domingo, enero 29, 2023
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Bolivia: 21 áreas protegidas amazónicas se superponen con lotes petroleros

La alianza periodística ManchadosXelPetróleo detectó que de estas 21 áreas protegidas amazónicas, entre nacionales, departamentales y municipales, afectadas por bloques petroleros, 11 tienen una superposición por encima del 60 por ciento. El parque Madidi y la reserva Pilón Lajas, dos áreas protegidas emblemáticas de Bolivia, tienen una presencia de bloques petroleros por encima del 78 por ciento.

Ivan Paredes/ Mongabay Latam

El temor en el pueblo indígena tacana todavía persiste. Ellos han denunciado incansablemente el impacto ambiental que ha causado en sus bosques, situados en el parque Madidi y la reserva natural Manuripi, en plena Amazonía boliviana, la ejecución de proyectos sísmicos para la extracción de petróleo. Y ese miedo es fundado, pues se sostiene sobre una normativa nacional que para científicos y organizaciones ambientales representa un golpe directo contra las áreas protegidas de Bolivia: dos decretos supremos —uno de 2015 y otro de 2022— que mantienen abiertas las puertas de los parques para la explotación de hidrocarburos.

Este camino empezó a ser trazado en abril de 2013. Entonces el expresidente Evo Morales decidió abrir las áreas protegidas a la actividad hidrocarburífera. Nunca antes Bolivia había autorizado que empresas petroleras exploren y exploten dentro de estos ecosistemas clave del país. Luego vendría el Decreto Supremo 2366, promulgado en 2015, que autorizó que 24 millones de hectáreas fueron incluidas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende alrededor del 22 % del total del territorio boliviano.

Paisaje en el Parque Nacional Madidi. Foto: Radamir Sevillanos.

La alianza periodística ManchadosXelPetróleo encontró que, actualmente, estos bloques de hidrocarburos se superponen sobre 21 de las 53 áreas protegidas nacionales y subnacionales que se encuentran en plena Amazonía.

¿Qué territorios están bajo amenaza? ¿Cuáles son algunas de las áreas naturales protegidas más afectadas por la actividad petrolera en Bolivia?

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¿Petróleo por biodiversidad?

Cuando se promulgó el decreto supremo 2366, de inmediato se iniciaron las negociaciones con las empresas transnacionales para suscribir contratos sobre áreas de la nueva frontera petrolera.

La Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), una organización boliviana que trabaja en la implementación de acciones de conservación y mantenimiento del patrimonio natural, asegura que la situación petrolera en las áreas protegidas cambió con la nueva normativa. Esto lo confirmó en un análisis geoespacial realizado en la Amazonía boliviana, junto a los expertos de la  Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), que reveló cómo la zona amazónica de Bolivia pasó de tener 73 215 kilómetros cuadrados de áreas petroleras en 2012 a 156 583 kilómetros cuadrados distribuidos en 76 lotes en 2020. Es decir, un crecimiento de más del 100 %.

Por otro lado, los lotes petroleros a escala nacional cubren en total 28 338 625 hectáreas y están distribuidos en 3 135 004 hectáreas (11 %) en fase de exploración y en explotación, 751 686 (3 %). Además, se estableció un potencial de 23 729 427 hectáreas (84 %) y hay solicitud de ingresar a 722 508 hectáreas (2 %).

Así, según FAN, el 27 % del territorio de las áreas protegidas bolivianas están hoy en riesgo por la actividad petrolera: en exploración están involucradas 1 635 711 hectáreas y se están explotando 59 146 hectáreas ahora mismo. Sin embargo, el potencial de la incursión hidrocarburífera está enfocado en 5 376 736 hectáreas y estás áreas ya fueron reservadas por la petrolera estatal boliviana.

Marlene Quintanilla, directora de investigación y ciencias del conocimiento de la FAN, explicó a Mongabay Latam que “toda la reglamentación nueva abre la puerta hacia territorios donde habitualmente no se hacían actividades hidrocarburíferas, como las áreas protegidas, ya sean nacionales o subnacionales”. La misma percepción la tiene Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), quien precisa que “cerca del 17 % de lo que constituye el Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) es ahora una zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades petroleras”.

Según una investigación del Cedib, el 75 % de los parques naturales y áreas de manejo integrado de Bolivia se superpone con concesiones de la española Repsol, la estatal brasileña Petrobras y la boliviano-venezolana PetroAndina. Y las áreas más afectadas de la Amazonía boliviana son el Amboró, el Tipnis, el Madidi y Pilón Lajas.

