráfico y las emisiones de carbono relacionadas son “enormes”, observa Magliocca. No obstante, para él, también es un problema de equidad, porque son los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales las que se ven más afectadas por el juego de la prohibición que se tiene entre los traficantes y las fuerzas del orden.

Un estudio reciente dirigido por Magliocca descubrió que, cuando los esfuerzos de control de las drogas ilícitas en América Central obligaban a los traficantes a cambiar de una ruta a otra, las tierras indígenas solían ser la primera opción. “Las zonas protegidas y los territorios indígenas ofrecen ese tipo de gobernanza de la tierra en disputa, poblaciones marginadas y lejanía que facilitan estas operaciones. Por eso, siempre van a resultar muy atractivas”.

“A menos que se aborden los problemas de equidad y se empodere a estas poblaciones, no se resolverán los problemas de sostenibilidad ambiental”, argumenta Magliocca.

Un escenario similar se observa en países productores como Perú, según Miller, con la incautación de tierras indígenas por parte de narcotraficantes, ganaderos y otros, a menudo ligada a una lucha más amplia por el reconocimiento de los derechos y títulos de propiedad de la tierra. “Los argumentos más inmediatos que [estos pueblos rurales] han esgrimido es que hay que respetar los derechos [de las tierras ancestrales] de… las comunidades locales”, afirma.

Esa falta de respeto también es evidente en los parques nacionales de Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico a menudo implica la expulsión de los habitantes rurales establecidos desde hace mucho tiempo en las zonas protegidas, una práctica que no está funcionando, de acuerdo con Rueda. La investigadora sugiere que ahora existe una oportunidad de que el gobierno firme acuerdos con las comunidades ubicadas en los parques o cerca de estos para brindarles a los pueblos tradicionales un sustento sostenible alternativo vinculado a la conservación.

“Se trata de avanzar hacia la inclusión del enfoque medioambiental dentro del desarrollo alternativo”, afirma Rueda. “Este es un problema social y lo estamos abordando [erróneamente] como un problema de delincuencia”.

Diversificación de los delitos

En México, las organizaciones del narcotráfico se han visto implicadas en delitos medioambientales tales como la tala ilegal. Asimismo, se han involucrado en negocios legales para invertir y blanquear ganancias ilícitas —como en el lucrativo mercado del aguacate, por ejemplo—, lo que ha provocado una mayor pérdida forestal y presión sobre el agua dulce. Investigaciones recientes realizadas por Felbab-Brown ponen de relieve un vínculo cada vez mayor entre las organizaciones mexicanas del narcotráfico y el tráfico de flora y fauna silvestre a China.

“A menudo, se exagera la conexión entre los cárteles y el tráfico de flora y fauna silvestre”, afirma. Sin embargo, con base en la investigación de campo, ese no es el caso en México. Halló que ahora los narcotraficantes están involucrados en una variedad de negocios, que van desde la industria de la pesca comercial legal hasta el tráfico ilegal de totoabas en peligro de extinción, pepinos de mar y especies terrestres como los jaguares.

La penetración del narco en la industria pesquera es un fenómeno muy conocido, dado que los buques pesqueros a menudo se usan para transportar cargamentos de droga. Un informe de 2020 observó 292 casos de incautaciones en tales buques entre 2010 y 2017 a nivel mundial: un volumen total de 522.1 toneladas métricas por un valor de $16 500 millones. Si bien estas cifras incluyen diversas drogas ilegales como marihuana y metanfetaminas, la cocaína representó, grosso modo, la mitad de las incautaciones.

Además, “dados los grandes volúmenes [de drogas] que se intercambian… los cárteles están recurriendo al trueque con flora y fauna silvestre como transferencia de valor entre economías ilegales”, afirma Felbab-Brown. Explica que las organizaciones narcotraficantes ahora intercambian productos de la flora y fauna silvestre por las sustancias químicas precursoras que se usan para producir drogas sintéticas tales como las metanfetaminas. El problema de las drogas sintéticas sigue creciendo año tras año en la región. Los hallazgos completos se publicarán en una serie de informes en los próximos meses.

“Esto genera una gran amenaza para la biodiversidad en México”, dice Felbab-Brown, especialmente porque se ha hecho poco para frenar el tráfico de flora y fauna a China.

