Desde los aires, el río Piraí luce como una interminable serpiente marrón que reposa entre parajes boscosos, parcelas cultivadas como canchas de césped y un mosaico de edificios y casas que sobresalen en la zona urbana de Santa Cruz de la Sierra. Gran parte de sus 457 kilómetros de longitud, que nacen en el río Bermejo (cerca de Samaipata) y desembocan en el río Yapacaní (cerca del Parque Nacional Amboró), atraviesan el área metropolitana de Santa Cruz, que abarca los municipios de La Guardia, Porongo, Warnes y El Torno, además de la capital oriental.

Desde los aires también, si se acerca la cámara de Google Earth, el río Piraí se ve como una superficie lunar llena de cráteres y caminos como delgadas venas dentro de bosques que -se supone- son protegidos. Huellas visibles de la extracción y acopio de áridos y agregados – arena, cascajo, ripio y piedra, entre otros-, que día a día salen en camiones para las construcciones civiles de la ciudad de los anillos.

Desde hace casi 30 años la actividad ha ido creciendo en la zona con varios actores sociales, entre ellos: concesionarios que disponen de parcelas merced a derechos adquiridos antes de la promulgación de la Ley 3425, y asociaciones y sindicatos, que trabajan a pequeña escala.


Vista aérea del río en la zona de Sombrerito, en el municipio La Guardia. Video: Marcelo Arze/ La Región

Dicha norma, aprobada en 2006, le da a los Gobiernos Municipales la competencia sobre áridos y agregados. Y aclara: “La Superintendencia de Minas no tiene competencia en la regulación de los áridos y agregados”. También establece que toda concesión minera debe adaptarse a la Ley 3425 y a las leyes que nazcan en los municipios.

“Todo un conflicto que venimos heredando de hace mucho tiempo», dice a La Región Bernardo Rivera Fernández, director de Medio Ambiente de La Guardia. En su municipio hay dos grandes concesionarios mineros, que por diferentes razones presentadas, aún no se adecuan a la ley municipal.

Eso implica que, en los hechos La Ley 3425 faculta a las Alcaldías a administrar la explotación, pero no les da la capacidad de anular las concesiones anteriores. “En la gestión anterior trataron de (obligar a estas dos concesiones a adecuarse) por (denuncias de) enriquecimiento ilícito, sin atender lo fundamental, que era lograr que se adecuen a la ley nacional y a la municipal”, asegura Rivera.

La Guardia es uno de los pocos municipios que cuenta con una Ley subnacional de extracción de áridos; misma que surgió tras una pausa ecológica en 2016, pero hasta ahora tropieza con entuertos legales para lograr que todos los actores se rijan por la norma edil.

Actualmente, la Dirección de Medio Ambiente tiene siete solicitudes de Autorización Municipal Anual (AMA) para realizar la actividad y otras tres que están en proceso de revisión. A la par en la zona operan la Cooperativa Ripiera Río Piraí – La Guardia y Dracruz, las cuales no se adecuan a la Ley Municipal, pero pagan patentes. Por tanto, según Rivera, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) debería certificar si dichas concesiones siguen vigentes.

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Una danza de dinero

En 2016, cuando el entonces alcalde Jorge Morales declaró pausa ambiental en La Guardia, se enfrentó con una gran oposición de los extractores de áridos o “dragueros” como se los conoce en la jerga popular. Los argumentos del burgomaestre se basaron en un informe del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), que reveló «343 delitos ambientales, de los cuales 201 corresponden a la depredación de barrancos y servidumbre ecológica del afluente”. En una nota del Instituto Boliviano de Comercio Exterior se lee que el negocio movía en ese momento Bs 360 millones (52,7 millones de dólares).

Así luce un sector de La Guardia. Desde el Searpi se advierte que las fosas deben tener señalización para prevenir cualquier accidente.

“La extracción de áridos nos permite (generar) economía, movimiento, una cadena productiva de transporte, comercialización. Pero hay que hacerlo de forma correcta. No es (una actividad) depredadora si se hace bajo lineamientos técnicos. No tiende a afectar, más bien de cierto modo viene a ser beneficiosa, porque nos permite encausar correctamente el río. Como actuamos ahorita es lo que nos está trayendo problemas”, asegura Bernardo Rivera.

Marco Antonio Saravia, del Sindicato Mixto de Ripieros San José, ve sin embargo, que “ya no se produce como antes”. Recuerda que hace cinco años las asociaciones eran grandes, pero ahora muchos se dedicaron a otros oficios, mucho más con la pandemia.

“Muchos ingenieros dicen que cuando llega el turbión se llenan las pozas, pero es sedimento, basura, lodo; (el río) no acarrea ripio. En su tiempo el draguero ganaba plata. Yo trabajo hace 14 años, hace siete había bonanza económica. Pero como todo negocio ya no hay material”, dice.

El tema medioambiental

Sandra Quiroga es ingeniera ambiental y activista. Realizó varios estudios técnicos en el Piraí y coincide en que el río ya no tiene la misma cantidad de materiales aprovechables.

“La cuenca, desde El Torno hasta Warnes, está totalmente destruida porque al extraer el árido y el agregado, le han sacado los huesos, toda la piedra, durante 30 años. Al quitarle el sólido, el río se vuelve más peligroso, porque solamente tiene sedimento, que es fácil de ser arrastrado con el agua. Si a eso sumamos que van a autorizar extracción de áridos en el bosque de protección, vamos a volver las orillas cada vez más vulnerables”, advierte.

