Más de 60 instituciones -fundaciones, representaciones de la iglesia Católica, colectivos y colegios de profesionales, entre otros- demandan anular concesiones mineras que, según denuncias fundamentadas con testimonios, fotos y videos; están en el Parque Nacional Madidi. Tales actividades extractivistas amenazan con destruir no solo áreas protegidas, sino pueblos indígenas. En ese contexto, los firmantes piden anteponer los derechos a la vida, la salud y medio ambiente, en procura de promover otras opciones viables de actividad productiva “que no dañen los bienes comunes”. En el documento, se exhorta al gobierno boliviano salvar al Madidi; tarea que debe ser coadyuvante con niveles departamentales, municipales y la sociedad civil. 

El Parque Natural y Área de Manejo Integrado (PN-ANMI) Madidi es uno de los dos parques con la mayor biodiversidad del planeta. Las amenazas que sufre se extienden a pueblos indígenas, “expuestos al exterminio por la ambición de grupos que explotan oro, con consentimiento de autoridades del Estado”, lamentan los firmantes del reclamo.

Oficialmente, tiene registradas más de 8.244 especies de plantas; cobija a 1.465 especies de animales vertebrados, casi un millar de especies de aves, y centenares de especies de peces, reptiles y anfibios. Algunas de sus variedades de flora y fauna son únicas en el mundo.

Ubicado al noroeste del departamento de La Paz, nace en la cordillera de Apolobamba, por encima de los 5.000 msnm, y desciende hasta las pampas amazónicas, a menos de 300 msnm. Es hogar de pueblos indígenas como lecos, tacanas y uchupiamonas. Tiene cinco ecorregiones que explican la diversidad de la riqueza natural y cultural. Sus cuencas hidrográficas contribuyen al río Amazonas; sus bosques purifican el oxígeno y producen lluvias que proveen de agua a campos y ciudades; su naturaleza es materia prima para medicinas; sus pueblos son productores de café, miel y otros alimentos exquisitos; sus habitantes desarrollan actividades de economía creativa, entre ellas el ecoturismo. “Y todo esto está en peligro”.

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Según la denuncia, desde hace algunos años, y hoy de manera más intensa, cooperativas auríferas, explotan oro en la región. La actividad incluye desmontes, presencia amenazante de personas foráneas, con algunos colaboradores locales, para explotar el metal con dragas y uso de mercurio. Este último genera contaminación de ríos, aire y tierra, con riesgos irreversibles para la salud humana y de otras especies. 

Con base en 350 muestras científicas, el Coordinador del doctorado en Toxicología Ambiental de la Universidad de Cartagena, Colombia, Jesús Olivero, acaba de advertir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la cuenca amazónica del río Beni, en Bolivia, tienen entre siete y hasta 27 veces más de lo tolerable por el organismo humano.

El consumo de pescado en la alimentación indígena afecta a varios sistemas del organismo; pero en el análisis también detectaron pérdida de memoria, temblor en las manos y problemas sensoriales, “sobre todo en aquellas personas con elevada contaminación por mercurio”.

“La ambición por el oro se ha puesto por encima de la propia Constitución Política del Estado”, refieren los firmantes. Esa actividad, del modo como está siendo desarrollada, vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la alimentación. De manera particular, se viola el artículo 30, inc. II, parágrafo 9 que reconoce como derecho de los pueblos indígenas “a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados”. Y parágrafo 10: “A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.

Más allá de esas consecuencias, la actividad aurífera, principalmente cooperativista, evade y elude el pago de regalías, de modo que su aporte al Estado es casi nula. Los pocos operadores que pagan por la extracción de ese recurso no renovable aportan con cerca de 2,5 por ciento del valor del metal.

En Bolivia, la institución pública que representa al Estado para otorgar derechos de uso y aprovechamiento de los minerales es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de firmar contratos con los operadores mineros fijando obligaciones, derechos y responsabilidades.

No obstante, el Estado tiene la atribución de resguardar ciertas áreas de su territorio donde no se deberían permitir actividades que afecten a su preservación; sin embargo, la Ley de Minería, en su artículo 220, parágrafo I, establece que “los actores productivos mineros podrán realizar actividades mineras en áreas protegidas y forestales, previo cumplimiento de la normativa ambiental y conexa específica, y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área”. 

Este artículo no libera de la responsabilidad que las autoridades de Gobierno tienen para evitar la destrucción de áreas protegidas, de la biodiversidad y de la subsistencia de pueblos indígenas. Más aún con un Estado que en ninguno de sus niveles ofrece garantías para el debido control.

“Por estas consideraciones, las instituciones que suscribimos este pronunciamiento demandamos la anulación de las concesiones mineras peligrosas, principalmente aquellas otorgadas en territorios indígenas y áreas protegidas, para anteponer los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente, y en procura de promover otras opciones viables de actividad productiva que no dañen los bienes comunes”, finaliza el comunicado.

Aquí la lista de instituciones firmantes:

1. Agencia de Noticias Fides (ANF)
2. AGRECOL
3. Área de Evangelización de la CEB
4. Apoyo para el Campesinado Indígena del Oriente (APCOB)
5. Asociación de Controles Sociales del Dpto. de Santa Cruz (ACOVICRUZ)
6. AYNISUYO
7. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB)
8. CENDA
9. Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
10. Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET)
11. Centro de Estudios y Proyectos (CEP)
12. Centro Juana Azurduy
13. CEPA
14. CIAC
15. CISEP
16. Ciudadanía
17. Colectivo Angirü-Bolivia
18. Colectivo Casa
19. Colegio de Ingenieros Ambientales de Cochabamba
20. Comisión de Hermandad
21. Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP)
22. Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia
23. Facultad de Cs. Económicas, Financieras y Administrativas UTO
24. Formasol
25. Foro Político de Mujeres Cochabamba
26. Fundación Igualdad LGBT
27. Fundación Jubileo
28. Fundación Social Uramanta
29. Fundación Solón
30. Fundación Tierra
31. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ-Bolivia)
32. Grupo PRISMA
33. INCADE
34. Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (Indicep)
35. Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA)
36. Instituto para el Desarrollo Humano (IDH)
37. IPDRS-Bolivia
38. Infinitum – Educación Ambiental, Cultura y Conciencia
39. Justicia y Paz Integridad de la Creación – Conferencia Boliviana de Religiosos (JPIC CBR)
40. Justicia y Paz SVD Bolivia
41. KURMI
42. Movimiento Franciscano Justicia y Paz
43. Movimiento Laudato Si
44. Observatorio Ciudadano de la Democracia 
45. ONG APROSAR
46. Pastoral Social Cáritas Sucre (PASCAR)
47. Pastoral Social Cáritas Guayaramerín
48. Pastoral Social Cáritas Potosí (PASOCAP)
49. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)
50. Proceso – Servicios Educativos
51. Red Pío XII
52. Radio San Miguel (Riberalta)
53. Red Eclesial Panamazónica (REPAM-Bolivia)
54. Red de Líderes para la Democracia y el Desarrollo (Relidd)
55. Red Umavida
56. Religiosos Acreditados ante Naciones Unidas – RUN Bolivia
57. Ruta de la Democracia
58. SEMTA
59. UNITAS
60. Vicariato Apostólico de Pando
61. Vivat International

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