Repsol recibió derechos sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) con el bloque Sécure 8; sobre el Madidi con el bloque Tuichi Norte y parte de Tuichi Sur; sobre Pilón Lajas con el bloque Tuichi Sur y a través de PetroAndina obtuvo derechos sobre un área del Parque Amboró con el bloque Amboró-Espejos Norte.

Bosques nublados en el Parque Nacional Amboró. Foto: Alfredo Romero.

La empresa Chaco recibió derechos sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía con el campo Churumas; sobre una parte del Parque Nacional Aguaragüe con el área Aguaragüe y los campos Los Monos, y sobre el Parque Carrasco con Chimoré 1 y Bulo Bulo. Por su parte, la brasileña Petrobras recibió derechos sobre tres parques con un solo bloque petrolero: el bloque Río Hondo que, por su extensión, afecta los parques Madidi, Pilón Lajas y el Tipnis, todos en suelo amazónico.

Esta problemática se agudizó con la aprobación de otro decreto. Esta vez fue el 4667 promulgado el 10 de febrero de 2022, con el fin de modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas. Lo preocupante para Cedib es que las nuevas áreas se concentran en la Amazonía, la que se convierte así en una nueva frontera extractiva.

La oposición del pueblo Tacana en el Madidi y el Manuripi

Hermán Bascopé, vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas Tacanas II Río Madre de Dios, lamenta que el Gobierno boliviano haya realizado una “consulta a medias” para ingresar a las zonas del río Beni y Nueva Esperanza de la cuenca Madre de Dios con el proyecto de exploración hidrocarburífera “Sísmica 2D Cuenca Madre de Dios, Área Nueva Esperanza”. Denuncia, además, que producto de esa operación hay contaminación en los afluentes amazónicos y depredación de bosques.

“El Gobierno ingresó a nuestro territorio con falsas promesas. Dijeron que iban a implementar el programa Mi Agua (que es un proyecto estatal para acceder a agua potable) y hasta el día de hoy no tenemos agua. Derribaron árboles de castaña a pesar de que no debían hacerlo. Ahora, las consecuencias están expuestas. Los ríos están contaminados y el bosque afectado”, le dijo Bascopé a Mongabay Latam y El Deber.

El pozo Lliquimuni fue concretado por la empresa Petroandina, que es la asociación de YPFB y PDVSA de Venezuela. Foto: ABI.

El dirigente indígena relata con pesar los perjuicios generados por las petroleras en la zona norte del departamento de La Paz y también en la región de Pando, en la frontera con Brasil. Menciona cómo las aguas de la cuenca Madre Dios conservan los vestigios de la contaminación generada por la exploración petrolera y cómo los árboles de castaña, su principal ingreso económico, fueron cayendo uno a uno para dar paso a la extracción del oro negro del subsuelo.

Según el análisis elaborado por la alianza periodística ManchadosXelPetróleo, en base a información de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), de las 53 áreas protegidas que existen en la Amazonía boliviana —entre nacionales y subnacionales—, 21 están superpuestas por bloques petroleros. En el análisis resaltan casos críticos como el del monumento natural Espejillos, que tiene una superposición del 100 % con el lote petrolero Amboró-Espejos Norte. También están la Zona de Protección de Cuencas Hidrográficas Eva Eva – Mosetenes y el Área Protegida Municipal Cabeceras del río Maniqui, ambas en el Beni, con una  superposición por encima del 98 % con el lote petrolero Sécure 19S.

Monumento Natural Espejillos. Foto: El Deber.

En las 21 áreas protegidas superpuestas opera la empresa estatal y en ocho de estos casos con apoyo de empresas privadas.

La Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi son otras de las áreas naturales protegidas situadas en la Amazonía boliviana con una elevada superposición petrolera. La primera tiene el 85,65 % de su territorio con lotes petroleros y la segunda un 78,95 %.

El Madidi es hogar de los Tacana, así como también la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, que está en el departamento de Pando.

Hermán Bascopé no se cansa de denunciar el impacto ambiental en el Madidi y Manuripi, y de exigirle a las autoridades bolivianas que realicen estudios para verificar el nivel de contaminación que tiene la cuenca Madre de Dios, que viene desde el Perú y pasa por Bolivia. “Vemos que hay afectación por el tema del petróleo y también por la explotación irracional de oro”, insiste.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó en 2015 contratos con las empresas Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A. (sucursal Bolivia) y con la china BGP por un monto de 100 millones de dólares para la exploración de petróleo en la Amazonía.