En los países productores, las organizaciones narcotraficantes también están vinculadas a negocios lícitos e ilícitos, entre ellos, tráfico de flora y fauna silvestre, tala ilegal y extracción de oro. Puede que los narcotraficantes no participen directamente en estas actividades, pero la infraestructura, las rutas y los métodos de transporte que crean se usan para facilitar estas otras formas de delito, afirma Daan van Uhm, profesor asistente de criminología en la Universidad de Utrecht, Países Bajos.

En la frontera entre Colombia y Panamá, en la región de Darién, los grupos involucrados en la producción de cocaína, tales como el Cártel del Golfo, han incorporado la extracción de oro a sus actividades en los últimos años. La extracción y contrabando de oro se ha catalogado como una de las herramientas más sencillas y lucrativas para lavar dinero en la historia del tráfico de drogas en Colombia. Esta actividad también ejerce presión sobre los bosques y la biodiversidad y contamina el agua con sustancias químicas como el mercurio.

El año pasado, el líder del Cártel del Golfo fue detenido y el gobierno colombiano declaró con optimismo el fin de la operación narco ilegal más grande del país. Sin embargo, “la mayoría de las redes allí operan como subestructuras”, explica van Uhm, quien realizó investigaciones de campo en la región de Darién entre 2017 y 2019. “Están conectadas entre sí, pero pueden operar de forma independiente. No me imagino que [la detención] haya afectado… a la organización del tráfico de cocaína o a los delitos relacionados con el medioambiente”.

La coca en el agua

El daño medioambiental de la cocaína es menos visible en los países consumidores donde no se talan bosques para producir y transportar la coca, pero aun así se producen daños. Cuando la coca se esnifa, fuma, inyecta o ingiere de otro modo, el organismo metaboliza la mayor parte de ella. Sin embargo, una parte se excreta por la orina, ingresa directamente a los cursos de agua o pasa a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales que no necesariamente la eliminan por completo.

El estudio de cocaína y otras drogas ilícitas en aguas residuales no es nuevo. Durante años, una rama de la ciencia, conocida como “epidemiología de las aguas residuales”, se ha utilizado para investigar las tendencias en cuanto a drogas en las ciudades y en los países de todo el mundo.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías viene realizando pruebas en toda la Unión Europea desde 2011, rastreando el metabolito principal de la cocaína, la benzoilecgonina. Los últimos resultados de 2020 muestran que algunos de los consumos más elevados se dan en zonas urbanas como Amberes (Bélgica), Ámsterdam (Países Bajos) y Zúrich (Suiza). Métodos similares han rastreado el consumo de drogas en eventos públicos como festivales de música e incluso partidos universitarios de baloncesto en Estados Unidos.

Aunque la detección de las tendencias del consumo de drogas a través de los datos de las aguas residuales está bien establecida, no se sabe a ciencia cierta qué significa este desagüe de coca para el medioambiente. No obstante, una creciente cantidad de estudios han arrojado luz sobre este interrogante y los hallazgos han sido preocupantes.

La anguila europea (Anguilla anguilla) está en peligro crítico, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Anna Capaldo, profesora de la Universidad de Nápoles Federico II, Italia, y sus colegas han estudiado el efecto de la cocaína sobre las especies. “Los daños inducidos por la cocaína indican que esta droga afecta la fisiología de las anguilas y, posiblemente, de todas las especies acuáticas expuestas a ella”, afirma.

Si bien esta investigación se realizó en laboratorios, se usaron niveles de exposición que se pueden encontrar en los ecosistemas acuáticos naturales, lo que muestra el posible daño. “Por ejemplo, cuando las branquias se dañan [por la exposición a la cocaína], la capacidad de la anguila de oxigenar la sangre empeora. Del mismo modo, un músculo esquelético dañado no soportaría el nado de las anguilas durante su migración reproductiva hacia el mar de los Sargazos [del océano Atlántico]”.

Actualmente, Capaldo y su equipo están estudiando cómo afecta la cocaína a la reproducción y la función cerebral de las anguilas. Otros estudios han demostrado que afecta a especies de mejillones, erizos de mar y peces cebra.

