Germán Putaré Motoré y Mauricio Tomichá tienen 30 años. En sus espaldas está la responsabilidad de dirigir y representar legalmente a su Organización Forestal Comunitaria (OFC). Ambos son de Palmarito de la Frontera, una comunidad chiquitana del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) Monte Verde, que desde hace unos meses cuenta con certificación verde para vender madera.
Ambos jóvenes fueron elegidos para poner en orden documentos del plan de manejo forestal de 9.600 hectáreas que tiene su comunidad (hasta hace poco eran cinco mil). También deben firmar contratos notariados con empresarios, elaborar libros de actas y documentar cualquier información medible sobre su bosque.
“Los árboles están censados. Cada uno tiene un número, placa, especie, sus medidas, su calidad”, dice Germán Putaré, presidente de la OFC.
Tras un proceso que duró cerca de tres años, en junio de este año Palmarito consiguió la certificación verde como garantía de que realiza un manejo sostenible de sus recursos maderables en una parte de sus 16.500 hectáreas de territorio.
La certificación implica que existe un control y fiscalización –tanto a las comunidades como a las autoridades nacionales– de una explotación sostenible de una parte del bosque de Monte Verde, que en total tiene más de 947 mil hectáreas y 128 comunidades.
Esa información pasa por distintas instancias hasta llegar a la Autoridad y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), instancia del Ministerio de Medio Ambiente.
En esta parte del Bosque Seco Chiquitano, los comunarios trabajan con madera desde hace muchos años y están en la obligación de certificar sus planes de manejo, dice Ernesto Escalante, oficial forestal de WWF. La institución presta asistencia técnica y apoya el fortalecimiento de capacidades de los habitantes de Palmarito de la Frontera, Río Blanco y Cosorió Palestina puedan lograrlo.
“Para que la comunidad aproveche la madera, el Estado no necesariamente le pide la certificación verde. De hecho, ellos (los pueblos chiquitanos) ya la aprovechaban cuando entramos a apoyarlos. Sin embargo, las certificaciones les ayudan a ordenar su operación forestal como una guía por pasos. La Autoridad de Bosques monitorea y fiscaliza la extracción de madera, y el sistema de certificación es una herramienta para hacer más amigable ese monitoreo”, explica María del Carmen Carreras, responsable de Productos y mercados sostenibles de WWF.
Cada comunidad tiene un plan de manejo que define la superficie o porción anual de bosque a explotar durante 20 años. La certificación verde garantiza un manejo integral y responsable de los bosques, a través de una evaluación que elabora el Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos (SBCBI), una iniciativa de la ABT. Dicho Sistema, asigna un puntaje a cada requisito cumplido y emite certificados: rojo, amarillo o verde.
Superando dificultades
Por eso, reunir requisitos administrativos para obtener la certificación es un reto para los comunarios, quienes no están acostumbrados a esas tareas. “Nos ha costado mucho”, admite Germán Putaré, para quien APCOB y WWF fueron vitales en la orientación y apoyo. De hecho, el primer directorio que tenía el mismo fin, no pudo conseguirlo.
“Cuando entramos (a la directiva de la OFC) hace tres años, no había control legal del manejo forestal, no estaban las actas y contratos notariados. No había seguimiento del POA (plan operativo anual) en la ABT ni de los informes. Eso fue lo más difícil, corregir todo lo que había dejado mal el anterior directorio. Cuesta aprender cómo funciona el sistema”, coincide Mauricio Tomichá, el otro dirigente.
En ese mismo proceso están todavía las comunidades de Cosorió Palestina y Río Blanco. Gaspar Bailaba, de esta última, comenta que la falta de un documento hizo que les dieran sello amarillo y no el verde que solicitaban. “Nos dieron otra vez (el sello amarillo) y ya van como dos veces. Lo que nos ha fregado es la empresa (compradora) que no nos ha dado un documento, en eso hemos fracasado”.
“Cuando comenzamos a apoyarlos, básicamente nos concentramos en el tema de madera porque habían sido evaluados por la Autoridad de Bosques y Tierras. La calificación de Río Blanco no era la esperada (para la certificación verde). ¿Eso qué significaba? Que tenían que mejorar y llenar algunos vacíos en el plan de manejo. Empezamos revisando los pasos para lograr la certificación, comparando esos pasos con los que ellos habían logrado, y llenando esos vacíos con capacitación y asistencia técnica”, dice María del Carmen Carreras, de WWF. Como Palmarito, Santa Mónica también obtuvo certificación verde hace poco.
En el campamento de aprovechamiento de madera, situado a 45 minutos de Palmarito en vehículo, todas las personas deben usar casco y ropa de seguridad. Son estrictos con la disposición de desechos y está prohibido utilizar carne de monte para la alimentación de los trabajadores. Además, las diferentes áreas están identificadas con señalética: “Cocina”, “Comedor”, “Depósito”, “Dormitorio”, “Desechos”, se observa.
Al finalizar el aprovechamiento, deberán cumplir con una adecuada limpieza del lugar y el cierre de todos los accesos (caminos y sendas).
¿Qué implica todo esto?
