Incendios, deforestación y asentamientos humanos: ¿qué pasa en Ñembi Guasu, el área protegida de los guaraníes en Bolivia?

En los últimos tres años se han quemado más de 600 mil hectáreas en esta área de conservación que acoge un bosque “casi endémico” y un pueblo en aislamiento voluntario. ● Los incendios y un reclamo por límites territoriales hicieron que se declare una pausa ambiental que se cumple a medias en la zona. ● Ganaderos paraguayos y el alcalde del municipio de Roboré, en Bolivia, expresaron su intención de consolidar una vía que pasa por el territorio ancestral.

Por Rocío Lloret Céspedes / Fotos: Fernando Portugal

Ñembi Guasu es para el pueblo guaraní, en el Chaco boliviano, su “gran refugio”. El lugar para “esconderse” de los peligros y para conservar. Quizá por eso, cuando este pueblo ancestral decidió dejar de ser el municipio de Charagua (departamento de Santa Cruz) para convertirse en el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) Charagua Iyambae; incorporó en su estatuto, en 2014, el Área de Conservación e Importancia Ecológica de la Nación Guaraní Ñembi Guasu: la segunda más grande en toda la región del Chaco Americano. Cinco años más tarde, dicho estatuto se refrendó con una ley reconocida por la Constitución Política del Estado.

La decisión de preservar ese territorio data de los años noventa, cuando Bolivia empezó a discutir el reconocimiento de territorios ancestrales a través de una ley nacional. “Que en su estatuto autonómico los guaraníes hayan incluido un área de conservación, es un elemento que diferencia a Ñembi Guasu de otras áreas protegidas. Es una demanda histórica y cultural, no solo ambiental, que es —por lo general— el motivo de creación de un área protegida”, dice Leonardo Tamburini, director de Oré, organización que asesora jurídicamente a pueblos indígenas en el país.

Pero la sola autodeterminación no fue suficiente para conservar este territorio de 1 207 850 hectáreas de bosque seco tropical. Antes de su creación oficial, en 2019, en el interior del Gaioc Charagua Iyambae había haciendas ganaderas y, según sus datos, en los últimos tres años, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) autorizó asentamientos a 81 comunidades campesinas interculturales, como se denomina a los colonizadores provenientes del altiplano y los valles del país.

El área protegida Ñembi Guasu es también territorio de un pueblo indígena que permanece en aislamiento voluntario.

Esas autorizaciones de asentamientos factores, sumadas a los cambios en el clima, hicieron que en 2019 se presentaran incendios forestales muy severos que alcanzaron 442 186 hectáreas, según estudios de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Dos años más tarde, en 2021, alrededor de 200 000 hectáreas ardieron nuevamente, muchas de ellas en superficies que estaban en regeneración. Más allá de la afectación a la flora y fauna, al sur de Ñembi Guasu hay un corredor ecológico entre el Parque Nacional Kaa Iya del Gran Chaco y el Parque Nacional Otuquis, donde viven indígenas ayoreos en aislamiento voluntario, según publicó Mongabay Latam en un reportaje anterior. Así, los incendios en Ñembi Guasu no solo pusieron en riesgo la biodiversidad, sino a un pueblo indígena protegido por decreto en el país.

Juan de Dios Garay, biólogo de la organización Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa), trabaja en la zona desde 2018 y apoya en la gestión del área. Garay cuenta que, cuando entró a la zona por primera vez, se topó con haciendas ganaderas y “un montón de letreros de comunidades campesinas sin habitantes”. Aquello no ha cambiado, como corroboró un equipo periodístico en abril de 2022, durante un recorrido por distintas zonas del área. Lo que sí ha cambiado es el aumento de la deforestación, el avance de sendas [caminos] hacia el interior de Ñembi Guasu y la construcción de dos pequeños puentes en el Este del área, donde el Gaioc Charagua Iyambae reclama una franja de territorio al municipio de El Carmen Rivero Tórrez. Todos estos elementos tienen al área sometida a presiones cada vez más fuertes.

“En su cosmovisión, para los guaraníes era suficiente decir: ‘nosotros tenemos esta área de importancia ecológica y nadie la va a tocar porque ya está declarada como tal’. Pero en la realidad, ese respeto no ocurre”, dice el biólogo Garay.