Se estima que unos 20 millones de personas consumieron cocaína en 2019, aproximadamente el 0.4 % de la población adulta del mundo. Se cree que, en América del Norte, 6.9 millones de personas y, en Europa, 5 millones de personas consumen cocaína anualmente. Si bien el consumo es mayor en estas dos regiones, los estudios están hallando rastros de cocaína en las aguas residuales de todo el mundo, desde Barbados hasta Brasil. Este último trata aproximadamente el 43 % de sus aguas residuales, aunque este porcentaje se desploma al 5 % en las zonas rurales. La cocaína y la benzoilecgonina se encuentran entre los contaminantes que se liberan regularmente al río Amazonas.

“La cocaína es extremadamente perjudicial, pero se degrada relativamente rápido en el medioambiente”, explica Dan Aberg del Wolfson Carbon Capture Lab en la Universidad de Bangor en Gales. No obstante, esa rápida degradación puede contrarrestarse con el flujo constante de residuos de cocaína al medioambiente a través del agua residual.

El año pasado, Aberg y su equipo investigaron la presencia de cocaína y de otros contaminantes liberados a los cursos de agua en el Glastonbury Festival, uno de los eventos musicales más grandes del Reino Unido. De acuerdo con Aberg, los niveles de cocaína liberados durante la descarga del festival fueron lo suficientemente altos para resultar potencialmente perjudiciales para la anguila europea. En este caso, la exposición se debió principalmente a las micciones en campo abierto y a la falta de tratamiento de aguas residuales.

Cambiar el planeta

La cocaína está lejos de ser el único contaminante que ingresa en los cursos de agua, estuarios y océanos. Forma parte de un cóctel tóxico de productos farmacéuticos, metales pesados, pesticidas, microplásticos y mucho más que integra las aguas residuales y cloacales. Hace poco, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, un consorcio internacional de científicos, declaró que el límite planetario para “entidades noveles” —(contaminantes químicos introducidos por los seres humanos) ha sido trasgredido, lo que coloca a los sistemas que operan en la Tierra y a la civilización humana en riesgo. La cocaína excretada por la orina, junto con los precursores tóxicos utilizados en su producción, se encuentra entre las decenas de miles de entidades noveles de preocupación emergente.

Un estudio de 2020 llevado adelante por Pavel Horký, en la Universidad Checa de Ciencias Biológicas, acaparó los titulares. Su investigación demostró que la exposición a la metanfetamina —otra droga ilícita identificada en las muestras de aguas residuales— alteraba los patrones de comportamiento y provocaba signos de adicción en la trucha común (Salmo trutta). Hasta la fecha, se desconoce cómo las mezclas de drogas, tales como las metanfetaminas y la cocaína, podrían combinarse con otros contaminantes y afectar las especies acuáticas.

“Coincido totalmente con el Centro de Resiliencia de Estocolmo respecto de que la contaminación química es una de las mayores amenazas para la vida en general, [al traspasar] el límite de entidades noveles”, dice Horký. “Existen muchos contaminantes emergentes, no solo las drogas ilícitas, sino también los medicamentos estándares de venta con receta, como los antidepresivos y muchos otros que la sociedad humana consume en exceso. Sus riesgos pueden variar junto con sus efectos aditivos, sinérgicos o antagónicos”.

“Si bien el conocimiento que tenemos se va incrementando, este aún es incipiente”, advierte.

Hay formas de protegerse de esta forma de daño medioambiental. Se pueden eliminar los residuos de cocaína del agua residual, aunque la eficacia de las plantas de tratamiento varía. Otras soluciones basadas en la naturaleza, como humedales artificiales, ofrecen alternativas de saneamiento.

Para Horký, hay una solución más sencilla y económica: “El mejor contaminante es el que no se libera al medioambiente”, afirma. “Todos deberían reflexionar sobre esto y usar medicamentos, drogas y otras sustancias químicas con responsabilidad [y ante] una necesidad real”.

* Imagen principal: Plantación de coca en una colina cerca de Caranavi, al oeste de Bolivia. Foto de Neil Palmer/CIAT a través de Flickr (CC BY-SA 2.0).

