América Latina y el Caribe es la segunda región más propensa a desastres a nivel mundial. Entre 2000 y 2022, 190 millones de personas fueron afectadas por 1534 desastres. Además, cálculos de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) indican que las pérdidas anuales esperadas por desastres en la región ascienden a 58 000 millones de dólares y que un 83 % de estos eventos tienen origen climático, afectando principalmente áreas urbanas intermedias y pequeñas.
Los datos no dan lugar a dudas. En solo 23 años se han producido 681 inundaciones, 400 tormentas, 92 terremotos, 78 deslizamientos de tierra, 77 sequías, 49 episodios de temperaturas extremas, 42 eventos volcánicos y 36 incendios forestales de grandes magnitudes.
Año tras año, los países latinoamericanos tienen que destinar recursos para personas heridas y damnificadas, además de atender las pérdidas materiales y de infraestructura. Esto siempre ha elevado las alarmas, no solo por el enorme gasto que esta atención representa para los Estados, sino por la forma en que se destina el dinero para prepararse para los desastres y adaptarse a fenómenos naturales cada vez más extremos.
Es por eso que la UNDRR acaba de publicar su Informe de Evaluación sobre el Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (RAR24), en el que examina los avances y desafíos en la reducción del riesgo de desastres en la región. Allí presenta un análisis integral sobre cómo la inversión estratégica en resiliencia es esencial para un desarrollo sostenible y la protección de comunidades vulnerables.
“Creemos y estamos convencidos de que los desastres son un problema que afecta a todas las personas, que está en aumento y que no conoce fronteras. Las medidas multilaterales y transnacionales concretas son muy importantes. Con este informe en particular queremos dar algunas evidencias de cómo una mayor inversión en prevención puede reducir los riesgos y puede mitigar el impacto en todos los problemas concatenados que se generan a partir de los desastres, como migraciones e impactos económicos”, afirma Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR, en diálogo con Mongabay Latam.
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La tendencia sigue siendo atender los desastres
Uno de los principales hallazgos del RAR24 es que existe una subinversión crónica. Muchos de los países de la región obtienen recursos de la cooperación internacional, pero al analizar la contribución de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) incluida en las categorías relacionadas con el riesgo y los desastres durante el período 2005-2021, sus cifras muestran que “menos del 1 % del total para América Latina y el Caribe está destinado a acciones que explícitamente evitan o reducen el riesgo”. Por lo tanto, indica el documento, el desafío clave está no sólo en aumentar ese 1 %, sino también en que el resto de inversiones destinadas al desarrollo contribuyan al incremento de la resiliencia para la reducción del riesgo de desastres.
Sin embargo, el reto parece cada vez más difícil si se tiene en cuenta la reciente decisión del presidente Donald Trump de suspender la asistencia de Estados Unidos al desarrollo extranjero por un periodo de 90 días, con una enorme incertidumbre de qué pueda ocurrir después de ese tiempo.
Luis Bonilla, oficial de Asuntos Económicos de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de UNDRR, comenta que en términos de la cooperación bilateral hay una predominancia de Estados Unidos y Japón como los cooperantes más importantes. “Estados Unidos aporta aproximadamente el 20 % de las subvenciones de esos fondos que se destinan a cooperación internacional. Esta situación es compleja porque viene a afectar en una gran proporción a un flujo de cooperación internacional que ya era insuficiente”.
El informe de la UNDRR también indica que sólo el 4 % del financiamiento climático considera el riesgo de desastres.
En medio de ese complejo panorama, Bonilla asegura que cada dólar invertido en reducción de riesgo de desastres puede ahorrar entre 4 y 7 dólares en costos por atención de estas catástrofes, y ese es un dato que los países deberían tener muy en cuenta.
“Hay un desbalance completo hacia la gestión compensatoria [respuesta ante el desastre]. Los datos nos dicen que el 78 % del presupuesto que los países asignan a la gestión del riesgo de desastres se va a este rubro y en el caso de la cooperación internacional es más o menos una proporción parecida. Vemos que hay una necesidad clara de invertir más en gestión prospectiva [prevención] y correctiva [riesgos existentes ya detectados] porque estamos gastando mucho en respuesta”, afirma Bonilla.
Esta proporción de gasto se ve reflejada en un análisis detallado que hizo el RAR 24 para Guatemala, México, Perú, Jamaica y Brasil, donde se encontró que sólo el 6.47 % del presupuesto público clasificado como “reducción del riesgo de desastres” se dedica a la prevención, frente al 18 % para gestión correctiva. “La mayoría de los fondos se dirige a gestión compensatoria (respuesta y reconstrucción)”, indica el informe.