Fuego en tierra seca

Dentro de Ñembi Guasu hay estrechas vías de arena rodeadas de bosque impenetrable por las que cabe un solo vehículo. Cuando hay un incendio, aquello se convierte en una jaula de llamaradas y humo que no da lugar a una escapatoria en caso de quedar dentro.

Entonces, como sucedió en 2019 y en 2021, solo queda esperar las lluvias para sofocar las llamas y, mientras tanto, ver cómo se quema uno de los bosques casi endémicos de Bolivia: el abayoy. Un “complejo de ecosistemas formado por arbustos bajos y densos de transición al Chaco”, describe el biólogo Juan Carlos Catari, miembro del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, quien realizó exploraciones en la zona para elaborar el plan de manejo del área protegida. El 80 % de este bosque se encuentra en Bolivia, mientras que el restante está en Paraguay.

Las cicatrices del fuego aún se pueden apreciar en la vegetación del área. La regeneración es lenta y genera dudas a los expertos.

Ñembi Guasu es una zona seca, donde apenas llueve entre 400 y 600 milímetros por año. Dos ríos —San Miguel y Aguas Calientes— atraviesan su interior. A este último llegan grandes mamíferos como el jaguar (Panthera onca) a beber agua luego de atravesar grandes distancias. Sirve de corredor ecológico entre el Parque Nacional Kaa Iya y el Parque Nacional Otuquis y en su extremo sur hay lagunas no intervenidas que se llenan solo en época de lluvias. Los científicos han encontrado allí peces estacionales que dejan huevos en el lodo, según explicó el biólogo Juan de Dios Garay, quien acompañó las expediciones. “El agua se seca y los huevos eclosionan cuando vuelven las precipitaciones y las lagunas se llenan otra vez”, asegura. 

El territorio también se caracteriza por tener ganado que se alimenta de arbustos —un tipo de alimentación llamado ramoneo—, lo cual lo mantenía “relativamente bien conservado”, explica Daniel Villarroel, subgerente de investigación y monitoreo de ecosistemas de la FAN.

En 2019, cuando megaincendios forestales consumieron 6,4 millones de hectáreas en toda Bolivia; el fuego ingresó a Ñembi Guasu después de 50 años, según le dijo gente del lugar a la organización Nativa. Estudios en mano, Huáscar Azurduy, responsable de la Unidad de Conservación y Restauración de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), asegura que “Ñembi Guasu fue el epicentro de los incendios más intensos y rápidos en el mundo”.

La intensidad llegó a categoría seis en la escala de incendios forestales, cuando lo máximo registrado era categoría cinco; algo solo visto en países como Australia y Chile. Expertos lo atribuyen a una helada previa que secó casi todas las plantas y mató algunos brotes. “Las ráfagas de viento impulsaron los incendios y provocaron un efecto lanzallamas”, asegura Villarroel, quien participó en investigaciones posteriores al desastre. Los resultados mostraron una mortalidad del 70 a 90 % de árboles, “y eso no se había visto en ninguna otra parte de la Chiquitania”, agrega.

Tras el desastre ecológico, investigadores de la FAN sugirieron trabajar con el combustible generado por los árboles muertos y la vegetación que empezaba a crecer post incendio, pero que moriría en época seca. Veían que todo eso “era como tener leña lista para volver a arder”. Y esa “leña” ardió en agosto de 2021, por lo que, para ellos, se trató de consecuencias de lo sucedido en 2019.

Durante un sobrevuelo realizado poco después de que el incendio comenzara en los primeros días de agosto del año pasado, Mario Cerezo, entonces responsable de monitoreo en el comando de incidencia del municipio de Roboré; observó que la superficie que se quemaba era la misma que ardió en 2019.

Rastros de la actividad de comunarios que eventualmente ingresan a la zona a sentar presencia.

“Si había algún rastro de especies arbóreas que se salvaron en 2019, con este incendio [de 2021], quedaron totalmente arrasadas”, cuenta. Una vez más, el fuego llegó hasta Paraguay. Esta vez se pudo ingresar a algunos puntos con maquinaria para evitar su propagación. Eso, sumado a que llovió en el país vecino, hizo que la emergencia no pasara de 10 días, mucho menos que lo que duró el megaincendio anterior, que empezó el 9 de agosto y se prolongó hasta mediados de septiembre.

