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La Región
Mediante un pronunciamiento público, la Red Eclesial de la Amazonia Boliviana (Repam Bolivia) advirtió que “estamos en puertas de un etnocidio”, debido a los incendios, el uso de semillas transgénicas, el narcotráfico y la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.
El documento, al que se puede acceder en este enlace https://bit.ly/2yK9Stl, fue emitido este martes. Entre otras cosas, alerta que los principales afectados ante “políticas emprendidas o acciones que van al margen de la ley”, son los Pueblos y Comunidades amazónicas, que además tienen que enfrentar a la pandemia sin las condiciones adecuadas y con escasa cobertura de salud.
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“Frente a estas realidades como los incendios, la producción de drogas, el inminente uso de transgénicos y la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades amazónicas, no es exagerado afirmar que estamos en las puertas de un etnocidio provocado desde varios frentes: intereses económicos empresariales que fomentan incendios y siembra de transgénicos, la pandemia del coronavirus y el abandono del Estado, entre otros”, advirtió la Repam.
La declaración surge días después de la aprobación de normas que permiten el uso de semillas transgénicas de soya, trigo, maíz y algodón. En ese contexto, la entidad de la iglesia Católica advirtió que aquello puede traer “consecuencias irreversibles, no solo al daño del medio ambiente, o la explotación irracional de la tierra, o las consecuencias en la salud humana”.
Con estas normas –manifiesta- se pretende dar apertura a un negocio para la exportación y en beneficio de un sector privilegiado que sistemáticamente seguirá fomentando la deforestación y pérdida del bosque nativo, contaminación del agua y la pérdida de capacidad de producción del suelo.
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Acción de inconstitucionalidad
“Frente a hechos y normas que rompen los principios fundamentales del derecho, a nivel legal se hace necesaria una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto el DS 4232 que va en contra de la Constitución Política del Estado, pero sobre todo por ir en contra de la vida misma”, continúa el documento.
Asimismo, recuerda que desde 2013 se viene implementando leyes y decretos supremos “incendiarios y ecocidas”, como los siguientes:
- 2013: Ley 337 Perdonazo de desmontes.
- 2014: Ley 502 Ampliación perdonazo.
- 2015: Ley 739 Mayor ampliación de perdonazo; Ley 740 Ampliación tiempo Función Económica Social; Ley 741 Desmonte 20 hectáreas,
- 2019: Ley 1171 Manejo de quemas, Decreto Supremo 3874, Procedimiento abreviado de Soya transgénica HB4-biodiésel, Decreto Supremo 3973 Quemas controladas, Beni y Santa Cruz. Ley departamental del Beni sobre el PLUS.
- 2020: Decreto Supremo 4232 del 7 de mayo, que viabiliza el uso de transgénicos en Bolivia y prosigue la política que favorece a un pequeño grupo de empresarios, prevaleciendo una visión extractivista e industrial de la agricultura, con monocultivo extenso, aprovechamiento de suelos con carga química que no toma en cuenta la degradación ambiental, del terreno, del agua y las semillas en la región tropical y amazónica.
Del mismo modo, “preocupa la mirada cortoplacista del actual Gobierno de transición cuando con estas medidas dejan en descuido y vulneración total a los pequeños productores junto su economía agrícola familiar, que es el sustento de nuestra seguridad y soberanía alimentaria”.
La Iglesia recuerda que hasta abril de 2020, según la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), los focos de calor se incrementaron en la Amazonía boliviana en relación al año pasado en más de 35 %, lo que hace temer “que estamos ante un nuevo ciclo de incendios que podría llevarnos a un nuevo desastre ambiental”.
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Narcotráfico
El otro punto tiene que ver con el narcotráfico, ya que hace poco se informó del descubrimiento de fábricas de pasta base de cocaína en lugares poco accesibles como el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
“Con estos hechos evidenciamos la presencia de personas vinculadas al narcotráfico y que están incursionando en parques nacionales y reservas naturales con una rica biodiversidad, donde el Estado debería cumplir su tarea de control para evitar los cultivos de coca ilegales y penalizar a los responsables de la elaboración de cocaína”.
Para la Repam, los principales afectados ante todas estas políticas emprendidas o acciones que van al margen de la ley, son los Pueblos y Comunidades amazónicas, que además en este momento, tienen que enfrentar a la pandemia “sin las condiciones adecuadas, con escasa cobertura de salud y sin medios para frenar este mal”.
Por eso esta red tiene las siguientes demandas:
- Llamamos a las autoridades locales, nacionales y a la comunidad internacional para apoyar a estas poblaciones vulnerables; para no lamentar muerte y desolación ante la orfandad que proteja los derechos como pueblos y originarios de estos territorios.
- En los pueblos y comunidades amazónicas se hacen necesarias acciones inmediatas que aseguren la salud en primera instancia, la provisión de alimentos, productos de higiene y limpieza con el fin de afrontar en mejores condiciones la pandemia.
- Se hacen necesarias acciones concretas que permitan conservar el bioma amazónico, cuidando la propagación de incendios, tomando medidas en contra de la producción de drogas ilegales, y motivando la producción ecológica en lugar de la transgénica.
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