El primer proyecto de estos estudios de sísmica 2D, denominado Río Beni – Fase I, se ejecutó en la cuenca del Madre de Dios, provincia de Madre de Dios, en el departamento de Pando; un segundo proyecto se realizó en Nueva Esperanza, en la provincia Abel Iturralde de La Paz y un tercer proyecto, el Río Beni – Fase II, en las provincias Vaca Diez y Reyes, de Beni y Madre de Dios, también en Pando.

“Este proyecto tiene sus antecedentes allá por el año 2013, cuando se inició todo un proceso para lo que ha sido el estudio sísmico más grande del país en la cuenca Madre de Dios. Este estudio también fue encomendado a YPFB como parte del plan de exploración y con esa misión estratégica de avanzar hacia el norte”, dijo el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Franklin Molina.

El pueblo indígena tacana se siente acorralado por la exploración de petróleo. Bascopé dice que las venas del petróleo atraviesan sus bosques y que no sabe lo que pasará si es que se ejecutan los proyectos hidrocarburíferos. “¿Qué pasará? No sabemos. El agua ya está afectada, los peces están contaminados, nuestros árboles se verán afectados. ¿Podremos cosechar normalmente?”, se pregunta el líder indígena.

El pueblo Tacana elaboró la microzonificación que permite decidir donde realizar una actividad, proyecto o emprendimiento. Foto: WCS Bolivia.

No hay sanciones, solo compensaciones

Aunque en el 2019 se reconoció el impacto ambiental de la exploración petrolera sobre el territorio indígena Tacana y el Gobierno por ley aplicó compensaciones económicas a los afectados para que desarrollen proyectos productivos, nunca hubo sanciones a las empresas. Se entregó tres millones de bolivianos —que equivale a 431 034 dólares— al pueblo tacana II, como lo ordena la Ley de Hidrocarburos 3058 y el Decreto Supremo 2195, pues cuando se trata de planes de exploración de (YPFB), esta debe pagar el 1 % del costo total del proyecto.

“Para decir que estamos satisfechos, no tan satisfechos, pero algo es algo (…). La compensación no era esa, pero al menos tenemos un proyecto sostenible”, expresa Bascopé.

La actual gestión de Luis Arce, presidente boliviano que fue ministro de Economía de Evo Morales, también compensó al pueblo tacana en Pando —afectado también por los impactos socioambientales a causa de la sísmica 2D en la cuenca Madre de Dios—, y les entregó un centro de producción para dar valor agregado al asaí: fruto abundante en esta zona amazónica.

Frutos del Asaí. Foto: FAN.

Marco Octavio Rivera, investigador en temas petroleros que trabajó durante más de diez años para la  Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), detalla que en Bolivia no existe contaminación por derrames de crudo como en otros países, pero alerta que los trabajos de exploración si han afectado a varias zonas desde la década del setenta.

“En Espejillos, pegada al parque Amboró, se han hecho perforaciones y evidentemente los derrames, por las aguas de acumulación, que son aguas altamente contaminantes o aguas con hidrocarburos disueltos producto de la fase exploratoria, son sacadas fuera y en la lógica de mayor cuidado ambiental, estas aguas deben ser depositadas en piscinas herméticas. Eso no pasó, nadie hizo eso en Bolivia”, relata.

Los trabajos exploratorios y la sísmica también son señalados como una amenaza para el medio ambiente por Juan Carlos Catari, expresidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz. El experto advierte que para determinar la ubicación de los yacimientos petroleros, la compañía debe realizar uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el territorio. “Es abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte kilómetros de longitud, donde entierran explosivos a diez metros de profundidad cuya detonación emite unas ondas cuyos ecos son detectados por una línea de sismógrafos. Para tal efecto, habrá que no sólo deforestar los caminos sino construir campamentos móviles, helipuertos y zonas de descarga”, considera Catari.

El biólogo precisa que la exploración sísmica tiene impactos negativos importantes en áreas amazónicas, ya que son nuevas vías de acceso para la colonización, caza o tala ilegal de maderas nobles.