Los beneficios de ese sello verde se pueden ver en la reducción del valor de patentes, el pago al 50 por ciento de los CFO (Certificados Forestales de Origen), la facilidad de demostrar la legalidad de la madera, acceso a créditos bancarios, agilidad en los trámites y el reconocimiento a nivel nacional.
“La certificación es buena porque realza el nombre de las comunidades que están haciendo plan de manejo”, dice Moisés Masay, descendiente de chiquitanos procedentes de San Lorenzo de Lomerío y presidente de Cosorió Palestina.
Sin embargo, quizá lo más importante sea la estabilidad económica de vender a un empresario que requiera madera certificada. “Las empresas requieren (comprar madera) con plan de manejo y certificación. Nos dicen que para su exportación es reconocido (ese sello) a nivel internacional, más si es comunidad indígena”, asegura Masay.
Aunque todavía cuentan con el sello amarillo, Anacleto Pinto explica que en Río Blanco, esa certificación “ha ayudado bastante para que se cumpla a cabalidad el compromiso del comprador”.
La senda abierta
Palmarito de la Frontera ha abierto una senda para que las demás comunidades puedan alcanzar la certificación verde. En Cosorió Palestina, 32 familias tienen un plan de manejo de 14.097 hectáreas en un territorio de 149.700 hectáreas. Aunque aún no ha logrado el preciado sello verde, está en el último año de explotación de la superficie aprovechable de su plan de manejo.
¿Qué harán cuando termine ese plazo?
Freddy Masaí, representante legal de la OFC, responde que es algo que se decidirá en una asamblea, pero sus expectativas están puestas en continuar con la explotación de madera.
“Queremos mejorar los trabajos de organización, el cuidado de especies, el campamento, incluso el patio de rodeo donde se almacenan los troncos. También en los materiales de seguridad para los trabajadores, (poner en orden los) documentos. Queremos mejorar para sacar una luz verde este año”, asegura.
En Río Blanco tienen similar pensamiento. Esta comunidad de 4.496 hectáreas tiene un plan general de manejo de 2.500 hectáreas. Ante necesidades apremiantes, los dirigentes gestionaron recientemente un plan de manejo pequeño de hasta 200 hectáreas, que está en pleno aprovechamiento.
En este caso, su necesidad inmediata es mejorar sus viviendas. Gaspar Bailaba Soqueré, presidente de la OFC de Río Blanco, cuenta que “(con el dinero) del manejo grande se compró ladrillos, y este (plan de manejo) chico es para cemento y techo”.
Mejorar la vivienda significa tener construcciones de ladrillo y calamina, para cambiar sus techos de palmeras de motacú, un material muy inflamable en caso de incendios.
Algo que sí ha conseguido la OFC de Río Blanco -enfatiza Bailaba- es ordenar su forma de manejo de bosque, desde el modo de gastar sus recursos hasta el manejo sostenible. “Una fortaleza (de la certificación es que) nos orienta a ordenar actividades, cómo se gastan los recursos, cómo manejar semilleros dentro del bosque, el trato hacia la vegetación, qué es lo maderable y qué es no maderable, el manejo forestal de los copaibos de las señoras. Saber manejar bien tanto lo que sale del bosque, como el dinero”.
Para los más jóvenes, en cambio, la meta tiene un valor agregado: instalar una carpintería y/o un aserradero. Por eso, ocho de ellos fueron a Concepción para formarse en el oficio. “Para ya no vender (madera) en tronca, sino vender muebles”. Están seguros de que eso les dará un mejor precio.
Visualizando oportunidades
Los ingresos del aprovechamiento anual de la madera cubren muchas necesidades colectivas. El año pasado el dinero se destinó para el mejoramiento de viviendas en Palmarito de la Frontera. “Compramos calaminas para todos, más o menos 200 mil bolivianos (alrededor de $us 29 mil) en calaminas. Además hemos conseguido la movilidad: un tractor, una desbrozadora, una chata. Hemos apoyado a los deportistas, también en educación y salud para la comunidad”, enumera Germán Putaré.
En general, el anhelo de los dirigentes de las OFC es la instalación de un aserradero, porque saben que vender tablones reportará mayores ganancias.
La gestión maderable ronda sin cesar en las mentes de los responsables de las OFC para innovar y probar nuevos caminos. Lo cierto es que en Palmarito de la Frontera, la certificación verde ha permitido a los habitantes conocer de cerca otras oportunidades.
Luego de participar en la Feria Forestal de la Chiquitania, realizada en Concepción en agosto pasado, Mauricio Tomichá dice que vieron gran demanda de comercio interno y externo de la madera aserrada. “Creo que con el sistema de certificación que tenemos, el siguiente paso es ver cómo procesar la madera para aumentar los ingresos y las ganancias”, dice.
Con apoyo técnico de WWF también están comenzando a probar la fabricación de carbón vegetal, a partir de residuos leñosos que quedan en el área de aprovechamiento.
El proceso está en plan piloto, pero es un paso importante en este lugar donde acarrear leña para la cocina demanda una caminata a lugares cada vez más lejanos, y almacenarla en época húmeda, es poco práctico. Ello sin contar que existe la posibilidad de vender el producto al mercado citadino, donde la demanda es grande. ¿Será ese el próximo paso de Palmarito de la Frontera?
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