Para este 2022 la sequía aumenta la probabilidad de un incendio. Sin embargo, el riesgo lo define la temporada de invierno, que en los últimos tres años ha presentado heladas inusuales, algo que no se ha registrado hasta el momento pero que, según los expertos, todavía es un riesgo latente porque la estación primaveral recién llega en septiembre.

Actualmente, las zonas más afectadas por los incendios de 2019 y 2021 están en “proceso de sucesión regresiva”. Eso significa que solo queda esperar a que las especies vuelvan a un punto cero, donde se regeneren por sí mismas, para luego recuperarse. El problema, para Villarroel es que “los incendios estarían produciendo una modificación en todas las características físico-químicas del suelo, con lo cual no se garantiza que lo que va a salir después [vegetación] sea lo mismo que había antes”.

Una pausa ecológica que se cumple a medias

En el recorrido se evidenció la presencia de este este pequeño tractor de propiedad del municipio de El Carmen ya en territorio de Ñembi Guasu.

Los incendios en Ñembi Guasu, así como la disputa por una franja de territorio con el municipio de El Carmen Rivero Tórrez, hicieron que el Tetarembiokua Reta Imborika (TRI), máxima autoridad del gobierno de Charagua Iyambae (en idioma guaraní), Ronald Andrés Caraica, interpusiera una “acción ambiental preventiva” contra el INRA y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), entidad que autoriza los desmontes y las quemas controladas. La acción fue aceptada por un Juzgado Agroambiental que, desde el 9 de septiembre del año pasado, dispuso una pausa ecológica en Ñembi Guasu que “prohíbe actividades que vayan en contra de la regeneración, restauración de la fauna y la cobertura vegetal en las zonas afectadas por los incendios; y la habilitación de terrenos en propiedades colectivas y privadas”, en alusión a la entrega de nuevas resoluciones o titulación de tierras de parte del INRA a comunidades de denominados interculturales. 

También establece el control de la Policía Nacional en los ingresos o salidas del área protegida, mediante registro; así como el control y la prohibición del ingreso de personas que no justifiquen su tránsito, “a fin de evitar incendios forestales que pudieran modificar su estado actual”. 

Sin embargo, en un recorrido realizado por este equipo periodístico por distintos accesos al área protegida, se evidenció que la medida no se acata como establece el documento. En el noreste del área, desde la carretera Bioceánica que une a Bolivia con Brasil, hay un camino que no conduce a ningún otro punto y que se encuentra en el municipio de Carmen Rivero Tórrez, donde el pueblo guaraní reclama territorio. Son 44 kilómetros de senda que al final desembocan en el interior del territorio del Gaioc Charagua Iyambae y que, en 2018, era mucho más corto, según recuerda Juan de Dios Garay. Las personas que conocen el lugar no recuerdan con precisión cuándo se abrió la vía, pero dicen que va avanzando de a poco. Además, hay dos pequeños puentes de cemento construidos entre 2019 y 2020, presuntamente, por menonitas. 

Este puente de cemento fue construido en los últimos tres años, se presume que lo financiaron menonitas.

Utilizando la información satelital de Global Forest Watch, este equipo periodístico identificó que, entre julio de 2020 y julio de 2022 se registraron 13.299 alertas de deforestación integradas, entre GLAD y RADD, según la plataforma. En el segundo semestre de julio de 2020 se identificó la mayor cantidad de alertas, 6,387, mientras que entre enero de 2021 y diciembre de 2021 hubo 6,548 alertas. Es decir, según los datos de Global Forest Watch, el camino se abrió sobre todo durante estos dos años. Además, en los últimos seis meses del 2022 se han detectado 368 alertas.

En todo el trayecto se contabilizaron al menos 110 estructuras de madera, en ambos lados de la vía. Algunas tienen cuartos a medio construir pero están siendo devoradas por el monte. Otras —la mayoría—son palos que soportan techos viejos de calamina. Se supone que pertenecen a comunidades campesinas cuyos representantes aseguraron tener resoluciones de titulación. Garay, quien recorre este territorio constantemente en patrullajes autorizados por el Gaioc, estima que entre ocho y diez familias viven constantemente en toda el área de conservación, además de las haciendas ganaderas que sí tienen actividad y titulación. El resto, son comunidades que tienen titulación pero no viven en la zona.