Referencias:

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., … Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461(7263), 472-475. doi:10.1038/461472a

Vanegas-Cubillos, M., Sylvester, J., Villarino, E., Pérez-Marulanda, L., Ganzenmüller, R., Löhr, K., … Castro-Nunez, A. (2022). Forest cover changes and public policy: A literature review for post-conflict Colombia. Land Use Policy, 114, 105981. doi:10.1016/j.landusepol.2022.105981

Álvarez, M. D. (2007). Environmental damage from illicit drug crops in Colombia. World Forests, 5, 133-147. doi:10.1007/978-1-4020-5462-4_8

Dávalos, L. M., Sanchez, K. M., & Armenteras, D. (2016). Deforestation and coca cultivation rooted in twentieth-century development projects. BioScience, 66(11), 974-982. doi:10.1093/biosci/biw118

Fabregat-Safont, D., Ibáñez, M., Bijlsma, L., Hernández, F., Waichman, A. V., De Oliveira, R., & Rico, A. (2021). Wide-scope screening of pharmaceuticals, illicit drugs and their metabolites in the Amazon River. Water Research, 200, 117251. doi:10.1016/j.watres.2021.117251

Renjifo, L. M., Amaya-Villarreal, A. M., & Butchart, S. H. (2020). Tracking extinction risk trends and patterns in a mega-diverse country: A Red List Index for birds in Colombia. PLOS ONE, 15(1), e0227381. doi:10.1371/journal.pone.0227381

Gallardo-Cruz, J. A., Peralta-Carreta, C., Solórzano, J. V., Fernández-Montes de Oca, A. I., Nava, L. F., Kauffer, E., & Carabias, J. (2021). Deforestation and trends of change in protected areas of the Usumacinta river basin (2000–2018), Mexico and Guatemala. Regional Environmental Change, 21(4). doi:10.1007/s10113-021-01833-8

Sesnie, S. E., Tellman, B., Wrathall, D., McSweeney, K., Nielsen, E., Benessaiah, K., … Rey, L. (2017). A spatio-temporal analysis of forest loss related to cocaine trafficking in Central America. Environmental Research Letters, 12(5), 054015. doi:10.1088/1748-9326/aa6fff

McSweeney, K., Nielsen, E. A., Taylor, M. J., Wrathall, D. J., Pearson, Z., Wang, O., & Plumb, S. T. (2014). Drug policy as conservation policy: Narco-deforestation. Science, 343(6170), 489-490. doi:10.1126/science.1244082

Devine, J. A., Wrathall, D., Aguilar-González, B., Benessaiah, K., Tellman, B., Ghaffari, Z., & Ponstingel, D. (2021). Narco-degradation: Cocaine trafficking’s environmental impacts in Central America’s protected areas. World Development, 144, 105474. doi:10.1016/j.worlddev.2021.105474

Tellman, B., McSweeney, K., Manak, L., Devine, J. A., Sesnie, S., Nielsen, E., & Dávila, A. (2021). Narcotrafficking and land control in Guatemala and Honduras. Journal of Illicit Economies and Development, 3(1), 132. doi:10.31389/jied.83

Wrathall, D. J., Devine, J., Aguilar-González, B., Benessaiah, K., Tellman, E., Sesnie, S., … Dávila, A. (2020). The impacts of cocaine-trafficking on conservation governance in Central America. Global Environmental Change, 63, 102098. doi:10.1016/j.gloenvcha.2020.102098

Magliocca, N. R., Summers, D. S., Curtin, K. M., McSweeney, K., & Price, A. N. (2022). Shifting landscape suitability for cocaine trafficking through Central America in response to counterdrug interdiction. Landscape and Urban Planning, 221, 104359. doi:10.1016/j.landurbplan.2022.104359

Hansen, O. (2018). Deforestation caused by illegal avocado farming: A case study on the effectiveness of Mexico’s payment for ecosystem services program. University of Miami Inter-American Law Review, 49(1), 89-128. Retrieved from https://repository.law.miami.edu/umialr/vol49/iss1/6/

Sommaruga, R., & Eldridge, H. M. (2020). Avocado production: Water footprint and socio‐economic implications. EuroChoices, 20(2), 48-53. doi:10.1111/1746-692x.12289

