Por Ivette Sierra / Mongabay Latam
Un panorama completo de la situación de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial se presenta por primera vez en un informe elaborado de manera conjunta en siete países de Sudamérica.
Se trata del Informe Regional: Territorios y Desarrollo – Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco, que ofrece un panorama de estos pueblos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
De acuerdo con el estudio, en Sudamérica existen 185 registros de indígenas que viven en aislamiento voluntario o que son de reciente contacto. De ellos, 66 han sido confirmados por las organizaciones indígenas mediante sistemas de información etnográfica, etnohistórica y un monitoreo espacial georreferenciado.
El documento también refleja las graves presiones y amenazas a las que están expuestos los pueblos en aislamiento. “Existe un alto nivel de vulnerabilidad de sus territorios”, indica José Proaño, director para Latinoamérica de Land is Life, organización internacional que publicó este informe.
La expansión de la agroindustria y la ganadería, la construcción de grandes obras de infraestructura como carreteras o hidroeléctricas, las actividades extractivas, la colonización y procesos de evangelización que realizan organizaciones religiosas, así como la debilidad de las políticas públicas figuran entre las principales amenazas que se repiten en varios países.
Debilidades en las políticas de protección
“En Venezuela no reconocen la existencia de los pueblos aislados, no hay legislación alguna sobre ellos”, comenta Antenor Vas, consultor internacional para metodologías y políticas públicas de protección para los pueblos indígenas en aislamiento (PIA), quien también fue responsable de la edición del informe.
Para Vas la situación de los PIA en Venezuela es la más crítica de Sudamérica, pero en el resto de países el reconocimiento de su existencia y las políticas de protección tampoco son una garantía. Paraguay también atraviesa una situación delicada —dice Vas— pues no cuenta con legislación precisa para estos pueblos. En cuanto al resto de países, Ecuador y Bolivia reconocen a los pueblos aislados a través de normas constitucionales, sin embargo, en ninguno se ha implementado políticas públicas que sean realmente efectivas para su protección. Los demás países incluyen de alguna forma dentro de su legislación la presencia de los pueblos en aislamiento.
“Las políticas existentes están poco definidas y se aplican de manera lenta e ineficaz”, señala Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la introducción del informe.
En el caso de Brasil ha habido un serio retroceso en sus políticas de protección de los derechos de los grupos originarios. Mientras en el año 2005, cuando se realizó el primer encuentro internacional sobre pueblos en aislamiento, Brasil era el único país con un marco jurídico establecido y seis territorios indígenas categorizados; en la actualidad, las políticas de desarrollo para la región Amazónica y los cambios en la política indigenista brasileña implementada por el presidente Jair Bolsonaro, que ha significado el debilitamiento de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) están amenazando los territorios y la supervivencia de los pueblos indígenas aislados.
Lo mismo ha sucedido en Bolivia, con políticas que abren paso al crecimiento agrícola y ganadero en territorios indígenas donde también habitan los PIA. Mientras tanto, en Perú, por citar otro ejemplo, se toman decisiones que afectan la intangibilidad de los territorios indígenas.
Perú es el segundo país de Sudamérica, después de Brasil, con mayor cantidad de registros confirmados de los pueblos en aislamiento. Nancy Portugal, directora de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura en Perú, confirmó a Mongabay Latam que son 20 los PIA confirmados en el país. En este país, aunque existe un marco jurídico que los protege, las “fuertes presiones provenientes de sectores vinculados a la prospección petrolera y maderera reorientan las decisiones políticas y dificultan enormemente el respeto a los derechos fundamentales de los PIA, principalmente en lo que se refiere a la definición territorial para esos pueblos”, dice el estudio.
Un ejemplo constituye la propuesta de reserva indígena Napo Tigre ubicada en la región Loreto en la frontera con Ecuador, que lleva 14 años esperando su reconocimiento. En esta zona existe superposición de concesiones petroleras y forestales sobre el territorio que se convertiría en reserva para los PIA. Portugal reconoce el problema: “Hemos notificado al gobierno regional para que se suspendan aquellos contratos que se otorgaron después de la aprobación del reglamento forestal que limita la entrega de concesiones en territorios destinados para reservas indígenas”, señala Portugal con relación a lo que sucede principalmente en Loreto con las superposiciones.
