A la Serranía de San Simón, en Beni, hay quienes la denominan “Cerro Rico de San Simón”, en una alusión directa a la gigante veta de plata potosina. La diferencia es que, en esta cordillera amazónica, abundan vetas de oro, manganeso y piedras preciosas. Ubicada en el municipio de Baures, provincia Iténez, limita con Brasil y San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. De hecho, el acceso más usado es por este departamento.

Hace casi una década, autoridades locales vienen denunciando irregularidades en la explotación minera y daño medioambiental, sin recibir respuesta desde instancias gubernamentales correspondientes.

Esta semana, la Gobernación de Beni intentará nuevamente que se tomen cartas en el asunto. Para ello, a mediados de junio, una comisión liderada por la secretaria de Medio Ambiente, Carola Vaca, llegó al lugar con expertos que tomaron muestras de agua, para determinar el grado de contaminación de los arroyos que bajan de la serranía. Asimismo, se levantó información técnica, para sustentar una nueva denuncia, esta vez ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y el Tribunal Agroambiental, para que el caso se investigue como delito medioambiental.

Desde la Oficina Departamental de Minería, Energías e Hidrocarburos se hizo conocer que también se busca “frenar la explotación ilegal e irracional de oro y manganeso”, dado que “miles de toneladas (…) salen sin dejar rastros en el país y Beni”.

Vaca, en entrevista con La Región, adelantó que se encontró, “unas 180 actividades mineras ilegales”, sin que en el lugar exista control alguno al respecto.

Explicó que la única empresa legal que opera en la zona es EagleCrest Exploration Bolivia (EEBOL). A la misma se le solicitó documentación sobre sus operaciones y se le dio 30 días para que se adecue a normas vigentes.

Pero también se detectó a una firma que explota manganeso y las autoridades presumen que es de los mismos dueños de EEBOL Oro. En este caso sería EEBOL manganeso, que no tiene licencia ambiental ni está regida por normas ambientales; con lo cual, la explotación que realiza es irregular.

“Allá nos declararon que EEBOL Manganeso no era la misma (que EEBOL Oro), pero después comprobamos que ambas tenían el mismo representante legal. Ellos dicen que están pagando regalías, algo que no nos consta todavía. Sí parece que están pagando patentes, pero estamos investigando la legalidad de los papeles que nos enviaron, porque lo hicieron con una semana de retraso”, dice Vaca. De comprobarse las sospechas, “estarían pagando por algo que no está establecido legalmente”.

La larga historia de denuncias sin respuestas

Ya desde 2015, el entonces asambleísta departamental Paul Bruckner hizo varias denuncias al respecto. Por el momento retirado de la política, recordó una cumbre departamental en la que se acordó hacer una planificación para el desarrollo de la provincia Iténez con tres puntos estratégicos: la Serranía de San Simón, el conflicto de límites con Santa Cruz (ambos departamentos disputan la localidad de Piso Firme) y la relación con Brasil.

“Tratamos de hablar con La Paz, pero nunca tuvimos respuesta. Era una cosa rara. Estuve en San Simón y me di cuenta que todo era ilegal. Que la empresa canadiense venía sacando el oro hace años, en aviones. Cuando fui estaba entrando con fuerza el manganeso y se hablaba de piedras preciosas. Era una riqueza increíble, pero la empresa dañaba el medio ambiente, el río Iténez. Hubo una queja de la comunidad de Versalles, porque los peces estaban contaminados”, dice Bruckner.

En abril pasado, poco antes de dejar el cargo, se hizo otra representación ante la Contraloría General del Estado. En un reporte de la red Erbol, se lee que luego de una visita institucional, un equipo de abogados acudió a tal instancia para que se investigue las operaciones de explotación de oro y manganeso a EEBOL.

El objetivo era impulsar una auditoría no solo a los últimos cinco años, sino conocer las regalías que Beni dejó de percibir por la extracción de sus recursos naturales no renovables.

Por los datos que obtuvo la comisión, se supo que EBBA cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y Canadá, “en base a reservas bolivianas que son ofrecidas en propiedad en un cien por ciento”, refiere la publicación.

Asimismo, una comisión de la Secretaría de Minería del actual gobierno departamental recogió testimonios de lugareños en sentido que EEBOL, “en concomitancia con cooperativas asentadas”, también evade responsabilidades ambientales por la explotación a cielo abierto. El informe final destaca que, por versión de los ejecutivos, tanto el manganeso como el oro salen vía Santa Cruz a mercados de Bélgica y China, con lo cual, “se hace imposible cuantificar la cantidad de minerales que se comercializan”.

Con argumentos bajo el brazo

En todas las denuncias se incluyó evidencias. Bruckner lamentó que las instancias del Estado no respondieron las peticiones de informes escritos para conocer la situación de las empresas que operan en San Simón.

Carola Vaca asegura que todos los días llegan camiones con gente que dice tener permiso para explotar oro y nadie corrobora si esos documentos son legales. “Aquí (a la Gobernación) nunca llega la solicitud de exploración, algo que nos debería llegar a nosotros, lo mismo que la solicitud de licencia ambiental para explorar. Ellos van directo a explotar”, lamenta.

Esta vez se espera que la AJAM, el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, y el Tribunal Agroambiental se pronuncien por la situación que se vive en la zona. Paralelamente, en el reciente viaje se tomó muestras de agua, que fueron enviadas a un laboratorio en el extranjero, para determinar si hay contaminación y en qué grado. En un mes se conocerán los resultados.

Paralelamente, al ingreso a San Simón, la comisión medioambiental verificó asentamientos humanos irregulares “que también son un delito”. Al respecto se hizo otra denuncia ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se hará otra ante el Tribunal Agroambiental. La autoridad sabe que “estos procesos son un poco lentos”, porque el ente departamental es una autoridad que solo puede iniciar causas administrativas; son otras instancias las que deben hacerlo por otras vías como la penal.

Vaca informó también sobre la presencia de llantas de goma en el camino de ingreso (por el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Santa Cruz), las mismas que presumiblemente se estarían alistando para realizar quemas en el monte.

“Tenemos denuncias de las comunidades Remanzo y Cafetal, hay 80 familias asentadas desde hace dos semanas atrás en el municipio de Baures, bien en la frontera con Santa Cruz. Ellos ingresaron por el Bajo Paraguá (San Ignacio de Velasco, Santa Cruz). Ahí no existe nada, es en medio de la nada, ¿para qué reunirían ahí las llantas?”.

Mira aquí dónde queda la Serranía San Simón