En una de ellas, ya dentro de Ñembi Guasu, un trabajador que solo quiso identificarse como Estanislao, dijo que su empleador tiene esas tierras hace 10 años; algo que para Garay es poco probable, ya que cuando empezó a trabajar en la zona, muchas de estas comunidades no estaban presentes. El jornalero explicó que allí se cultiva sésamo, maní, sandía y otros alimentos y aseguró que “el agua se trae de Santa Ana”, un cantón que pertenece al municipio de El Carmen Rivero Tórrez. 

Los techos de lámina armados sobre maderos producto del desmonte de la zona son una constante en el paisaje de ingreso al área protegida.

Durante la visita, también se encontró un tractor agrícola. “Es de la Alcaldía de El Carmen, trabaja para los comuneros. Cuando ellos lo piden, pagan allá, le avisan al tractorista y viene”, afirmó Estanislao.

Sobre el tema de límites como de la presencia de maquinaria, Elías Gutiérrez, secretario general del municipio de El Carmen, asegura que “no hay conflicto de límites con Charagua Iyambae, porque somos uno de los cinco municipios cruceños que tiene sus límites definidos con ley, con puntos y coordenadas”. Al ser consultado sobre la presencia del tractor en Ñembi Guasu, explicó que el INRA entregó resoluciones en la zona antes que Charagua Iyambae creara el área protegida. “Una parte [de esas comunidades campesinas] está en nuestro municipio y otra parte en territorio de Charagua. Nosotros prestamos asistencia a nuestras comunidades. Pero ellos están asentados con resoluciones del INRA”, insiste.


Entre junio de 2018 y junio de 2019 se empezó a abrir este camino. Pero entre enero de 2020 y diciembre de 2021 hubo un crecimiento exponencial.

Estanislado, el jornalero que trabajaba en parte de dichas tierras, asegura que siete comunidades del extremo noreste del área protegida trabajan con una empresa de Santa Cruz llamada Agroexport “que compra el sésamo, y ahora está interesada en semilla de joco para extraer su aceite”. Nos comunicamos telefónicamente con la compañía y el responsable de almacenes, José Luis Ojopi, dijo que ellos compran semilla a productores, pero no mediante un compromiso, sino porque estos la ofrecen. “No hacemos seguimiento de siembra, excepto a aquellos [productores] que tienen relación directa con la empresa, y no tenemos ninguno en la zona que menciona”.

Al ser un lugar inhóspito por el calor, la falta de agua y los mosquitos, Estanislao y otras tres personas que encontramos en el lugar dijeron que solo acuden en época de cosecha. “Acá no llueve, hay que pagar por agua”. “¿Y el agua para la producción?”, es la pregunta recurrente. “Dicen que van a perforar pozos”, responde Estanislao.

Las reglas de ingreso a comunidades que, se supone, debieran vivir en el lugar, porque así lo establece el INRA para entregar resoluciones; regla que no siempre se cumple.

Por el extremo noroeste de Ñembi Guasu, hay otro camino de ingreso que empieza en el municipio de San José de Chiquitos, atraviesa el área y termina en el Parque Nacional Kaa Iya. Kaa Iya comienza, literalmente, cuando se llega a un portón con un candado y una caseta abandonada. El candado no ha sido forzado pero cazadores furtivos se dieron modos para ingresar por las zonas laterales de la reja para capturar animales y comer carne de monte. En algún momento se espera que aquí haya un puesto de control permanente, custodiado por guardaparques de Ñembi Guasu. Actualmente esta área solo tiene uno, cuyo salario es cubierto por Nativa.

En determinados puntos existen portones, pero cazadores furtivos se dan modos para ingresar por los costados.

Muchas de las presiones que sufre Ñembi Guasu, en parte son consecuencia de una débil administración que recién está en proceso de consolidarse, coinciden los expertos. En el pasado mes de junio el Gaioc Charagua Iyambae debía promulgar una Ley autonómica de Áreas Protegidas, tras un trabajo consensuado que empezó hace tres años. Hasta el cierre del presente reportaje eso no había ocurrido pero las autoridades del Gaioc estiman que no pasará de este año.