El avance de la agricultura y ganadería
El miércoles 23 de octubre, un grupo de indígenas, posiblemente mashco-piro en situación de aislamiento, llegó hasta la comunidad Monte Salvado, cercana al río Piedras, en Madre de Dios, en Perú. No era la primera vez que se acercaban a esta comunidad, pero en esta ocasión fueron más de 40 personas las que se aproximaron. Según Julio Cusiriche, presidente de la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), esta vez llegaron en una temporada poco común.
Durante la incursión resultó herido Ignacio Piño Díaz, un joven de 24 años que recibió un impacto de flecha en la cabeza y fue atendido en el Hospital Santa Rosa, de Puerto Maldonado. Asimismo, el Ministerio de Cultura y FENAMAD activaron el protocolo de emergencia y evacuaron unas 35 personas de Monte Salvado, principalmente mujeres y niños para prevenir cualquier incidente ante la presencia de los indígenas en aislamiento.
Para Cusuriche, el desplazamiento de los indígenas en aislamiento puede tener su origen en los recientes incendios forestales ocurridos en esa parte de la Amazonía. “Pensamos que el fuego y toda la humareda que estos han producido los obligó a dejar su territorio. Ahora están en busca de más espacios para vivir”, comenta. Un acontecimiento que evidencia, una vez más, los problemas a los que están expuestos los pueblos en aislamiento voluntario.
Los proyectos mineros, petroleros y madereros también significan fuertes presiones para las poblaciones indígenas en aislamiento. “Hemos conseguido información de más de 60 empresas multilaterales que crean grupos locales en cada país para ejecutar grandes obras de infraestructura con capital internacional de China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, y los países europeos”, comenta Vas, quien asegura que la protección para los PIA no solo debe plantearse dentro de sus territorios, sino en las naciones donde se instalan las grandes corporaciones que afectan a estos grupos vulnerables.
Muchas de estas propuestas “operan simultáneamente en varios países con la característica de impulsar proyectos en territorios que hasta hace poco no habían sido incluidos en planes extractivos”, señala el informe.
El estudio también destaca “la alarmante presencia de actividades ilegales que se han enquistado en zonas en donde no existe autoridad efectiva que logre controlar el tráfico de madera y tierra, especies animales, cultivos ilícitos y explotación de minerales como oro y coltán”.
José Proaño, director para Latinoamérica de Land is Life, explica que las presiones para los PIA se pueden clasificar en dos grupos. Por un lado, las actividades legales como las concesiones forestales, los agronegocios, las operaciones extractivas y los proyectos de infraestructura como represas y carreteras. Por el otro, las actividades ilegales como la minería, tala y cacería, entre otras. Entre ambas —dice el experto— se presenta una interdependencia pues muchas acciones legales, como la construcción de carreteras abren las puertas a lo ilegal. Una compleja red de amenazas que están cercando a los pueblos en aislamiento.
La ampliación de la frontera agrícola y los recientes incendios forestales en Brasil, Bolivia y Paraguay han afectado la flora y fauna de la cual dependen los pueblos aislados para subsistir y estarían forzando el desplazamiento de estos grupos, como ha ocurrido en Madre de Dios.
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La evangelización de los pueblos aislados
En esta serie de amenazas para los PIA, los grupos evangélicos tienen relevancia particular. La ‘evangelización’ que promueve estas organizaciones religiosas constituyen un riesgo permanente para los pueblos que han optado por vivir alejados.
“Los actores con intereses de contactarlos y evangelizarlos son una amenaza a la autodeterminación de estos pueblos que tienen derecho a decidir cómo quieren vivir”, señala Nancy Portugal, del Ministerio de Cultura en Perú.
En Brasil, por ejemplo, la FUNAI recibió denuncias sobre la presencia de misioneros en territorio de los aislados en el año 2018, algunas de ellas incluso en campamentos abandonados por los Himerimã. En Bolivia también se han presentado situaciones similares.
En el año 2015, un grupo de misioneros norteamericanos de una iglesia Evangélica Bautista llegó a los límites del Parque Nacional Natural Río Puré en la búsqueda de la etnia Yuri con el objetivo de establecer contacto con ellos. Pese a que autoridades y organizaciones indígenas los conminaron a salir, los misioneros regresaron para instalar cámaras trampa en una trocha que podría ser una ruta de los aislados.