Desde Google Earths muestra una cuenca llena de fosas y caminos que atraviesan zonas prohibidas. “Cada vez van acercándose más al bosque de protección y al sacar la cobertura vegetal, la hacen vulnerable a una erosión. Un árbol afianza el conjunto de material, pero si lo sacan, hay impacto ambiental a la flora, al suelo, porque viene una riada y se va llevando las orillas”, asevera.

El sector de los «ripieros» es considerado como «dinámico», porque cuando suelen retirarlos de ciertos municipios, buscan otro espacio para continuar con su labor.

Un acuerdo para beneficiar a todos

Tanto expertos como funcionarios coinciden en que cada instancia gubernamental y de la sociedad civil implicada en la actividad debe sentarse para viabilizar una normativa que beneficie a todos.

Por un lado, las autoridades entienden que la explotación de áridos y agregados no puede ser coartada, porque es un derecho al trabajo. Pero debe hacerse dentro de una normativa. En ese contexto, Bernardo Rivera ve que la Gobernación debe establecer un procedimiento técnico para regularizar las actividades que están en operación.

Al respecto, Diego Saucedo Bendek, director de Calidad Ambiental de dicha instancia, responde que el Gobierno Departamental tiene limitaciones en el tema de áridos, debido a que, de acuerdo a las normativas, los municipios son los encargados de realizar leyes para la extracción de áridos en el tercio central del río. Mientras que en el banco seco ciertas competencias son de la AJAM.

José Zambrana, experto de la Gobernación explica que, bajo esta circunstancia, lo que correspondería es elaborar un manifiesto ambiental. “Por procedimiento, la primera instancia revisora sería el Gobierno Municipal, que luego lo remitiría al Gobierno Departamental, para que otorgue la licencia ambiental”.

Pero actualmente no sucede así. “Si bien es cierto que hubo intensiones de tramitar la licencia ambiental, la documentación que nos llega, no cuenta con esa autorización en aprovechamiento de áridos que debería otorgar el Gobierno Municipal. Eso de alguna manera restringe o hace que el trámite no progrese”, dice.

Para Sandra Quiroga, el entuerto jurídico debe ser unificado bajo criterios normativos que rijan para todos los municipios. “Es como si yo fuera dentista y me rigiera por una ley en cada municipio, cuando es la misma actividad en todo lado. La cuenca del Piraí tiene 23 municipios. Lo que se hace arriba, afecta a Santa Cruz y lo que hacemos nosotros, afecta a los de abajo. Son muchas actividades que hacen un daño terrible a la cuenca. Hay un estudio que ha determinado que está en período de vejez por tanto material extraído”, lamenta.

El “fantasma” del 83

El cordón ecológico es un área de protección que, según las leyes, no puede ser vulnerado. Es el «muro» que contiene al Piraí.

El 18 de marzo de 1983 es una fecha que muchos cruceños recuerdan como un día de desolación. Sandra Quiroga, por ejemplo, cuenta que era niña y vivía por el Hotel Los Tajibos, en la avenida San Martín. Aquella mañana, su padre, que trabajaba en YPFB, recibió un comunicado por radio, de que venía un turbión por La Angostura. Lo primero que pensó fue que los afectados serían los vivientes del Equipetrol Norte. Al dirigirse al lugar vio un hilo de agua que emanaba un fuerte olor a tierra y eso le llamó la atención.

De pronto el agua ingresó sin dar tiempo a nada, dejando a su paso “petas y Brasilias que eran arrastradas como si fueran pelotas”. Mucha gente se quedó sin hogar en ese entonces. Cuando el río volvió a su cauce, todo era lodo y cientos de familias habían perdido la totalidad de sus pertenencias.

Tras la tragedia, las instancias correspondientes empezaron a tomar medidas para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Así nació, por ejemplo, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi).

José Antonio Rivero, uno de los responsables de cuenca de Searpi, explica que su labor es coadyuvar con la de los gobiernos municipales. Realizan recorridos por las riberas del río, elevan informes y diagnósticos, que luego remiten a las direcciones de Medio Ambiente.

Gracias a ello pueden enviar alertas, cuando detectan irregularidades, pero no tienen la tuición de emitir sanciones. “Los centros de acopio deben estar fuera de las servidumbres ecológicas según normativa, pero ellos (los extractores) lo hacen a orillas del río. Aparte, de no solo intervenir en el lugar que les parece, porque no tienen un control, también afectan la servidumbre ecológica, que es la que protege que el río esté encausado y no genere algún tipo de riesgo más adelante”, comenta, por ejemplo.

Frente a esta realidad, desde el punto de vista técnico, Rivero ve necesario que todos los municipios que concurren dentro del río en el área metropolitana, se organicen para regular estas actividades.

“No podemos coartar el derecho al trabajo, pero este debe ser ordenado y adecuado con el medio ambiente y la cuenca del río Piraí”, asegura.

Por ahora, El Torno, Porongo y La Guardia ya mostraron su interés por coordinar tal aspecto, pero -claro- “ponerle el cascabel al gato”, es una tarea titánica.

“Vamos a tener que ver qué pasa en los siguientes días o meses (con los concesionarios), ver si vamos por la vía conciliatoria o por la legal (para que se adecuen a la norma municipal). Lo que sí, hay que ver quién tiene los pantalones para firmar una resolución. La norma dice que se puede declarar pausa ecológica, incluso sectorial, pero hacerlo genera conflictos. Hay muchas aristas para jalar y controlar esta situación. Está el compromiso y la voluntad, vamos a ver si damos la talla”, sentencia Bernardo Rivera, desde La Guardia.

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