La norma regirá para las cinco áreas que tienen los guaraníes en su territorio: dos nacionales —Kaa Iya y Otuquis— y tres subnacionales —Ñembi Guasu, Serranía de Irenda y Guajukaka—. Y es que el 68 % del territorio de Charagua Iyambae fue declarado en conservación. Los dos parques nacionales fueron declarados por el gobierno boliviano y los tres subnacionales por los indígenas. “Por eso creemos muy importante tener una ley [autonómica de Áreas Protegidas], ya que la superficie en conservación supera las cinco millones de hectáreas. Será un sistema guaraní que permita manejar las áreas y trabajar en la gestión de cada una. Con la Ley promulgada, haremos la reglamentación, para tener control, vigilancia y turismo. Estamos en el proceso de construcción”, dice José Ávila, director de las áreas protegidas del Gaioc Charagua Iyambae.

¿Otro camino para salir a Paraguay?

Este tipo de paisajes hace que el acceso para apagar las llamas dentro del área sea muy difícil. Una vez adentro, es difícil retroceder para salir, lo cual pone en riesgo a los bomberos.

En Roboré, uno de los municipios más próximos a Ñembi Guasu, se habla de un proyecto para habilitar un camino que uniría este punto con Paraguay y que atravesaría el área protegida. Oficialmente, al Gaioc Charagua no llegó ninguna comunicación al respecto y tampoco figura en registros nacionales. “Hemos escuchado [del proyecto], pero solo rumores y eso no garantiza la ejecución. Tenemos oficinas en Roboré y creemos que [si existe esa intención], lo primero sería hacernos conocer para dar viabilidad, porque sabemos que podría generar problemas en el futuro”, responde Ávila al respecto.

En una nota de prensa del diario paraguayo ABC de junio de 2021, se lee que productores de Agua Dulce, el punto paraguayo más próximo en la frontera, expresaron el interés de unir su región con Bolivia. Según el reporte, las negociaciones con ganaderos bolivianos “están muy avanzadas”.

Leonardo Tamburini, de Oré, asegura que se trata de una vía antigua que conectaba haciendas ganaderas. “Es una asociación de unos 70 miembros del lado paraguayo, en la frontera, que han hecho una alianza con los ganaderos del lado boliviano. Del otro lado [Paraguay] hay desmontes grandísimos”, asegura el abogado. 

En entrevista telefónica, Celso Muxfeldt Echauri, presidente de la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD) de Paraguay, explicó que se viene trabajando en el tema desde 2015 con el actual alcalde de Roboré, José Eduardo Díaz.

En el país vecino la intención llegó hasta el Congreso. Según este documento oficial, se declaró “de interés prioritario y estratégico a los intereses nacionales los proyectos de desarrollo en la zona denominada Agua Dulce -departamento de Alto Paraguay- y la construcción de la conexión vial de la ruta nacional PY16 y PY 14, y ferroviaria Carmelo Peralta (PY) – Bahía Negra – Agua Dulce (PY) – Roboré (Bol)”. Muxfeldt asegura que la vía ayudaría a entrar a Ñembi Guasu y prevenir futuros incendios.  

Consultado sobre el avance del tema a nivel nacional, el empresario paraguayo responde que el alcalde Díaz elevó el proyecto a La Paz. “Con él queremos armar el encuentro internacional en octubre para que ambos gobiernos centrales marquen eso [el proyecto vial] como agenda binacional. Nosotros [en Paraguay] ya hicimos nuestra ruta con ayuda del Ministerio de Obras Públicas, ya terminamos de ripiar el tramo nuestro [55 kilómetros de ripiado hasta la frontera con Bolivia]”, finaliza Muxfeldt.

El alcalde Díaz, quien respondió a una entrevista de este equipo periodístico mediante un video, aseguró que lo que se busca es “coordinar y aunar esfuerzos” para prevenir y reducir incendios, pero también “fortalecer el sector productivo y turístico” de Roboré, la llamada “Perla del Oriente” en Bolivia.