Son tres las propuestas de corredores binacionales entre Perú, Ecuador y Brasil. Imagen: Beatriz Huertas.
Los misioneros evangélicos y católicos en Perú han intensificado el interés de promover el contacto y “civilización” de los Mascho Piro, en Madre de Dios, señala el estudio. Similar situación se presenta en la Reserva Territorial Isconahua, en Ucayali.
Conexión entre fronteras: una nueva propuesta
En los pueblos indígenas en aislamiento no existen fronteras. Los límites impuestos por los gobiernos les son ajenos, sin embargo, padecen los efectos de estas decisiones geopolíticas en sus territorios.
Entre Paraguay y Bolivia se extiende el territorio original transfronterizo de los Ayoreo. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela comparten, en diferentes espacios, áreas de frontera con presencia de PIA, que se desplazan entre los países.
Eduardo Pichilingüe, representante de la Fundación Pachamama de Ecuador, considera que se deben establecer corredores binacionales para proteger los territorios y la vida de los PIA.
Una de estas propuestas corresponde a la frontera entre Perú y Ecuador. En esta zona, organizaciones indígenas de ambos países consideran que se debe establecer el Corredor Territorial Yasuní – Napo Tigre, que integraría la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, en Ecuador, y la Reserva Indígena Napo Tigre, en Perú, así como las zonas aledañas. “Esto significaría la protección de un territorio de seis millones de hectáreas, un hito importante en el respeto de sus derechos y la colaboración entre dos estados vecinos”, dijo Pichilingüe a Mongabay Latam.
La Zona Intangible Tagaeri-Taromenane fue creada en el año 1999 dentro del Parque Nacional Yasuní, el área protegida más grande de Ecuador continental, para proteger la vida de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
En mayo de este año, la zona intangible fue ampliada en cumplimiento de la consulta popular realizada en febrero de 2018 que definió la ampliación de este territorio en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera. Sin embargo, al mismo tiempo que se dio esta ampliación se autorizó la instalación de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos en su zona de amortiguamiento. “Las áreas intangibles del bosque ahora están destinadas a la explotación petrolera”, lamenta Pichilingüe.
En el sector peruano la situación es más preocupante. La Reserva Indígena Napo Tigre, ubicada en la región Loreto en la frontera con Ecuador, lleva 14 años esperando su reconocimiento. “Se trata de la propuesta de reserva indígena más atrasada. En las otras cuatro que están en proceso ya se reconoció la existencia de los pueblos en aislamiento, pero en esta zona aún no”, manifiesta la antropóloga Beatriz Huertas, especialista en PIA.
“Lo que se busca es la protección de áreas identificadas como corredores. No son espacios delimitados, sino zonas continuas por donde se desplazan los indígenas en aislamiento o contacto inicial”, explica Huertas
El Corredor Territorial Yasuní – Napo Tigre no es la única propuesta para proteger los territorios habitados por los PIA en los límites fronterizos de Perú. Otros dos corredores han sido también formulados en la frontera entre Perú y Brasil.
El Corredor Yavarí Tapiche incluye las propuestas de reserva territorial Yavarí Mirín, Yavarí Tapiche, Sierra del Divisor y la reserva indígena Isconahua, así como la comunidad nativa matsés en Perú, que se extienden por las regiones Loreto y Ucayali. Mientras que en Brasil incluye el Territorio Indígena Vale do Javari. Mientras que el Corredor Pano Arawak contempla el sur de Ucayali, Madre de Dios y Cusco, en Perú y Acre, en Brasil.
La antropóloga explica que estos corredores incluyen varias categorías legales como son las reservas indígenas, comunidades nativas y áreas naturales protegidas. “Queremos que se garanticen sus derechos fundamentales en toda la extensión de estas áreas y se respete su autodeterminación sin forzar el contacto con ellos”.
Nancy Portugal, del Ministerio de Cultura peruano, manifiesta que, al tratarse de pueblos transfronterizos, el trabajo entre dos o más países debe ser en conjunto para proteger a estos grupos indígenas.
Pichilingüe por su parte dice que los pueblos aislados en algún momento dejarán de serlo, pasarán al contacto inicial y luego posiblemente se organicen en comunidades, como ha ocurrido con muchos grupos ahora establecidos. Sin embargo, el camino no es forzar el acercamiento, sino respetar su derecho a la libre determinación a través de la protección de sus territorios.
