viernes, diciembre 9, 2022
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Pedraza: “La Ley 741 va en contra de la Constitución”

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana habló de alternativas a la deforestación y una revisión exhaustiva a la dotación de tierras, como respuesta a los incendios forestales. Con su presencia se inició el ciclo de entrevistas #FuturoVerde.

La Región

La noche del 28 de septiembre de 2020 el candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, conversó con La Región sobre la problemática medioambiental, el uso de biotecnología y sobre los incendios que asolan al país. “Debemos derogar la Ley 741 que va en contra de la Constitución”, lanzó categóricamente, justo cinco años después que se promulgara la norma del 28 de septiembre de 2015, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas y que se asocia el fenómeno del fuego como uno de los mecanismos para lograr ese cometido.

Con su participación se dio inicio al ciclo de entrevistas #FuturoVerde, espacio organizado por la plataforma ciudadana “El llamado del bosque”, que invitó a La Región como medio de comunicación para desarrollar estas conversaciones. El objetivo es conocer la propuesta de los candidatos en temas medioambientales a menos de tres semanas de los comicios del 18 de octubre.

El año pasado fue un momento crítico para el Oriente del país; entre julio y septiembre solo en Santa Cruz, y principalmente en la Chiquitania, se consumieron más de cuatro millones de hectáreas a causa del fuego. Para el invitado, “ese dramático suceso” se constituyó en un llamado de atención para ser mucho más cuidadosos con el bosque. Sin embargo, se trata de un problema constante pues ahora mismo el fuego se impone en los valles cruceños y en la zona de Pantanal.

“Y eso (incendios de 2019) sucedió porque la gente que recibió estas tierras —que el Movimiento Al Socialismo distribuyó para tener votos, para fidelizar a un grupo humano y recibir su apoyo político— las chaquearon para consolidar la propiedad. Y sin duda alguna, las familias que recibieron estas tierras no tienen experiencia en el manejo de la quema controlada ni de la deforestación para la agricultura. Eso generó ese incendio gigantesco”, dijo.

Como solución para que este fenómeno no se repita en 2021, en caso de ser Gobierno, planteó la necesidad de revertir esos espacios que, desde su perspectiva, son de vocación forestal. “Debemos derogar la Ley 741 que va en contra de la Constitución. Una ley no puede cambiar el uso de la tierra, siendo que hay otra ley y disposiciones constitucionales que prohíben eso. Hay que derogar esa norma para que podamos controlar, para que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) puedan generar una administración mucho más eficaz, tanto en el uso de la tierra como en la distribución”.

Uno de los objetivos iniciales en este campo será, según explicó, devolver la institucionalidad a estas y otras instancias estatales que, a su juicio, fueron politizadas en los últimos años y llegaron a ser un “botín político”.

Prioridad de no deforestar

En la misma línea, consultado sobre si se asume un compromiso de no deforestar, dijo que esa será la prioridad de llegar él y Carlos Mesa al poder. “La tierra de uso agrícola debe ser para uso agrícola, la tierra de vocación forestal debe ser para el manejo forestal. Entonces, cuando apliquemos esas normas técnicas de manera rigurosa vamos a estar con una posibilidad real de un manejo sostenible”, manifestó.

En la actualidad, Beni, Cochabamba, Pando, Santa Cruz y la parte Sur del país cuentan con un Plan de Manejo Integral de Bosques específico para cada región. Estos documentos de trabajo cuentan a su vez con las normas técnicas correspondientes para su correcta aplicación.

Asimismo, apuntó a la agricultura vertical como una alternativa para no continuar con la expansión agrícola. Este método implica la producción de alimentos en capas apiladas, donde se maximiza el espacio que ya existe para este fin.

Uso de biotecnología, ¿sí o no?

“Nosotros respetamos lo que la Constitución y las leyes establecen. En el artículo 409 de la Constitución dice con mucha claridad: la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley. Si hay la necesidad de incorporar nuevos eventos, nuevas variedades a nuestros cultivos, deberán ser regulados por la norma. Porque no es fácil, no es introducir a través de cualquier norma un nuevo evento. Tiene que haber pruebas, ensayos, cultivos, estudios, si no daña la salud (…). Eso lleva al menos dos años. Debemos remitirnos a las leyes”.

El 7 de mayo de 2020 la presidenta Jeanine Áñez emitió el Decreto Supremo 4232 que en su artículo único dicta: De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa. En tanto que hace siete días, el 22 de septiembre, mediante el Decreto Supremo 4348 el Gobierno dio paso a la identificación de áreas de diversidad maíz y de maíz amarillo duro “generado por cualquier tecnología”.

¿Se derogará este decreto?, se le preguntó a Pedraza. “Vamos a revisar todas las normas desde el anterior Gobierno. Porque hay varias normas jurídicas que han ido perforando a la Constitución en función de acuerdos coyunturales, de ganar votos. No puede desconocerse la Constitución, para que mediante un decreto supremo se pueda establecer esos compromisos”, respondió.

El ciclo #FuturoVerde continúa hasta este viernes 2 de octubre. Se tiene prevista la presencia de representantes de Creemos, MAS, Frente Para la Victoria y ADN. Alianza Libre 21, de Jorge “Tuto” Quiroga rechazó la invitación, así como Feliciano Mamani, de PanBol.

Mira el video la entrevista completa aquí

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