Belhabib, D., Le Billon, P., & Wrathall, D. J. (2020). Narco‐fish: Global fisheries and drug trafficking. Fish and Fisheries, 21(5), 992-1007. doi:10.1111/faf.12483

Van Uhm, D., South, N., & Wyatt, T. (2021). Connections between trades and trafficking in wildlife and drugs. Trends in Organized Crime, 24(4), 425-446. doi:10.1007/s12117-021-09416-z

Palacios-Torres, Y., Caballero-Gallardo, K., & Olivero-Verbel, J. (2018). Mercury pollution by gold mining in a global biodiversity hotspot, the Choco biogeographic region, Colombia. Chemosphere, 193, 421-430. doi:10.1016/j.chemosphere.2017.10.160

Van Uhm, D. (2020). The diversification of organized crime into gold mining: Domination, crime convergence, and ecocide in Darién, Colombia. Illegal Mining, 105-146. doi:10.1007/978-3-030-46327-4_5

Yadav, M. K., Short, M. D., Gerber, C., Van den Akker, B., Aryal, R., & Saint, C. P. (2018). Occurrence, removal and environmental risk of markers of five drugs of abuse in urban wastewater systems in South Australia. Environmental Science and Pollution Research, 26(33), 33816-33826. doi:10.1007/s11356-018-2464-6

Montgomery, A. B., O’Rourke, C. E., & Subedi, B. (2021). Basketball and drugs: Wastewater-based epidemiological estimation of discharged drugs during basketball games in Kentucky. Science of the Total Environment, 752, 141712. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141712

Fontes, M. K., Dourado, P. L., Campos, B. G., Maranho, L. A., Almeida, E. A., Abessa, D. M., & Pereira, C. D. (2022). Environmentally realistic concentrations of cocaine in seawater disturbed neuroendrocrine parameters and energy status in the marine mussel Perna perna. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 251, 109198. doi:10.1016/j.cbpc.2021.109198

Da Silva Souza, L., Pusceddu, F. H., Cortez, F. S., De Orte, M. R., Seabra, A. A., Cesar, A., … Pereira, C. D. (2019). Harmful effects of cocaine byproduct in the reproduction of sea urchin in different ocean acidification scenarios. Chemosphere, 236, 124284. doi:10.1016/j.chemosphere.2019.07.015

Parolini, M., Ghilardi, A., Della Torre, C., Magni, S., Prosperi, L., Calvagno, M., … Binelli, A. (2017). Environmental concentrations of cocaine and its main metabolites modulated antioxidant response and caused cyto-genotoxic effects in zebrafish embryo cells. Environmental Pollution, 226, 504-514. doi:10.1016/j.envpol.2017.04.046

Edwards, Q. A., Sultana, T., Kulikov, S. M., Garner-O’Neale, L. D., Yargeau, V., & Metcalfe, C. D. (2018). Contaminants of emerging concern in wastewaters in Barbados, West Indies. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 101(1), 1-6. doi:10.1007/s00128-018-2346-0

Roveri, V., Guimarães, L. L., Toma, W., & Correia, A. T. (2021). Occurrence and ecological risk assessment of pharmaceuticals and cocaine in the urban drainage channels of Santos beaches (São Paulo, Brazil): A neglected, but sensitive issue. Environmental Science and Pollution Research, 28(46), 65595-65609. doi:10.1007/s11356-021-15249-8

Aberg, D., Chaplin, D., Freeman, C., Paizs, B., & Dunn, C. (2022). The environmental release and ecosystem risks of illicit drugs during Glastonbury Festival. Environmental Research, 204, 112061. doi:10.1016/j.envres.2021.112061

Horký, P., Grabic, R., Grabicová, K., Brooks, B. W., Douda, K., Slavík, O., … Randák, T. (2021). Methamphetamine pollution elicits addiction in wild fish. Journal of Experimental Biology, 224(13). doi:10.1242/jeb.242145

Deng, Y., Guo, C., Zhang, H., Yin, X., Chen, L., Wu, D., & Xu, J. (2020). Occurrence and removal of illicit drugs in different wastewater treatment plants with different treatment techniques. Environmental Sciences Europe, 32(1). doi:10.1186/s12302-020-00304-x

* Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/04/all-coked-up-the-global-environmental-impacts-of-cocaine/