El detalle del análisis muestra que Guatemala destinó el 2.32 % de su presupuesto a reducción de riesgo de desastres entre 2014 y 2023 y, de ese porcentaje, más del 98 % se utilizó para acciones de respuesta. En el caso de Brasil, la destinación fue de 0.06 % del presupuesto nacional, con más del 70 % enfocado en acciones de respuesta. Perú dedicó el 1.28 % de su presupuesto, destacando un 50 % en acciones correctivas y un 40 % en atención de eventos catastróficos. Por su parte, México invirtió el 0.29 % de su presupuesto y el 99 % de ese dinero se fue a la respuesta de desastres, mientras que Jamaica destinó el 0.7 % del presupuesto nacional en reducción del riesgo de desastres, pero no se sabe qué proporción del dinero fue para prevención, corrección o respuesta.
Este análisis se hizo para estos cinco países porque, de acuerdo con Bonilla, son de los pocos que han avanzado en un sistema de clasificación que permite identificar, dentro del presupuesto nacional, qué se está invirtiendo específicamente para la variable “reducción de riesgo desastre”.
Ya es hora de pensar en la prevención
Nahuel Arenas menciona que otro de los aspectos clave que quieren transmitir desde la oficina de la UNDRR es que todo el presupuesto público debería considerar el riesgo de desastres. “No sólo se trata de aumentar dinero directamente para la gestión del riesgo, sino que toda inversión pública, por ejemplo, construcción de carreteras, hospitales, escuelas, mantenimiento de infraestructura, etcétera, debe considerar esta variable, de manera que cualquier inversión sea sostenible en el tiempo y resiliente ante los desastres”.
Arenas también menciona que otro tema importante para América Latina y el Caribe es la transferencia del riesgo, es decir, los mecanismos diseñados para trasladar la carga financiera o las consecuencias de un desastre a instrumentos financieros como las pólizas de seguros. “Mientras que en los países desarrollados el 40 % del impacto de los desastres está asegurado, en los países en desarrollo es del 5 %. Ahí hay una medida muy concreta de trabajo público y público-privado para avanzar en reducción de riesgo”, señala.
Y es que avanzar en la reducción del riesgo de desastres debería ser un imperativo para todos los países latinoamericanos, ya que es la región más urbanizada del mundo, con aproximadamente el 80 % de la población viviendo en ciudades, muchas de ellas con altos niveles de riesgo y de vulnerabilidad. “Por ejemplo, alrededor de entre el 25 % y el 30 % de la población de la región vive en asentamientos informales, sin acceso a servicios básicos, con malas condiciones de vivienda y habitabilidad, que son factores que impulsan el riesgo”, dice Bonilla.
El informe de la UNDRR destaca que actualmente cerca de 20 mil millones de dólares en infraestructura están expuestos a amenazas y requieren estrategias de protección, y que las inversiones en adaptación climática siguen siendo insuficientes, representando solo el 16.5 % del financiamiento climático en 2020. Además, sugiere que la región debería considerar alternativas como las soluciones basadas en la naturaleza, pues son hasta un 50 % más rentables que las intervenciones tradicionales para reducir riesgos.
Otras de las principales recomendaciones son fortalecer la gobernanza, impulsando una gestión intersectorial, multinivel y con participación activa de diversos actores, incluyendo comunidades locales; optimizar el financiamiento con la adopción de instrumentos financieros innovadores como bonos verdes y resilientes; promoción y mayor articulación con agendas de adaptación al cambio climático; y fomentar sistemas de alerta temprana, ya que pueden reducir el impacto económico de un desastre hasta en un 30 %.
Las recomendaciones para invertir en prevención y reducción de riesgos de desastres no son algo nuevo para América Latina. ¿Por qué a pesar de todos los llamados de atención la inversión se dirige principalmente a atender las catástrofes?
Nahuel Arenas considera que los ciclos políticos, como los cambios de gobierno en los países, influyen en que las decisiones no siempre se tomen con base en análisis costo-beneficio a largo plazo. Luis Bonilla añade que también existe la idea de que los 4 a 7 dólares que puede ahorrar una nación en realidad son de pérdidas evitadas, “es decir, no son un ahorro real en el sentido de que si el desastre no pasa, ese dinero no se va a materializar. Ese puede ser un argumento político para no tomar acción”.
Aún así Bonilla sugiere que invertir en resiliencia no solo ayuda a evitar pérdidas que se ven materializadas en el caso de que ocurra algún evento catastrófico, sino que genera ciertos beneficios sociales, económicos y ambientales. Ese es un escenario que, con desastres cada vez más intensos y frecuentes, debería estar en la agenda principal de los tomadores de decisiones.