Pero esto no ha detenido los planes del gobierno. La petrolera boliviana firmó en mayo de 2019 un acuerdo con YPF de Argentina para que siga explorando petróleo y gas en la cuenca Madre de Dios. Hasta la fecha no se ejecutaron las obras, pero es inminente que las operaciones de hidrocarburos continuarán su curso en esa zona. Los pobladores indígenas se sienten acorralados porque insisten en que hay una consulta aprobada “con mentiras”, normas que permiten la penetración en las áreas protegidas y que así “la contaminación seguirá y será más fuerte cuando se ejecuten las obras”, lamenta Bascopé.

Ecosistemas presionados

En Bolivia existen 22 áreas protegidas nacionales con una extensión de 182 716 kilómetros cuadrados que representan el 16,63 por ciento del territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera. Estas zonas son ricas en biodiversidad, fauna, flora y albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo han vivido en una relación de sostenibilidad con los recursos.

En total 11 áreas protegidas fueron concesionadas a empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica. En la región amazónica, las empresas petroleras se adjudicaron tres bloques —Río Hondo, Rurrenabaque y Tuichi— en el área protegida del Parque Nacional Madidi y también del Pilón Lajas; el bloque Sécure en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis); el bloque Amboró Espejos en el Parque Nacional Amboró; y el bloque Chimoré I en el Parque Nacional Carrasco.

Campanini pone énfasis en las zonas del Madidi y del Tipnis, dos de las más grandes áreas protegidas de Bolivia. El experto dice que el 70 % de la fauna y flora de estas reservas podrían verse afectadas si es que se llega a la explotación petrolera.

“En el caso del Tipnis, además de los proyectos viales, el territorio se ha visto afectado por la exploración de recursos petroleros. Alrededor de 427 778 hectáreas están comprometidas con la exploración de los bloques Sécure y Río Hondo”, detalla Campanini.

Emilio Nosa es dirigente indígena del Tipnis y lamenta lo que está pasando en su territorio. Asegura que la deforestación, el cultivo de coca y la incursión petrolera están “matando” los bosques del parque. “Los decretos que amplían la frontera petrolera están dañando nuestro hábitat. Ahora el Gobierno abrió las puertas del Tipnis para que exploten petróleo”. dijo.

En el Madidi la situación es similar. Esta reserva se extiende por las provincias Iturralde y Franz Tamayo del departamento de La Paz y en sus dominios coexisten montañas de 5760 metros de altura y llanuras a tan solo 180 metros sobre el nivel del mar. La sed por obtener petróleo para obtener ingresos fiscales por la explotación de hidrocarburos viene desde los años 80, cuando la transnacional Texaco ingresó al área protegida para explorar petróleo. Esa vez hubo un acuerdo con comunidades indígenas, pero luego el contrato se rompió.

Vista aérea de los ríos del Parque Nacional Madidi. Foto: Iván Paredes.

La incursión petrolera en el Madidi ha sido cuestionada por activistas a favor de la conservación de unas 5000 especies de flora y 1370 especies animales que habitan en un terreno que alberga cuencas hidrológicas en quebradas, selva, bosque y llanura.

Una de ellas es Mirna Fernández, coordinadora de la Campaña Salvemos al Madidi. La activista dice que “hasta un 60 por ciento de la biodiversidad del parque puede quedar afectada por megaproyectos” y que por ahora hay manchas de los trabajos sísmicos en varios puntos del Madidi.

Teresa Flores, vicepresidenta de la Asociación Pro Defensa de la Naturaleza (Prodena), recuerda una frase que lanzó el expresidente Evo Morales cuando todavía gozaba de poder: “Fui al Madidi y vi que el petróleo está chorreando”. Así empezó la idea del exgobernante de incursionar en esta zona amazónica.

“El hecho de que haya afloraciones de petróleo no significa que haya en cantidad que justifique su explotación», puntualiza Flores. La ambientalista recuerda que las empresas petroleras Total, de Francia, y Petrobras, de Brasil, realizaron exploraciones sísmicas y luego se retiraron “porque seguramente no había una cantidad de petróleo que justifique las inversiones».

Mongabay Latam mandó solicitudes de información a tres instancias del Estado boliviano que controlan y fiscalizan la actividad petrolera en el país para analizar la situación de las áreas protegidas. Ni el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, ni la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), ni la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra respondieron

Las cartas de solicitud fueron entregadas el 7 de febrero en sus oficinas en la ciudad de La Paz y no se respetó lo que manda la normativa sobre acceso a la información: que esta debe ser entregada en un plazo máximo de 15 días.

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